MADRID.- Millones de ciudadanos españoles celebraron el
miércoles la segunda huelga general en ocho meses con un seguimiento
desigual, algunos incidentes en la capital y la esperanza de que las
protestas consigan reconducir las duras políticas de austeridad dictadas
por la crisis.
La industria fue el principal sector económico afectado
por una movilización convocada bajo el lema "Nos dejan sin futuro" y
que por primera vez se celebró conjuntamente con Portugal, que al igual
que España está en el ojo del huracán de la crisis de deuda de la
eurozona.
"Si el Gobierno de España se arrodilla ante estas
políticas de recortes impuestas por Berlín y además las sigue con
entusiasmo, el pueblo español va a permanecer de pie", dijo Cándido
Méndez, secretario general del sindicato UGT al final de una
manifestación en Madrid con una afluencia que el otro sindicato
mayoritario, CC.OO., cifró en más de un millón de personas.
En la sempiterna guerra de valoraciones, los sindicatos
calificaron de "masivo" el seguimiento con un 77 por ciento de los
trabajadores en activo - superior a su juicio a la de hace ocho meses -,
mientras que el Gobierno minimizó su incidencia a la industria y
reiteró que continuará con sus reformas y políticas de ahorro.
"La hoja de ruta del Gobierno es la única posible para
dejar atrás ésta crisis larga y garantizar el futuro del estado de
bienestar", insistió el miércoles el titular de Economía, Luis de
Guindos.
El termómetro del descontento social pudo sentirse por
la tarde en Barcelona y Madrid, donde el centro quedó colapsado por
centenares de miles de personas que coreaban lemas como "El próximo
parado, que sea don Mariano" o "Hay culpables, hay solución" en un
ambiente animado en el que se veían pancartas con consignas como
"Mariano Manostijeras" o "España desahuciada".
"No es una huelga política ni sindical, es una huelga
social y económica. Si hay que parar el país, se para. Creo que es un
derecho que tenemos y una forma de protesta y hay que usarla", dijo
Mariluz Gordillo, una teleoperadora en El Corte Inglés de 24 años que
acudía a la manifestación de la capital con una compañera de trabajo.
Con 25,75 millones de parados en la Europa de la
disciplina presupuestaria -5,8 de ellos en España-, la huelga se convocó
conjuntamente con el vecino Portugal y fue apoyada, a través de la
Confederación Europea de Sindicatos, por paros parciales y/o sectoriales
en países como Italia, Grecia o Bélgica.
Con una paralización de las plantas automovilísticas
reconocida incluso por el Gobierno y un seguimiento mucho menor en el
comercio minorista, la novena huelga general de la democracia obligó a
cancelar unos 400 vuelos y a que el transporte y otros servicios
públicos funcionaran bajo mínimos obligatorios.
Las ciudades más afectadas por los paros fueron
Zaragoza, Sevilla y Asturias, reconoció el Gobierno en boca de la
directora general de Política Interior, Cristina Díaz, que ejerció de
portavoz del Ejecutivo durante toda la jornada.
El consumo energético, que suele considerarse un
barómetro de la incidencia en el día a día del país, fue un 12,7 por
ciento inferior al de una jornada normal.
Aunque durante la jornada no hubo incidentes de
importancia, la jornada acabó con violentos altercados en Barcelona y en
las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde hubo varios
heridos y detenidos en choques de manifestantes con policías.
Testigos vieron a la policía cargar contra
grupos de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que colocaban barricadas
y lanzaban botellas, piedras y cascoques contra los agentes.
En Barcelona, donde se registró otra protesta
igualmente masiva, dos coches policías fueron incendiados y se
produjeron más cargas policiales cuando algunos manifestantes violentos
se enfrentaron con la policía.
La Policía Nacional informó de siete arrestados en
Madrid después de la marcha y de 135 más en todo el país en el
transcurso de una jornada.
La batalla campal de la noche contrastó con la
tranquilidad registrada durante el día en la zona acordonada en torno al
Congreso, que hoy debatía los protestados Presupuestos para 2013, y en
cuyas cercanías se encuentran también los principales museos de la
ciudad, hoy visitados principalmente por extranjeros.
En Europa, los incidentes más notables se registraron
en el centro de Roma, con enfrentamientos entre estudiantes y policías y
la ocupación durante una hora de la torre de Pisa, y en las cercanías
del Parlamento en Lisboa.
Pese a los emplazamientos sindicales al Gobierno para
que cambie sus políticas, la situación de una España al borde del
rescate hace altamente improbable un cambio sustancial en las
estrategias de recorte del gasto público, en los otrora "intocables"
servicios básicos de sanidad y educación, con una alta sensibilidad
social.
El comisario europeo de Economía, en una comparecencia
no agendada, respaldó precisamente el miércoles la senda reformista del
gobierno de mayoría absoluta presidido por Mariano Rajoy al afirmar que
las medidas para reducir el déficit son "adecuadas".
"Hago huelga en defensa de la sanidad pública", explicó
Dori García, enfermera madrileña mientras protestaba en la puerta del
hospital La Princesa, uno de los centros sanitarios que se verán
afectados por los recortes.
La conocida como "marea verde" en defensa de la escuela
pública también tenía una amplia representación en las protestas.
"Están desmontando el sistema de educación pública y
excluyendo a los sectores más desfavorecidos de la población", dijo
Rosario Gómez, funcionaria de 42 años.
Muchos padres optaron por no llevar a sus hijos al
colegio y en los centros educativos se vivió la huelga con más
intensidad que en otras convocatorias similares, mientras que en barrios
o localidades alejados del centro primaba la sensación de normalidad,
con bares y comercios abiertos.
"Estoy de servicios mínimos" rezaba el cartel de un
mendigo apostado habitualmente en la puerta de un supermercado en el
madrileño barrio de La Concepción.
Con la economía nacional en su segunda recesión en tres
años y muchos ciudadanos viviendo en condiciones económicas no vistas
en la democracia, algunos manifestaron que iban a trabajar porque no
podían permitirse perder el salario del día o por temor a perder el
trabajo.
"La huelga está justificadísima pero no me puedo
permitir que me descuenten todo ese dinero", dijo una secretaria de
instituto de unos cincuenta años que no quiso dar su nombre.
Otros, como Celina Carretón, auxiliar de enfermería del
Hospital La Paz de Madrid de 55 años, también mostraron su negativa a
secundar la jornada al considerarla una convocatoria "política", un
argumento que ha utilizado en las últimas semanas un Gobierno que ocupa
desde finales del año pasado 185 de los 350 sillones del Congreso.
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