MADRID.- Las comunidades autónomas que han aceptado
integrar sus oficinas en Bruselas en los locales de la Representación
Permanente de España (Reper) ante las instituciones europeas pagarán al
Gobierno por el uso de sus instalaciones un coste estimado de 7.000
euros por persona y año.
Así se establece en los convenios singularizados que el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha suscrito con diversas
administraciones autonómicas y que ha publicado recientemente el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
Hasta la fecha, ascienden a seis las autonomías que han aceptado
la oferta de Exteriores (La Rioja, la Comunitat Valenciana, Castilla y
León, Galicia, Asturias y Navarra) de integrar sus delegaciones en el
exterior en la Embajada de España ante la UE con el objetivo de ahorrar
costes y aumentar la coordinación entre administraciones.
De entre ellas, La Rioja, Castilla y León, Navarra y
Asturias ya han hecho la mudanza a la sede de la Reper en Bruselas, un
complejo de varios edificios que alberga a más de 200 funcionarios del
Estado, entre diplomáticos, consejeros y agregados de los distintos
Ministerios.
Los representantes de las comunidades están instalados en el
edificio que acoge también al personal de otros Ministerios. Aunque el
traslado a la Reper supondrá a las autonomías un notable ahorro, sobre
todo porque dejarán de pagar el alquiler de una oficina propia, no les
saldrá gratis ya que han acordado con Exteriores "contribuir a los gastos generales de la Reper por los bienes, servicios y suministros que se le proporcionen".
En los convenios singularizados firmados por Exteriores con La Rioja
y Castilla y León --los únicos que hasta la fecha ha publicado el BOE--
se establece que cada una de ellas deberá abonar a la Reper "una cantidad inicialmente estimada de gasto por persona y año" de 7.000 euros.
Este montante --que deberá abonarse en cuotas trimestrales--
corresponde, más o menos, a los gastos de luz, agua, limpieza y
calefacción de un despacho. Al final de cada año, se verá cuáles son los
gastos "realmente efectuados" por cada delegación autonómica para proceder a la liquidación correspondiente.
La Rioja tiene instalada en la Reper a una jefa de oficina,
cuya labor es apoyada por un becario, por lo que esta Comunidad deberá
abonar al Gobierno unos 14.000 euros anuales.
El convenio suscrito con Castilla y León establece que esta
Comunidad podrá incorporar en las instalaciones de la Reper a un máximo
de ocho personas, por lo que podría llegar a pagar al Ejecutivo 56.000
euros anuales.
Los gastos de teléfono los satisfará "por su importe exacto"
cada autonomía, así como todos aquellos gastos correspondientes a
viajes, dietas y traslados de su personal, según ambos convenios, en los
que el Gobierno autonómico se compromete a "cuidar y hacer buen uso de
las instalaciones y medios que le proporcione la Reper,
responsabilizándose de los daños causados por negligencia de su
personal".
La Reper, por su parte, se compromete a proporcionar a los Gobiernos autonómicos "el apoyo institucional que sea posible para el adecuado ejercicio de sus actividades",
para lo que designará a un miembro del personal de la legación
encargado de coordinar acciones con el responsable de la delegación
autonómica.
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