MADRID.- La Asociación Unificada de Militares
Españoles (AUME) ha convocado una manifestación para el próximo 27 de
abril frente a la sede del Ministerio de Defensa en Madrid para condenar
el arresto que está cumpliendo su presidente, Jorge Bravo, por criticar
en los medios los recortes de este Departamento.
El secretario general de AUME, Mariano Casado, ha explicado este
jueves en una rueda de prensa que la Junta Directiva de la asociación
quiere que "la parte política del Ministerio reflexione" y sepa "qué
personas son las que crean problemas en las Fuerzas Armadas", que no son
los miembros de las asociaciones sino algunos generales, según Casado.
Bravo se encuentra desde ayer en la base de Colmenar Viejo cumpliendo una sanción de un mes y un día de arresto por unas
declaraciones con las que criticó los recortes después de que el
Gobierno decidiera eliminar la paga extra de los funcionarios. El
subteniente defendió que si se eliminaran "gastos superfluos" como
festejos y actos públicos, se podrían evitar algunas reducciones en las
retribuciones de los militares.
Casado ha indicado que la Junta Directiva se ha planteado, en su
reunión de este miércoles, que AUME abandone el Consejo de Personal de
las Fuerzas Armadas, donde Bravo es su representante. "Si no se le deja
hablar, AUME dejará de estar en ese Consejo", ha advertido.
La Junta Directiva considera que el arresto de Bravo es un "ataque
frontal" a la asociación y a su presidente y que además se produce en
un momento en el que se estaban haciendo avances en algunos aspectos,
como la puesta en marcha del Consejo de Personal. "Debe de ser que hay
gente a la que eso no le gusta", ha comentado Casado.
Por eso, AUME va a interponer un recurso de alzada ante el jefe
del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Jaime Domínguez
Buj. Sin embargo, puesto que la resolución que resulte de ese recurso
"la van a hacer los mismos" que impusieron la sanción, Casado cree que
"no van a cambiar el criterio".
"Desconfiamos absolutamente del JEME y de su asesoría jurídica",
ha manifestado Casado. Según ha señalado, la resolución contra Bravo fue
dictada por un órgano "manifiestamente incompetente" en este caso, el
general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y
Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra, que,
según ha dicho, solo tiene competencia para imponer sanciones
diciplinarias por faltas leves.
Casado ha denunciado que "han hecho un traje a medida para salvar
esa dificultad" y tratar de impedir que la resolución fuera objeto de un
recurso de alzada ante los órganos políticos del Ministerio. "Si lo
hubieran hecho correctamente, el que tenía que haber impuesto la sanción
era el JEME y entonces el que conocía el recurso era el ministro",
quien ahora podría ordenar "la suspensión del cumplimiento de la sanción
e incluso la inejecución", ha precisado.
Esto se puede interpretar, a su entender, como que los ejércitos
están aprovechando "algún tipo de vacío" en las políticas en el
Ministerio para que las decisiones en asuntos de este tipo las adopten
los cuarteles generales y no el poder político.
En opinión de AUME, se está "utilizando el ordenamiento jurídico
disciplinario" para "atacar a la asociación mayoritaria de las Fuerzas
Armadas", que "les está poniendo las cosas complicadas". Sin embargo,
Casado ha dejado claro que arrestando a Bravo --ésta es la tercera vez--
"no van a conseguir que se calle".
La asociación también va a presentar un 'habeas corpus' porque
estima que "la privación de libertad de Jorge Bravo no tiene ninguna
justificación jurídica", ha adelantado Casado. Si se aceptase,
permitiría su puesta en libertad inmediata.
Asimismo, van a pedir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
que visite el centro donde Bravo está arrestado, donde no tiene acceso a
su teléfono móvil ni a internet, y así constate cuál es su situación.
Casado ha explicado que la impresión de AUME es que hay "militares
del Ejército de Tierra" que "ponen trabas al Gobierno" en lo relativo
al respeto de los derechos fundamentales de los militares, que están
"absolutamente hartos" de esta situación. "El poder político tiene que
dar un golpe en la mesa, un puñetazo, y decir: 'Esto se acabó. Aquí todo
el mundo cumple la Ley'", ha subrayado.
La asociación cree que algunos militares quieren que la Ley de
Derechos y Deberes, que data de 2011 y tiene una "clara falta de
sintonía" con el Régimen Disciplinario, "no se ponga en marcha" porque,
según Casado, "les dificulta el ejercicio del mando" ante los nuevos
derechos de los que disfrutan las asociaciones profesionales.
"Hay mucha gente, altos mandos, que se resisten a que los
militares puedan hacer uso del derecho de asociación y de la libertad de
expresión", ha denunciado. Sin embargo, Casado ha destacado que esa
resistencia aparece cuando se tratan temas de personal, y en cambio
"apoyan a militares que sí que exceden los límites y quiebran la
neutralidad política", como es el caso de los generales Pontijas,
Chicharro y Mena.
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