MADRID.- Cuando el escándalo de corrupción por el "caso Gürtel"
se extendió al Partido Popular, en el poder en España, por los papeles
atribuidos a su antiguo tesorero, la atención se volvió hacia el
Tribunal de Cuentas, un órgano poco conocido que audita el gasto de las
instituciones públicas.
Esta institución independiente, que tiene un
presupuesto anual de 61 millones de euros y 800 trabajadores, debería
poder arrojar luz sobre las alegaciones de supuestas donaciones y
sobresueldos irregulares en el PP recogidos en los papeles atribuidos a
su ex tesorero y gerente Luis Bárcenas.
Sin embargo, se ha visto que al tribunal le falta
garra. Solo el refuerzo de su personal en 2012 le permitirá ponerse al
día este año con sus auditorías de las cuentas de los partidos, que
acumulan un retraso de cuatro ejercicios. Ese retraso podría suponer
incluso que las posibles irregularidades hayan prescrito.
El presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda,
ha prometido mejorar su funcionamiento, pero varios empleados han
demandado al pleno que integran sus 12 consejeros nombrados por el
Parlamento, protestando por un proceso politizado de contratación que
dicen socava su independencia.
El funcionamiento decepcionante del tribunal, la
frustración por retrasos de hasta 14 años en juzgar casos de corrupción y
varios escándalos que han afectado tanto al PP como al Partido
Socialista y al principal grupo político catalán, Convergència i Uniò
han mostrado la debilidad de las instituciones.
La legislación española, por ejemplo, no regula el
funcionamiento de los grupos de presión, algo que sí ocurre en la mayor
parte de los países desarrollados. Además, España, junto con
Bielorrusia, es el único país que carece de una ley de transparencia,
aunque estas leyes no siempre dan la información esperada por los
ciudadanos.
La financiación de los partidos sigue siendo opaca a
pesar de algunas reformas. El Consejo de Europa y la ONG Transparencia
Internacional han recomendado en repetidas ocasiones que España refuerce
el funcionamiento del Tribunal de Cuentas para que pueda controlarlos
mejor.
"Hoy, cuando un inversor busca un lugar para situar sus
capitales se fija en la calidad institucional del país. España carece
de al menos dos de los 'benchmark' (puntos de referencia) habituales:
una ley de transparencia y un órgano de estabilidad fiscal", dijo John
Muller, director adjunto del diario El Mundo.
Las posibles consecuencias de lo que Muller llama
"déficit institucional" son un deterioro del clima de inversión
empresarial, o incluso una fragmentación del Gobierno al estilo italiano
al aumentar la división política.
"Desde que empezó la crisis económica, la confianza
pública en el Parlamento, en el gobierno local, en todas las
administraciones públicas ha caído", dijo José Pablo Ferrándiz,
vicepresidente de la empresa de sondeos Metroscopia.
"La confianza en las instituciones ha caído a niveles
preocupantes, no alarmantes, pero preocupantes", agregó, y destacó que
la intención de voto a PP y PSOE es cada vez menor.
La corrupción se ha convertido en la segunda causa de
preocupación de los españoles en las encuestas solo detrás del paro,
inquietud número uno de los españoles y que está en un alarmante 26 por
ciento.
En otra señal de la impaciencia de los ciudadanos, las
reclamaciones al Defensor del Pueblo - sobre instituciones diversas como
bancos o administraciones públicas - se han disparado un 36 por ciento.
Y a las numerosas protestas del año pasado en las
calles por los fuertes recortes públicos - que han llegado a áreas muy
sensibles como la educación y la sanidad, mientras el Gobierno trata de
reducir el déficit público para cumplir los objetivos pactados con la
Unión Europea -, se unen los "escraches", o concentraciones ante las
viviendas de los políticos del PP para protestar contra los desahucios.
"La ineficacia y la corrupción alimentan la
indignación", dijo un informe de Transparencia Internacional de 2012
sobre el aumento del movimiento de protestas en Grecia, Italia, Portugal
y España.
España se sitúa en el trigésimo lugar en el índice
anual de corrupción que elabora TI. Solo Portugal e Italia están por
detrás en Europa occidental.
Además del descontento creciente de los votantes, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afronta la presión de sus socios
europeos, que piden más transparencia a cambio del rescate de 41.000
millones de euros para los bancos españoles con problemas.
Rajoy ha anunciado que establecerá un nuevo órgano de
supervisión presupuestaria para controlar mejor el gasto público, ante
la petición de Bruselas.
Rajoy, cuya credibilidad se ha visto perjudicada por el
"caso Bárcenas", prometió presentar una ley de transparencia en sus 100
primeros días en el cargo que ahora está debatiéndose en el Congreso de
los Diputados.
"Tendremos una de las leyes de transparencia y
anticorrupción más fuertes del mundo", aseguró José Luis Ayllón,
secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y uno de los
arquitectos de la ley.
Ayllón dijo que la ley, así como otras que han
propugnado, acelerarán los procesos judiciales en los casos de
corrupción, aumentarán las condenas, regularán los grupos de presión y
obligarán a los partidos, sindicatos y otros organismos a responder a
las peticiones de información de los ciudadanos.
Pero sus detractores mantienen que se seguirán quedando cortas.
Mar Cabra, una periodista de investigación y activista
en cuestiones de transparencia, dijo que la familia real, afectada por
la imputación de la infanta Cristina, debería estar incluida en la nueva
ley de transparencia, como ya está negociando con el Gobierno.
El Rey, que es el jefe del Estado, no tiene obligación
de informar de sus encuentros con dirigentes empresariales extranjeros o
de quién paga sus viajes al exterior. España tiene que construir toda
una cultura de la transparencia, aseguró, porque la gente ni siquiera
sabe que tiene derecho a pedir información.
"'Accountability' (que es como rendir cuentas). En español ni siquiera tenemos una palabra para definirlo".
"En Estados Unidos puedes saber quién paga cada anuncio
político simplemente apuntando una aplicación del 'smartphone' a la
tele", dijo Cabra. "En España eso es ciencia ficción".
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