MADRID.- La corrupción política, económica e
institucional es el cáncer de nuestra democracia. Lo atestiguan las
encuestas de opinión y lo demuestra la realidad. Desde el año 2000, y en
la quincena de casos más llamativos y que más han golpeado a nuestras
instituciones, la corrupción se ha cobrado 6.839 millones de euros, el equivalente por ejemplo al valor de Twitter (6.700 millones de euros, según «The Financial Times») o mil millones más que el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2013 (5.900 millones de euros), publica hoy 'Abc'.
Se trata además de un cálculo muy conservador,
pues a lo largo de todos estos años desde 2000 se han producido muchos
más episodios de corrupción -de alcance económico menor, es cierto- que
no están incluidos en este informe de Abc. También, en algunos de los
casos recogidos en estas páginas, las investigaciones judiciales aún están en marcha,
por lo que la cifra defraudada podría incluso aumentar. Además, no se
reflejan otro tipo de tramas delictivas en las que están implicados
políticos supuestamente corruptos. La operación contra la mafia rusa del
pasado viernes, con la implicación política de al menos un diputado de CiU, es el último ejemplo, e indudablemente la triste «factura de la corrupción» en España crecerá.
El caso Palau, el escándalo de los ERE
fraudulentos de Andalucía, la trama Gürtel, las supuestas estafas del
Forcem, la implicación de Iñaki Urdangarín
en el caso Nóos... Episodios de sobra conocidos por las revelaciones
que prácticamente a diario se publican en toda la prensa nacional y que
demuestran que la corrupción es transversal, de modo que afecta a todos
los partidos políticos -más a los más grandes porque son los que ocupan
mayores parcelas de poder- y a todas las administraciones: central,
autonómica y local. Y hay otra característica: siempre es utilizada como
arma política contra el adversario.
Las reacciones de los partidos,
sindicatos e instituciones afectados ante los casos de corrupción son
también muy similares: primero se apela a la presunción de inocencia,
luego se recuerda al resto de formaciones políticas sus propios casos de
corrupción; se afirma que se trata de casos aislados, y se anuncian
medidas más o menos llamativas para evitar nuevos casos en el futuro.
Pero a menudo todo queda reducido a agua de borrajas.
Las encuestas son demoledoras. La última de
ellas, publicada el pasado 20 de enero por ABC, revelaba que el 74 por
ciento de los ciudadanos considera que la corrupción está aumentando en
España, y más de la mitad que es un fenómeno que afecta más a nuestro
país que al resto de Europa. Hay otro dato inquietante: el 89 por ciento de la población cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos;
es decir, consideran que el castigo para esas conductas no es
suficiente, lo que abona la tesis permanente de que los miembros de
instituciones, o los cargos públicos, pertenecen a una casta
privilegiada sobre la que no existe una percepción real de justicia.
Además, las encuestas muestran el camino a los partidos sobre cuál debe
ser su respuesta ante este tipo de casos. Así, el 86 por ciento de los
españoles cree que todo aquel cargo público que sea imputado debe dejar
sus responsabilidades.
El hartazgo ciudadano, con casi seis millones
de personas en paro en España, es cada vez más evidente. Los estudios de
opinión reflejan que los españoles se fían cada día menos de sus cargos
públicos, de los sindicatos o de las entidades bancarias, hasta el
punto de que, según el último estudio del CIS sobre este asunto, de
octubre pasado, para el 26,9 por ciento de los encuestados, los
políticos, por ejemplo, son uno de los tres principales problemas. Es el
mayor porcentaje de la historia de la democracia.
Tras hacerse públicas en las últimas semanas
cifras tan escandalosas de la corrupción, como los 22 millones hallados
al extesorero del PP Luis Bárcenas
en Suiza, los principales partidos políticos están apelando a
grandilocuentes pactos contra la corrupción. Pero de momento, sin una
sola firma.
Afinsa y Fórum. 4.400 millones
Albertino Figueiredo
Un agujero patrimonial de 4.400 euros y medio
millón de personas afectadas es el balance de una de las mayores estafas
piramidales de la historia: la que llevó a la intervención judicial de
las empresas filatélicas Fórum y Afinsa. Cuando están a punto de
cumplirse siete años de la apertura de sendos procedimientos contra sus
responsables por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible,
administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, la Audiencia
Nacional sigue tramitando ambas causas, que suman más de 3.000 tomos y
en las que hay un total de 38 imputados, entre ellos Albertino
Figueiredo, expresidente de Afinsa. Todavía hay en marcha varias
comisiones rogatorias para localizar el dinero.
Caso de los ERE. 900 millones
Francisco J. Guerrera
Las irregularidades en la gestión de los
expedientes de regulación de empleo presentados y ejecutados por el
mercado central de abastos de Sevilla fueron destapadas por una denuncia
del comité de empresa. El asunto desembocó en un caso de corrupción de
grandes proporciones que salpica a altos cargos de la Junta de
Andalucía. Los hechos se remontan a 2003 y 2007, cuando Mercasevilla
ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta. Hay más de medio
centenar de imputados, entre ellos el exdirector de Trabajo y Seguridad
Social Francisco Javier Guerrero.
Nueva Rumasa. 500 millones
José Mª Ruiz Mateos
Nueva Rumasa emitió entre 2009 y 2011 pagarés
por valor de 385,3 millones de euros a 4.110 inversores, a los que
ofrecían un interés de hasta el 12% anual. Pero las principales empresas
del grupo, como Dhul y Clesa, quebraron en febrero de 2011 con una
deuda de 700 millones. En ese momento los inversores privados solo
habían cobrado algo menos de cien millones de euros, por lo que aún se
les deben unos 300. Además, la «caja B» de la familia tenía anotaciones
por otros 200 millones.
Caso Gürtel. 201 millones
Francisco Correa
Un exconcejal del PP de Majadahonda dio las
claves para desmontar una trama de pago de comisiones a políticos del PP
de Madrid y Valencia a cambio de contratos. En 2009 fueron detenidos
Correa, Pablo Crespo —exsecretario de Organización del PP de Galicia—, y
Álvaro Pérez «El Bigotes». La investigación terminó con la carrera
política del presidente valenciano Francisco Camps, tres alcaldes, dos
diputados madrileños y un senador, Luis Bárcenas, entre otros. La
investigación le costó la carrera al juez instuctor, Baltasar Garzón.
Palma Arena. 110 millones
Jaume Matas
El caso Palma Arena, que hoy consta ya de más
de veinte piezas separadas, entre ellas la de Noos que afecta a Iñaki
Urdangarín, comenzó tras analizarse las obras del velódromo Palma Arena,
ordenado construir por el entonces presidente balear, el popular Jaume
Matas. Solo en esa instalación hubo unos sobrecostes de 110 millones de
euros, aunque la cifra de lo saqueado en el conjunto de las
investigaciones supera con mucho esa cifra. El caso, aún abierto, puso
al descubierto una administración corrupta al servicio de Matas,
imputado en la casi todas las piezas.
Caso Forcem. 100 millones
La Fiscalía pidó el procesamiento de seis
cargos de UGT por el fraude de cien millones de euros en la Fundación
para la Formación Continua (Forcem), formada por sindicatos y patronal.
Las ayudas procedían de fondos de la UE y eran concedidas por el Inem.
Algunas de las empresas receptoras del dinero carecían de actividad,
empleados y hasta de alumnos. El Tribunal de Cuentas envió un informe al
Congreso en el que se afirmaba que en el caso había responsabilidades
penales y civiles en al menos dos sindicalistas. Tras la denuncia, que
en su día promovió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una brigada
policial adscrita al Ministerio de Trabajo investigó el 5 por ciento de
los cursos subvencionados durante 2001 y detectó irregularidades en el
95 por ciento de ellos.
Gescartera. 88 millones
Antonio Camacho
En junio de 2001, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un agujero
patrimonial de unos 100 millones. Fue el principio de un escándalo que
se saldó con un total de 52 años de cárcel para ocho de los acusados
(entre ellos, Antonio Camacho) y con la condena a La Caixa y Caja Madrid
Bolsa como responsables subsidiarios de un perjuicio de 88 millones. La
presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, condenada a 3 años, era
hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique
GiménezReyna, que dimitió.
Caso Pretoria. 45 millones
Maciá Alavedra
La «operación Pretoria», contra la corrupción
urbanística y el blanqueo de dinero, estalló en 2009 en Barcelona. Se
detuvo a nueve personas, entre ellas el alcalde de Santa Coloma de
Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos altos cargos de CiU con Jordi
Pujol: Macià Alavedra y Lluis Prenafeta. El presunto cerebro de la trama
es Luis Andrés García Sáez, un exdiputado del PSC expulsado del
partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos que
conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con
recalificaciones.
Caso Millet. 35 millones
Félix Millet
Félix Millet y Jordi Montull están acusados de
la desaparición de más de 35 millones de euros del Palau de la Música,
el mayor expolio de una institución cultural que se habría realizado
tanto para enriquecimiento propio como para financiar ilegalmente a CDC,
el partido de Artur Mas. Millet y su mano derecha gobernaron el Palau
durante 30 años, aunque el desfalco que se ha podido acreditar sólo se
refiere a los diez últimos. Millet reformó inmuebles de su propiedad y
pagó gastos de su familia con esos fondos.
Caso Bárcenas. 22 millones
Luis Bárcenas
El extesorero y exsenador del PP, imputado en
el caso Gürtel, se ha convertido en una caso en sí mismo tras conocerse
que amasó 22 millones de euros en cuentas suizas. Bárcenas, que trabajó
para el PP casi 30 años, compatibilizó estas tareas con sus negocios
privados. La Audiencia Nacional investiga el origen de estos fondos y
también se le acusa de haber cobrado una comisión de al menos 1,3
millones.
Caso ITV. 10 millones
Un grupo de empresarios ofrecía concesiones
públicas de ITV a cambio de quedarse con una parte del negocio. Contaban
con el apoyo del secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, al
que los investigadores definen como «colaborador necesario», y tenían a
sueldo al político convergente Josep Tous, al que la Generalitat le
había encargado rehacer el mapa de las ITV del tripartito. Pujol
proponía a los empresarios que contrataran los servicios de la
consultora de su amigo Sergi Alsina.
Caso Malaya. 10 millones
Julián Muñoz
Es una de las mayores tramas de corrupción
política y empresarial desarticuladas en España. Con epicentro en
Marbella, cuyo ayuntamiento tuvo que ser disuelto, a José Antonio Roca,
considerado cerebro de la trama, le fueron intervenidos bienes por valor
de 2.600 millones de euros. En estos días se ha celebrado el segundo
juicio, dirigido contra la tonadillera Isabel Pantoja y su expareja, el
exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Durante la instrucción le fueron
requeridas fianzas que alcanzan un total de 10 millones.
Caso Noos. 8,2 millones
Iñaki Urdangarín
El caso Noos implica a un miembro de la Familia
Real, el Duque de Palma, quien ya ha tenido que declarar ante el juez
como imputado y volverá a hacerlo el próximo 23 de febrero. Tanto Iñaki
Urdangarín como su socio, Diego Torres, habrían utilizado la imagen del
primero para firmar convenios de colaboración con las administraciones
públicas de Valencia y Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide para
ellos una fianza civil de 8,2 millones de euros.
Caso Cooperación. 22 millones
Rafael Blasco
El caso, instruido por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana ante la presunta implicación del
portavoz parlamentario del PP en esa comunidad Rafael Blasco, investiga
el supuesto fraude de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de
cooperación. La investigación judicial, iniciada en mayo de 2011, se
saldó con catorce detenciones y 26 imputaciones, entre ellas la de
Blasco.
Caso Pallerols. 388.483 euros
Fidel Pallerols
Tres lustros de investigación y en unos minutos
se alcanzó una conformidad. La trama de financiación irregular de Unió
consistió en un desvío de fondos de la Unión Europea destinados a cursos
de formación para desempleados a través de las sociedades del
empresario andorrano Fidel Pallerols. Unió Democrática de Cataluña era
responsable civil subsidiario. Pallerols y los otros tres imputados han
evitado ir a la cárcel al aceptar la devolución de forma conjunta de
388.483 euros. Sin embargo, no es todo lo defraudado.
6.839 millones equivalen a...
121 veces las ayudas a Cruz Roja y Cáritas.
La subvención anual que Cáritas y Cruz Roja disponen cada año es de 56
millones, y con ella atienden a un millón de personas. Con lo robado por
los corruptos podría darse esta subvención 121 veces.
Presupuesto del Ministerio de Defensa. El
Presupuesto de un Ministerio como el de Defensa se eleva a 5.900
millones, mil euros menos que los 6.821 millones que suman las
cantidades que se han llevado los casos de corrupción.
El valor de la red social Twitter.
6.700 millones es el valor de la red social Twitter (9.000 millones de
dólares), más o menos lo que suma el desfalco en las arcas públicas que
han implicado los distintos casos de corrupción.
15 veces la plantilla del Real Madrid.
Los 6.821 millones de la corrupción son 15 veces el valor de la
plantilla de un club de fútbol como el Real Madrid, cuyos jugadores
están valorados en 517 millones de euros.
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