viernes, 8 de febrero de 2013

Cayo Lara: : Bárcenas "tiene una bomba de relojería que puede estallar al Gobierno"

BILBAO.- El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, cree que, tras la aparición en Suiza de la cuenta con 22 millones de euros, el PP ha "actualizado su pacto" con Luis Bárcenas de 2009 porque el extesorero del Partido Popular "tiene en sus manos una bomba de relojería que puede hacer estallar al Gobierno". 

   Lara ha señalado que el PP, "en la ofensiva, ha salido a pedir perdón por lo de Bárcenas a los ciudadanos, pero no es una cuestión de pedir perdón, sino que la cuestión de fondo es si hay un pacto de Bárcenas con el PP y viceversa, si había un pacto en el año 2009, que nosotros pensamos que sí, y si ese pacto, después de lo que ha llovido y de aparecer los 22 millones en la cuenta de Suiza y una segunda cuenta, se ha puesto en cuestión en algún momento determinado".
   En su opinión, el extesorero del PP "tiene en su mano una bomba de relojería que puede hacer estallar al Gobierno" y, por ello, "ese pacto se ha vuelto, de nuevo, a actualizar, después de un par de excursiones que ha hecho Bárcenas, al verse desprotegido por el partido, donde algunos de sus componentes están intentando también crear una crisis interna de liderazgos".
   Lara cree que "en el acuerdo interno de Bárcenas con el PP de 2009 lo que no estaba previsto" era la existencia de la cuenta en Suiza. "Si metió la mano, no la metió para él, la metió para más gente, y él no podía comerse un marrón de ese nivel solo, por eso se le protegió en aquel tiempo, pero lo que no estaba en el calendario eran los 22 millones de la cuenta de Suiza", ha reiterado.
   Por ello, ha añadido, la aparición de la cuenta en Suiza "trastoca todo y, a partir de ahí, se rompe el acuerdo inicial y se pone en riesgo", pero, luego, "curiosamente Bárcenas vuelve a salir negándolo todo en un comunicado que se publica justo en la rueda de prensa de Cospedal, cuando va a dar cuenta de la posición del partido".
   "Tiene esa bomba, él es el que decide si la activa, cuándo la activa y cómo la activa, y, en este momento, la ha vuelto a desactivar, pero tiene todos los ases en la manga", ha advertido.
    Por ello, ha considerado que la pregunta es si el PP "se va a querellar contra Bárcenas" porque, "si salen a pedir perdón por esos 22 millones que no controlaban y que estaban en una cuenta, se supone que la querella debe ser el paso inmediato".
   Lara ha denunciado que "se está intentando poner una cortina de humo a un tema muy importante, muy grave, en lugar de tomar medidas para resolver una supuesta financiación irregular de partidos políticos, para que pasen plazos, haya prescripciones y esto quede en nuestra memoria histórica como una anécdota".
   El dirigente de izquierda ha criticado que Rajoy "lo niega todo" y "ha vinculado su futuro a la total falacia de lo publicado", por lo que, "con que una sola cosa sea verdad de lo que se ha publicado y que afecte realmente al tema irregular de la financiación del PP", el presidente del Gobierno "tiene que dimitir de manera inmediata y  convocar elecciones anticipadas".
   Frente a ello, Lara ha asegurado que IU tiene "una propuesta con mayúsculas contra la corrupción" y, en ese sentido, le han planteado al Gobierno un pleno extraordinario urgente para "hacer un gran debate sobre la corrupción en nuestro país" porque "no vale solamente que lo estemos viendo en los medios de comunicación".
   Según ha advertido, lo que está ocurriendo con la corrupción "no se puede resolver con una negativa permanente a lo que está pasando y que actúen los jueces", sino que es necesario "hacer un debate político sobre la corrupción para que se saquen conclusiones, se diga y se descubra por qué se ha llegado a esta situación y qué medidas se van a adoptar para que esto no se vuelva a reproducir en nuestro país".
   En ese sentido, IU ya ha presentado dos iniciativas en el Parlamento, una de ellas una proposición no de Ley con 41 medidas "muy concretas de dónde hay que atacar para intentar luchar de una manera seria y sólida contra la corrupción". Asimismo, han planteado la creación de una comisión de investigación "sobre toda la corrupción en España", porque "la corrupción viene especialmente del periodo de la burbuja inmobiliaria" y "hay casos que se están muriendo en los tribunales y prescripciones de determinados delitos".
   Lara ha denunciado que existe "una especie de posición política de que las cosas vayan muriendo con el tiempo", cuando "la corrupción nos ha mostrado la cara B de nuestro sistema democrático".
   A su juicio, la corrupción es "un cáncer que está socavando los cimientos democráticos de nuestro país, lo que es gravísimo, porque daña la credibilidad de la política, atenta contra el patrimonio de lo público y abre la puerta a populismos, al famoso 'todos son iguales' y eso siempre trajo unas consecuencias a lo largo de la historia, las de la antesala de lo que se ha conocido como fascismo".
   Tras asegurar que la corrupción es "sistémica" y no "una cosa puntual de unos señores que se corrompen", el coordinador general de IU ha considerado que en España "hay una asignatura pendiente, que es la financiación de los partidos políticos".
   A su entender, el debate es si se quiere "una financiación de partidos políticos por la puerta de atrás de las empresas o un sistema público, transparente, justo y donde sea el conjunto de los ciudadanos, por la vía de los impuestos, los que sigan manteniendo un sistema público de financiación de partidos políticos".
   Lara ha alertado del "deterioro profundo de la democracia" y de "una desafección por parte de los ciudadanos" hacia la política, así como de la "crisis clarísima de credibilidad hacia Rajoy", ya que, según las encuestas, el 82 por ciento dice que tiene "poca o ninguna confianza en él". Asimismo, cree "preocupante igualmente que el 88 por ciento de los ciudadanos, más gente todavía, tenga poco o ninguna confianza en Rubalcaba, que ha estado en los años de gobierno de Rodríguez Zapatero".
   En su opinión, el PP "no tiene voluntad de hacer una regeneración democrática" porque "dentro del PP anida una posición determinada de gente que considera que el Gobierno tiene que estar al servicio de los intereses de determinadas empresas".
   Asimismo, ha señalado la existencia de una "falta de credibilidad global en el Gobierno", ya que "nunca en la etapa democrática hubo un panel de ministros donde suspendieran todos, especialmente algunos con nota de bono basura". "Hay un suspenso completo a las políticas del Gobierno y, tal vez por eso, en el año 2012 ha habido 36.000 movilizaciones, según datos del gobierno, que se han producido en el conjunto de España", ha subrayado.
   Por el contrario, ha destacado que IU continúa "en una tendencia al alza" y sigue "generando confianza en los ciudadanos, también en todas las encuestas, y nos estamos moviendo en torno al 11 o el 12 por ciento de nivel de voto".
   Según ha dicho, esto se debe a que "hay cada vez más gente que está buscando una salida, pero al mismo tiempo puede encontrarla en una propuesta concreta que venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, que es una salida social a la crisis, contraria a las políticas de austeridad, de ajuste duro y de recortes que plantea la troika y que sigue a pies juntillas el Gobierno de España".

jueves, 7 de febrero de 2013

Aguirre estalla contra Cospedal, Botella y Ana Mato

MADRID.- Esperanza Aguirre ha estallado. La ex presidenta de la Comunidad de Madird venía anunciando su vuelta a la primera desde que dimitiera de su cargo el año pasado, pero este miércoles dio por fin un paso adelante, poniendo patas arriba al PP. En primer lugar asestó un golpe bajo a Rajoy tras pedir en público una regeneración política. No obstante, después se filtró lo más grave de todo: Aguirre ‘se peleó’ con Ana Botella en una reunión interna y atacó duramente a Ana Mato y a María Dolores de Cospedal.

Los hechos, recogidos y relatados por periodistas de El País, tuvieron lugar en la reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid (que preside Aguirre). Según varias fuentes del medio que presenciaron dicha reunión, la ex presidenta criticó la a su juicio mala gestión de Cospedal como secretaria general del partido en todo el tema de Bárcenas hasta el punto de descalificarla muy duramente. Al parecer, Aguirre mostró su profundo malestar, principalmente por dos motivos: el primero, porque el partido no se ha querellado contra el ex tesorero del PP; el segundo, porque no se haya expulsado a Ana Mato del Gobierno.

Siempre según las fuentes de este diario, Aguirre manifestó que ella ya hubiera destituido a la ministra de Sanidad después de trascender en un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que su familia, encabezada por Jesús Sepúlveda, recibió regalos de la trama Gürtel por valor de 62.000 euros.
Por si fuera poco, durante la reunión, calificada como una “bronca” por varios de sus integrantes, Aguirre también se encaró con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por la gestión del caso Madrid Arena. Al parecer, Botella recriminó la falta de apoyo recibido durante el caso, a lo que la ex presidenta contraatacó reprochándole, incluso, que firmase en contra del desmantelamiento del hospital de Princesa. El rifirrafe fue de tal calibre que incluso el actual presidente de la Comunidad, Ignacio González, tuvo que intervenir para calmar los ánimos.
Aguirre certifica de esta manera su protagonismo en el partido después de varios meses apartada de los focos. Señalada en su día por varios confidenciales como la inspiradora de las filtraciones sobre Bárcenas, la popular ha comenzado 2013 apareciendo en numerosos medios de comunicación en los que ha criticado la corrupción: “Hay que investigar a fondo, caiga quien caiga”, llegó a decir. Su sombra sobre Rajoy parece cada día más grande.

El fiscal general del Estado pide que se deje investigar en España a Anticorrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió el jueves que se deje investigar a la Fiscalía Anticorrupción para llegar "hasta el final" con los supuestos pagos irregulares en el seno del Partido Popular, un caso que ha sacudido a la formación en el poder en España.

"Estamos en una fase previa, conviene no sacar más conclusiones", dijo Torres-Dulce en unas declaraciones realizadas a periodistas tras un acto en Logroño.
"No creo que haya nadie, a estas alturas, que no desee que estos hechos se esclarezcan (..) mientras tanto la valoración de las pruebas las hará el Ministerio Fiscal", añadió.
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación con el objetivo de averiguar si hay indicios de la existencia de una presunta contabilidad secreta en el seno del PP en la que se reflejaban aportaciones de empresarios y pagos a dirigentes del PP entre 1990 y 2008, según publicó la semana pasada el diario El País.
El presunto autor de los cuadernos manuscritos cuyas fotocopias publicó el periódico, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado por corrupción dentro del caso Gürtel, negó el miércoles ante el fiscal la veracidad de esas cuentas.
Su predecesor en el cargo hasta 2008, el octogenario Álvaro Lapuerta, que la semana pasada emitió un comunicado negando que se hubieran producido esos pagos, hizo lo propio el jueves ante Anticorrupción.
Una tercera persona vinculada al PP, el ex diputado Jorge Trías, compareció ayer ante el fiscal, ante el que, según sus palabras, cumplió con su obligación tras haber afirmado previamente que estaba al tanto de pagos irregulares durante años a la cúpula del partido.
El alcance del escándalo Bárcenas amenaza la credibilidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuyo nombre aparece en los documentos publicados como receptor de esos pagos, en un momento en el que desde el Gobierno gestiona una profunda recesión en el país.
Analistas políticos y expertos en corrupción dicen que la lentitud de la justicia en España podría beneficiar a Rajoy ya que los tribunales tardarán años en determinar si hay delitos que puedan ser juzgados.
La propia investigación preliminar de la Fiscalía, en la que se espera que se llame a declarar a una quincena de personas que aparecen en las listas como donantes o receptores, podría tardar hasta seis meses en cerrarse.

Activistas denuncian el "incremento vertiginoso de la represión" en Cuba

MIAMI.- La Asamblea de la Resistencia Cubana, que agrupa a casi 50 organizaciones dentro y fuera de Cuba, denunció hoy un "incremento vertiginoso de la represión" desde que el gobernante Raúl Castro asumió el poder, y pidió a la comunidad internacional prestar atención a los derechos humanos en la isla.

El presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva, dijo que se han registrado al menos nueve asesinatos de defensores de derechos humanos y seis mil arrestos "arbitrarios" en los últimos doce meses.
"Los allanamientos, golpizas, y agresiones contra los que luchamos por la defensa de los derechos humanos es el récord del régimen de Raúl Castro", afirmó el activista por teléfono desde La Habana (Cuba) en una conferencia de prensa en Miami (EE.UU.)
González Leiva advirtió que "las vidas de los defensores de derechos humanos en Cuba corren peligro"·
La secretaria Nacional Adjunta del Directorio Democrático Cubano (DDC), Janisset Rivero, organización que integra la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), dijo que se hace un llamamiento "a la comunidad internacional para que, por favor, mire lo que está pasando dentro de Cuba en el tema de los derechos humanos".
En la conferencia de prensa brindaron su testimonio las disidentes Idania Yánez Contreras y Caridad Caballero Bartista, ambas recientemente exiliadas.
"¿Hasta cuándo seguirá pasando esto en Cuba? Hemos sido víctimas de actos de repudio, producto de uno de ellos mi abuelita murió el año pasado en enero. Mis hijos pequeños han sido golpeados, arrestados, agredidos y tienen muchos problemas por esos traumas", dijo Yánez Contreas de la Coalición Central Opositor.
Aseveró que también "nos han agredido sexualmente sobre todo a las mujeres defensoras de los derechos humanos. El mundo no puede callar ante esto".
Caballero Batista, de la Alianza Democrática Oriental, denunció la "violación" a la libertad religiosa en Cuba y dijo que ella por tratar ir a una iglesia católica en Holguín fue golpeada y arrestada en numerosas ocasiones.
La opositora indicó que su casa fue allanada y su hijo menor arrestado, "entre otras violaciones que no constituyen un caso aislado, sino una práctica sistemática por parte del régimen de la familia Castro".

El yerno del Rey y su socio serán embargados tras no pagar la fianza

PALMA DE MALLORCA.- El juez que investiga un presunto caso de corrupción en el que se ha visto implicado el yerno del Rey de España ordenó el jueves a Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, presentar una relación de bienes que les serán embargados tras no abonar la fianza de 8,2 millones de euros.

"El juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, tras constatar que la fianza de responsabilidad civil (...) no ha sido abonada (...), proveerá en los próximos días un requerimiento personal a ambos para que presenten ante el juzgado una relación de bienes con los que poder responder a dicha fianza, a efectos de que sean embargados", dijo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en un mensaje.
Urdangarin y Torres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública en un caso sobre la presunta apropiación indebida de fondos públicos a través del instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidía el duque.
El juez José Castro les impuso la fianza para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que se deriven del proceso judicial.
La imputación por corrupción del duque de Palma, esposo de la infanta Cristina, la segunda hija del Rey, ha sido uno de los reveses más importantes que ha sufrido la Casa Real en los últimos años, que han llevado a un considerable descenso de la popularidad de la monarquía en un país agobiado por la crisis económica.
Urdangarin, en un escrito remitido al juez con el que intentó evitar la fianza, defendió que los contratos que firmó su fundación con diferentes administraciones públicas y que estaban relacionados principalmente con la organización de actos relacionados con el deporte y el turismo fueron correctos, y que no cometió delito alguno.
El yerno del Rey afirmaba además que no ocupaba más que una mera "función representativa" en una institución que habría desviado fraudulentamente unos seis millones de euros recibidos de los gobiernos balear y valenciano entre 2004 y 2007.

La petición en Internet de dimisión inmediata de Rajoy y la cúpula del PP ya supera el millón de firmas

MADRID.-   Más de un millón de personas han firmado ya en Internet la petición en demanda de la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de toda los miembros de la cúpula del PP por las informaciones que apuntan a un posible pago de subresueldos en B por parte del extesorero del PP Luis Bárcenas.

   La iniciativa se puso en marcha en la plataforma www.change.org el pasado jueves día 31 de enero después de que el diario 'El País' hiciera pública la supuesta contabilidad B del partido de Mariano Rajoy, y tenía como objetivo precisamente alcanzar el millón de rúbricas.
   El objetivo de esta campaña, que ha alcanzado su meta en una semana, es reclamar la dimisión del jefe del Ejecutivo y del PP, Mariano Rajoy, cuyo nombre aparece como receptor de pagos en las supuestas anotaciones de Bárcenas, y, por ende, la convocatoria de elecciones anticipadas.
   Asimismo, también demanda que todo miembro del PP que aparezca en esos papeles y que ostente un cargo público o en el partido haga lo propio porque, según los promotores de esta iniciativa en la red, ya "no basta" con que declaren que esos documentos son falsos.
   "Estamos hartos de observar la decadencia y resquebrajamiento de una democracia que ha sido robada a los ciudadanos mientras las élites políticas y empresariales se reparten impunemente nuestro país", añade el texto.
   Por ello, la iniciativa apunta a que es el momento de que "todos" los que han recibido pagos en dinero negro "se vayan", dejen de "ensuciar" el nombre de España, y ya fuera de unas instituciones que son de todos, demuestren la falta de veracidad de esos papeles (publicados), si es que pueden".
   Asimismo, envía también un mensaje al resto de fuerzas políticas, a las que insta a posicionarse en contra de la corrupción dentro y fuera de sus organizaciones y a buscar consensos para atajar "de una vez por todas" este problema.
   Aunque ya han conseguido su principal objetivo y el número de firmas ya rebasa el millón -- más de 1.003.000 personas habían firmado la petición alrededor de las 14.00 horas--, la iniciativa sigue en marcha y sigue recabando apoyos.

Gallardón: "La sociedad no puede permitirse añadir a la crisis económica otra de confianza en las instituciones"

MADRID.- El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha advertido este jueves que la sociedad española "no puede permitirse añadir una crisis de confianza en torno a las instituciones representativas que venga a agravar la ya de por sí difícil crisis económica y social" que vive en este momento España.


   Para Ruiz-Gallardón, "lo que resalta el valor de unas instituciones, sin las cuales no puede concebirse ningún progreso ni justicia ni carácter democrático del poder, concierne en realidad a todos los ciudadanos, al conjunto de la sociedad española que no puede permitirse añadir una crisis de confianza en torno a las instituciones representativas que venga a agravar la ya de por sí difícil crisis económica y social que vivimos".
  

El 15-M entrega a Juncker un sobre con dinero falso para Rajoy

BRUSELAS.- Una quincena de miembros del movimiento 15-M en Bruselas ha entregado al primer ministro luxemburgués y ex presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, un sobre con dinero falso para que se lo entregara a Rajoy. Juncker ha confirmado con un "de acuerdo" que se lo hará llegar al presidente del Gobierno español.

   Un grupo del 15-M ha protestado este jueves frente al hotel Sofitel donde se suele alojar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando asiste a las cumbres con sus colegas con sobres dirigidos al presidente con billetes falsos de 500 euros para mostrar su indignación por el "escándalo" del caso Bárcenas y los presuntos sobresueldos a la cúpula del PP.
   Lidia Brun, una de las manifestantes, ha defendido esta protesta "simbólica y pacífica" para animar a la ciudadanía a "ser Bárcenas por un día" y dejar así claro su rechazo al creciente número de casos de corrupción política en España, cuya impunidad resulta "totalmente inaceptable" y denunciar "amnistías fiscales para tapar ciertos casos".
   La Policía ha obligado a marcharse a los 'indignados', que han coreado gritos de 'No a la corrupción, Rajoy dimisión' en la entrada del hotel, donde esperaban recibir al presidente español y reclamarle "investigar los casos de corrupción", ha explicado Brun.
   María, otra de las indignadas, ha explicado que se trata de dejar claro que los ciudadanos "no apoyan" las explicaciones que hasta ahora ha dado Rajoy del caso Bárcenas.
   Una indignada ha logrado entrar dentro del hotel y ha hecho entrega de uno de los sobres con los billetes falsos al primer ministro luxemburgués y ex presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker, para que se lo entregara a Rajoy, quien no se encontraba dentro del hotel.
   Juncker, según ha explicado la 'indignada', le ha dado las gracias, ha abierto el sobre y ha confirmado que se lo entregará a Rajoy. "De acuerdo", le ha confirmado.
   Uno de los sobres también lo han dejado en la recepción del hotel para que se lo entreguen al presidente del Ejecutivo español a través de su personal de Protocolo.
   Los 'indignados' se han manifestado antes frente a la sede del Partido Popular Europeo en  la capital bruselense. La semana pasada remitieron cartas a todos los eurodiputados de esta formación política para pedirles que "pidan explicaciones" al PP por el caso Bárcenas o "rompan el carné para no ser cómplices" de la corrupción, ha explicado Brun.
   Aunque la Policía no les ha dejado entrar en la sede del PPE para dejar los sobres con los billetes falsos y les ha obligado a marcharse por tratarse de "una manifestación ilegal", sí han logrado dejar los sobres en el buzón fuera de la sede.

Alemania aprueba el proyecto de ley para encarcelar a banqueros imprudentes

BERLÍN.- El Gobierno alemán ha aprobado el proyecto de ley de reforma del sector financiero, que forzará a las entidades alemanas a separar sus negocios de riesgo del resto de su actividad y que incluye la posibilidad de imponer penas de prisión a los banqueros que pongan en aprietos a sus entidades o al conjunto del sistema por una gestión imprudente. 

   La nueva legislación, que aún debe pasar el trámite parlamentario, pretende prevenir la repetición de una crisis como la del 2008, cuando varias entidades germanas tuvieron que ser rescatadas con dinero público.

   "Representa un nuevo paso en nuestros esfuerzos por aprender de lo ocurrido en la crisis financiera de 2008 y 2009", dijo Schaeuble en declaraciones a los medios tras la reunión del Gabinete.

   "Sabemos que la desregulación exagerada de los mercados financieros fue un error (...) Ningún mercado, ningún actor y ningún producto financiero quedará sin supervisión", añadió.

   En concreto, los bancos alemanes tendrán la obligación de aislar sus actividades de negociación por cuenta propia ('proprietary trading') del negocio de banca minorista cuando los activos asociados a estas actividades superen los 100.000 millones de euros o supongan más del 20% del balance de la entidad, por lo que Schaeuble apuntó que sólo afectará a "unos 10 ó 12 bancos, según los parámetros de 2011".

   Entre las medidas más comentadas, destaca la provisión de imponer penas de carcel de hasta cinco años de duración para aquellos directivos cuya imprudente gestión implique riesgos para la viabilidad de las entidades.
   Asimismo, los bancos deberán elaborar planes de recuperación y de resolución que serán aplicados en caso de que atraviesen dificultades que amenacen a todo el sistema financiero. El objetivo de esta medida es estar mejor preparados para posibles emergencias y evitar que tenga consecuencias para los contribuyentes.

El Gobierno creará un registro de condenados por impago del alquiler

MADRID.- El Gobierno español creará un Registro de Sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler, donde se recogerán los datos de todos los ciudadanos que hayan sido condenados en firme, judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral, por no haber cumplido sus obligaciones de pago para que puedan ser conocidos por los arrendatarios.

   Así lo recoge una de las 18 enmiendas presentadas en el Congreso por el PP al Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas y que será incorporada al texto gracias a la mayoría absoluta de la que gozan los 'populares'.
   El Secretario Judicial o los órganos de arbitraje competentes estarán obligados a remitir la información --aunque no se precisa qué datos concretamente-- de estas personas al registro, al que podrán acceder los propietarios de inmuebles que deseen suscribir contratos de arrendamiento, sean personas físicas o jurídicas.
   Para consultar esta información, deberán "presentar una propuesta de contrato de arrendamiento en la que se identifique al eventual arrendatario, limitándose la información a la que tendrá derecho a los datos que consten en el Registro, relacionados exclusivamente con dicho arrendatario".
    El objetivo, según reza la enmienda, es de "prevención y control", con la vista puesta en "incrementar la seguridad del arrendador" que se ha "visto obligado" a acudir a la justicia y al que se ha dado la razón, para evitar que quienes ponen inmuebles en el mercado "contraten con quienes ya han tenido el antecedente de obligar a un arrendador a acudir al auxilio judicial o arbitral".
   En otra enmienda, el PP insta al Gobierno a presentar, un real decreto que regule este registro, que en cualquier caso deberá borrar los datos al cabo de un máximo de seis años desde la inscripción de forma automática, o a requerimiento del deudor cuando haya satisfecho la deuda por la que fue condenado.
   Por otra parte, los 'populares' también proponen una modificación sobre las obligaciones del arrendador en caso de querer vender el piso. En este sentido, y siempre que "se haya pactado la renuncia" del arrendatario en el derecho de adquisición preferente, el dueño de la vivienda deberá comunicar a su inquilino su intención de venderla "con una antelación mínima de 30 días a la fecha de formalización del contrato de compraventa".
   "Si no, nos podríamos encontrar en la situación de que el arrendatario se enterase de la venta del inmueble cuando ésta ya se hubiese producido, sin tener un plazo mínimo para buscar una nueva vivienda o realizar las gestiones que estime oportunas", se alega en el texto.
   Asimismo, el PP incluye un cambio para que los arrendatarios puedan realizar las obras que sean necesarias para adecuar la vivienda a su condición de discapacitado o a la del cónyuge o cualquier otra persona con la que conviva de forma permanente. No obstante, deberá notificar estos cambios por escrito al arrendador y, en caso de que éste lo exija, deberá reponer la vivienda al estado anterior al término del contrato.
   También se propone que el aviso del propietario al inquilino cuando tenga necesidad de la vivienda para sí mismo o para familiares deberá realizarse "al menos con dos meses de antelación" a la fecha de salida, y se recoge la posibilidad de que las partes puedan llegar a acuerdos diferentes.
   Las enmiendas del Grupo Popular incluyen asimismo algunas modificaciones con respecto a los desahucios por impago del alquiler, tales como que "la falta de oposición al requerimiento (de desalojo) supondrá la prestación de su consentimiento a la resolución del contrato de arrendamiento que le vincula con el arrendador".
   Si el inquilino no atendiera el requerimiento de pago o expresara su oposición, o si efectuara el desalojo pero no pagara la cantidad reclamada, el decreto dando por terminado el procedimiento "impondrá las costas al demandado e incluirá las rentas debidas que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda y hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca, tomándose como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda".
   El PP también ha presentado un paquete de enmiendas para adecuar las funciones de secretarios judiciales y jueces en función del reparto competencial recogido en la Ley de Reforma de la Legislación Procesal par la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
   Asimismo, ha decidido suprimir los tres artículos del proyecto de ley que hacían referencia, respectivamente, a la flexibilización del régimen fiscal del Impuesto de Sociedades aplicable a los arrendatarios, a la regulación de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) y al gravamen especial del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. La justificación para esta decisión se encuentra en que estas previsiones están ya contenidas en la Ley de Medidas Tributarias para la Consolidación de las Finanzas Públicas aprobada el año pasado.

Casi cuatro de cada diez españoles apuesta por acabar con las CCAA

MADRID.- Casi cuatro de cada diez españoles son partidarios de un Estado con un único Gobierno central y sin comunidades autónomas o mantenerlas pero restándoles autonomía, según se desprende del último Barómetro de Opinión realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   La encuesta se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los pasados 4 y 14 de enero, en pleno debate sobre el proceso de autodeterminación iniciado en Cataluña por CiU y ERC.
   Los resultados que arroja el sondeo correspondiente al mes de enero no difieren apenas del de diciembre. Así, al ser preguntados por el modelo de Estado que prefieren, la posición mayoritaria, elegida por el 32,1 por ciento de los encuestados, sigue siendo la de dejar las cosas como están, esto es, con un Estado con comunidades autónomas.
   Sin embargo, hasta un 24,2 por ciento prefiere acabar con las autonomías, un porcentaje muy similar al de hace un mes (24,6 por ciento), mientras que un 14,5 por ciento apuesta por mantener las comunidades pero que estás tengan menos autonomía, una posibilidad que aumenta algo más de dos puntos con respecto a diciembre (12,3 por ciento).
   En el otro lado de la balanza, un 11 por ciento de los ciudadanos defienden comunidades con mayor autonomía que en la actualidad, casi un punto más que en el barómetro de hace un mes, y un 9,2 por ciento apoya un modelo en el que las autonomías puedan decidir si quieren la independencia (en diciembre este cifra era de un 9,4 por ciento).
   Asimismo, el sondeo refleja que más de la mitad de los encuestados se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma (54,5 por ciento). Además, un 14,7 por ciento declara sentirse únicamente español, un punto menos que en la última encuesta, y un 6,3 por ciento asegura sentirse únicamente de su comunidad autónoma, también ligeramente inferior al porcentaje reflejado en la encuesta de diciembre.

miércoles, 6 de febrero de 2013

Miles de estudiantes salen a la calle para pedir "más educación y menos corrupción"

MADRID.- Miles de estudiantes de Secundaria han salido este miércoles a la calle para pedir "más educación y menos corrupción", coincidiendo con la segunda jornada de huelga, convocada por el Sindicato de Estudiantes, contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y para exigir la dimisión "en bloque" del Gobierno. 

   Las protestas contra la reforma educativa se han mezclado en esta ocasión con consignas y alusiones al 'caso Bárcenas' y a la presunto reparto de sobres con dinero B a dirigentes del PP. "Vosotros los sobres, nosotros las sobras", "Menos sobres y más becas" o "Rajoy, Bárcenas, ¿para la educación no quedan sobres?", son algunos de los gritos que se han podido oír en las calles este miércoles.
   En Madrid, donde la marcha ha transcurrido sin incidentes, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha pedido la dimisión "en bloque" del Gobierno: "No nos vale con que se vaya Rajoy, queremos que se vayan todos y que se cree un Gobierno para el pueblo, para los trabajadores y para la juventud".
   El líder estudiantil ha adelantado que a esta segunda semana de protestas en lo que va de curso, puede seguirle una "tercera" este mes, que contará, según ha avanzado, con el apoyo de los profesores para "poner contra las cuerdas" a un ministerio que, a su juicio, "solo legisla para una élite".
   En Barcelona, los alumnos --20.000, según la organización; 1.900 según la Guardia Urbana-- se han manifestado contra la reforma, pero también contra la intención del Gobierno de "españolizar" a los estudiantes catalanes, portando pancartas con el mensaje de 'Ni españolizar ni privatizar'. Además, se han concentrado ante el Palau de la Generalitat de Cataluña durante unos minutos al grito "Después de estudiar, queremos trabajar".
   En Castilla-La Mancha, las protestas han sido más dispersas y con menos asistentes. Toledo, Talavera, Guadalajara y Albacete son las ciudades en las que se han concentrado centenares de jóvenes. "Que las manifestaciones sean pequeñas no quiere decir que la gente no esté de acuerdo", ha indicado en Toledo la portavoz estudiantil, al tiempo que ha advertido de que "la lucha continúa y si no hay marcha atrás en la eliminación de esta ley".
   En Valencia, la manifestación ha concluido con una sentada en la plaza del Ayuntamiento en la que los estudiantes han manifestado su intención de continuar con las movilizaciones. Mientras algunos han quemado un muñeco de Wert, una gran parte del grupo se ha acercado a las puertas del Consistorio para continuar la sentada al grito de "Yo también quiero mi sobre" y han lanzado varios huevos contra el edificio.
   Santiago de Compostela y La Coruña han sido las ciudades gallegas en las que se han concentrado un mayor número de jóvenes, bajo los lemas En defensa de la enseñanza pública, ni un paso atrás, no a la LOMCE' y 'Unidos contra la LOMCE, un paso atrás', respectivamente.
   El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado que el seguimiento de la segunda jornada de huelga de alumnos de Secundaria en toda España es "muy inferior" al de este martes, cuyo dato definitivo fue del 17,2 por ciento.
   "Con los datos recopilados hasta este momento por las comunidades autónomas, constata un seguimiento de la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes muy inferior al de la jornada de ayer. Los datos finales reflejan que el porcentaje de alumnos que no asistió a clase (este martes) fue del 17,2 por ciento", ha indicado el departamento de Wert en un comunicado.
   Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, convocante de la tres jornadas de paro en esta "semana de lucha", ha elevado al 90 por ciento de media el respaldo de los alumnos a esta segunda huelga. "El seguimiento es masivo", ha asegurado una portavoz de esta organización a Europa Press, durante la celebración en Madrid de la manifestación.

Los jueces decanos y el CGPJ también piden más medios para luchar contra la corrupción


MADRID.-   Los jueces decanos de España se han adherido al acuerdo adoptado el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para reclamar más medios materiales y personales en la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y las causas de "especial relevancia social". 

   En un comunicado difundido este miércoles, los jueces decanos manifiestan su intención de desempeñar su trabajo "responsablemente y en las debidas condiciones" y aseguran que algunas de las deficiencias que presentan actualmente los juzgados y tribunales españoles se podrían resolver "de manera inmediata".

   "Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos relacionados con la corrupción y, por tanto, las medidas más eficaces son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", afirman en un comunicado en el que señalan que no es posible llevar a cabo "una investigación seria y rigurosa" sin funcionarios, policías y peritos especializados.

   En concreto, los jueces decanos piden medidas de refuerzo al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. "El problema es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde", aseguran.

   Entre las medidas necesarias apuntan el nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) y la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses. También destacan la necesidad de adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.
   A su juicio, no parece que exista una especial sensibilidad hacia estos problemas, "cuando precisamente hace unas semanas se ha aprobado una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los juzgados y tribunales".

El CGPJ pide información los TSJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

Urdangarin y Torres no pagan la fianza de 8,2 millones de euros

PALMA DE MALLORCA.- Tras cinco días de plazo otorgados por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el Duque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les impuso en el marco de estas pesquisas. Los dos imputados tenían hasta esta medianoche para poder hacer frente al pago de la cuantía decretada la pasada semana.

   De esta forma, si bien en la mañana de mañana jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado.
   Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que ni Urdangarin ni Torres señalasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
   Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.
   En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.
   Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha puesto de manifiesto "a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
   Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
   En su auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
   En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
   De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
   Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".
   En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
   Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).

El PP pierde apoyo electoral en un sondeo del CIS previo al caso Bárcenas

MADRID.- El respaldo electoral al Partido Popular, que hace algo más de un año se hizo con el poder con mayoría absoluta, ha vuelto a caer, según el barómetro del CIS realizado previamente a que estallara el escándalo de corrupción en la formación que hoy gobierna España.

Los profundos recortes y las dificultades económicas por las que atraviesan los ciudadanos siguen pasando factura al PP que, de celebrarse hoy unas elecciones generales, se haría con el 35 por ciento de los votos, frente al 44,6 por ciento que obtuvo en noviembre de 2011, según los datos del CIS difundidos el miércoles.
El Partido Socialista, principal formación de la oposición, ve mejorar levemente sus resultados con un 30,2 por ciento de los sufragios, frente al 28,7 por ciento de los comicios pasados, con lo que la diferencia entre las dos principales fuerzas políticas del país se estrecharía de 12,7 puntos en 2011 a 4,8 puntos a día de hoy.
El sondeo, realizado entre el 4 y el 14 de enero entre 2.483 personas, no refleja el descontento de la ciudadanía ante el llamado caso Bárcenas, que empezó a aparecer en la prensa hace dos semanas a raíz de conocerse que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas tenía cuentas millonarias en Suiza.
Además, la Fiscalía Anticorrupción está investigando si Bárcenas realizó pagos irregulares a varios dirigentes del PP, entre ellos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, procedentes de fondos abonados por empresas principalmente de la construcción.
Aunque Rajoy - en el que el 82 por ciento de los sondeados dijo tener poca o ninguna confianza - ha negado con contundencia las acusaciones, el creciente escándalo probablemente pase más factura al PP entre los ciudadanos, que ya están muy desilusionados con el Gobierno por la gestión de la profunda crisis económica y un desempleo de más del 26 por ciento.
De hecho, el paro y los problemas de índole económica siguen siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos, por delante de la política y los partidos en general y la corrupción y el fraude.
Frente a la caída de apoyos del PP, los grupos con menos presencia en el Congreso salen reforzados, como Izquierda Unida, que obtendría un 9,4% de los votos (frente al 7,02% actual) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que lograría un 6,8 por ciento (4,76% hoy).

Inquietud por la corrupción

La preocupación por la corrupción y el fraude ha marcado un nuevo récord de los últimos años y continúa como el cuarto problema para los españoles por detrás del paro, la economía y los políticos, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de enero.
   El sondeo, hecho público este martes, se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los días 4 al 14 de enero de 2013.
   En medio del trabajo de campo se conoció el acuerdo de conciliación sobre el 'Caso Pallerols', en el que dirigentes Unió reconocieron el desvío de fondos públicos al partido. Sin embargo, aún no había estallado el 'caso Bárcenas' ya que fue el 16 de enero cuando se conoció que extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo hasta 22 millones de euros escondidos en Suiza.
   En concreto, en enero la corrupción y el fraude fueron citados como un problema en el 17,7 por ciento de los cuestionarios, medio punto más del 17,2 por ciento que se había anotado el mes anterior. Este porcentaje supone un nuevo récord con respecto a las cifras de los últimos años, aunque queda muy lejos del 33,5 por ciento que logró en enero de 1995, durante los últimos meses de gobierno de Felipe González.
   En cualquier caso, la principal inquietud de los españoles sigue siendo el paro, que aparece en el 81,1 por ciento de los cuestionarios, seguida de los problemas económicos en general, con un 38,9 por ciento.
   Como viene ocurriendo desde febrero de 2010, la clase política figura como tercer problema, si bien ahora el porcentaje está cerca del doble del de hace tres años, ya que mientras en 2010 se situaba en un 16,8 ahora está en el 30,3 por ciento.
   Tras la corrupción y el fraude, esta vez el quinto puesto es para la sanidad, que baja uno respecto a diciembre y es mencionada como un problema en el 12,1 por ciento de las encuestas. La preocupación por la educación, que era la quinta en el mes anterior, empata ahora con la que generan los bancos, con un 5,8 por ciento. El séptimo lugar es para los recortes en general con un 5,4.
   La relación de problemas personales también está encabezada por el desempleo (48,4 por ciento) al que le siguen la economía (36 por ciento), la sanidad (12,4 por ciento), los políticos (9,2 por ciento) y los recortes, con el 8,7 por ciento.
   Como hace todos los meses, el CIS también preguntó en enero sobre la percepción de la situación política y económica. Nueve de cada diez consultados tachan de "mala" o "muy mala" la coyuntura económica, frente al 0,6 por ciento que la "bien" o "muy bien". El 66 por ciento considera que está peor que hace un año y cuatro de cada diez auguran que seguirá empeorando en los próximos doce meses.
   En paralelo, el 37 por ciento cree que su situación económica personal irá a peor durante este año, frente al 13,2 que confía en que mejore. En el plano laboral, el 19,2 por ciento prevé que le irá peor en su trabajo durante en 2013, mientras que el 12,3 espera que sea al revés.
   La situación política es "mala" o "muy mala" para el 77,4 por ciento y sólo el 2,6 la percibe como "buena" o "muy buena". El 42,6 por ciento asegura que ahora es peor que en enero de 2012 y el 34 por ciento pronostica que todavía será peor a un año vista; sólo un 12,7 por ciento opina que mejorará.

El Gobierno tunecino cae tras las protestas por la muerte de un opositor

TÚNEZ.- Los islamistas en el poder en Túnez disolvieron el Gobierno el miércoles y prometieron celebrar elecciones lo más pronto posible en un intento por calmar las mayores protestas desde la revolución de hace dos años, que estallaron por la muerte de un líder opositor.

El anuncio del primer ministro de que un gabinete de tecnócratas interino sustituiría a su coalición, liderada por islamistas, se produjo al final de un día que arrancó con la muerte a tiros de Chokri Belaid, un abogado izquierdista con un seguimiento político modesto pero que habló en nombre de muchos que temen que los radicales religiosos estén apoderándose de las libertades logradas en la primera de las revueltas de la Primavera Árabe.
Durante el día, los manifestantes se enfrentaron a la policía en las calles de la capital y otras ciudades, como Sidi Bouizid, el lugar donde nació la "revolución de Jazmín" que derrocó a Zine al Abidine Ben Ali en enero de 2011.
En Túnez, la multitud prendió fuego a la sede de Ennahda, el partido islamista moderado que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones legislativas hace 16 meses.
El primer ministro Hamdi Jebali, de Ennahda, habló en televisión por la noche para declarar que las semanas de conversaciones entre varios partidos políticos sobre la remodelación del Gobierno habían fracasado y que sustituiría todo su Ejecutivo por un equipo de tecnócratas no partidistas hasta que se celebren elecciones, lo antes posible.
Los incidentes del miércoles, en los que la policía dijo murió un oficial, habrían llevado a Jebali, que permanecerá como primer ministro, a tomar las medidas.
"Después del fracaso de las negociaciones entre las partes sobre un cambio de gabinete, decidí formar un pequeño gobierno tecnócrata", dijo.
"El asesinato de Belaid es un asesinato político y el asesinato de la revolución tunecina", agregó.
No estaba claro a quién nombrará para su gabinete, pero la medida pareció ser bien recibida y las calles permanecían mayoritariamente en calma en la noche.
Las protestas tras el asesinato de Belaid mostraron la profunda división entre los movimientos islamistas y laicos, que temen que la libertad de expresión, la libertad cultural y los derechos de las mujeres estén amenazados a apenas dos años de que una revuelta popular puso fin a décadas de dictadura.
"Este es un día negro en la historia moderna de Túnez (...) Hoy les decimos a los islamistas 'váyanse' (...) es suficiente", dijo Souad, un maestro de 40 años en las afueras del ministerio del Interior, donde miles de manifestantes se habían reunido.
"Túnez se sumergirá en sangre si se quedan en el poder", añadió.
La convocatoria a una huelga general para el jueves podría generar más problemas, aunque la familia de Belaid dijo que su funeral, otro posible punto álgido, tal vez no se realice hasta el viernes.
Los islamistas, que sobrevivieron a las décadas de férrea dictadura, han enfrentado críticas de líderes laicos de que intentan mezclar las ideas religiosas en el nuevo estado. Aún debe terminarse la redacción de una Constitución.
Un hombre armado disparó contra Belaid, de 48 años, en la puerta de su hogar cuando se dirigía al trabajo. El agresor huyó en una motocicleta. En pocas horas, multitudes se enfrentaban con la policía, arrojando piedras en medio de ráfagas de gas lacrimógeno.
Las potencias mundiales, cada vez más alarmadas por la influencia islamistas y los estancamientos políticos, instaron a los tunecinos a rechazar la violencia y continuar con la transición a la democracia que comenzaron dos años atrás, cuando su revolución puso fin a décadas de dictadura e inspiró revueltas similares en Egipto y en naciones del norte de Africa y Oriente Próximo.
Miles de personas también protestaron en ciudades como Mahdia, Sousse, Monastir y Sidi Bouzid, donde la policía lanzó gas lacrimógeno y disparó en advertencia contra manifestantes que incendiaron automóviles y una comisaría.
Ennahda negó cualquier relación con el asesinato. Su líder Rached Ghannouchi culpó a quienes buscan desbaratar la transición democrática en el país. "Túnez hoy se encuentra en uno de los mayores estancamientos políticos desde la revolución. Deberíamos quedarnos tranquilos y no caer en un espiral de violencia. Más que nunca necesitamos unidad", afirmó.
Acusó a sus oponentes laicos de incitar a las personas contra su partido tras el asesinato.
Túnez fue el primer país árabe que derrocó a su líder y celebró elecciones libres antes de que los levantamientos se extendieran por la región hace dos años, llevando a la caída de los dirigentes de Egipto, Yemen y Libia y a la guerra civil en Siria.
Desde la revolución, el Gobierno ha afrontado una serie de protestas sobre las dificultades económicas y el futuro de Túnez, y muchos se han quejado de que los salafistas estaban secuestrando la revolución en un país dominado previamente por una élite laica.
El año pasado, grupos salafistas impidieron la realización de varios conciertos y obras de teatro en ciudades tunecinas, diciendo que violaban principios islámicos. Ello preocupa a los secularistas entre los 11 millones de habitantes, que temen que la libertad de expresión esté en peligro.
La caída del comercio con la Unión Europea, afectada por la crisis de deuda, ha dejado a los tunecinos en dificultades para lograr la mejora del nivel de vida que muchos esperaban tras la salida de Ben Ali.
El presidente Moncef Marzouki, que el mes pasado advirtió de que las tensiones podían llevar a la "guerra civil", pidió calma y acortó un viaje a Francia, además de cancelar una visita a Egipto prevista para el jueves, tras el asesinato.
"Hay fuerzas políticas en Túnez que no quieren que esta transición tenga éxito", dijo Marzouki a periodistas en Estrasburgo.

Bárcenas se somete a una prueba caligráfica en Anticorrupción

MADRID.- El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha realizado una prueba caligráfica durante su comparecencia este miércoles ante el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, han informado fuentes del entorno del que fuera responsable de finanzas del PP, que ha negado que la letra que figura en los documentos publicados por el diario "El País" sea la suya.

   A lo largo del interrogatorio al que ha sido sometido en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha prolongado durante más de dos horas, el ex tesorero ha negado también la existencia misma de documentos donde pudiera haberse reflejado una contabilidad en 'B' del Partido Popular.
   El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha respondido en calidad de imputado a todas las preguntas formuladas por Romeral, según ha informado el Ministerio Público. Esta situación le ha permitido asistir a la comparecencia acompañado de su letrado, Alfonso Trallero, y sin obligación de decir verdad.
   A su llegada a la sede de Anticorrupción, Bárcenas ha sido  increpado en la calle por ciudadanos que gritaban 'chorizo, ladrón, delincuente' y "¿Dónde está mi sobre?"
   El que fuera gerente y responsable de finanzas del Partido Popular ha sido increpado en el marco de las diligencias informativas incoadas el pasado 24 de enero por la Fiscalía Anticorrupción sobre los supuestos pagos opacos en el seno del partido que sustenta al Gobierno.
    Antes de llegar a Anticorrupción, Bárcenas había  adelantado que contestaría a las cuestiones del fiscal en el mismo sentido "sin quitar ni una coma" a como lo hizo en la entrevista emitida el pasado lunes por 13TV, en la que negó la existencia de una contabilidad B en el PP y la autoría de los documentos publicados con los presuntos sobresueldos a dirigentes 'populares'. "
   No fue hasta el viernes pasado cuando se conoció la existencia de estas diligencias de investigación abiertas una semana antes, coincidiendo con el informe oficial que hubo de entregar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había pedido que el Ministerio Público se posicionara sobre una posible citación de Bárcenas.
   La tramitación de las diligencias de investigación puede demorarse unos seis meses, prorrogables, tras los cuales el fiscal encargado del asunto puede optar por archivar la causa, al no encontrar indicios de delito, o bien judicializarla. De optarse por esta segunda opción, la instrucción del asunto correría a cargo del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el "caso Gürtel".

Suiza dice colaborar

Suiza está cooperando con España ante la solicitud de detalles de cuentas bancarias conectadas con el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en el marco de un caso de corrupción que ha salpicado a la formación en el poder, dijo el miércoles el fiscal general suizo.
Michael Lauber declinó nombrar los bancos o individuos bajo sospecha.

"Puedo decir dos cosas. Mantenemos una buena cooperación con las autoridades españolas. Desde luego, tenemos interés en recibir todo lo necesario para continuar las indagaciones", dijo Lauber en rueda de prensa en Ginebra al ser preguntado sobre el estado de la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción investiga las informaciones del diario El País, según las cuales había una contabilidad alternativa en el Partido Popular a través de la cual se realizaban pagos irregulares a sus dirigentes con dinero procedente de constructoras durante el boom inmobiliario que precedió al estallido de la burbuja que hundió a España en la crisis de deuda y en la recesión hace cinco años.

El presidente Mariano Rajoy ha dicho que las acusaciones son falsas, anunció auditorías de las cuentas de su partido y prometió hacer pública su declaración de la renta en la página web del Gobierno.

"En todo lo que respecta al número de cuentas y el nombre de sus titulares, nuestra práctica es que nunca comentamos oficialmente si una determinada persona o banco puede estar implicado en una de nuestras investigaciones", dijo Lauber.

"Si confirmásemos que tuviésemos algo en ese sentido, se comprometerían algunas de nuestras investigaciones. Por eso somos muy prudentes", añadió.

Ada Colau: mucha corrupción se debe a que los políticos se beneficiaron de la burbuja

MADRID.- La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha opinado este miércoles que muchos de los casos de corrupción política están asociados con la burbuja inmobiliaria ya que éstos se beneficiaron de la misma.

   En una entrevista con Antena 3, Colau ha indicado que las administraciones públicas se "beneficiaron" y "financiaron" a corto plazo "con el tema inmobiliario" y es por eso que en España hay "tantos casos de corrupción que están muy asociados a la burbuja inmobiliaria y cuando todo esto estalla".
   Asimismo, ha añadido que durante años "inmobiliarias, constructoras y entidades financieras" sacaron beneficio y contribuyeron a que se incentivara la burbuja.
   También, en este sentido ha criticado que "hasta el mismo día" que estalló todo el asunto las ministras socialistas decían que "no había burbuja, que la vivienda era un valor seguro, que lo mejor que podía  hacerse en España era comprarse una vivienda".
   Por otra parte, la portavoz de la PAH ha lamentado que este país "está en el punto de mira" de todos los medios de comunicación del mundo que "se escandalizan con la ley que tenemos aquí".
   "No hay ningún país de Europa, ni en EEUU, ni en ningún otro lugar que estén desalojando como aquí y, encima, la gente se quede con la deuda de por vida", ha subrayado al tiempo que ha dicho que "todo el mundo reconoce que esto es una anomalía".
   Haciendo alusión a los alquileres en España, ha explicado que a diferencia de otros países del mundo, "no es una alternativa real" porque, según ha destacado, son más caros y de mala calidad. Sin embargo, en Alemania el alquiler "es la opción mayoritaria porque está incentivado por el estado, está protegida, hay límites de precios y no te pueden echar así como así", ha ejemplificado.
   Además, ha recalcado que las personas afectadas por las hipotecas no es que rehuyan de su responsabilidad, sino que la gente "está dispuesta a asumir la responsabilidad que era consciente que asumía".
   Colau ha criticado que en este país a las inmobiliarias, a las empresas, a los corruptos y a los partidos les "perdonan" y les "prescriben" las deudas "muy rápido", sin embargo, "a los únicos que no les prescriben es a las familias".
   También, ha afirmado que hay un discurso oficial que "culpabiliza" a la gente más pobre y que lo ha perdido todo. Algo que, a su juicio, es "intolerable" porque ese discurso "se hace, evidentemente, para rehuir las propias responsabilidades".
   A la pregunta de si se arrepiente de haber denominado ayer de  "criminal" a un representante de la banca durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, ha sostenido que "en absoluto" , que incluso fue "prudente" y que la banca "tiene las manos marcadas de sangre".  
   "Digo criminal y lo ratifico porque la política que han seguido las entidades financieras es criminal, han hundido la economía de este país y han hundido a miles de personas a las que han empobrecido hasta el final de sus días", ha aseverado Colau.