BARCELONA.- El juez José María Fernández Seijo,
magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona y que llevó
la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE), ha rechazado este jueves "de manera radical" las
manifestaciones ante las viviendas de políticos, conocidas como
'escraches', ya que "el fin no debe justificar los medios" y "la
utilización de instrumentos coactivos, aunque sean de baja intensidad,
no es buena para la Democracia".
En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla
en el seminario 'Las ejecuciones hipotecarias en España tras la sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea', organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Sevilla, el juez ha señalado que la presión social es "buena" para
que se cambien las leyes, pero "los límites deben ser firmes y le
hacemos un flaco favor a las instituciones democráticas si miramos para
otro lado cuando se intenta coaccionar aunque desde la perspectiva
social sea legítimo".
Asimismo, ha afirmado que este movimiento "no va a conseguir
resultados" y puede terminar diluyendo el consenso social conseguido por
las plataformas de afectados al "superar los límites razonables".
"A
ninguno nos gustaría que por nuestro trabajo vinieran a casa a afear
nuestra conducta delante de nuestros hijos o familiares más cercanos",
ha subrayado.
Además, ha apuntado que si se quiere que la protesta social
conecte con la gente "no se pueden utilizar medios coactivos", aunque ha
señalado que "los gobiernos no han tenido la sensibilidad o la
capacidad" para resolver este tipo de problemas.
Fernández Seijo que "le perdió el miedo" al Tribunal de Luxemburgo
tras un viaje con la Facultad de Derecho ha señalado que la sentencia
de 14 de marzo, que declara contrarios al Derecho de la Unión Europea
determinados puntos de la legislación hipotecaria y de la normativa
española sobre ejecuciones y desahucios, ha tenido "más impacto
emocional que jurídico" al coincidir en el tiempo con la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) en el Congreso que pedía la dación en pago.
No obstante, ha recordado que esta sentencia en sí "no va a
solucionar todos los problemas" ante la situación que viven muchas
familias y ha instado a "no demonizar" a un colectivo heterogéneo como
es el de las entidades financieras. "Muchas han sido sensibles y han
reaccionado, incluso algunas paralizaron ejecuciones antes de la
sentencia", ha subrayado.
De igual manera, ha apuntado que la Ley Hipotecaria no ha cambiado
hasta ahora porque "las deficiencias del sistema se detectan una vez se
inicia la crisis", y, en este marco, las entidades han buscando
defender su interés pero "también son las primeras en querer cambiar la
Ley".
En este sentido, ha destacado que la directiva europea de 1993, en
la que se basa la sentencia de Luxemburgo, debía concretarse para
España en dos años y, en su ausencia, era aplicable directamente. Al no
llegar aquel paso entonces, ahora con "20 años de retraso" ha saludado
este paso.
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