Acuerdo entre PP y UPyD para desalojar a los acusados por corrupción de cargos públicos

MADRID.- El PP y UPyD han pactado este martes una enmienda transaccional en el Congreso comprometiéndose a acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales.

   Se trata de una reivindicación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.

   Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.

   La formación magenta recogió el guante y en su moción pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

   El PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

   Al final, los dos partidos han alcanzado un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público". El acuerdo se votará este jueves en el Pleno del Congreso.

   Es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

Una 'marea blanca' reclama la retirada de las medidas sanitarias del Gobierno de la Comunidad de Madrid

MADRID.- Miles de trabajadores y usuarios de la sanidad pública, 70.000 según los convocantes, se han manifestado desde las 18.30 a las 20 horas de este martes contra las medidas del Gobierno regional conformando una 'marea blanca' para exigir la retirada del Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario presentado por la Consejería de Sanidad.

   Esta marcha, a la que muchos de los participantes han acudido ataviados con la bata blanca que caracteriza a los facultativos y personal sanitario, es el colofón de la segunda jornada de huelga sanitaria convocada por los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (CC.OO., UGT, AMYTS, CSIT Unión Profesional, USAE y SATSE). También han respaldado la convocatoria plataformas en defensa de la Sanidad Pública, Afem (que mantiene una convocatoria de huelga indefinida para facultativos) y diversas asociaciones de vecinos.

   La manifestación, a golpe de silbato, se ha iniciado en la Plaza de Neptuno y lentamente se ha ido dirigiendo hacia la Plaza de Cibeles, donde a las 19.00 horas comenzaba a subir la calle Alcalá hacia la Puerta del Sol (a la que ha llegado la cabecera pasada las 19.30 horas), cortando las vías colindantes como el Paseo del Prado dirección Atocha y dirección Plaza de Colón. También se ha cortado el tráfico en el trayecto de Alcalá por Puerta de Sol y entre Cibeles y la Plaza de la Independencia durante el desarrollo de la marcha.

   La cabecera la conforman los sindicatos convocantes bajo el lema 'La sanidad pública no se vende, se defiende' y los cánticos más coreados al inicio de la marcha son 'Sanidad pública',, 'No nos mires, únete', 'Lasquetty pinocho', 'Salvan a los bancos, cierran hospitales' y 'Sí se puede' en referencia a la retirada de las medidas.

   Además, una vez que el grueso de la marcha ha llegado a Sol y cuando se procedía a la lectura del manifiesto de cierre, se han escuchado gritos de dimisión contra el presidente del Gobierno regional, Ignacio González, y 'fuera, fuera' al divisar la sede del Ejecutivo autonómico.

   Los carteles mayoritarios que portan los manifestantes son el compuesto por 'Sanidad se vende' emulando los anuncios de venta y alquiler de pisos, 'Roban la sanidad', 'No a los recortes', 'Defiende tu salud', 'Salud pública', 'Con la sanidad del PP al cielo pronto iré'. También se han visto los 'habituales' ataúdes con el lema 'RIP Sanidad Pública' y carteles emulando las cajetillas de tabaco con el lema 'Los recortes matan'

   En la marcha también aparecen pancartas con el lugar de procedencia o centro de trabajo de los manifestantes. Al inicio de la misma, se puede apreciar la del Hospital 12 de Octubre, la del Hospital Severo Ochoa, de Leganés, la del Instituto de Cardiología o del Hospital Santa Cristina, entre otros. También aparece otra pancarta que representaba a los centros de salud de la región y otras de diverso índole como el caso de una que señalaba 'Laboratorios del Marañón en peligro'.

   Sobre las 19.45 horas se ha procedido a la lectura de un manifiesto conjunto, leído por varios oradores, donde se ha exigido la retirada del "mal llamado" plan de sostenibilidad del sistema sanitaria, que a juicio de los convocantes de la marcha supone la desaparición de 27 categorías laborales y recortes de plantilla en los centros sanitarios estimados en más de 7.000 puestos de trabajo. Además, constata el éxito de la huelga sanitaria en la que han participado 25.000 profesionales.

   Además, el manifiesto remarca que "no es cierto" que la externalización de los seis hospitales nuevos y del 10 por ciento de los centros de salud garantice el carácter público del sistema sanitario porque supone que "empresas privadas" que persiguen "el beneficio y el dividendo empresarial" gestionen los recursos habilitados por el presupuesto regional. "Nuestro dinero no será su beneficio", incluye el manifiesto leído ante los manifestantes.

   También recoge el rechazo a los planes de especialización del Hospital de la Princesa y el Carlos III y que el conjunto de medidas sanitarias supondrá una reducción de la atención sanitaria acutal y una "agresión" al sistema sanitario público. En consecuencia, se exige la retirada de estas reformas y la reelaboración de los presupuestos regionales "eminentemente públicos" en materia sanitaria.

   Por su parte, los secretarios generales de CC.OO y UGT, Javier López y Ricardo Martínez, han estado presente en la cabecera de la manifestación y han manifestado que el Gobierno regional, a la vista del respaldo que están teniendo las manifestaciones contra sus medidas sanitarias, no va a tener más opción que "retirarlas" y sentarse a negociar reformas de consenso con los agentes implicados.

   En este sentido, López ha dicho que estas medidas suponen "poner a los pies de los caballos" a los profesionales y usuarios de la sanidad mientras que Martínez ha recalcado que los planes del Ejecutivo regional generará situaciones "muy graves" para las personas más desfavorecidas si se llevan a cabo.

    Por otro lado y a modo de conclusión de la manifestación, se ha invitado a los asistentes a secundar la manifestación que realizará el jueves Afem y participar el día 5 de diciembre, momento en el que se inicia la tramitación de los presupuestos, en una concentración frente a la Asamblea de Madrid para reivindicar la defensa del sistema sanitario público.

El SUP promueve una plataforma policial anticorrupción

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en la Policía Nacional, promueve la creación de una plataforma policial para denunciar la corrupción y velar por el cumplimiento de la ley. 

En declaraciones a Gaceta.es, el portavoz del sindicato, José María Benito, ha explicado que la plataforma nace con la intención de que los casos de corrupción no queden impunes. "Todo se tapa cuando el imputado en un caso de corrupción es un político o un poderoso", asegura. El portavoz del SUP recuerda que dos comisarios fueron cesados tras investigar las presuntas irregularidades relacionadas con un ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Otro de los recientes casos de corrupción que ha motivado la creación de una plataforma es el caso Palau en Barcelona. La intención del sindicato policial es denunciar estos casos así como las frecuentes prescripciones de delito y los casos sobreseídos.

 Según el SUP, se actuará "contra políticos, mandos policiales, jueces, fiscales y cualquier otra persona que no sea escrupulosa en la aplicación de la legalidad y persecución de los delitos que se puedan imputar". 

Asimismo, el presidente del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, ha explicado que la creación de la plataforma "se hace desde el convencimiento de que la corrupción es una grave lacra". Por todo ello, el SUP cree que hay una sensación generalizada en la policía de ser un juguete en manos de los políticos. 

Esta mañana el sindicato ha difundido una nota en la que explica que "están jugando con la Policía como si fueran empleados de su cortijo".

Un ejecutivo ofrece gratis su casa en Gijón a víctimas de desahucios

GIJÓN.- El pasado sábado un anuncio publicado en la página 3 del periódico asturiano La Nueva España empezó a circular por todas las redes sociales. O mejor dicho, una foto que un tuitero le sacó al anuncio. La foto fue una de las historias más vistas en Menéame durante el fin de semana y en Facebook ha sido compartido miles de veces. 

El mismo periódico que publicó el anuncio ha conseguido hablar con su autor, que está "desbordado" por la repercusión que ha tenido. Han desvelado algo sobre el misterioso anunciante, pero no todo, porque sigue sin querer revelar su identidad.

Quien puso el anuncio es "un alto ejecutivo gijonés" de 40 años, que se fue de Asturias a los 20, que tiene familia y que después de trabajar por todo el mundo ahora vive en el País Vasco. Tiene cinco casas y esa solo la usaba en vacaciones y en fines de semana. Este verano, al volver a Asturias, vio los efectos de la crisis, y decidió hacer algo en la medida de sus posibilidades. 

Ha explicado al periódico que no es millonario, ni hijo de millonarios, ni comunista y que es solo un trabajador que gana mucho dinero y que ese éxito le hace sentir mal porque dice que él no es mejor que otros. También tiene claro que mañana puede ser él el que lo necesite y por eso solo lo cede por un año.

"Hay muchos hombres y mujeres de mi edad, con formaciones excelentes, muy cualificados, en situaciones penosas y con la vida que se les ha torcido muchísimo. Y pienso que eso mismo me podría estar pasando a mí, que no hay tanta diferencia entre lo que yo he luchado y lo que han luchado otros", ha dicho.

Niegan la libertad bajo fianza a un activista ruso que se está quedando "ciego"

MOSCÚ.- Un tribunal de Moscú ha negado este lunes la libertad bajo fianza a un activista político acusado de agredir a agentes de policía en una protesta contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a pesar de alegar que se está quedando ciego rápidamente" en la cárcel al no recibir el tratamiento adecuado, según ha informado este lunes la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

   El tribunal ha basado su dictamen en el testimonio de médicos expertos que han asegurado que la visión del activista Vladimir Akimenkov, no corre peligro. Sin embargo, su abogado, Dimitri Arganovski, ha dicho que su cliente necesita atención médica urgente que no le es suministrada en la cárcel de Moscú, donde se encuentra hasta la celebración del juicio.

   "Akimenkov tiene un problema ocular congénito que incluso le permitió eximirse del servicio militar", ha declarado el abogado a  RIA Novosti. Está claro que "su visión está empeorando. Apenas puede ver los documentos que le facilitan", ha agregado.

   El pasado 1 de noviembre, Akimenkov manifestó ante el tribunal que su visión estaba empeorando. "Soy incapaz de distinguir su rostro" y "me estoy quedando ciego rápidamente", fueron sus palabras.

   Al tiempo, su abogado, acusó al tribunal de mantener una doble moral citando el caso de Yevgeniya Vasilyeva, una funcionaria del Ministerio de Defensa acusada de fraude y que pasó a arresto domiciliario el viernes. "¿Por qué Akimenkov no puede ser tratado del mismo modo?, ha preguntado Arganovski.

   El abogado ha citado a numerosas figuras públicas, incluidos parlamentarios e incluso la escritora Lyudmila Ulitskaya, y ha asegurado que todos ellos serían avalistas en caso de que a  Akimenkov se le concediese la libertad bajo fianza.

   El líder del movimiento político Frente de Izquierda, Sergei Udaltsov, ha reaccionado con furia ante la negativa del tribunal de liberar a Akimenkov, también miembro del movimiento. Acaso "¿están esperando a que se quede completamente ciego?", ha tuiteado Udaltsov.

   Akimenkov fue detenido en el centro de Moscú la víspera de la toma de posesión del presidente Vladimir Putin el 7 de mayo, acusado de formar parte de las protestas celebradas y agredir a la Policía. Él negó todos los cargos. De las otras 17 personas arrestadas sólo una, Maxim Luzyanin, ha sido condenada.

Algunos números de la crisis / Pascual Serrano *

Un goteo de noticias y datos nos pueden ayudar a visionar la debacle económica a la que se acerca Europa y en la que ya estamos inmersos países como Grecia, Portugal, España e Italia.

En Portugal los jóvenes están emigrando hacia sus excolonias en África y Brasil. En los primeros cuatro meses de 2012, 85 portugueses se dieron de baja cada día del Instituto de Desempleo para emigrar, según los datos del centro. En total, 10.200 personas anularon su solicitud de trabajo, más del doble que en 2008. Otros ni se molestan en pasar por las oficinas de empleo, de la facultad van directos al aeropuerto. Según datos del secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, en 2011 emigraron entre 120.000 y 150.000 portugueses, unos datos que rozan las mayores oleadas de emigración de los años sesenta y setenta. Su destino: Mozambique, Angola o Brasil (Eldiario.es, 17-10-2012).

Otro cifra elocuente es la salida de inmigrantes que llegaron a Europa en busca de mejores condiciones de vida. En los últimos cinco años, 1,2 millones han vuelto desde España a su país de origen, según Diego López de Lera, profesor de la Universidad de La Coruña (Efe, 7-10-2012). El 72% de los inmigrantes ecuatorianos en España desean regresar a su país este mismo año o, como muy tarde, en 2013, según revelan los datos del Gobierno de Ecuador, que ha puesto en marcha una serie de proyectos con el objetivo de facilitar su retorno al país (Huffington Post, 24-10-2012). 

En Grecia, ante la subida descontrolada del precio de la comida, el gobierno va a permitir la venta de alimentos caducados a un precio inferior al original (El Mundo, 15-10-2012). Hasta ahora, la reducción del precio se permitía en algunos países cuando estaba fecha la próxima de caducidad, parece que con la crisis los gobiernos han declarado que los alimentos se pueden consumir aunque caduquen. El personal sanitario griego también ha dado la voz de alarma sobre el aumento del número de ciudadanos que acuden a los hospitales fingiendo estar enfermos cuando lo que realmente necesitan es alimentarse.

 “Vienen personas a pedir un plato de comida. Fingen que tienen un problema de salud y piden comida”, afirma el presidente de la Asociación de Médicos de Hospital de Salónica, Jristos Papasteryíu. La situación afecta también a los más pequeños del país, que con frecuencia presentan síntomas de déficit alimenticio y no están vacunados. Según el presidente de la Federación de Médicos de Hospitales de Grecia, Dimitris Varnavas “el 30% de los niños están sin vacunar, por consiguiente se ha roto la barrera del contagio de enfermedades infecciosas y es fácil la declaración de epidemias”(Rusia Today, 10-9-2012). En Grecia el 27,7% de la población vive en la pobreza (El Mundo, 5-5-2012), allí el salario mínimo ha disminuido un 22% ( un 32% para los menores de 25 años) (El País, 3-3-2012).

En España, es el 21,1 % de la población la que en este año vive por debajo del umbral de pobreza, lo más grave es que el grupo social que no está empeorando es precisamente el condenado a disminuir, los pensionistas mayores de 65 años. La tasa de pobreza disminuye entre los mayores de 65 años y aumenta entre las personas en edad de trabajar, entre 16 y 64 años (Eldiario.es, 22-10-2012). 

El último estudio del Observatorio Social de España (OSE) ha detectado que la pobreza infantil se ha disparado un 45 por ciento desde el inicio de la crisis en 2007, lo que ha provocado nuevos escenarios de pobreza relacionados con la malnutrición, la desescolarización y las dificultades para acceder a la sanidad (Europa Pres, 20-11-2012). Hasta hace unos años se asociaba a los ancianos con el sector de la población que estaba obligado a vivir en condiciones económicas más precarias, pero ahora los responsables de las residencias de ancianos españolas han señalado que, desde hace un par de años, se está detectando que hay unidades familiares que sacan a sus mayores de las residencias de la tercera edad para salir adelante con sus ingresos (Málaga Hoy, 13-8-2012).

La precariedad en España afecta de forma dramática a la alimentación. Cáritas informó este pasado verano que cerca del 17 % de los gallegos depende de las ayudas benéficas para comer (ABC, 23-7-2012). En algunos comedores de Cataluña hay que esperar hasta 23 días para obtener una plaza en la mesa. En un comedor de Sevilla atienden a 150 personas por día y no dan abasto porque muchas se quedan sin su plato. Comedores de Madrid que atendían a cien personas hace tres años hoy alimentan a cuatrocientas (Teinteresa.es, 23-4-2012). El pasado 19 de noviembre un empresario atracó el lunes una sucursal bancaria con el objetivo de entrar en la cárcel ya que se sentía ahogado por las deudas y las circunstancias personales (Europa Press, 21-11-2012).

Pero tranquilos, no todas las cifras son negativas para todos. Cuatro hijos de Emilio Botín, presidente ejecutivo del Banco de Santander, han recibido de su padre 26 millones de acciones del grupo, valoradas en 147 millones de euros ( El País, 19-11-2012).

(*) Pascual Serrano es periodista

Neoliberalismo (I): rasgos generales de la globalización

“Globalización” consiste en que el conjunto de mercaderes de las grandes urbes internacionalistas, decide gobernar el mundo entero como si de una enorme empresa se tratase. Las exigencias de esta mega-empresa global son acabar con todo tipo de fronteras (frenando a las personas, pero si dejando la libre circulación de mercancías y capitales), restricciones, particularidades territoriales, culturas tradicionales, soberanías nacionales o recursos productivos. Como una secta, la globalización extirpa al individuo de su marco habitual, plantándolo de sopetón en una nueva sociedad gris, homogénea pero con desigualdad de oportunidades y mentalmente uniforme, y encargándose de lavarle el cerebro para que jamás vuelva la cabeza hacia atrás: sólo puede aceptar la esclavitud quien no conoce otra cosa.

La globalización pide que los aparatos estatales sean organismos cada vez más débiles, corruptos, dependientes, decadentes y endeudados, que los Estados carezcan de un carácter autosuficiente, soberano y nacional, y que se vean subordinados a organismos mundialistas (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, Naciones Unidas, Unión Europea, diversos bancos, logias de todo tipo, think-tanks, etc.) para que no defiendan sus propios intereses, integrándose sin rechistar en las directrices cuasi-dictatoriales de los mercachifles de Wall Street, la City y Frankfurt.

La globalización exige también una libre circulación de productos, empresas, mano de obra, materias primas, información e ideas. Cuando estos recursos se hallan en manos de un Estado hermético y éste no quiere regalarlos, ni siquiera bajo soborno, a las megaempresas transnacionales, la maquinaria mundialista le hace la guerra a ese Estado, hasta que logra “liberalizar” sus recursos y ponerlos en circulación por la red global en lugar de permitir que los beneficios vayan a mejorar las condiciones de vida del pueblo de turno. En la práctica, “los mercados” cogen al país de turno, lo lo violan, lo saquean y venden sus recursos al gran capitalista de turno.

¿Por qué hay tropas españolas estacionadas en Afganistán y Líbano y no en el Sahara Occidental? ¿Por qué traemos manzanas de Chile o naranjas de Argelia, gastando una millonada en queroseno y petróleo (y liquidando todo nuestro propio sector primario), cuando podríamos cultivarlas en el patio de la casa del vecino? ¿Por qué aceptamos el usar a niños esclavos para producir cosas que podemos producir localmente? ¿Por qué tenemos una dependencia total y absoluta del petróleo ajeno en lugar de producir nuestra propia energía? ¿Por qué están nuestras empresas buscando en el extranjero mano de obra más barata, dejándonos a nosotros en el paro y fomentando la neoesclavitud? ¿Por qué se están llenando nuestras ciudades de negocios basados en las mafias y con privilegios que no puede ni soñar el ciudadano de a pie? ¿Por qué se permite la entrada masiva de multinacionales y grandes empresas que se cargan sistemáticamente a las otrora dignas PYMEs y autónomos de barrio (cada día desaparecen una media de 268), creadores del 80% del empleo en España? Y finalmente, ¿por qué se hemos aceptado que se estén destruyendo los derechos laborales que nuestros antepasados sólo conquistaron tras décadas de duras luchas obreras?

La globalización es la respuesta a todas estas preguntas. El neoliberalismo es el vehículo actual para ello y su vertiente extrema (deriva que trata de imponerse desde los órganos mundialistas), el anarcocapitalismo, el fin a conseguir.

Los procesos mundialistas siempre han venido de la mano de corporaciones multinacionales, poderosas entidades apátridas que flotan en el éter abstracto de “los mercados” como una nube que se encuentra por encima del bien y del mal, y que ―a pesar de provocar guerras, crisis y cosas peores― no están sujetas a ley alguna, no responden ante nadie, mandan callar a los presidentes, manipulan a los pueblos, poseen mejor información que los servicios de Inteligencia y no le deben lealtad a ningún gobierno, antes bien, son los gobiernos los que (en las economías neoliberales capitalistas) trabajan para ellas.

La deslocalización empresarial es uno de los efectos directos de la globalización. En la práctica, se reduce a “evasión de capital y medios de producción a países con mano de obra barata y sumisa”.

Y es que “globalizar” implica liberalizar el mundo empresarial, permitiendo cualquier cosa con tal de obtener productos baratos que se produzcan y consuman a cada vez mayor velocidad. El efecto de esta política neoliberal ha sido que miles de empresas sin escrúpulos han abandonado sus lugares de origen en Occidente para instalarse en países orientales (China, India, Indonesia, Malasia, Bangladesh, etc.) donde la mano de obra es muchísimo más abundante, barata y sumisa que en el Primer Mundo.

El actual sistema busca instintivamente un filón a explotar, y cuando el filón se acaba o “pasa de moda”, se dirige al siguiente como un ermitaño. Durante mucho tiempo, Occidente fue el filón a explotar. Ahora la consigna es mano de obra oprimible y empresas totalmente libres de cualquier regulación estatal: el nuevo filón es Asia Oriental. De ese modo, el capitalismo salvaje, despojado de ataduras, es el responsable directo del ascenso de los regímenes explotadores y fundamentados en la neoesclavitud. Si en vez de una enorme economía global competitiva existiesen infinidad de economías independientes, proteccionistas, “de circuito cerrado” y cooperativas, jamás podría darse esta situación.

En España, para esconder las cifras de paro provocadas por las deslocalizaciones empresariales y el desmantelamiento de nuestra potencia agrícola e industrial, el Gobierno (presionado siempre por “los mercados”) ha subvencionado el turismo masivo, la hostelería, la burbuja inmobiliaria e incluso la burbuja estudiantil. Con ello, el partido de turno ha logrado meter bajo las designaciones “obrero de la construcción” y “estudiante” a un montón de personas que no tenían perspectivas reales de trabajo, por la ausencia de una economía verdaderamente productiva. Era obvio que este panorama no podía prolongarse indefinidamente, pero eso poco importa en un sistema donde los gobernantes sólo piensan en términos de cuatro años como mucho.

http://www.asociaciondry.org/?p=2612

El propio don Juan Carlos autorizó la visita de Urdangarín al monarca

MADRID.- La visita que el yerno del rey Iñaki Urdangarin hizo este domingo a Don Juan Carlos en el hospital donde se recupera de la operación de cadera se produjo a iniciativa de su esposa, la infanta Cristina, quien el sábado comunicó a su padre que era su intención acudir al centro sanitario junto a su marido.

Así lo han indicado hoy fuentes de la Casa del Rey, según las cuales la infanta habló el sábado con el monarca y le anunció que deseaba hacerle una visita junto a su esposo, a lo que Don Juan Carlos no puso inconveniente.

La presencia de Urdangarin en el hospital ha despertado gran expectación habida cuenta de que desde diciembre del año pasado está apartado de la agenda oficial de la Familia Real.

Su aparición se produce además en la misma semana en la que se ha conocido que el fiscal pide una fianza de 8,2 millones de euros para él y para su exsocio Diego Torres en el llamado caso Noos.

Las fuentes han explicado que el hecho de que Urdangarin haya acompañado este domingo a su esposa al centro sanitario no comporta cambio alguno en el estatus del esposo de la infanta Cristina, que desde hace un año no participa en actos oficiales.

La convalecencia del rey ha reunido en el hospital a la Familia Real casi al completo, ya que han ido a verle la reina, la infanta Elena, los Duques de Palma, acompañados de su hijo mayor, Juan Valentín, y los príncipes de Asturias con sus hijas, las infantas Leonor y Sofía.

¿Por qué Whatsapp no funciona en el epicentro de las manifestaciones?

 MADRID.- Ni llamadas, ni mensajes, ni tuitear, ni «wassappear». En las manifestaciones multitudinarias, de las que sobre todo Madrid ha sido protagonista en el último mes, la comunicación se ha tornado imposible en la era más digital. Es necesario alejarse del barrullo lo suficiente —a una distancia en la que ya apenas se distingan las consignas— como para que tu móvil, y en concreto tu conexión a internet, vuelva a la vida, se escribe en Abc. 

No faltan escépticos que elucubran sobre las posibles razones de ese «apagón tecnológico» pasajero. Y de hecho, la teoría más extendida es la de los inhibidores de frecuencia —también llamados perturbadores— empleados por la policía. Según algunos manifestantes, los antidisturbios podrían emplearlos para sabotear las comunicaciones entre los asistentes, precisamente porque gracias a plataformas como Whatsapp, Twitter o Facebook se puede movilizar a la gente de forma gratuita, masiva e instantánea. También porque permiten informar al minuto de lo que está sucediendo —cargas policiales, detenciones— con fotos y vídeos.

Pero al parecer, nada tiene que ver con los inhibidores de frecuencia. Según explican fuentes de Telefónica, el colapso de las redes de datos —3G— se debe al «exceso de demanda de ancho de banda en un espacio y momento concretos». Es similar a lo que ocurre en una carretera: los coches circulan con normalidad hasta que por esa carretera deciden circular muchos más vehículos. Entonces, se produce un atasco.

Es por eso que los usuarios piden a los vecinos más próximos a las manifestaciones que «abran» durante unas horas sus redes wifi al público para que las líneas móviles no se saturen.

Fuentes policiales sostienen esta misma tesis y niegan rotundamente que los inhibidores se empleen para cortar las comunicaciones durante las concentraciones. De hecho, tampoco los furgones policiales portan este dispositivo. «Es posible que en el recorrido de una manifestación haya inhibidores, porque los hay en diferentes lugares que, por seguridad, no se puede decir cuáles son». Los perturbadores se emplean para evitar ataques terroristas o espionaje, y se colocan en determinados edificios y vehículos oficiales donde existan estos riesgos. Así, es muy probable que en un lugar como el Congreso de los Diputados estén instalados y puedan afectar a las transmisiones, aunque en casos como éste el colapso se debe, fundamentalmente, a la multitud.

¿Qué es un inhibidor y cómo funciona?

Se trata de un dispositivo electrónico que impide u obstaculiza las transmisiones radioeléctricas en un determinado nivel de frecuencias mediante la emisión de una señal de mayor potencia que la del emisor que quiere transmitir. Es decir, que si tratas de enviar un mensaje, la potencia de tu señal será menor que la del inhibidor, por lo que quedará bloqueada y no llegará a tu receptor.

Aunque en ocasiones las teorías «conspiranoicas» nos puedan parecer excesivas, a veces están fundamentadas. La «gran manzana» de la comunicación ya ha creado una patente que permite deshabilitar algunas funciones de sus dispositivos en determinados lugares.

La compañía pretende que los aparatos entren en modo avión o hibernen para que no molesten en lugares como museos, cines, hospitales... La polémica ha llegado después de que Apple desvelase que esta herramienta podrá ser utilizada por el gobierno o por la policía para bloquear las funciones de grabación (imagen y sonido) de los dispositivos en algunos actos como manifestaciones o concentraciones. Lo que hasta ahora era un mito podría convertirse en realidad.

Eurocracia / Jesús Andrés

Si preguntáramos en la calle pocos podrían contestar qué asuntos se tratan en Bruselas, qué competencias asume el Parlamento europeo (formado por 751 diputados), o de qué herramientas disponemos para controlar a esa hidra de varias cabezas. Lo único que sabemos es que a 1.500 km de aquí un Parlamento, una Comisión y diversos organismos legislan en la más absoluta opacidad sobre asuntos que posteriormente acatamos sin saber cómo ni por qué. Una corte de ‘ilustres’ políticos, la mayoría de ellos sobrantes de la circulación nacional, que en 2012 nos costó la friolera de 147.000 millones de euros. 

• La pertenencia a ciegas de ese selecto club sin reclamar a cambio el sometimiento de la clase política europea a unas reglas claras de juego ha permitido a nuestros eurorepresentantes nadar en la más absoluta impunidad.Sólo de vez en cuando conocemos casos de corrupción imposibles de ocultar, como el del ex comisario de sanidad, John Dalli, quien se vio obligado a dimitir el pasado mes de octubre tras ser vinculado a una trama de tráfico de influencias. Eso sí, no se irá con las manos vacías. Su mala praxis ha sido premiada con una pensión vitalicia de más de 2.000 euros al mes. Una muestra de lo que se cuece en Bruselas y que no podríamos entender sin conocer el informe Galvin, una auditoría interna que hizo temblar los cimientos de la UE en 2008 pero que muchos se han encargado de que pocos la conozcan.
  
  
  El documento, de 92 páginas, pretendió arrojar luz sobre la utilización que los 750 europarlamentarios (sin tener en cuenta al presidente de la cámara) hacían de los presupuestos para gastos. Según la laxa normativa europea, cada representante del Parlamento puede contratar a un asistente personal, nombrado a dedo y que hasta hace escasos años, incluso, podía ser miembro de la familia. Para ello cada europarlamentario dispone de un partida anual y exclusiva de 19.709€.
  
  
  Estalla el escándalo
  Los resultados de la auditoría fueron tan escandalosos, que sus señorías se vieron obligadas a declarar el informe Galvin alto secreto para salvaguardar “el buen nombre” de las instituciones europeas. Sin embargo, y gracias a la asociación inglesa contra el fraude Taxpayer’s Alliance, pudimos acceder al documento que revelaba hechos tales como pagos a asistentes no acreditados en el Parlamento, pagos a empresas de políticos, desvíos de dietas de viaje, desvíos de partidas para financiar a partidos políticos y conflictos de intereses entre muchas otras irregularidades.
  
  En total, el informe Galvin calcula que los eurodiputados podrían haber desviado por legislatura 117.000 euros en dietas, 489.000 euros en asistentes, 243.000 euros en gastos de oficina, 60.000 euros en viajes y 356.000 euros en gastos de pensión. Tras el estallido del escándalo en 2008, el Parlamento Europeo aparentó reforzar las medidas de control excluyendo del acceso a los cargos de asistente a los familiares de diputados. Algo lógico pero que, aún así, recibió el voto contrario de 202 europarlamentarios.
  
  Gastos de oficina
  A día de hoy Robert Galvin, autor del informe, asegura que siguen existiendo irregularidades en las instituciones europeas. Su último estudio ha detectado fraudes contables, pagos dobles y adjudicaciones de contratos que violan las políticas de concesión. 
  
  
  http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cultura/eurocracia-20121125

Inmigrantes y jóvenes impulsan el movimiento independentista catalán

BARCELONA.- La independencia de Cataluña puede parecer una romántica locura para los de fuera. La región española puede remontarse a la Edad Media para encontrar motivos históricos que justifiquen la separación de su territorio del resto de España.

No es tanto la identidad cultural la que ha dado una nueva vida al movimiento secesionista, como la frustración por los impuestos, el desempleo y la recesión.

Un número cada vez mayor de ardientes defensores de la independencia catalana ni siquiera tiene sus raíces en la región.

Son inmigrantes del resto de España que han abrazado el separatismo porque creen que Cataluña, históricamente una potencia económica, será más próspera por su cuenta.

Los economistas ponen en duda ese argumento. Sin embargo, cierto o equivocado, serán clave cuando los votantes elijan un nuevo gobierno en las elecciones del domingo que se han convertido en una consulta sobre un referéndum de independencia.

Se esperaba que CiU y otros tres partidos pro-independentistas de todo el espectro político obtuviesen una mayoría de dos tercios en el parlamento regional pero no ha sido así.

Esa mayoría no conseguida respaldaría el compromiso de Mas de convocar un referéndum de independencia que desafiará la Constitución española.

Con España inmersa en una recesión y un desempleo galopante del 25 por ciento, los catalanes están cada vez más descontentos con Madrid, que se niega a renegociar el actual sistema tributario.

Dicen que Cataluña sería capaz de invertir en creación de empleo los 16.000 millones de euros de sus ingresos fiscales que se queda el gobierno central cada año.

Entre los 7,5 millones de habitantes de Cataluña hay tres millones con raíces fuera de la región. Los sondeos muestran que cada vez más esos inmigrantes o hijos de inmigrantes apoyarían la creación de un Estado independiente.

Un sondeo del centro oficial de estadísticas catalán indicó este mes que el 80 por ciento de los adultos cuyos padres son catalanes apoyan la independencia. Y un 41 por ciento de los adultos con padres no-catalanes también quieren la independencia, frente al 25 por ciento de junio de 2011.

Esos conversos han ayudado a impulsar el apoyo general a la independencia por encima del 50 por ciento por primera vez.

En el pasado, los inmigrantes andaluces en los 'guetos' de habla castellana en las afueras de Barcelona sufrían la discriminación y se les llamaba despectivamente "charnegos", una especie de perro en catalán.

Pero sus hijos hablan catalán y añoran los años en los que la comunidad creaba trabajo para la gente de toda España.

Muchos catalanes reconocen que la independencia plena puede ser imposible de lograr, porque la región probablemente tendría que salir de la Unión Europea - arriesgándose a un desastre económico - y porque el resto de España va a dar la batalla por la unidad.

Sin embargo, los sondeos muestran que a una gran mayoría le gustaría tener el derecho de votar en un referéndum. Una marcha pro-independencia el 11 de septiembre de aproximadamente un millón de personas reflejó el crecimiento del movimiento.

El secesionismo es especialmente fuerte entre los jóvenes. Según la encuestadora Metroscopia, alrededor del 60 por ciento de los votantes entre 18 y 35 años apoyan la causa. El desempleo es más alto entre los jóvenes.

"El debate se ha alejado de ser meramente un debate sobre la independencia de Cataluña a un debate económico más amplio", dijo María José Hierro, experta en Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra.

Las encuestas muestran que el apoyo a la independencia cae cuando la gente piensa en la posibilidad de tener que abandonar la Unión Europea.

Y muchos catalanes, inmigrantes y nativos, están molestos ante la perspectiva de tener que elegir entre ser catalán o español, ya que se sienten ambos.

Afectados por las opciones preferentes presentarán una denuncia ante la Eurocámara

SANTIAGO.- El BNG recibe este lunes en el Parlamento Europeo a una delegación de representantes de las plataformas de afectados por las estafa de las preferentes, que acude a Bruselas para presentar una denuncia ante la Comisión de la Eurocámara.

   De ello ha informado el BNG en un comunicado, en el que ha detallado que esta visita esta auspiciada tras las solicitudes de los afectados realizadas en un encuentro mantenido el pasado 16 de noviembre con el portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, el diputado Carlos Aymerich y la eurodiputada Ana Miranda.

   De este modo, los afectados podrán conocer de primera mano el proceso de presentación de la denuncia ante Bruselas y de familiarizarse con todo el recorrido que atravesará la denuncia que llegará desde la Comisión de Peticiones, hasta que los ciudadanos comparecen para explicar el caso ante los eurodiputados y el posterior dictamen por parte del Parlamento.

   En este sentido, el grupo estará formado por un total de 20 representantes de las plataformas de Lugo, Santiago, O Salnés, Baixo Miño, Ferrolterra, Moaña, Morrazo, Condado-Louriña-Paradanta, Redondela-Arcade, y organizaciones como Adicae-Vigo y Agaprofi A Coruña-

   Además, conforme ha avanzado el BNG acompañados por Ana Miranda, mantendrán reuniones con responsables de la Comisión Europa y de la Comisión de Peticiones.

Hasta 18.000 personas se manifiestan en Dublín contra los recortes

DUBLÍN.- Hasta 18.000 irlandeses salieron ayer sábado a las calles de Dublín, la capital, para protestar contra los recortes que el Gobierno del primer ministro, Enda Kenny, pretende introducir en los Presupuestos de 2013.

   La manifestación ha sido convocada por el Sindicato de la Administración de Dublín, si bien personas ajenas a este organismo también han secundado la marcha, según ha informado la cadena pública irlandesa RTé. La Policía irlandesa ha reducido la asistencia a 10.000 personas.

   Al término de la protesta, el presidente del Congreso de Sindicatos Irlandeses, Eugene McGlone, ha abogado por convocar una huelga general contra la política de austeridad del Gobierno y los recortes en el gasto público.

   Otros dirigentes sindicales, como Jack O'Connor, presidente del Sindicato de Servicios Técnicos e Industriales Profesionales, han hecho hincapié en que, para celebrar un paro general, hay que convencer a una ingente mayoría de los trabajadores que los objetivos que se persiguen con dicha protesta son creíbles y una mejor alternativa.

   No obstante, ha habido representantes sindicales que han expresado sus discrepancias sobre el llamamiento a una huelga general, lo que ha exacerbado las tensiones en el ya de por sí dividido sector sindical irlandés. Algunos manifestantes han interrumpido el discurso de McGlone.

Miles de manifestantes acampan en la plaza Tahrir de El Cairo para protestar contra Mursi

EL CAIRO.- Miles de activistas contrarios al presidente Mohamed Mursi han acampado hoy en la emblemática plaza Tahrir mientras se reproducen por séptimo día consecutivo los enfrentamientos entre manifestantes y Policía.

   "Hay unas 10.000 personas en Tahrir ahora mismo. Están coreando consignas contra los Hermanos Musulmanes y piden la revocación de la nueva declaración constitucional emitida por el presidente", ha afirmado un portavoz de los Revolucionarios Socialistas, Ahmed Nur, en declaraciones al diario estatal egipcio 'Al Ahram'.

   "Hay unas 30 tiendas en la plaza Tahrir, cinco más que ayer. Hay algunos enfrentamientos de poca importancia entre los manifestantes y otras personas, que creen afines a los Hermanos Musulmanes", ha añadido.

   Esta tarde los principales disturbios se han producido en torno a la plaza Simón Bolívar, cerca de la Embajada de Estados Unidos, según Nur, que ha destacado la respuesta popular al decreto de Mursi, por el que se blinda ante cualquier decisión judicial.

 

 Detenidos 267 manifestantes en los últimos disturbios

 

Un total de 267 personas han sido detenidas en El Cairo en los disturbios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes congregados para conmemorar el primer aniversario de los hechos de la calle Mohamed Mahmud, donde murieron 45 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad durante una protesta contra el Ejército.    Además de los detenidos, hay 164 policías heridos, según los datos del Ministerio del Interior, recogidos por el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.
   De ellos, 36 resultaron heridos durante los disturbios registrados durante la noche del sábado en la calle Qasr al Aini, donde hoy las fuerzas de seguridad han levantado un muro de hormigón para proteger las sedes del Gobierno, del Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Parlamento egipcio; y de la Asamblea Popular, la Cámara Baja.
   La manifestación por el aniversario se ha visto alimentada por la promulgación del polémico decreto del pasado jueves por el que el presidente Mohamed Mursi se blinda a él y a la Asamblea Constituyente controlada por los islamistas ante cualquier posible decisión judicial.
   Precisamente este domingo un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Abdel-Qoodous, ha manifestado su rechazo al decreto presidencial. Abdel-Qoodous, quien también preside la Comisión de Libertades del Sindicato de Periodistas, ha expresado su oposición a través de su cuenta en Twitter.
   "Lo lamento, señor presidente. A pesar de que pertenezco a los Hermanos soy un hijo de la revolución de la libertad y rechazo esta medida que le otorga poderes absolutos sin importar razones o el tiempo que vaya a ser operativa", ha indicado.

Una protesta de la oposición tailandesa se salda con 61 heridos y 137 detenidos

BANGKOK.- Los enfrentamientos en los que han degenerado una multitudinaria protesta celebrada la noche del sábado en Bangkok, la capital de Tailandia, contra el Gobierno se ha saldado con 61 heridos y 137 detenidos. Como consecuencia, el líder del principal partido opositor y convocante de dicha protesta, Boonlert Kaewprasit, ha dimitido por la violencia y la baja participación.

   La manifestación se había alargado durante algo más de ocho horas, en la que la que el número de policías, unos 20.000, superaban en número a los manifestantes, según los medios locales.

   La cifra de asistentes oscila de los 20.000, de acuerdo con la Policía, y los 50.000, según el partido opositor Pitak Siam. No obstante, ninguna de estas cifras consiguen rebasar la asistencia a la manifestación del pasado mes y que Boonlert se había fijado como objetivo y argumento principal que refrendara sus proclamas contra el Gobierno.

   En una comparecencia ante sus seguidores y los medios de comunicación bajo una intensa lluvia, el general Boonlert ha deplorado el elevado balance de heridos y detenidos, así como el seguimiento de la movilización.

   "El general Boonlert ya está muerto. He perdido ante el demonio", ha declarado el líder de Pitak Siam, que ha dicho que no volverá a encabezar a la formación opositora, según los medios locales.

   Boonlert ha achacado el fracaso de la movilización en parte a los esfuerzos de las autoridades tailandesas de impedir que muchos manifestantes lograran llegar a la plaza Real, el céntrico enclave donde el millón de opositores debían de clamar contra el Gobierno tailandés.

   En este sentido, Boonlert ha denunciado que partidarios del Pitak Siam procedentes de todo el país han sido bloqueados durante su viaje hacia Bangkok en las principales carreteras de acceso a la capital.

   Boonlert ha expresado su preocupación por el estado de muchos de los heridos, al saber que la Policía antidisturbios ha disparado bombas de gas lacrimógeno para amainar los altercados desatados durante la manifestación.

   El líder opositor ha decidido poner fin a la protesta debido al fuerte despliegue policial ordenado por el Gobierno de la primera ministra Yingluck Shinawatra, que avisó que esta movilización representaba un intento de derrocar al Ejecutivo tailandés.

   "Si la marcha continúa, hay un riesgo de que los manifestantes pierdan sus vidas", ha advertido Boonlert.

   Boonlert ha acusado a la Policía de disparar fuego real, alegando que algunos de los manifestantes han recogido balas de los lugares de la protesta.

   Un portavoz del Pitak Siam Vachara Riddhagni ha resaltado el carácter pacífico de la protesta y ha señalado al Gobierno tailandés como culpable de los altercados.

   Por su parte, el jefe de la Policía Nacional tailandesa, Adul Saengsingkaew, ha acusado a los manifestantes de comenzar los disturbios, justificando el uso de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

   Muchos de los asistentes, ha recriminado Adul, comenzaron a lanzar objetos contra los policías y ha tratar de derribar las vallas protectoras.

   En base a los datos de la Policía tailandesa, alrededor de 12.000 opositores lograron entrar pacíficamente a la céntrica plaza Real y unos 5.000 se han enfrentado a los agentes antidisturbios en las barricadas que delimitaban el paso de la marcha.

   El primero de los capítulos de violencia se ha registrado frente al puente Makawan Rangsan, ubicado cerca del Parlamento. En segundo lugar, las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos contra algunos manifestantes que intentaron atravesar una segunda barricada ubicada en la intersección de Miskawan, también incluida en las zonas restringidas por el Gobierno.

   Al margen del cierre de nueve calles del centro, una segunda orden ha restringido durante este sábado el tráfico de vehículos en otras tantas calles, mientras que una tercera prohíbe a la gente portar armas en la vía pública. Hasta 53 puestos de control se han establecido en la capital tailandesa.

   La primera ministra Yingluck invocó el pasado viernes la Ley de Seguridad Interna en tres distritos de Bangkok, una medida que otorga a las fuerzas de seguridad mayores poderes para bloquear parte de la ciudad, imponer el toque de queda o incluso prohibir las protestas.

Las comunidades de vecinos soportan impagos en España por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.

   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".

   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".

   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".

 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".

   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".

   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.

   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".

   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.

   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".

   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".

   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.

   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".

   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.

   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".

   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".

   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".

   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".

   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".

   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.

   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".

   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

El Gobierno español estudia que los chalecos de los policías lleven obligatoriamente número de identificación personal

MADRID.- El Gobierno español prepara cambios para que los chalecos de los policías lleven obligatoriamente el número de identificación personal, según explica en una respuesta parlamentaria a la pregunta del diputado de IU Gaspar LLamazares.

   En el texto, el PP señala que la Dirección General de la Policía ha incluido en los pliegos de Prescripciones Técnicas para la adquisición de chalecos antigolpes la obligatoriedad de incorporar el emblema y un espacio donde ubicar el número de identificación personal correspondiente.

   En un comunicado, IU recuerda que Llamazares dirigió al Ejecutivo a finales de septiembre una pregunta parlamentaria compuesta por una batería de cuestiones concretas a raíz de los incidentes ocurridos en la concentración del 25S en las inmediaciones del Congreso.

   "¿Por qué el Gobierno no ha hecho cumplir a los agentes policiales con su obligación de llevar su distintivo de identificación? ¿Considera el Gobierno que esta obligación es prescindible por razones de seguridad", preguntaba el diputado.

   La ley obliga ahora a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a llevar visible su número profesional, algo que "es sistemáticamente vulnerado con el respaldo de sus responsables políticos y policiales, como se ha comprobado en las sucesivas manifestaciones desarrolladas en los últimos meses", según IU.

Activistas se "amordazan" en Sol para denunciar la "represión" a los movimientos sociales

MADRID.- Decenas de activistas realizaron ayer sábado una 'performance', permaneciendo una hora "amordazados" y "maniatados" en la Puerta del Sol, para denunciar simbólicamente la "represión" que a su juicio están padeciendo los movimientos sociales.

   Con este acto la organización internacional Igualdad Animal ha querido hacer un llamamiento "sobre la actual situación de represión global hacia las libertades de expresión e información que padecen tanto la prensa como los movimientos sociales de todo el mundo".

   Según informa Igualdad Animal, la 'performance' tenía como objeto dar conocer también el 'Congreso Internacional Contra la Represión', que se celebrará en el Ateneo de Madrid los próximos días 6 y 7 de diciembre.

   Este congreso, según detallan, surge de la "urgente necesidad que tienen los colectivos afectados por la represión de compartir su experiencia y buscar vías de actuación ante ella". Por ello, constará con la participación de 22 ponentes de distintos países que analizarán durante dos días las amenazas que se ciernen a nivel internacional para el avance de los derechos civiles.

   Durante esas fechas, diversos ponentes especialistas en derechos humanos, defensa de los animales, libertad de prensa, feminismo, derechos laborales, el colectivo de Lesbianas, Gays y transexuales,  ecología, abogacía y fiscalía, sociología, y otros movimientos sociales disertarán sobre las cuestiones que les afectan.

   También participarán periodistas, abogados, jueces, fiscales, sociólogos, politólogos, filósofos y psicólogos de países como Austria, Estados Unidos, España, Inglaterra, Islandia, Noruega y Siria.

   Entre los ponentes estará el diputado nacional de IU Alberto Garzón, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembros de Jueces para la Democracia, Santiago Vidal, y la fiscal y miembro de Unión Progresista de Fiscales, Inés Herrero, entre otros. También se espera la presencia aún por confirmar del periodista islandés y representante de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson.

   El Congreso Internacional Contra la Represión es una iniciativa promovida por Igualdad Animal, una organización internacional de defensa de los animales presente en España, Alemania, Inglaterra, Italia, India, México y Venezuela para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetar y ayudar a los animales.

   En el congreso colabora la campaña Unidos Contra La Represión del Movimiento de Derechos Animales (UnidosContraLaRepresion.org) y está patrocinado por la organización estadounidense Last Chance for Animals

Una decena de personas increpa a Rajoy al grito de 'sanidad pública' en su visita al Rey

MADRID.-   Una decena de personas ha increpado este domingo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al grito de 'sanidad pública' a su llegada al Hospital Quirón San José, en Madrid, donde ha acudido a visitar al Rey tras su operación de cadera a la que fue sometida el viernes.

   Estas personas han estado gritando 'sanidad pública' durante los minutos que ha durado las declaraciones de Rajoy ante los medios de comunicación que esperaban a las puertas y no han cejado hasta que el presidente se ha subido en el coche oficial.

   Precisamente esta semana, la Comunidad de Madrid afronta varias jornadas de huelgas, encierros y protestas en contra de las medidas que el Gobierno regional quiere poner en marcha a partir de 2013 y donde destaca la externalización de la gestión de varios centros.

  El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Rey "está bien" y se encuentra "muy animado".

 "El Rey me ha dicho que ha desayunado dos huevos fritos y eso es demostración inequívoca de que está bien", ha señalado.

   Rajoy ha llegado a las 13.30 horas al centro hospitalario y ha permanecido junto al monarca durante una hora en la que ha departido con don Juan Carlos "sobre medicina y la vida misma", pero no de política.

   "Hemos hablado de medicina y de la vida misma, pero sobre todo que se encuentra muy bien y que a partir de ahora va a empezar a caminar, a dar paseos e intentar recuperarse lo más rápidamente posible", ha señalado el líder 'popular'.

   Además, ha señalado que el Rey está "muy animado" tras la operación y que a partir de ahora "va a empezar a caminar y a dar paseos e intentar recuperarse lo más rápidamente posible".

   En esta misma línea, ha señalado que ha visto "muy bien" al monarca, quien se encontraba sentado a su llegada al hospital. "Lo he encontrado bien y animado y estamos todos muy contentos", ha explicado.

El imputado Urdangarin acude a visitar al Rey

MADRID.- La Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y el marido de esta última, Iñaki Urdangarin, han acudido hoy al Hospital Quirón San José de Madrid para visitar al Rey, tras la operación de cadera a la que fue sometido el pasado viernes por la noche.

   Además, el primogénito de Urdangarin, Juan Valentín, también ha acudido a esta visita. La Familia Real ha llegado 15.20 horas en un monovolumen que conducía el propio Urdangarin. A su llegada, la Reina ha saludado y las infantas han bajado sonrientes, y Urdangarin ha entrado en el centro detrás de ellas.  

    Urdangarin no participa en ninguna actividad oficial de la Familia Real debido a la investigación judicial y posterior imputación por sus actividades empresariales, hecho que provocó que la Casa del Rey afirmara que no suponía un "comportamiento ejemplar".

   Posteriormente también han acudido a la clínica los príncipes de Asturias junto a sus dos hijos, en un coche conducido por el príncipe Felipe.