Los "indignados" neoyorquinos acampan en la calle en pleno Wall Street

NUEVA YORK.- Unos 80 integrantes del movimiento Ocupa Wall Street llevan tres noches durmiendo en la calle cerca de su antiguo centro de las protestas al sur de Nueva York sin haber sido desalojados por la Policía, confirmaron hoy los "indignados".

"Estamos siendo muy meticulosos para cumplir las normas, pues están muy atentos a todo lo que hacemos", indicó Mark Bray, un portavoz de Ocupa Wall Street.

Bray explicó que los "indignados" que están acampando en la calle Nassau, cerca de la sede de la Bolsa de Nueva York al sur de Manhattan, se mantienen siempre a al menos tres metros de distancia de la entrada de comercios y edificios de viviendas y ocupan menos de la mitad de la acera, tal y como les exige la Policía.

"Aún así, siempre hay agentes vigilándonos y nos despiertan a las seis de la mañana, aunque no haya todavía gente", afirmó el portavoz.

Los activistas, provistos de colchonetas y mantas junto a sus habituales pancartas, llevan pernoctando desde el martes por la noche a apenas unas manzanas del parque Zuccotti, del que fueron expulsados el pasado noviembre por la Policía.

Ocupa Wall Street lleva desde entonces realizando protestas itinerantes por la Gran Manzana en ausencia de un lugar fijo, y así el sábado tienen previsto celebrar una asamblea general en pleno Central Park.

El movimiento presentó el martes su nuevo dominio en Internet, www.occupy.com, con el que los manifestantes buscan captar a más simpatizantes para su causa gracias a una amplia oferta de noticias, fotos, música y vídeos.

Los "indignados" neoyorquinos están a punto de cumplir siete meses de movilización callejera contra el sistema financiero y han convocado para el Día Internacional del Trabajo una gran marcha en Nueva York.

Ocupa Wall Street quiere regresar así al primer plano de la actualidad informativa, en la que ha perdido protagonismo desde que fueron desalojados de Zuccotti.

IU avisa de que "con más represión" no va a "callar" las protestas en España

BILBAO.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha considerado que España se encuentra en "una especie de semi-intervención" y ha advertido al Gobierno de que, "con más represión y más Código Penal", no va a "callar" las protestas de los ciudadanos ante el "atraco a los derechos" que se está produciendo.

   En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha lamentado que "parece" que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "tiene la decisión firme" de continuar por la línea "equivocada, injusta, inútil" de hacer "pagar la crisis a los que no han sido responsables de ella, en lugar de ir a buscar donde están los auténticos responsables".

   En este sentido, ha opinado que, si "no van a dar marcha atrás, lo que queda será la movilización ciudadana, la protesta pacífica de la gente en la calle, masiva". Esta movilización, según ha advertido en referencia a la reforma del Código Penal, no se va a "callar" con "más represión".

   Por ello, ha esperado que el Gobierno "no lleve hasta las últimas consecuencias el anuncio que ayer hizo el ministro del Interior",  planteando medidas de "absoluta dureza" como "perseguir desde el punto de vista del Código Penal hasta la resistencia pasiva".

   "Esto es increíble, perseguir a Gandhi. Sería tremendo que esto se pueda ni siquiera pensar en un Estado en el que hemos avanzado de manera importante en derechos y libertades, que podamos dar marcha atrás", ha alertado Lara, para quien "no es con más represión como van a callar a la gente", aunque intenten "meter miedo" y "amedrentar".

   A su entender, "la gente se callará si hay medidas sociales, que vayan en la dirección de que esta crisis la paguen los que la han creado" y, "en base a eso, debería actuar un gobierno que tuviera dos dedos de frente".

   "Si piensan que por la vía de más represión y más Código Penal van a resolver los problemas, se equivocan porque probablemente van a conseguir el efecto contrario: que vamos a estar mucha más gente con más participación", ha subrayado el coordinador de IU, que ha subrayado que hay "causa justa" para la movilización ante el "atraco a los derechos" que se está produciendo.

   Por otro lado, ha considerado que España ya se encuentra en una "especie de semi-intervención" y ha advertido de que "no hay ningún mensaje que sacie a los mercados" porque "están ahí para especular, para ganar muchísimo dinero, para ir subiendo la prima de riesgo cuando interesa".

   A su entender, ni las medidas del actual Gobierno ni del anterior "sirven" para resolver "el problema de insaciabilidad de los especuladores financieros".

   En cualquier caso, ha criticado que "hoy viene una comisión" de expertos de la UE "que vienen a vernos nuestras cuentas" y que se dé cuenta de la situación española a "ministros alemanes, incluso antes que al Parlamento"

. "A ver si algún día va a alguna comisión de expertos de España a ver las cuentas de algún otro país", ha añadido.

   Para Lara, "estamos en una especie de semi-intervención" porque medidas como el anuncio de recortes en sanidad y educación "a través de un comunicado de La Moncloa sin pasar por sede parlamentaria solamente puede tener una sospecha", la de que ha habido "un telefonazo" para que se adopte "otra medida porque te la estamos exigiendo".

   "Estamos en una especie de medio intervención clarísima porque se nos está exigiendo una serie de medidas, incluida la de la incorporación del déficit en la Constitución española (...), y si eso no es una especie de intervención, que alguien explique lo contrario", ha incidido.

   En relación al debate sobre la devolución de competencias por parte de las autonomías al Estado, ha considerado que es "una barbaridad" y ha defendido la "eficacia" del estado de las autonomías, pese a que "hemos pasado por un periodo, de la burbuja inmobiliaria, en la que determinadas comunidades y sus entidades de ahorro han jugado al juego especulativo" y han provocado "un mal uso" de los recursos.

   "Eso no puede negar la mayor, que es que las comunidades autónomas funcionan", ha insistido. En su opinión, un planteamiento de "recentralización" es "volver a un pasado que no queremos y además sería inútil para nuestro país porque no resolvería los problemas" ya que los servicios "hay que seguir prestándolos".

   "El problema de fondo está en que las arcas de la Hacienda pública se han visto limitadas de recursos porque los gobiernos no han luchado contra el fraude fiscal y porque han bajado los impuestos a la renta del capital y a las altas rentas", dejando las arcas "escuálidas", ha subrayado.

   Por otro lado, ha acusado al Gobierno de no querer "en el fondo" luchar de "una manera seria" contra el fraude fiscal, calificando como "un desastre" las medidas de "amnistía" fiscal que suponen "un regalo a los especuladores financieros y, además, una invitación a que la gente que pagamos normalmente los impuestos dejemos de pagarlos".

   Según ha indicado, "es una medida radicalmente negativa en un país donde hay mucho pequeño delincuente en la cárceles", pero a "los defraudadores de cuello blanco, no solamente se les castiga, sino que se les premia". En todo caso, ha asegurado que "no van a aflorar cantidades importantes".

   Asimismo, ha calificado de "parche" la propuesta de limitar a 2.500 euros los pagos en efectivo. Por su parte, ha defendido la apuesta de IU, recogiendo la propuesta de los técnicos de Hacienda -- "que son los que saben de esto"--, por determinar que "no se puedan mover operaciones por valor de más de 1.000 euros en efectivo". Según ha indicado, en un país con "un 23% de economía sumergida y el mayor alto fraude fiscal de la UE" permitiría aflorar "unos 26.000 millones de euros a la Hacienda Pública.

   Lara ha censurado que, en el actual contexto, el Ejecutivo ha decidido que "no va a resolver el déficit por la vía de aportar más ingresos, luchar contra el fraude y hacer reformas fiscales progresivas" y que va a abordarlo por "la política de recortes". De este modo, según ha alertado, se está provocando "más recesión, más paro y menos ingresos en la Hacienda pública".

   Además, ha denunciado que el Gobierno pretende convertir "en negocio lo que han sido derechos de los ciudadanos y servicios públicos" porque "el objetivo último es aprovechar la situación de deterioro que se puede producir en los servicios para justificar las privatizaciones".

Un tercio de los diputados españoles pueden compatibilizar el escaño con otras actividades

MADRID.- El Congreso permitirá a más de un tercio de sus diputados compatibilizar el escaño con cargos municipales (alcaldías o concejalías) y con actividades profesionales, fundamentalmente el ejercicio de la abogacía y la docencia, según se refleja en el primer dictamen aprobado por la Comisión del Estatuto del Diputado.

  

   De estos más de 130 diputados con actividades extraparlamentarias, ha habido dos que han renunciado al sueldo del Congreso: el alcalde de Roses (Gerona), el nacionalista Carles Páramo, y la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Eva Durán, del PP, que han optado por quedarse con el salario municipal.  

   En ese primer informe, que se elevará al Pleno del Congreso a finales de mes, la Comisión del Estatuto del Diputado ha autorizado el ejercicio de cargos políticos municipales a más de sesenta diputados, ya que no existe incompatibilidad legal, más allá de que no se permite percibir dos sueldos públicos (deben renunciar a uno).

   Hay cerca de una veintena de alcaldes, entre ellos los 'populares' Teófila Martínez (Cádiz), Rosa Romero (Ciudad Real), José Ignacio Landaluce (Algeciras), Pilar Barreiro (Cartagena) y María Jesús Bonilla (Tarancón); los nacionalistas de CiU Marc Solsona (Mollerusa) y Carles Páramo (Roses), y el socialista valenciano Ximo Puig (Morella), recién elegido líder del PSPV.

   También figuran más de sesenta concejales, fundamentalmente del PP pero también del PSOE, así como un presidente de Diputación Provincial --Arturo García Tizón, de Toledo-- y un consejero de Cabildo Insular (el tinerfeño Manuel Luis Torres), ambos del PP.

   Todos ellos han renunciado a sus sueldos municipales, excepto las dietas por asistencia a plenos, con lo que quien les abona su retribución mensual es el Congreso de los Diputados. Hay dos excepciones: el alcalde de Roses, Carles Páramo (CiU), y una concejala del PP en Madrid, Eva Duran, que han preferido el sueldo de su ayuntamiento.

   Además, el Congreso autorizará el ejercicio profesional de actividades extraparlamentarias de abogacía y asesoramiento jurídico a más de una treintena de diputados, aunque sin posibilidad de percibir remuneración del sector público. Todo ello, reza el dictamen, "sin menoscabo del régimen de dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".  

   Entre estos abogados en ejercicio figuran los 'populares' Pedro Gómez de la Serna (portavoz en la Comisión Constitucional), Dolors Montserrat (miembro de la Mesa del Congreso), Rafael Hernando y  Leopoldo Barreda (ambos en la dirección del Grupo Popular), Juan Carlos Vera (de la dirección nacional del PP), Alfredo Prada (presidente de comisión) o Ignacio Astarloa, así como los socialistas José María Benegas, Alex Sáez, Julio Villarrubia (portavoz de Justicia).

   También se permitirá compatibilizar el escaño con el ejercicio de actividades docentes a una quincena de diputados, entre ellos profesores asociados como Rafael Simancas (portavoz de Fomento del PSOE), Conrado Escobar (portavoz de Interior del PP) y José Ignacio Azpiroz (presidente de comisión), o profesores de posgrado como Antonio Erias Rey (PP) y Angeles Alvarez (PSOE).

   Entre estos docentes figura un catedrático del CEU y director del Instituto de Estudios Europeos en esta misma Universidad, el diputado del PP José María Beneyto. se le autoriza por ser una universidad privada, pues en cambio al diputado de Amaiur Iñaki Antigüedad, que es catedrático en la Universidad del País Vasco (UPV), se le ha congelado la compatibilidad.

   Igualmente, otra decena de diputados ha visto cómo se les ha dado vía libre para ejercer otras actividades profesionales como la medicina en el ámbito privado, asesoramiento económico, la regencia de una farmacia, la dirección de una empresa de test psicotécnicos, la administración de una escuela de idiomas, la gestión de una empresa de hostelería, o incluso la interpretación (caso del actor Toni Cantó, de UPyD).

    Entre las actividades autorizadas destaca también el caso de cuatro diputados que a la vez forman parte de consejos de entidades financieras --Elvira Rodríguez (PP) y Germán Augusto López (PSOE), de Caja Madrid; el socialista Francisco González Cabaña  (Unicaja) y el 'popular' José Ignacio Llorens (Gesmadrid, vinculada a Caja Madrid)--, e incluso otro que ocupa un asiento en el Consejo de Telemadrid.  

   Al margen de estos más de 130 diputados, la Comisión ha admitido otra decena larga de casos de diputados con participaciones en sociedades empresariales, y numerosos casos de puestos no remunerados en fundaciones, cargos orgánicos en los partidos, labores literarias y conferencias o tertulias. Hay uno que sí declara percibir remuneración por labores periodísticas: el socialista valenciano José Luis Abalos, que publica un artículo semanal en la prensa de su ciudad.

Los Comités de Coordinación Local denuncian 37 muertos a manos del régimen sirio

BEIRUT.-   Los Comités de Coordinación Local sirios han denunciado que, pese al alto el fuego prometido por el Gobierno de Bashar al Assad, este jueves han muerto al menos 37 personas más como consecuencia de ataques atribuidos a fuerzas leales al régimen.

   La red opositora ha situado a 25 de estas víctimas en la región de Homs, principalmente como resultado de una nueva "masacre" en Deir Baalba. Además, Han muerto otras seis personas en Idlib, cinco en los suburbios de Damasco y una en Alepo.

   Por otra parte, según los Comités, "las fuerzas del régimen han atacado a los participantes en una concentración frente al Parlamento" y han realizado varios arrestos. "Parad los asesinatos en Siria", decía una de las pancartas mostradas en esta manifestación, cuyos participantes supuestamente fueron objeto de golpes e insultos. Además, las fuerzas de seguridad retiraron los velos de algunas mujeres.

Aumenta el número de jóvenes y adultos que piden bautizarse en España, según el cardenal Sistach

BARCELONA/MADRID.- El cardenal arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, ha señalado que cada vez es mayor el número de jóvenes y adultos que piden ser bautizados en España y por tanto, que desean convertirse en cristianos, lo que ha calificado como un "don de Dios", más en el actual contexto de una realidad "secularizada". 

   Así lo ha indicado durante el coloquio 'Nueva Evangelización' que se ha celebrado este jueves en la Universidad San Pablo CEU, con motivo del número especial de la revista Palabra 'Mapa de la nueva evangelización.

   En cualquier caso, el cardenal Sistach ha señalado que en la actualidad es "urgente" evangelizar y, para ello, ha subrayado que es necesario "conocer los desafíos de las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona" y encontrar "nuevos caminos, expresiones y métodos" para anunciar "con nuevo ardor" la Buena Nueva.

   El cardenal Sistach se ha referido también a las redes sociales, en las que el mismo cardenal participa desde su viaje a Cuba, cuando lanzó su primer mensaje en Twitter.

   "Si se usan bien", para anunciar la Palabra de Dios y hablar de Jesús, pueden ser "muy positivas" y pueden ayudar en esta tarea de la Nueva Evangelización porque "llegan a muchas personas".

Beteta dice a los funcionarios españoles que deben "olvidarse de tomar el cafelito"

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha cifrado este jueves en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales.

   Durante su partipación en el Foro Aragonex, Beteta ha subrayado que "nada será como antes" y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.

   Así, ha señalado que los trabajadores deben "olvidarse del cafelito y de leer el periódico" y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, "que no sumisión".

   Beteta ha indicado que la economía española tiene que ganar en competitividad y ligar las subidas salariales a este concepto y cuando las circunstancias lo aconsejen, al tiempo que ha asegurado que los salarios de los empleados públicos no deberían vincularse con la evolución de la inflación.

   El secretario de Estado se ha referido también a la reforma laboral, apuntado que ésta se ha hecho para modernizar las relaciones laborales un país con más de 5 millones de desempleados y "harto" de escuchar "palabras vacías".

 "No entiendo por qué se venera tanto un régimen que es herencia del Franquismo", ha añadido.

   En cuanto al plan de lucha contra el fraude fiscal, que incluirá la prohibición para empresarios y profesionales de pagar en metálico operaciones por importe superior a los 2.500 euros, Beteta ha indicado que la sociedad entera "tiene que rebelarse contra la economía sumergida".

   Así, ha advertido de que cuando no se emiten facturas en las operaciones comerciales. "se está poniendo en peligro el pago de medicamentos y la educación", entre otras cosas. "Es malo que lo haga una empresa y que el particular lo tolere. Y yo creo que no es cuestión sólo de multa. Para las empresas está el riesgo de la reputación", ha añadido.

Twitter da la bienvenida a la dictadura... en España

MADRID.- Internet ha reaccionado a la reforma legal que prepara el Gobierno español, que establecerá, entre otras cosas, que la resistencia pasiva grande es delito de atentado contra la autoridad. En Twitter se ha creado el 'hashtag' #HolaDictadura, que es tema estrella junto a la subida de los precios del transporte público en Madrid.

   El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado este miércoles en el Congreso de los Diputados algunas de las novedades de la reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a los actos vandálicos como los que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general.

   El ministro ha anunciado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales. Además, Interior quiere incluir como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad.

   En apenas unos minutos, el 'hashtag' #HolaDictadura escaló a los primeros puestos de los temas del momento de la red de 'microblogging' Twitter, a través del cual los internautas han mostrado su indignación con las futuras medidas anunciadas.

   Por ejemplo, Guillermo Zapata (@casiopeaexpres) destacó el "miedo" que le da al Gobierno que los ciudadanos estén "juntos y en común". Por su parte, Jorge García Castaño (@jorgegcastano) comparó en dos 'tuits': "Resistencia pasiva = delito de atentado. Convocatorias por internet = integración en organización criminal" y "Detener un desahucio = delito. Fraude hipotecario = avales y subvenciones".

   Por su parte, Mario Munera (@mmunera) emuló a Gustavo Adolfo Bécquer para protestar a través del 'hashtag' #HolaDictadura: "¿Qué es dictadura? Y tú me lo preguntas mientras me lanzas #bolasdegoma y me quitas mis derechos... Dictadura eres tú". Hay usuarios como @iaioflautas que también regresan al pasado para preguntarse: "Nosotros luchamos por la libertad y los derechos civiles contra la dictadura de Franco, ¿ahora los perderemos?".

   En este sentido, desde cuentas como @MordorPress se despiden directamente de la democracia tras las medidas que estudia el Ejecutivo de Mariano Rajoy: "Adiós, democracia. Has durado apenas 30 años". Otros como Alejandro Riveiro (@Alex_riveiro), consideran que la democracia ya no existe realmente y que España ya "es la primera dictadura democrática del mundo" y que ahora "sólo lo quiere oficializar".

   Este miércoles ha sido un día de indignación ciudadana en este termómetro online de la actualidad y las corrientes de opinión. Además de protestar contra estas medidas, los 'tuiteros' han cargado con fuerza contra la subida del precio del transporte público que prevé la Comunidad de Madrid, con el 'hashtag' #tarifazoMadrid, que también ha figurado a lo largo del día en los primeros puestos de los temas del momento.

El PP cree que las nuevas medidas de Interior en España se aplicarán con sentido común

MADRID.- El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, ha asegurado este jueves que las nuevas medidas anunciadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para hacer frente actos vandálicos como los que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general, se aplicarán "con sentido común", al tiempo que ha querido transmitir "tranquilidad" a las redes sociales.

   Fernández Díaz anunció ayer en el Congreso que se incluirá en el Código Penal como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" así como concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales, reformas en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

   "Yo trasladaría mucha tranquilidad a las redes sociales pero no a aquellos que desde las redes sociales traten de inducir a actos violentos", ha manifestado Floriano en una entrevista en La Sexta, en la que ha reiterado que las nuevas medidas buscan castigar con mayor dureza únicamente las "acciones violentas".

   En este sentido, ha explicado que el objetivo es que no se vuelvan a producir "situaciones parecidas a las que se han dado recientemente en Barcelona".

 "En eso está trabajando el ministerio de Justicia y de Interior. No podemos trasladar al conjunto de la opinión pública internacional que lo normal es lo que pasaba en Barcelona porque no es lo normal", ha señalado.

   "Creo que los comportamientos que merecen un reproche social deben ser reprochados socialmente y el instrumento que tenemos es la ley", ha recalcado, para reiterar que no hay que asumir las medidas "en términos tan alarmistas" sino "en la dirección en la que están trabajando los ministros" y que busca perseguir los comportamientos violentos mediante el "incremento de las sanciones de algo que está ya previsto en el Código Penal".

El Gobierno vasco prohibirá a los antidisturbios usar a partir de 2013 escopetas de pelotas

VITORIA.- El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, ha asumido este jueves la responsabilidad política de todo lo sucedido tras los incidentes en los que resultó mortalmente herido Iñigo Cabacas por el impacto de una pelota de goma, y ha anunciado que a partir del 1 de enero del próximo año todas las unidades de Seguridad Ciudadana tendrán prohibida la utilización de escopetas lanzaderas de pelotas.

   Ares ha realizado estas declaraciones ante la Comisión de Instituciones, Interior y Justicia del Parlamento vasco donde ha comparecido junto al Jefe de la Ertzaintza, Antonio Varela, para dar explicaciones sobre el fallecimiento este pasado lunes del joven Iñigo Cabacas Liceranzu, que resultó mortalmente herido durante los incidentes que se registraron en Bilbao tras la conclusión del partido Athletic-Schalke 04.

   El titular de Interior ha propuesto en la Cámara vasca algunas medidas que "persigan evitar situaciones tan dramáticas y de consecuencias irreparables" como el fallecimiento de Cabacas. "Las lesiones provocadas según la autopsia por una pelota disparada por la Ertzaintza son un hecho no deseado por nadie que hay que intentar evitar por todos los medios en el futuro", ha insistido.

    Según ha informado, este pasado miércoles ordenó que se abriera un expediente interno a todos los agentes que intervinieron directamente en la actuación policial para determinar si su actuación se ajustó o no a los procedimientos de trabajo de la Ertzaintza. Además, se creará un equipo auditor para que evalúe la normativa, medidas y formación para las actuaciones en las que se produzcan heridos.

   Asimismo, ha explicado que ha ordenado que se elabore "de forma inmediata" una instrucción para reforzar el control sobre el material antidisturbios y su utilización y ha anunciado que a partir del 1 de enero del 2013 todas las unidades de Seguridad Ciudadana tendrán prohibida la utilización de escopetas lanzaderas de pelotas. "Es el tiempo que consideramos necesario para dotarnos de nuevo material antidisturbios y formar a los agentes en la utilización del mismo", ha indicado.

   De esta forma, durante este año, estas unidades tendrán "limitada y restringida" la utilización de los citados lanzadores y su utilización sólo se realizará por orden del mando responsable. "Progresivamente se irá sustituyendo por nuevo lanzadores menos lesivos y más adecuados", ha insistido. En el caso de las unidades especializadas, Brigada Móvil y Brigada de Refuerzo de Seguridad Ciudadana, las podrán seguir utilizando "en ocasiones excepcionales" y a partir del próximo año contará con otros medios antidisturbios.

   Ares ha aclarado que no es cierto que el uso de pelotas esté prohibido por la Unión Europea y ha resaltado que este cambio de material ya estaba previsto, e incluso se había adquirido los nuevos lanzadores para formar en la Academia de Arkaute (Álava), por lo que ahora "acelerarán" la compra de los nuevos materiales y la formación de agentes.

   El titular de Interior ha expresado su "más profundo pesar, condolencia y solidaridad" a los padres, familia y amigos de Iñigo Cabacas  y ha pedido perdón  en nombre del Gobierno vasco, de la Ertzaintza y el suyo como consejero por esta "injusta e irreparable pérdida".

   En este sentido, ha subrayado que asume el compromiso de "máxima transparencia, rigor y eficiencia en la investigación" que según ha dicho va a ser "rigurosa" para llegar hasta el final con el objetivo de "esclarecer todo lo ocurrido y  en su caso, depurar las responsabilidades",  "cueste lo que cueste". 

"Asumo la responsabilidad política de todo lo sucedido", ha insistido antes de subrayar que "no hay voluntad de ocultar nada".

   "Si se solucionara esta desgracia con mi dimisión, no tengan duda de que no estaría compareciendo, y lo mismo si este suceso hubiera sido consecuencia de una orden negligente por parte de los máximos responsables de la Ertzaintza", ha indicado.

   Asimismo, ha defendido la "profesionalidad y el buen hacer" de los agentes de la Ertzaintza y ha pedido "serenidad, rigor, respeto y respaldo" para la Policía vasca. "La Ertzaintza no provoca, no genera situaciones de tensión sino que garantiza la seguridad, previene y actúa cuando hay incidentes para evitar agresiones a personas o a agentes", ha defendido.

   El consejero de Interior ha afirmado que "la mejor forma de defender a la Ertzaintza es impulsar una investigación a fondo que aclare todo lo sucedido y en todo caso, se depuren las responsabilidades". Al respecto, ha informado de que este pasado miércoles ha mantenido un encuentro con la autoridad judicial para poner a su disposición toda la información recabada hasta el momento así como un equipo de agentes para trabajar con dependencia directa de la jueza "con plena dedicación a este caso".

   El Jefe de la Ertzaintza, Antonio Varela, por su parte, ha afirmado que la distancia más corta desde la que se pudo producir alguno de los disparos en el lugar en el que se encontraba Iñigo Cabacas no fue inferior a 22 metros, por lo que rechaza que se disparara a bocajarro como se había apuntado. Al respecto, ha precisado que a una distancia de 20 metros no se da a una persona en la cabeza "salvo por casualidad", y que precisamente se quería eliminar este tipo de lanzaderas porque no disponen de elementos de puntería.

   Por último, Ares ha pedido colaboración a toda la ciudadanía  para "aislar y repudiar a quienes en el futuro quieran perturbar la convivencia aprovechándose de aglomeraciones ciudadanas para alterar el orden público u hostigar a los servidores de la ley y a los agentes de la policía vasca".

CCOO pide depurar responsabilidades por agresiones policiales en Albacete

ALBACETE.- El secretario provincial de CCOO en Albacete, Francisco de la Rosa, ha confirmado que el sindicato ha presentado este miércoles "una queja formal" en el registro de la Subdelegación de Gobierno para que se analice la actuación policial el pasado 29 de marzo, día de la huelga general, en las inmediaciones del Ayuntamiento.

   De la Rosa ha afirmado que en este lugar varias personas "fueron golpeadas" por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, como confirmó ese mismo día el propio De la Rosa.

   Por medio de este escrito, ha explicado el responsable sindical en rueda de prensa, CCOO quiere "depurar responsabilidades" y que los responsables "expliquen por qué hubo unos Cuerpos de Seguridad excesivamente violentos" ante una manifestación ciudadana.

   Asimismo, este sindicato reclama "que se abra una investigación para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".

   De la Rosa ha apuntado directamente a la alcaldesa de la capital, Carmen Bayod, como causante de esta situación, responsabilizándola "de forma directa" porque no atendió la petición de los grupos municipales de la oposición de cambiar la celebración del pleno municipal, el mismo día 29, donde estaba previsto aprobar el Plan de Ajuste que contempla "recortes de servicios y despidos de trabajadores públicos".

   La respuesta de los trabajadores municipales fue una multitudinaria protesta durante la celebración del pleno, que fue apoyada por los manifestantes que participaron en la concentración por la huelga general y que se dirigieron al Ayuntamiento, en cuya puerta se registraron los altercados con la Policía y allí, ha afirmado De la Rosa, "fueron agredidas una treintena de personas", cuando "muchas de ellas se habían acercado a la Policía pidiendo que no golpearan a los ciudadanos".

   Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo ha afirmado que se han estudiado los hechos y que "la actuación de las Fuerzas de Seguridad estuvo muy comedida y en su justo término".

   Pozuelo ha asegurado que, si bien ha leído el escrito sindical registrado, lo que este documento plantea "no se ajusta a la realidad de lo sucedido ese día".

Fallece Ahmed Ben Bella, héroe de la independencia de Argelia

 

ARGEL.- El expresidente argelino Ahmed Ben Bella, el primer jefe de Estado del país tras la independencia, ha fallecido en su domicilio de Argel a los 96 años de edad, según han revelado fuentes próximas al antiguo mandatario a la agencia oficial APS.

   En las últimas fechas habían aumentado los rumores sobre el estado de salud del ex mandatario, especialmente tras sus últimos ingresos hospitalarios, e incluso se llegó a anunciar su fallecimiento.

   Ben Bella, nacido oficialmente en 1916, aunque su padre cambió la fecha en sus documentos de identidad a 1918, fue una de las principales figuras del nacionalismo árabe y se convirtió en el primer presidente de Argelia tras conseguir la independencia de Francia en 1962.

   Ben Bella, que se adhirió a las políticas socialistas e implementó importantes programas de reforma agraria, consiguió la entrada de Argelia en Naciones Unidas y fue uno de los principales promotores del Movimiento de los No Alineados. Finalmente, fue derrocado por un golpe de Estado militar en 1965 y permaneció bajo arresto domiciliario hasta 1980.

La pena mínima por convocar en España algaradas por Internet será de dos años de prisión

MADRID.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha precisado este miércoles que la pena mínima por convocar algaradas por Internet será de dos años para que los fiscales puedan pedir prisión provisional para sus autores y los jueces, en su caso, acordarla.

   En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Fernández Díaz ha precisado que la propuesta en la que está trabajando el Ministerio del Interior con el de Justicia se traducirá en una reforma del Código Penal en la que se incluirá que sea tipificado como delito esas conductas y que la pena mínima que se imponga a sus responsables sea de dos años.

   De lo que se trata, según el titular de Interior, es de intentar  hacer frente a una violencia urbana que está coordinada previamente y que, mediante técnicas de la guerrilla urbana, ocasiona "una gran violencia" sobre las personas y los bienes.

   Según ha dicho, se trata de un fenómeno que se vio en Cataluña durante la jornada de huelga del pasado 29 de marzo, pero que también se ha registrado en otras ciudades españolas, "que se está generalizando" y que no tiene una respuesta "adecuada" desde el orden público.

   Como tampoco ha dicho que está tipificada "de manera adecuada" en estos momentos la resistencia pasiva, es decir, la actuación de aquellas personas que desobedecen "de forma reiterada" las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   "Hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad de la actuación con fuerza, que son la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas --ha proclamado Fernández Díaz--, porque no se puede estar pasivamente ante actuaciones de las de algunas personas que desprecian, injurian y desobedecen a las Fuerzas de Seguridad".

Arabia Saudí niega que el preso Mohamad al Bajadi esté en huelga de hambre

YEDÁ.- El Ministerio del Interior de Arabia Saudí ha negado que Mohamad al Badaji, un destacado defensor de los Derechos Humanos que está detenido desde hace un año, esté en huelga de hambre, pese a que varios activistas han asegurado que está realizando un ayuno voluntario y por ello su estado de salud ha empeorado.

   Al Bajadi fue detenido en marzo de 2011, después de expresar su apoyo a las personas que se estaban manifestando junto al Ministerio del Interior, en Riad, para exigir la liberación de familiares encarcelados, según activistas.

   "Mohamad al Bajadi no ha iniciado una huelga de hambre y se encuentra bien de salud. Está comiendo de manera regular junto a otros presos", aseguró un portavoz del Ministerio, Mansour al Turki, este jueves por la tarde.

   Varios activistas y la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos afirmaron el pasado fin de semana que Al Bajadi llevaba un mes en huelga de hambre y que había dejado de beber agua. Su juicio, por delitos que incluyen el de manchar la imagen de Arabia Saudí, fue suspendido porque se negó a reconocer al tribunal.

   Arabia Saudí es un Estado monárquico que no tiene un Parlamento con miembros elegidos en las urnas y donde apenas se tolera la disidencia. Grupos independientes que defienden los Derechos Humanos calculan que hay entre 12.000 y 30.000 reclusos en el país, pero el Ministerio del Interior niega que entre ellos haya presos políticos.

   La semana pasada, el diario 'Al Watan' informó de que el príncipe Nayef había ordenado la liberación de los presos "no peligrosos" y de aquellos que casi habían cumplido ya su condena.

   El indulto, cuyo objetivo es aliviar los problemas de hacinamiento en las cárceles, no afecta a los condenados por delitos contra la seguridad nacional, según el periódico, que citó una carta del príncipe dirigida a todos los gobernadores del país y al máximo responsable del departamento de investigación y procesamiento judicial.

Bahréin publica un "informe médico preliminar" sobre Abdulhadi al Jawaja

MANAMA.- El Gobierno de Bahréin ha publicado a través de la agencia estatal de noticias, BNA, un "informe médico preliminar" sobre el estado del activista Abdulhadi al Jawaja, que se encuentra en el día 61 de la huelga de hambre que inició para protestar por la sentencia adoptada por un tribunal militar en la que fue condenado a cadena perpetua por sus actividades políticas.

   El informe apunta a que "dos expertos internacionales independientes", que no son identificados, han evaluado la condición de Al Jawaja tras visitarle el 8 y el 9 de abril.  

   "Durante el examen clínico hemos visto a un hombre muy pálido con signos de caquexia --estado de extrema desnutrición producido por enfermedades consuntivas, como la tuberculosis, las supuraciones y el cáncer-- con una altura de 172 centímetros y un peso de 51,5 kilogramos", señala el texto.

   "Parecía estar bien y fue cooperativo, coherente y estuvo bien orientado en cuanto a tiempo, lugar y personas presentes. Pudo moverse en los alrededores y permanecer de pie durante algún tiempo", agrega.

   "Durante la actual hospitalización --que se inició dos días antes del análisis-- ha aceptado recibir fluidos intravenosos y medicación para incrementar su nivel de potasio. No ha estado continuamente en huelga de hambre extrema", argumenta el informe. "Durante su hospitalización hay informes sobre ingesta oral e intravenosa de fluidos", añade.

   "Desde que ha comenzado su huelga de hambre ha perdido entre diez y once kilos de peso, en comparación con los 62 kilos que pesaba cuando inició la protesta el 30 de enero de 2012", manifiesta.

   Sin embargo, ha subrayado que, aunque su estado es "estable", Al Jawaja "es propenso a infecciones a causa del bajo nivel de leucocitos". "Si continúa su huelga de hambre y no permite una interferencia médica su vida estará en peligro", dice.

   "Si es transferido de vuelta a la prisión necesitará monitorización diaria sobre su salud y estado clínico y el mismo tratamiento que recibe actualmente en el hospital militar en que se encuentra", apostilla.

   Horas antes, la primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, afirmó que el estado de Al Jawaja es "crítico". Thorning-Schmidt ha apuntado que ha enviado una carta al rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, y al primer ministro, Jalifa bin Salman al Jalifa, para que liberen a Al Jawaja, que tiene doble nacionalidad danesa-bahreiní.

Fallece a los 97 años Raymond Aubrac, uno de los últimos líderes de la Resistencia francesa

PARÍS.- Raymond Aubrac, uno de los últimos líderes Resistencia contra la ocupación de Francia por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ha fallecido a los 97 años en un hospital militar de París, ha informado su hija, según los medios franceses.

   Aubrac, cuyo nombre real es Raymond Samuel, nació en 1914 en el seno de una familia de comerciantes judíos. Durante la guerra, participó junto a Lucie Aubrac --su esposa, que murió en 2007-- en la creación de Libération Sud, uno los movimientos de contestación que surgieron en el sur de Francia contra el Gobierno de Vichy, el régimen que se instauró en parte del territorio nacional tras la firma del armisticio con la Alemania nazi.

   Raymond Aubrac era uno de los últimos líderes vivos de la Resistencia que llegó a conocer a Jean Moulin, que fue el director del Consejo Nacional de la Resistencia. Moulin, perseguido por la Gestapo y el Gobierno de Vichy, falleció en 1943, tras ser capturado y torturado.

   Aubrac siguió siendo luego un ciudadano muy activo y en febrero de 2008 fue ovacionado tras pronunciar un discurso en defensa del laicismo durante un mitin del alcalde de París, Bertrand Delanoë.

   En un comunicado publicado por El Elíseo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha recordado a Aubrac como "una figura heroica de la Resistencia".

   "Comprometido contra el ocupante desde 1940, fundador del movimiento Libération Sud, miembro del ejército secreto, Raymond Aubrac fue uno de los compañeros de clandestinidad de Jean Moulin, junto al cual fue detenido en Caluire el 21 de junio de 1943. Su huida, que fue posible gracias al coraje de su mujer, Lucie Aubrac, ha entrado en la leyenda de la historia de la Resistencia", ha destacado Sarkozy.

   El presidente ha lamentado el hecho de que "estos héroes en la sombra que salvaron el honor de Francia en un momento en el que parecía perdida estén desapareciendo uno tras otro".

 "Tenemos el deber de mantener su recuerdo vivo en el corazón de nuestra memoria colectiva", ha añadido.

La crisis no afecta a las retribuciones de miembros de la Familia Real española, según la Casa del Rey

MADRID.- El recorte de 170.000 euros que prevé el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en las cuentas de la Casa del Rey para 2012 repercutirá principalmente en los sueldos de los once altos cargos que trabajan para la institución y en los gastos protocolarios y de representación, han precisado fuentes del Palacio de La Zarzuela.

   Se evitará que el ajuste afecte a las rentas más bajas y tampoco se prevén despidos. Asimismo, desde Zarzuela indican que están abiertos a que haya otros ajustes en las partidas incluidas en el presupuesto de distintos Ministerios dedicado a la Casa Real.

   El recorte en los gastos protocolarios y de representación afectaría a desembolsos que tienen que ver por ejemplo con las estancias en hoteles durante los viajes, con almuerzos y recepciones ofrecidos por la Familia Real, o con los regalos protocolarios que hace el Rey a otros Jefes de Estado.

   Este recorte, en principio, no afectará por tanto a las retribuciones que los miembros de la Familia Real perciben del presupuesto de la Casa, si bien las fuentes no han descartado que alguna de estas asignaciones se vea finalmente afectada, como pudiera ser el caso de la Infanta Cristina, que no participa en un acto oficial desde el pasado 12 de octubre.

La Fiscalía francesa aprueba la orden de arresto contra 'Teodorín', hijo de Obiang Nguema

PARÍS.- La Fiscalía francesa ha aprobado la emisión de una orden de arresto contra el primogénito y posible sucesor del presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema, Teodoro Nguema Obiang Mangue (popularmente conocido como 'Teodorín'), según informaron fuentes judiciales.

   La orden de arresto había sido solicitada a finales de marzo por dos jueces de instrucción franceses, Roger Le Loire y Rene Grouman, que han estado investigando este caso desde 2010 y que acusan al hijo del presidente ecuatoguineano de un delito de "ocultación de malversación de fondos públicos" mediante la compra de propiedades en Francia con dinero público de su país.

   Tras la solicitud, el Gobierno de Guinea Ecuatorial amenazó a Francia con una posible "ruptura de relaciones" si no frenaba la orden internacional de arresto y advirtió de posibles "consecuencias negativas" para las empresas francesas que operan en el país.

Las convocatorias violentas en Internet serán en España delito de integración criminal

MADRID.- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado este miércoles en el Congreso de los Diputados algunas de las novedades de la reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a los actos vandálicos como los que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general. El ministro ha anunciado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.

   "Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", ha explicado el Ministerio debido a que en el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar esta medida por falta de tiempo.

   "También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público", ha añadido.

   Antes, Jorge Fernández Díaz, había avanzado en la Cámara el deseo de Interior de incluir "como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas".

   En su intervención, el ministro ha lamentado que "por desgracia" estos actos no suceden sólo en Barcelona. "No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico".

   Según ha dicho estas reformas parten de una iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

Huelga de hambre de 27 presos políticos en Marruecos

RABAT.-  Veintisiete presos políticos marroquíes se encuentran con la salud deteriorada a causa de una huelga de hambre por presuntas violaciones como incomunicación y tortura, dijeron el martes los principales grupos de derechos humanos del país.

Los presos están protestando contra "largas detenciones sin juicio... repetidas provocaciones acompañadas de amenazas y golpes y trato inhumano, incluido el aislamiento", dijo la Red de Organizaciones de Derechos Humanos. También quieren que se investiguen casos de tortura que han denunciado, y el derecho a tratamiento médico, añadió.
La red, que integra a 18 organizaciones marroquíes independientes de derechos humanos, publicó una lista de 27 presos políticos quienes, según dijo, llevan en huelga de hambre varias semanas o más después de ser condenados a prisión o detenidos por su implicación en las protestas antigubernamentales.
"Su salud se ha deteriorado, mientras que los funcionarios ignoran sus casos", dijo.
El ministro de Justicia y Libertades Públicas, Mustafa Ramid, y el portavoz del Gobierno Mustafa El-Jalfi no pudieron ser contactados por el momento. El Gobierno dice que está comprometido con el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los de los presos.
Marruecos ha intentado evitar revueltas similares a la Primavera Árabe, y el rey Mohamed VI ofreció limitar sus poderes para contener las multitudinarias manifestaciones a favor de la democracia del año pasado. Sin embargo, continúan celebrándose protestas de forma regular en contra del desempleo, la pobreza y la corrupción oficial. Algunas han terminado de forma violenta.
Entre los huelguistas está Azzedine Errussi, un activista de izquierdas y estudiante universitario, que ha estado ayunando desde el 12 de diciembre en una prisión de la empobrecida ciudad de Taza, en el norte del país. Las autoridades lo trasladaron a finales de marzo a un hospital en Rabat.
Errussi fue sentenciado a cinco meses de cárcel por "insultar, secuestrar y golpear" a un agente de policía tras ser arrestado durante las protestas estudiantiles en la universidad de Taza. Sus seguidores dicen que los cargos tenían como objetivo silenciar a una destacada figura del movimiento de protesta estudiantil.
La red también citó a Abdeljalil Akadil, que estaba entre las 10 personas condenadas en enero a cuatro años de prisión por incendiar una propiedad pública y atacar a la policía durante las revueltas por el desempleo que tuvieron lugar en agosto en la ciudad de Safi, en la costa atlántica.
Akadil, un activista de derechos humanos, está en huelga de hambre desde el 20 de febrero, dijo la red. El principal grupo de derechos humanos del país AMDH dice que ha sido torturado durante tres días tras su detención para obligarle a admitir su implicación en los disturbios.
La red ha pedido al primer ministro, Abdelilah Benkirane, que "responda rápidamente a las legítimas demandas de los detenidos en huelga de hambre" y "proteja el derecho a la vida consagrado en los convenios internacionales y de derechos humanos".
"Hemos sido testigos en los últimos meses de un aumento de prisioneros en huelga de hambre dentro de las cárceles marroquíes", dijo Abdelilah Benabdeslam de AMDH, que forma parte de la red. "(Esto) se debe a nuestro política de aplicación de la ley que tan a menudo ve la prisión como una solución para cada problema".
Hafid Benhachem, jefe de la Autoridad Penitenciaria de Marruecos, no estaba disponible por el momento para hacer declaraciones.

Activista marroquí 
detenido en Barcelona

El activista marroquí, Rachid Ali, que ayer domingo fue detenido por los Mossos ha declarado hoy ser víctima de un "secuestro" que atribuye a motivos políticos, y ha anunciado que llevará su caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El colectivo Terrassa Respon, al cual pertenece Alí, ha calificado de "ilegal" su detención y afirma que se hizo "con motivaciones políticas que intentaban aprovechar su condición de inmigrante como pretexto", según afirman en un comunicado que ha hecho público en una rueda de prensa ante las puertas del Ayuntamiento de Terrassa.

Según ha explicado, el domingo por la tarde se presentaron al centro social "Terrassa Respon" dos Mossos de Esquadra vestidos de paisano que alegaron querer entrevistarle.

Cuando el activista se presentó ante ellos, los agentes se identificaron y se dirigieron a él nombrándole por su pseudónimo periodístico, Rachid Alí, en lugar de su nombre real, Errachid el Y., motivo por el cual el colectivo sospecha que "no tenían ninguna orden de detención a su nombre".

Alí ha asegurado que no llevaba la documentación encima, de modo que sugirió acercarse hasta su casa -situada a unos 20 metros del local- para mostrarles el pasaporte. Fue durante el trayecto cuando, según ha explicado, fue detenido y llevado hasta la comisaría.

Por la mañana fue trasladado hasta los juzgados de Terrassa donde al mediodía el juez lo dejó en libertad sin cargos, según ha informado el mismo Alí.

A la salida de los juzgados, según ha explicado, le esperaban tres policías nacionales que le condujeron hasta la comisaría, donde le advirtieron que su documentación estaba caducada y disponía de un margen de seis meses para renovarla.

Según confirmaron fuentes policiales, la detención estuvo motivada por su situación irregular en el país, pero según el colectivo Terrassa Respon, el Cuerpo Nacional de Policía le aseguró a su abogada que "no les constaba ninguna orden de extradición a su nombre".

Los Mossos de Esquadra han imputado a Rachid Alí un delito de "resistencia y desobediencia grave a los agentes de la autoridad", según ha afirmado el cuerpo de Policía por un intento de huida, a lo que Alí responde que es imposible dado que padece la enfermedad de Crohn que le ha dejado prácticamente cojo de la pierna izquierda.

Rachid Alí, residente en Cataluña desde hace 11 años, casado con una catalana y miembro activo del movimiento del 15-M, ha anunciado que denunciará su caso y lo llevará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los próximos días.

Más de 60 personas consiguen aplazar el desahucio de una familia en Almoines, Valencia

VALENCIA.-   Más de 60 personas, entre vecinos, miembros de la Assemblea del 15-M Safor-Valldigna, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Safor y la Coordinadora pel Dret a l'Habitatge se han personado desde primer hora de este martes ante la casa de una familia que iba a ser desahuciada, y han conseguido aplazar el desalojo. 

   Según ha explicado en un comunicado la Assemblea 15-M Safor-Valldigna, "pese a los diversos intentos de negociación", la entidad financiera "había hecho oídos sordos a la situación de estas personas, entre las que se encuentran dos menores de edad, que hoy iban a echar a la calle".

   A su llegada en Almoines, la comisión judicial que iba a hacer efectivo el desahucio, "se ha encontrado en las puertas de la vivienda con esta barrera humana que, de manera pacífica, se ha colocado en las puertas de la casa".

   Ante esta situación, miembros de la comissió d'Habitatge de l'Assemblea del 15-M y de la PAH de València han mediado y, finalmente, la comisión ha desistido quedando, así, parado el desalojo de esta familia.

   Ahora, el desahucio ha quedado aplazado, formalmente, un mes más. No obstante, la Assemblea 15-M Safor-Valldigna ha explicado que desde los  juzgados de Gandia han asegurado que "dada la saturación de lanzamientos hipotecarios que tienen pendientes, puede que se alargue durante unos meses más".

   "Pero la situación de esta familia necesita una solución que los permita continuar con su vida, de una manera digna", ha destacado la asamblea. Por ello, tras conseguir aplazar el desahucio, se han desplazado a la sucursal bancaria en Gandia donde han intentado negociar, nuevamente, una solución.

   En concreto, han acordado con el banco que queda pendiente una nueva entrega de documentación para que valoren, de nuevo, la posibilidad bien de aceptar la dación en pago o bien de que puedan permanecer en el piso, a cambio de pagar un alquiler social.