Las crisis bancarias están relacionadas con un aumento del terrorismo

MADRID.- En un informe de Cáritas del año pasado, se mostraba que en España ya había 580.000 hogares sin ingresos, un 34% más que en 2007. Los recortes acumulados han dejado a muchas de estas personas desprotegidas y en una situación cada vez más desesperada, agravada por el incremento de la distancia entre ricos y pobres. Aunque las circunstancias parezcan apuntar en otra dirección en España, donde el fin del terrorismo es una de las pocas noticias positivas que acompañó a la llegada de la crisis, hay indicios que relacionan las crisis bancarias con el incremento de este tipo de actividades. 

Algunos grupos violentos, como el IRA Auténtico en Irlanda, han utilizado la situación económica como justificación para sus actividades. En un comunicado de 2011, este grupo afirmaba que sus ataques contra bancos eran legítimos porque “las comunidades de clase trabajadora son las que más están sufriendo el efecto de los recortes de servicios esenciales y la pobreza es ahora endémica”.

Para tratar de comprobar si realmente existe el vínculo entre crisis financiera y actividad terrorista, en un estudio dirigido por Thomas Gries, de la Universidad de Paderborn en Alemania, se ha analizado el efecto de las crisis bancarias -caracterizadas por dificultades en el sistema bancario y ayudas políticas- en el terrorismo doméstico de 146 países entre 1972 y 2006. El resultado indica que el vínculo existe. Los investigadores calcularon que una crisis bancaria produce, de media, un incremento del 54% en el terrorismo doméstico a lo largo de los cinco años siguientes. Sin embargo, en el artículo en el que se explican los resultados del estudio, publicado en la revista Economics Letters, se afirma que esta relación no afecta a todos los países por igual. En las economías avanzadas no se observó que las crisis bancarias incrementasen los atentados terroristas, pero en los países en desarrollo su número se multiplicó por más de dos.

Estas diferencias entre las economías más y menos avanzadas tiene también su explicación en las circunstancias económicas que pueden hacer crecer el terrorismo. En primer lugar, las crisis bancarias producen desempleo y con él se incrementan los problemas económicos que pueden alimentar el terrorismo. Según algunos investigadores, el terrorismo suele florecer durante las crisis porque las posibilidades de mejora económica por vías no violentas son cada vez más limitadas y los medios violentos para cambiar la situación socioeconómica se vuelven más atractivos.

En segundo lugar, las crisis dejan mermadas las finanzas del Estado, reduciendo los ingresos por impuestos y aumentando la deuda pública. Al mismo tiempo, los escasos recursos disponibles se destinan a costosos rescates bancarios o políticas fiscales expansivas para estabilizar el sistema económico y financiero. Estos fondos muchas veces provienen de recortes en otros campos como las políticas sociales o la seguridad. Así, se debilita la barrera que forman instituciones sólidas, una buena red de seguridad social y el imperio de la ley frente al terrorismo. Además, los recortes en inversión pública pueden producir un círculo vicioso que empeore aún más las condiciones económicas y abone la aparición de grupos violentos.

Por último, la debilidad institucional y económica del Estado puede provocar respuestas como huelgas y disturbios que mermen aún más la estabilidad política. Esta situación de debilidad del Gobierno puede dejar libre un espacio para que los terroristas potenciales adquieran algunas habilidades, en el ámbito del reclutamiento y la comunicación, que son  necesarias para iniciar y mantener una campaña terrorista, como han mostrado algunos estudios.

En todos estos casos, las economías más avanzadas tienen mejores mecanismos para hacer frente a las dificultades que presentan las crisis bancarias. Un buena regulación del mercado financiero o políticas monetarias o de estímulo fiscal adecuadas pueden ser útiles para reducir la duración de la crisis. Además, un Estado de bienestar eficiente puede limitar el malestar provocado por las dificultades económicas y con ello limitar el deterioro institucional que llega fruto de los problemas económicos y financieros.

El Gobierno argentino rechaza las denuncias de corrupción que estudia la justicia

BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino rompió su silencio para rechazar las denuncias de supuestas prácticas corruptas en el círculo del poder reveladas, entre otros, por Miriam Quiroga, secretaria del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que acudió hoy a declarar ante la Justicia.

Quiroga declaró a puerta cerrada ante un juez de Buenos Aires como testigo en una causa abierta por presunta asociación ilícita de funcionarios y empresarios relacionados con el expresidente Kirchner (2003-2007).

Miriam Quiroga llegó a los tribunales acompañada de una custodia policial y evitó su contacto con la prensa que esperaba frente a la sede judicial.

La exsecretaria fue citada por la Justicia tras participar en un programa televisivo en el que afirmó que cuando trabajaba en la Casa de Gobierno vio a un estrecho colaborador de Kirchner salir con bolsos, supuestamente cargados de dinero, destinados a la quinta presidencial de Olivos y a la residencia familiar del expresidente en Santa Cruz.

Fuentes judiciales evitaron confirmar si Quiroga ratificó sus declaraciones televisivas ante el juez que investiga la causa abierta en 2008 por una denuncia de la diputada opositora Elisa Carrió contra Kirchner y varios de sus colaboradores.

Miriam Quiroga empezó a trabajar con Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz (sur), y tras su elección como presidente fue contratada como secretaria de Documentación en la Casa Rosada, donde se mantuvo hasta que fue despedida apenas unos meses después de la muerte del exmandatario, fallecido en octubre de 2010.

En 2011, hizo unas explosivas declaraciones a una revista argentina en las que sugirió que había mantenido una estrecha relación con Kirchner, esposo y antecesor en el cargo de la actual mandataria, Cristina Fernández.

Sus revelaciones coinciden con denuncias periodísticas sobre la presunta implicación de empresarios próximos a Kirchner en supuestos delitos de lavado de dinero, como Lázaro Báez, quien precisamente hoy se presentó ante la fiscalía de Río Gallegos para reivindicar su inocencia y rechazar las acusaciones que le vinculan con la evasión de millones de dólares a Uruguay para su traslado a bancos suizos.

El escándalo ha crecido en los últimos días con nuevas declaraciones anónimas de un piloto que supuestamente habría visto cómo un estrecho colaborador de Kirchner utilizaba su avión para el traslado de dinero en bolsos y con la declaración de un arquitecto que asegura que la vivienda del matrimonio presidencial tiene una bóveda destinada a guardar valores.

Mientras la Justicia avanza en las investigaciones por las denuncias sobre presuntas prácticas ilícitas, dirigentes oficialistas y altos funcionarios del Gobierno han roto el silencio que habían guardado durante las últimas semanas y han salido a rechazar las acusaciones, aunque la presidenta, por el momento, se se ha mantenido al margen de la polémica.

La diputada oficialista Diana Conti defendió hoy a los Kirchner asegurando que hicieron su "fortuna desde muy jóvenes, con trabajo".

Es "una campaña de desprestigio y difamación", declaró Conti a medios locales, en alusión a las revelaciones de las últimas semanas.

Para el secretario general de Presidencia, Óscar Parrilli, las denuncias proceden de "alcahuetes mediáticos" que "intentan generar un clima de terror, un ambiente de miedo, donde se cae todo y está todo mal".

También el ministro de Planificación, Julio De Vido, salió a responder a las "críticas conservadoras" y animó a sus compañeros de filas a reaccionar porque "tenemos que salir a contestar los que somos peronistas".

El escándalo por corrupción que salpica al entorno de Cristina Fernández ha provocado una caída de su valoración en las encuestas, según medios locales, en un año especialmente complejo por las elecciones legislativas de octubre, en el ecuador del segundo mandato de la presidenta.

Meyer (IU) cree que España no tiene "ninguna perspectiva" si no es "sobre la base popular"

PALMA.- El eurodiputado de IU, Willy Meyer, ha considerado que España no tiene "ninguna perspectiva" si no es "sobre la base popular", razón por la cual ha apelado por realizar un "gran pacto" para "echar" al Gobierno central y convocar elecciones anticipadas. 

   Durante una rueda de prensa en Palma, Meyer ha opinado que ésta es la "respuesta que exige la calle", puesto que la situación actual "no da para más".

   Asimismo, el eurodiputado de IU ha indicado que existe la "esperanza" de las próximas elecciones europeas de 2014, que será donde se podrá acabar con las "políticas consensuadas en Bruselas".

Libertad para los ocho activistas de Greenpeace detenidos en el Congreso

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dejado en libertad a los ocho activistas de Greenpeace detenidos este jueves tras llevar a cabo una protesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a encaramarse en el tejado del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva Ley de Costas.

   El magistrado ha impuesto a los arrestados, a los que se atribuía la comisión de un delito contra altos organismos de la nación, comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios. Remitirá además, un oficio al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que le informe si se ha alterado el normal funcionamiento de la cámara alta.

   En el momento de la protesta, los diputados se encontraban en el interior del hemiciclo debatiendo sobre la Ley de Costas. Al menos tres activistas de Greenpeace consiguieron sortear la acción de la Policía y saltaron una valla que actualmente rodea el perímetro del edificio por obras.

   Posteriormente aprovecharon el andamiaje de estas obras para llegar hasta el tejado donde han mostrado una pancarta en la que se podía leer: 'El PP vende nuestras costas'. Uno de ellos ha llegado a descolgarse con una cuerda por la fachada de la entrada principal, habitualmente cerrada.

   Uno de los activistas detenidos, Juande Fernández, ha indicado en declaraciones a los medios tras ser puesto en libertad que su prioridad durante la acción ha sido la de evitar riesgos innecesarios y ha agregado que decidieron parar y entregarse al detectar que los policías que pretendían arrestarles no contaban con material de seguridad en escalada.

   Además, ha precisado que todos los miembros de Greenpeace que subieron al tejado del Congreso portaban material profesional, incluidos arneses y cuerdas. "Sólo queríamos poner de manifiesto que esta Ley de Costas supone una destrucción del medio ambiente. Somos un grupo de personas que hemos puesto la cara a lo que piensa una mayoría de personas de la población que dicen que las costas deben de ser de todos, que debe de conservarse el dominio público y es algo que no se hace con la modificación de esta norma", ha indicado.

   Fernández ha agregado que su traslado a la Audiencia Nacional ha sido "una sorpresa" ya que se han limitado a ejercer su "derecho de manifestación". "Esperemos que todo acabe bien", ha agregado

   Los ocho detenidos fueron trasladados a la Audiencia Nacional poco antes de las siete y media de la tarde y han estado declarando poco más de una hora, asistidos por el abogado José Manuel Marraco.

   El letrado ha asegurado a su salida de las dependencias judiciales que durante el interrogatorio ha quedado claro que lo que se ha hecho por parte de los manifestantes "ha sido ejercer su derecho a la libertad de expresión y defender el derecho al medio ambiente".

 "No ha habido ninguna perturbación del orden en las Cortes, y por eso han quedado en libertad", ha añadido.

Las cláusulas suelo en hipotecas solo serán válidas cuando sean transparentes

MADRID.- La Sala Primera del Tribunal Supremo, en pleno jurisdiccional, ha fijado doctrina sobre la validez y la posibilidad de control judicial del carácter abusivo de las cláusulas suelo, incorporadas a contratos bancarios de préstamo a consumidores con garantía hipotecaria y a interés variable, y ha dictaminado que este tipo de cláusulas serán válidas cuando cumplan los requisitos de "especial transparencia" exigible en los contratos con los consumidores.

   El Alto Tribunal ha aprovechado el pleito contra BBVA, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (hoy Cajas Rurales Unidas) y Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra (hoy NCG banco) se había solicitado la declaración de nulidad por abusivas de las cláusulas que fijan un tipo mínimo de interés o un tipo mínimo de referencia para sentar jurisprudencia.

   Destaca que en el caso enjuiciado se declara la nulidad de estas cláusulas por falta transparencia y, a tal efecto, el Supremo estima que "no es suficiente con que las cláusulas de forma aislada sean comprensibles". El tribunal falla que la nulidad de estas cláusulas "no afecta a la subsistencia de los contratos ni a las cantidades ya pagadas".

   El Supremo establece en la sentencia que las cláusulas suelo, que califica de "lícitas", son válidas cuando cumplen los requisitos de especial transparencia exigible en los contratos celebrados con los consumidores.

   Además, hace hincapié en que los consumidores deben ser informados de que cuando el tipo de interés baja a determinados niveles, el préstamo se transforma en préstamo a interés fijo variable solo al alza y no se beneficiarán de las bajadas del índice de referencia (en general el Euríbor).

   También deben ser informados "de forma clara y destacada", sin que las cláusulas puedan pasar inadvertidas al consumidor entre otras propias de un contrato tan complejo. Además, el Supremo indica que el consumidor debe ser informado de otros productos para que pueda realizar una comparación y pueda optar después de tener un información suficiente.

   El Supremo ha sentado jurisprudencia a partir de un caso concreto contra BBVA, Cajas Rurales Unidas y NCG Banco. Antes de analizar el asunto, la Sala señala que en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales deben "atemperar" las clásicas rigideces del proceso, del tal modo que "no es preciso" ajustarse a la estructura de los recursos.

   En el caso estudiado, el Supremo hace hincapié en que las cláusulas suelo que se incluían en estos contratos "superan el control de transparencia a efectos de su inclusión como condición general en los contratos, pero no el de claridad exigible en las cláusulas de los suscritos con consumidores".

   Entiende que las cláusulas no son transparentes porque, entre otras cosas, se insertan "de forma conjunta" con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas y no existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

   También resalta que no hay información previa "clara y comprensible" sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad, en caso de existir, o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.

   En el supuesto concreto de BBVA, advierte de que estas cláusulas se "ubican en una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor".

   A este respecto, fuentes del banco que preside Francisco González han declarado a Europa Press que la sentencia "no cuestiona la validez de las cláusulas ni afecta a las cantidades pagadas" e insisten que "hay que esperar a conocer el detalle para poder valorar con más profundidad" el contenido de la resolución judicial.

   Tras analizar las quejas presentadas por los demandantes, el Supremo procede a condenar a las entidades bancarias a eliminar de sus contratos las cláusulas examinadas "en la forma y modo en que se utilizan" y les prohíbe usarlas en el futuro tal y como estaban contempladas en estos contratos.

   Además, establece que los contratos en vigor "seguirán siendo obligatorios para las partes en los mismos términos" pero sin las cláusulas abusivas. También declara la irretroactividad de la sentencia, por lo que la nulidad de las cláusulas no afectará a la continuación del contrato ni a los pagos ya efectuados.

Padres, profesores y estudiantes se manifiestan en toda España contra la LOMCE

MADRID.- Miles de padres, profesores y estudiantes se han manifestado este jueves en una más de una treintena de ciudades españolas contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en una jornada de huelga convocada de forma conjunta a nivel nacional que ha estado marcada por algunos altercados que, en el caso de Valencia, han acabado con la detención de tres menores de edad.

   En esta ciudad, la jornada comenzaba con dos agentes de la Policía Local heridos leves y cinco contenedores quemados en la zona universitaria. Más tarde, miles de estudiantes han participado en una manifestación bajo el lema 'Contra el capitalismo en la universidad, estudiantado en pie de guerra' en la que se han vivido momentos de tensión ante algunas sedes bancarias a las que los estudiantes han intentado acceder golpeando los cristales con objetos.

   También se han producido algunos altercados entre jóvenes y agentes de la policía, al intentar los estudiantes continuar la marcha hacía el río por la calle de las Corts --donde se encuentra la sede del parlamento valenciano--. Algunos diputados de la oposición en las Cortes Valencianas han bajado a expresar su "solidaridad" con la protesta. Además, el día ha acabado con tres menores de edad detenidos, acusados de lanzar objetos e insultar a policías cuando se dispersaba la manifestación.

   Sin salir de la Comunidad Valenciana, cientos de alicantinos han participado en una concentración a las puertas de la delegación territorial de Educación de Alicante para "alzar su voz" contra la LOMCE, al tiempo que una parte de ellos ha ocupado pacíficamente la planta baja del recinto durante un espacio aproximado de 20 minutos. Allí, han continuado la protesta con cantos, pitidos y proclamas, hasta que han sido desalojados sin resistencia por agentes de la Policía.

   También se han producido altercados en Valladolid donde la Policía ha detenido a dos personas en el transcurso de una protesta en la Consejería de Educación, después de que supuestamente los manifestantes hubieran intentado quitar a los agentes sus equipos. Todo ha comenzado, según han informado fuentes policiales, cuando manifestantes convocados por CNT han entrado en la Consejería de Educación y han "arrollado" a los vigilantes de seguridad para acceder a las dependencias de la Junta en una protesta para la que no tenían autorización.

   Mientras, cientos de personas han secundado la manifestación convocada por estudiantes contra la LOMCE y los recortes en la educación, coreando consignas como "la educación no se vende, se defiende" y "qué casualidad, que el hijo del obrero no puede estudiar". Además, se han detenido frente a la sede del PP en Valladolid, contra cuya fachada han lanzado un globo con pintura verde.

   Por otro lado, tras la pancarta 'Para la cohesión social. Ni Lomce ni recortes' y ataviados con camisetas amarillas con las palabras 'SOS educación pública y de calidad' se encontraban las miles de personas que han llenado este jueves las calles de Barcelona. La marcha comenzaba a avanzar desde plaza Universitat por la calle Pelai hacia las 12,30 horas, si bien paralelamente se han formado marchas alternativas.

   Los estudiantes han iniciado la protesta en la avenida Diagonal, cortando el tráfico y, al llegar a plaza Sant Jaume, se han producido momentos de tensión cuando los estudiantes han lanzado botellas de agua de plástico, latas y algún objeto a los Mossos d'Esquadra que custodiaban el edificio.

   Mientras tanto, en Zaragoza, los padres, alumnos y profesores han recorrido las calles de la capital aragonesa tanto por la mañana como por la tarde. En la manifestación matutina, los asistentes han ido encabezados por una gran pancarta verde con el lema 'Stop Ley Wert' y al canto de 'El cole de la Rudi es particular si no tienes dinero no puedes entrar; agáchate y vuélvete a agachar, si no tienes dinero no puedes estudiar'.  

   En las calles de Murcia los manifestantes han marchado desde la Consejería de Educación hasta el campus de La Merced, para continuar por la avenida Teniente Flomesta, a su paso por la Consejería de Economía y Hacienda y la Delegación del Gobierno, donde ha terminado con un altercado entre sindicatos y Policía Nacional. Los agentes han pedido la documentación a una persona, al parecer una menor, que les había grabado en vídeo, así como a un miembro de CCOO. La joven, que no disponía de carné de identidad, ha sido acompañada por los agentes hasta Comisaría para su identificación.

   En Sevilla, trabajadores del sector educativo y miembros de las plataformas 'Marea Verde' y 'Marea Pública' han protagonizado una 'cacerolada' a la puertas del Parlamento andaluz en contra de los recortes y la reforma educativa, como antesala a las manifestaciones que, en esta comunidad, se han saldado en Jaén con la detención de un joven por presuntas agresiones y atentado a agente de la autoridad al término de la marcha realizada en esta ciudad.

   En la marcha de Madrid, que ha puesto fin a esta jornada de huelga celebrada en todos los niveles de la educación pública, los organizadores han leído un manifiesto para denunciar que la LOMCE es una recopilación de "propuestas inaceptables que van recogiendo todos los rechazos posibles, quedando totalmente desacreditadas antes de ser aprobadas y muertas antes de ver la luz".

   Además, los sindicatos, las organizaciones de padres y de estudiantes que firman la proclama advierten de que no pararán de movilizarse "hasta que se reviertan estas políticas".

 "Que se retiren las contrarreformas que pretenden devolvernos a un pasado al que no estamos dispuestos a regresar, se recupere la inversión perdida, vuelvan los recursos humanos y materiales eliminados, y abandonen el mundo educativo aquellos que lo atacan", han exigido.

   En cuanto al seguimiento de la huelga, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado que el seguimiento en los centros docentes públicos de todo el país "no alcanza el 20%", mientras que los sindicatos convocantes (FETE-UGT, CC.OO. y STES-I) calculan el impacto entre el 70 y el 75 por ciento.

Activistas de Greenpeace se encaraman al techo del Congreso en protesta por la nueva Ley de Costas

MADRID.- Una protesta realizada a primera hora de este jueves por miembros de Greenpeace en el Congreso de los Diputados se ha saldado con el arresto por parte de la Policía Nacional de los ocho activistas de la organización que han participado en la acción, han confirmado fuentes policiales.

   Tras una rápida intervención, los agentes lograron neutralizar a todos los activistas, a los que retuvieron en la plaza de las Cortes y les pidieron la documentación. Posteriormente, fueron detenidos y trasladados a las dependencias policiales de Moratalaz, según las mismas fuentes consultadas.

   Los activistas de Greenpeace, que iban vestidos con monos naranjas, se habían encaramado al tejado del Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y llegaron a mostrar una pancarta en la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas', pero fueron desalojados rápidamente por la Policía.

   Minutos antes de que esto sucediese, cinco de estos activistas habían intentado acceder al perímetro interior del Congreso, actualmente protegido por las obras que se están realizando en la zona. Pretendían acceder a la puerta principal del edificio, habitualmente cerrada, para lo que llegaron a subirse a las vallas que actualmente rodean el perímetro.

   Los agentes reaccionaron con velocidad para bajarlos de la valla, pero al menos dos de ellos consiguieron burlar la acción de la Policía y llegaron a subirse a lo alto del edificio aprovechando el andamiaje que hay en torno al mismo por las citadas obras.

   Tras mostrar la pancarta 'El PP vende nuestras costas', uno de ellos llegó a descolgarse con una cuerda por la fachada del edificio durante unos segundos.

   A juicio de Greenpeace, durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización.

   Es más, el grupo ecologista sostiene que la desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma.

   En su opinión, ésta podría favorecer intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe 'Amnistía a la Destrucción' y que ocasionó una demanda por parte de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

   La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley, que una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas; la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas, y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.

   "Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reconoció a Greenpeace que no se habían dado cuenta de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico", alerta la organización ecologista, aunque reconoce que la enmienda se corrijió en último momento.

   "Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no sólo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", según ha sentenciado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

   La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de una memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma, dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado.

   "Provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley", ha sentenciado..

   Greenpeace presentará una queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la directiva europea sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la también directiva europea relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, o la directiva relativa a la conservación de aves silvestres, la directiva Hábitat, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva de 2003 de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

El PP veta con su mayoría que se restrinjan las primas a directivos en España

MADRID.- El Congreso de los Diputados rechazó el martes, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, una iniciativa del principal partido de la oposición, el PSOE, para regular las elevadas retribuciones de los directivos de grandes empresas y obligar a los responsables de entidades financieras intervenidas por el Estado a devolver las primas extraordinarias de los últimos cinco años.

En el debate en sede parlamentaria se hizo referencia a la reciente jubilación del número dos del Banco Santander, Alfredo Sáenz, retribuida con 88 millones de euros, o al ejecutivo mejor pagado del 2011, Pablo Isla, máximo ejecutivo de Inditex, con 20 millones de euros.

Para los grupos de la oposición, estas cifras resultan indignantes para una sociedad golpeada por la crisis y el paro.

El diputado socialista Jesús Caldera defendió esta iniciativa alegando que, a pesar de la crisis, los directivos del IBEX-35 percibieron en el año 2010 una retribución media de 2,5 millones de euros, 125 veces más que el promedio de sus trabajadores.

"Sus empresas no han mejorado sus posiciones competitivas en el mercado, algunas han entrado en pérdidas, y las más han reducido notablemente sus beneficios", aseguró el ex ministro de Trabajo, para quien el problema no es la parte fija de las retribuciones, si no la variable, como primas y pagas extraordinarias.

"Incentivan prácticas de riesgo notable, operaciones especulativas, búsqueda de grandes beneficios en el corto plazo, que de tener éxito les benefician, pero de fracasar perjudican a trabajadores y accionistas", añadió Caldera.

El Partido Popular rechazó rotundamente la propuesta socialista, apoyada por el resto de la Cámara a excepción de CiU, que se abstuvo, por aportar "ruido" en lugar de "soluciones".

"Gracias a este Gobierno dichas indemnizaciones están hoy gravadas, terminan en la Hacienda pública, antes solo en los bolsillos de los directivos", dijo el diputado popular Ricardo Tarno, que recordó que el PP limitó el salario de los directivos de empresas públicas y de las entidades acogidas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En el clero no hay lugar para "ambiciosos o arribistas", dice el Papa

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco dijo el miércoles que los clérigos "ambiciosos" o "arribistas" causan un grave daño a la Iglesia católica, en sus últimas declaraciones dirigidas a infundir un ambiente de frugalidad y servicio en el Vaticano y más allá.

El ex cardenal de Buenos Aires Jorge Bergoglio, de 76 años, hizo las declaraciones en una reunión con superiores de órdenes de monjas de todo el mundo.

"Los hombres y mujeres de la Iglesia que son ambiciosos, arribistas que usan a la gente, la Iglesia, hermanos y hermanas - aquellos a quienes deberían servir - como un trampolín para sus propias ambiciones e intereses personales causan un grave daño a la Iglesia", afirmó.

"Aprendamos la pobreza de los humildes, los pobres, los enfermos", añadió, instando al clero a trabajar con aquellos al margen de la sociedad y evitar los "ídolos del materialismo" que empañan el verdadero sentido de la vida.

"No estamos interesados en la pobreza teórica", dijo el Papa, apartándose de su texto preparado.

Desde que fue electo el 13 de marzo, Francisco ha dejado claro a través de sus palabras y ejemplo de que quiere que el clero lleve una vida más simple, sirva a los pobres y evite las tentaciones del poder.

Francisco ha decidido no residir en los espaciosos y lujosos apartamentos papales en el Palacio Apostólico del Vaticano utilizados por sus predecesores, y ha optado por una pequeña habitación en una casa de huéspedes donde comparte comidas con otros residentes.

En su discurso, pareció estar enviando un mensaje no sólo a sacerdotes, monjas y obispos en todo el mundo que sirven a la Iglesia, con 1.200 millones de fieles, sino también a burócratas en el mismo Vaticano.

Francisco heredó un Vaticano golpeado por un escándalo en el que documentos filtrados a los medios se referían a la supuesta corrupción en su administración y describía una lucha entre prelados para avanzar en sus carreras.

El mes pasado, el Papa estableció una junta asesora de ocho cardenales de todo el mundo para ayudarlo a reformar la administración de la Santa Sede, conocida como la Curia.

Le ayudarán a aplicar cambios en un gobierno al que se acusa de ser responsable de algunos de los errores y escándalos que plagaron el papado de ocho años de Benedicto XVI antes de su renuncia en febrero.

Benedicto XVI dejó un informe secreto para Francisco sobre los problemas en la administración, que se conocieron cuando documentos clasificados fueron robados del escritorio del Papa y filtrados por su mayordomo en lo que se llamó el escándalo "Vatileaks".

Estudiantes chilenos inician su tercer año de protestas por la educación pública

SANTIAGO DE CHILE.- Miles de estudiantes volvieron a las calles de Chile, en la segunda gran convocatoria de este curso, para exigir de nuevo una educación pública, gratuita y de calidad, en su tercer año de movilizaciones sin grandes progresos en esa lucha.

En Santiago, unas 80.000 personas, según los estudiantes, y 37.500, según Carabineros, participaron en una marcha que transcurrió de forma pacífica y culminó, como ya es habitual, con violentos incidentes entre grupos de encapuchados y policías.

Se mantiene la demanda de fondo, que es el establecimiento de una educación pública, gratuita y de calidad que reforme el sistema impuesto desde 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet, contra el que los jóvenes comenzaron a protestar en 2011.

"No puede ser normal que mes a mes marchemos más de 150.000 personas en las calles y todavía no logremos ningún cambio significativo en la educación", declaró el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela.

Un manifestante identificado como Juan, de 19 años, relató que cada mes debe pagar unos 250.000 pesos (405 euros) por cursar Biología en la estatal Universidad de Chile que es pública.

Además de la exigencia de fondo, en esta marcha los jóvenes protestan también por un cambio en los criterios para asignar becas y créditos a bajo interés, fundamentales para que muchos estudiantes puedan pagarse sus estudios.

"En este contexto específico hay compañeros que están perdiendo becas y créditos, demostrando cuán vulnerables somos mientras la educación no sea concebida como un derecho", indicó el presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum.

Los estudiantes chilenos se movilizan para exigir que el Gobierno central se haga cargo de la administración de la educación básica y media, lo que actualmente está a cargo de los ayuntamientos, y a nivel universitario buscan el fin del beneficio existente en muchos centros privados.

Los jóvenes rechazan, por considerarlas insuficientes, las medidas del Gobierno de Sebastián Piñera, que ha decidido aumentar las becas y rebajar el coste de los créditos, así como supervisar y mejorar la calidad de la educación que se imparte.

En su intención de provocar un cambio total en el sistema, los estudiantes también han emplazado a los candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, para las que la exmandataria Michelle Bachelet (2006-2010) figura como favorita.

Los estudiantes pretenden trasladar "a todos los candidatos que si no están dispuestos a escuchar a los movimientos sociales van a tener movilizaciones mucho más grandes permanentemente", advirtió Fielbaum.

En noviembre se celebrarán también elecciones parlamentarias, en las que los tres líderes que pusieron rostro a este movimiento en 2011, Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Camilo Ballesteros, buscarán lograr un escaño como diputados.

Durante estos tres años de movilizaciones, cuatro ministros han dirigido la cartera de Educación, que vivió su último cambio en abril, cuando la oposición desbancó en el Congreso a Harald Beyer y éste fue sustituido por Carolina Schmidt, antes ministra de la Mujer.

Piñera dijo hoy en una entrevista a Radio Biobío que su Gobierno defiende la existencia de una educación pública y privada, y que espera asegurar a todos los jóvenes el acceso en la educación.

Sobre la manifestación de estudiantes, el mandatario declaró que "es su derecho, pueden marchar todos los días si quieren, pero queremos que eso no termine en violencia".

La marcha de Santiago partió de la Universidad de Santiago en un ambiente festivo en el que estudiantes y docentes se sumaron a la convocatoria de las principales organizaciones que agrupan a alumnos de secundaria y universitarios y del Colegio de Profesores, al grito de "Va a caer la educación de Pinochet" o "La educación chilena no se vende, se defiende".

Hacia el final del recorrido se registraron desmanes entre jóvenes encapuchados y policías de Carabineros, que lanzaron chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar a esos grupos.

Los encapuchados quemaron una caseta de seguridad y agredieron a golpes y patadas a un periodista de CNN Chile, según relató el afectado. Hasta el momento no se conocen cifras de detenidos.

Este miércoles también se han registrado marchas en otras ciudades chilenas, como Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

La ley antidesahucios es insustancial frente al abuso hipotecario, según Adicae

MADRID.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha considerado que el proyecto de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que aprobó hoy el Senado español, no protege frente a la injusticia y el abuso hipotecario.

En un comunicado, Adicae ha afirmado que la ley incluye medidas necesarias frente a la exclusión social, pero que no resuelven el problema real.

La asociación ha criticado que la nueva norma no elimina la deuda perpetua, solo limita los intereses de demora a los desahuciados y mantiene costas judiciales (el 5 % de la cantidad reclamada) que siguen siendo abusivos y perjudiciales para los hipotecados.

El colectivo echa en falta que no se regule la llamada "segunda oportunidad", que elimina la deuda perpetua.

Asimismo, Adicae ha lamentado que el texto no regula las cláusulas suelo -las que garantizan el pago de una cuota mensual mínima aunque los tipos oficiales sean más bajos-, sino que las "legitima" al establecer "que por injustas que sean serán legales si se informa adecuadamente al consumidor".

"La norma no refuerza la protección de los hipotecados ni introduce reformas para establecer un marco de justicia y respeto de los derechos que se están vulnerando, sino medidas que no atajan el problema de fondo y que por su carácter asistencial bien pudiesen haber abordado las comisiones de servicios sociales del Parlamento", ha añadido.

Por otro lado, Adicae ha opinado que esta ley supone el "sometimiento de la política al sector financiero" y "cooperará decisivamente al descrédito de las instituciones y del propio sector".

La agrupación que preside Manuel Pardos también ha cargado contra los senadores del Partido Popular y el PSOE, a quienes ha acusado de "arrogarse falso protagonismo en la defensa de los consumidores" y de "intentar apropiarse de las reivindicaciones sociales planteadas".

El PP murciano defiende los "muchos aspectos positivos" que tiene para los jóvenes "salir al extranjero"

CARTAGENA.- La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia, Laura Muñoz, ha dicho este miércoles que, dada la situación, "salir al extranjero tiene muchos aspectos positivos", y que "nuestros jóvenes volverán y lo harán mejor formados".

   Según la portavoz, "los jóvenes no pueden esperar", puesto que "no se puede reducir inmediatamente la tasa de paro juvenil", razón por la cual "tienen que buscar un empleo fuera".

   Así pues, Muñoz ha defendido una moción en la Asamblea Regional sobre "necesidad de identificar las ventajas y oportunidades laborales que otros países brindan a nuestros jóvenes".

   Para Muñoz, "se trata de adecuarnos a la situación", así como que "salir es bueno", y ha propuesto "elevar una propuesta al Gobierno para que se incentive la vuelta de estos jóvenes que ahora se marchan", tales como "que se potencie la contratación de jóvenes que han trabajado fuera", o que "se tenga en cuenta a la hora de una oposición".

   El PSOE por el contrario ha presentado una enmienda a la totalidad, donde la diputada, Esther Clavero, ha señalado que "el retorno de los jóvenes es difícil porque arraigan en los países de acogida", y por ello plantea "que antes de llegar a esa situación, se creen nuevos escenarios de empleo aquí."

   Para José Antonio Pujante, de IU-Verdes, "la moción transmite un cinismo insoportable".