Alfonso Guerra: "Los que más hablan de regeneración son los más culpables"

CIUDAD REAL.- El diputado nacional del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aseguró anoche que hay una "nube oscura" sobre el sistema democrático y que "los que más hablan de regeneración política" son "los más culpables de lo que está pasando".

   Guerra se había manifestado así antes de clausurar el curso 'Los años 80. La consolidación de la democracia' que ha organizado el Grupo de Estudios Históricos y Culturales Contemporáneos y que se ha venido celebrando en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

   Si bien ha dicho que hay que cambiar muchas cosas, ha remarcado que también hay elementos que están alimentando esa "nube oscura" que puede acabar afectando al sistema democrático, unos "inventados y otros reales".

   A su juicio, aquellos políticos que están "complicados con dinero público, con dinero negro, que se están llevando cantidades inmensas, inaccesibles para cualquier ciudadano normal están haciendo mucho en contra el sistema democrático".

   A su vez, ha continuado, hay otros políticos "que no tienen ninguna mancha en el aspecto económico, pero que no están entendiendo bien lo que está pasando en el mundo para atender a la nueva realidad sin dejarse llevar por las imposiciones de los poderes económicos y financieros".

   Todo ello, "sumado a algunos medios, que mienten sobre algunas cosas sobre las que informan", colabora en ir un poco en contra del sistema democrático que a los españoles costó mucho consolidar, con años "muy duros", ha puntualizado.

   Guerra ha considerado que todo esto es "triste y preocupante" y ha señalado, que en comparación con los años 80, etapa en la que fue vicepresidente del Gobierno, hace que recuerde aquel momento con "satisfacción".

   El dirigente socialista ha indicado que durante los años 80 "arrumbaron para siempre el ruido de sables de los cuarteles. Eso desapareció por completo y eso no se nota, porque es como el aire, que solo se nota cuando falta".

   A juicio del que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González, el actual momento necesita de no mirar por la ventana y "ponerse a trabajar, hablar mucho con la gente en la calle".

PP, UPyD y PNV votarán contra la prohibición del 'fracking'

MADRID.- El PP, UPyD y el PNV votarán este jueves en el Pleno del Congreso en contra de la moción de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que aboga por la prohibición de la técnica de fractura hidráulica o 'fracking' alegando que es una posibilidad que es necesario estudiar por sus "potenciales beneficios".

   Aunque la votación del texto --que se deriva de una interpelación al ministro de Industria, José Manuel Soria, sustanciada el pasado mes de diciembre-- no se producirá hasta mañana, los parlamentarios han debatido este miércoles el contenido de la propuesta y de las enmiendas, y han anunciado la posición de su voto, que será negativo en los casos de PP, UPyD y PNV.

   El 'popular' Marcos Flores ha justificado esta postura en que el 'fracking' es una posibilidad que "no se puede dejar de analizar" a la luz del "potencial beneficio para el país" que podría tener, y ha subrayado que la legislación existente es "suficiente", sobre todo porque las autorizaciones existentes son sólo de investigación y prospección y están en una fase "muy inicial".

   "Necesitamos un mix energético acorde con las necesidades presentes y futuras, y eso nos obliga a ser tremendamente responsables en nuestras decisiones. Negarnos a explorar o investigar nuevas formas de obtener energía sería una temeridad, al igual que no garantizar que cualquier nueva técnica no esté dotada de la suficientes garantías para evitar riesgos", ha añadido.

   Asimismo, ha recordado que países como Alemania o Estados Unidos han apostado por esta técnica, y ha criticado que se opte por pensar que es una "amenaza más que una oportunidad" y se "meta el miedo en el cuerpo" de la ciudadanía "apelando a graves efectos nocivos contra la salud y el medio ambiente" que ni siquiera están demostrados.

   Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado que se intente prohibir una investigación científica y el consecuente desarrollo tecnológico con una moción "en tono apocalíptico" que "mantiene afirmaciones inexactas". "Renunciar expresamente y por una decisión legislativa a examinar y explorar posibilidades de autoabastecimiento de hidrocarburos es una barbaridad", ha añadido.

   Así, ha rechazado "prohibir modelos alternativos de política energético por impresiones superficiales" aunque ha reconocido que esta nueva técnica debe someterse a estudios rigurosos de costes y riesgos, así como a una regulación que minimice sus posibles efectos perniciosos. Además, ha reclamado un organismo regulador específico, que siga el modelo del Consejo de Seguridad Nuclear que evalúe "permanentemente" de las explotaciones.

   El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Chesús Yuste ha explicado que su moción reclama la prohibición legal, en un máximo de tres meses, de la fracturación hidráulica o 'fracking', una técnica de extracción de gases no convencionales que se encuentran en rocas subterráneas poco porosas y poco permeables. Hasta entonces, el diputado aragonés también exige la suspensión inmediata de todas las licencias concedidas, la no autorización de nuevas solicitudes y la revisión del modelo energético para que se base en fuentes renovables y limpias.

   Tras alertar de que esta técnica no es tan barata como se pretende hacer creer y además tiene importantes consecuencias medioambientales, Yuste ha recordado que esta técnica está prohibida en países como Francia, Irlanda o Canadá, mientras en otros se han establecido moratorias y suspensiones. Algo que contrasta con lo que sucede en España, donde "está proliferando su desarrollo con un enorme oscurantismo con la concesión de numerosos permisos por todo el territorio".

   El socialista Ximo Puig ha afirmado que el 'fracking' es un sistema "inseguro, incierto y peligroso" y ha recordado que los ciudadanos de las zonas más afectadas reclaman que no se siga adelante con estas concesiones. "Pero este Gobierno, siempre tan lejos de los ciudadanos, parece que está dispuesto a pagar cualquier riesgo medioambiental para conseguir petróleo", ha criticado.

   A renglón seguido, ha reclamado al Gobierno que acuda a los expertos para estudiar los riesgos "de toda índole" de esta técnica de extracción, que suspenda mientras tanto todas las actividades que supongan usar el 'fracking' y no autorice nuevas solicitudes, y que "impulse un cambio de modelo energético" basado en las renovables, extremo que la CHA ha aceptado incluir en la moción.

   El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha defendido la enmienda de su grupo --que no ha sido aceptada por el diputado de CHA-- en la que piden una moratoria en la explotación del gas no convencional mientras una comisión científica analiza la "evolución de esta tecnología". También proponen someter los proyectos de investigación y exploración a los procedimientos de análisis y evaluación de impacto ambiental.

   "Estamos en contra de la explotación industrial (con esta técnica), pero costa distinta es no poder investigar las diferentes posibilidades que se abren a partir de modelos de exploración respetuosos de la sostenibilidad y de los parámetros medioambientales", ha añadido.

   En la misma línea, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha explicado que con su enmienda pretenden dar "mayor rigor científico" a la posición de voto de los nacionalistas catalanes por falta de un informe de expertos que sirva de "precedente de cualquier regulación sobre los mayores riesgos" de esta técnica, y que incorpore "recomendaciones sobre las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud pública y el máximo respeto del Medio Ambiente".

   "Deberíamos plantear un criterio para el Gobierno y todas las comunidades autónomas", ha dicho el nacionalista catalán, recomendando asimismo que en Bruselas se elabore un directiva "más precisa" sobre el 'fracking' con el objetivo de "evitar normativas dispares" entre los estados miembro.

   El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha criticado una técnica "sucia y peligrosa" que sirve para producir un combustible muy contaminante, mientras que Teresa Jordá (ERC) ha recordado que los productos químicos que se usan en el 'fracking' son "cancerígenos", contaminan el suelo, el agua y el aire; y suponen exponer a las personas que viven en el entorno de las explotaciones al riesgo de contaminación.

   Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, también ha recordado que la población está "reclamando" un nuevo modelo energético basado en la renovables, frente al "modelo FAES" del Gobierno, un modelo "de dinero sea del color que sea y sustentado en los oligopolios".

 "Es usted 'uno de los nuestros'", ha dicho, imitando la voz de 'El Padrino' y acusando así al ministro de Industria, José Manuel Soria, de actuar en connivencia con el poder. "Aplique el principio de cautela y de precaución, sino puede que luego sea demasiado tarde", ha zanjado.

Verdad, justicia y reparación / Fernando Martínez *

La noticia del  veto del Parlamento Europeo a la exposición  Exhumando fosas, recuperando dignidad causa perplejidad e indignación.  La exposición, impulsada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi,  recoge el trabajo realizado desde el año 2000 sobre la exhumación de las fosas comunes de la guerra civil española. Las razones esgrimidas por el irlandés Jim Higgins, diputado del Partido Popular Europeo, miembro de la mesa del Parlamento y encargado de las autorizaciones pertinentes, — al que la prensa confunde erróneamente con Joe Higgins,  antiguo diputado europeo del partido socialista irlandés (2009-2011)  – se fundamentan en que las imágenes eran impactantes y que podrían generar controversia política. He ahí la perplejidad y la indignación.

No se puede entender que el Parlamento Europeo, cuyas salas han acogido exposiciones del Holocausto o de las víctimas del terrorismo con imágenes sin duda impactantes, impida ahora que  se vea  en sus  instalaciones 40 paneles de las excavaciones de fosas comunes del franquismo.  En la mayor parte del mundo, todos aquellos y aquellas que lucharon contra el fascismo gozan del respeto y el cariño  de sus conciudadanos  y ocupan un lugar honorable en la  conciencia colectiva de sus pueblos. Por ello causa perplejidad que  el censor de la exposición desconozca  que entre las razones últimas  de la construcción de la Unión Europea está el intento de asentar una memoria colectiva que evite las tragedias europeas de la  primera mitad del siglo XX . Nadie puede olvidar que en el corazón de esa memoria desempeñan un papel fundamental la lucha por la libertad y la democracia y el propio Holocausto. 

Lo que realmente resulta impactante en estos momentos es la existencia de fosas comunes en la Europa democrática y comunitaria. Las víctimas del franquismo, alojadas durante decenios en las fosas del olvido,  son parte de esa memoria europea,  lucharon contra la barbarie,  en defensa de la libertad y la igualdad,  y como tales merecen la verdad, justicia y reparación que se les negó durante la dictadura franquista. Exposiciones como la de la ARMH son importantes para asentar esa memoria colectiva en Europa. Mucho más cuando el propio Consejo de Europa ha impulsado programas y acciones  para recuperar la memoria histórica. Por tanto, la verdad de las víctimas del franquismo debe asomarse al Parlamento de Bruselas. No hacerlo sería discriminarlas. Sería continuar con el silencio y el olvido con el que la derecha ha tratado de ocultar la barbarie de esa etapa de nuestra historia.

Causa indignación que el Sr. Higgins alegue a estas alturas que la exposición podría generar controversia política. ¿Entre quien? No creo que sea entre la derecha democrática de allende los Pirineos que sabe muy bien lo que fue el fascismo. ¿Acaso se refiere a la derecha española? Sería realmente lamentable. Para cerrar la página de la guerra civil española es preciso conocerla en su totalidad y hacer justicia  a quienes aún quedan sin reparación. Es evidente que presentar las imágenes de la exhumación de las fosas del franquismo genera un debate contra el olvido, pero un debate que la Europa democrática debe conocer para que desde las instituciones europeas se exija al gobierno y al estado  español que de una vez por todas se proceda  a levantar los cadáveres existentes en las fosas y se les otorgue digna sepultura. 

La democracia española no se puede asentar definitivamente mientras existan cadáveres de antifascistas  enterrados en cunetas y fosas comunes. No puede el Parlamento Europeo mirar para otro lado y censurar exposiciones que pretenden hacer cumplir los derechos humanos. Los alegatos del Sr. Higgins, representante de la derecha europea,  me recuerdan aquella política nefasta de No intervención en los asuntos de España que practicaron los países europeos respecto a la guerra civil española. Aquel dejar hacer al fascismo contribuyó a la pérdida de la democracia en España y a la tragedia de la II Guerra Mundial.

Ya va siendo hora de que nuestros parlamentarios planteen en el Parlamento Europeo el reconocimiento de las víctimas del franquismo y la dictadura a través  del establecimiento de un día  conmemorativo en el que las instituciones europeas les rindan recuerdo y homenaje junto a todos aquellos que lucharon por la libertad, la democracia y la justicia social.

(*) Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y patrono de la Fundación Alfonso Perales

http://www.fundacionalfonsoperales.com/grina/ 

La PAH y 15M "intensificarán" la campaña de "recuperación de pisos vacíos" para desahuciados

MADRID.- La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y el movimiento 15M han avisado este miércoles de que a partir de ahora "intensificarán" la campaña de "recuperación de pisos vacíos" que están en manos tanto de entidades financieras como de administraciones públicas para alojar a las víctimas de desahucios, y también ha advertido de que señalará "públicamente" a los diputados que voten contra la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago o a quienes traten de "rebajar" sus peticiones.

   En una rueda de prensa celebrada frente al Congreso de los Diputados, Lola Fernández, de la PAH, ha explicado que los ciudadanos "no se contentarán" con las medidas del proyecto de ley del Gobierno ni "mucho menos" admitirán el "truco" de bautizar la norma como la ILP para pretender que se han aceptado sus reclamaciones. "Para la ciudadanía sería simplemente un insulto y un menosprecio", ha asegurado.

   Por eso, ha instado a todas las formaciones políticas a "apoyar" las tres "peticiones de mínimos" que incluye la iniciativa: dación en pago retroactiva, paralización inmediata de todos los desahucios y creación de un parque de vivienda pública en alquiler social con los pisos vacíos. Además, exigen que se tramite el texto de forma "urgente".

   "Si no lo hacen, o si cambian el contenido, les señalaremos como responsables del genocidio financiero y tendrán que aceptar las consecuencias. No nos pararemos aquí. Frente al sinsentido de la banca, que acumula viviendas vacías mientras desahucian a familias, intensificaremos nuestra campaña de recuperación de pisos vacíos de las entidades financieras y de las administraciones", ha añadido.

   En la rueda de prensa también ha estado presente Olga Velosa, una afectada por las ejecuciones hipotecarias que ha subrayado que la ciudadanía ha "agotado" con la ILP "todas las vías democráticas" existentes para cambiar "una ley injusta". 

"El éxito de este gesto defenderá par siempre la credibilidad de este sistema enfermo", ha añadido.

   Por su parte, Violeta Fernández, de la Asamblea de Vivienda de Madrid, ha hecho un llamamiento a todos los españoles para que "señalen pública y pacíficamente a los diputados y los responsables políticos de la tragedia de los desahucios" y de los suicidios que han causado y que, a su juicio, son "en realidad asesinatos". Además, ha recomendado al resto de colectivos que sufren otras "injusticias" a adoptar una táctica de presión en la calle similar a la de la PAH.

   En este sentido, ha destacado que esta presión a los diputados ya se ha venido realizando en los últimos días "de forma virtual" a través de correos electrónicos y de las redes sociales, pero ahora "en función de la tramitación de la ILP" y si "no se aprueba en sus términos" se comenzará este "señalamiento público y presencial".

   "No pueden ir en contra de la ciudadanía. No negociaremos nuestras peticiones porque son de mínimos minimísimos ante incumplimientos de los Derechos Humanos. Y ya es triste que en un país europeo en pleno siglo XXI tengamos que defender los derechos humanos", ha añadido.

   Por otra parte, la portavoz de la PAH ha lamentado la detención, este martes, de uno de los promotores de la iniciativa popular que siguió el debate desde la tribuna de invitados del Congreso, una actitud que pone de manifiesto el "declive del funcionamiento democrático" pero que tampoco es habitual.

   Finalmente, las tres han llamado a todos los españoles ha participar este sábado 16 de febrero en las manifestaciones que hay convocadas en 43 ciudades --en Madrid partirá a las 18.00 horas de la plaza de Colón-- "contra el genocidio financiero" y a favor de la ILP y de la dación en pago. "La situación es urgente, no podemos esperar más. Salgamos todos en masa a exigir una vivienda digna", han concluido.

Miles de agentes antidisturbios de la policía egipcia se ponen en huelga

EL CAIRO.- Miles de agentes antidisturbios y reclutas de la Policía han secundado este miércoles una huelga para exigir la dimisión del ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, por considerar que sólo sirve a los intereses del Gobierno islamista, según han informado fuentes de los servicios de seguridad egipcios.

   La jornada de paro ha tenido lugar después de que las fuerzas de seguridad hayan mantenido diversos enfrentamientos con los manifestantes que protestan contra el Gobierno en la capital y en varias ciudades en los últimos días. Al menos 59 personas murieron en los enfrentamientos registrados entre el 25 de enero, el día del segundo aniversario de la revuelta que acabó con el régimen que presidía Hosni Mubarak, y el 4 de febrero.

   Los huelguistas, en su mayoría reclutas aunque liderados por mandos policiales, han argumentado que el ministro del Interior "está al servicio del presidente islamista y que debe dimitir, según ha explicado un general que forma parte de la Dirección de Seguridad de El Cairo y que ha pedido no ser identificado.

   Otro mando policial ha explicado que Ibrahim, que también es un general, es demasiado cercano al presidente del país, Mohamed Mursi. Los manifestantes también están molestos por el hecho de que el titular de Interior haya dirigido la fuerza de seguridad encargada de proteger la sede de Hermanos Musulmanes, el movimiento islamista que apoya al Gobierno.

   El Ministerio del Interior ha confirmado que algunos mandos policiales y militares están en huelga y que ha transmitido a los mandos que está dispuesto a escuchar sus demandas. El Ministerio ha asegurado que el motivo de la huelga es que los agentes antidisturbios creen erróneamente que el Gobierno planea prohibir las manifestaciones, lo que dejaría enfrentados a los agentes con los manifestantes.

   El diario opositor 'Al Masry al Youm' ha publicado algunas de las imágenes de las manifestaciones de policías en su portada. El rotativo ha asegurado que los mandos policiales están protestando por la "hermanización" del Ministerio del Interior y reclaman cambios legales y un suplemento por el riesgo que afrontan al controlar las protestas.

   Un oficial de la Policía, que ha pedido mantener su identidad bajo el anonimato, ha subrayado que el ministro del Interior "no es neutral" y ha dado órdenes a la Policía "para proteger la sede de Hermanos Musulmanes", el movimiento islamista del que procede el presidente Mursi. "No trabajar para representar los intereses de su personal", ha subrayado.

   Los agentes antidisturbios de la Policía consideran que se les está metiendo en política al obligarles a enfrentarse a los manifestantes en las masivas manifestaciones de los últimos días. "Esto termina generando odio entre el Ministerio y la gente", ha afirmado el mando policial.

   La huelga ha tenido seguimiento también en los cuarteles de seguridad de las provincias de Daqahliya, Gharbiya, Sharqiya, Menya y Damietta, según fuentes de los servicios de seguridad.

   El Ministerio del Interior ha estado en el centro de las manifestaciones en la capital egipcia, en las que los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se han quejado por considerar que el presidente del país no ha hecho nada por reformar las fuerzas de seguridad desde que Hosni Mubarak abandonó el poder el 11 de febrero de 2011.

   Según grupos de defensa de los Derechos Humanos y activistas, la Policía y los responsables de seguridad estuvieron implicados en las torturas a detenidos durante el mandato de Mubarak.

   La reforma de la Policía y de las fuerzas de seguridad fue una de las principales demandas de la revolución que acabó con el anterior régimen. Desde entonces, ningún mando policial ha sido condenado por la muerte de unos 850 manifestantes por la represión de la revuelta contra Mubarak.

   Tanto el general como el comandante de la Policía han coincidido en que el anterior ministro del Interior, el general Ahmed Gamal, debería volver a hacerse cargo de la cartera porque es más neutral que su sucesor en el cargo.

   El pasado martes, cientos de agentes de Policía se manifestaron frente a la Dirección de Seguridad de la ciudad portuaria de Alejandría, en su mayoría vestidos de civiles, y exigieron la renuncia de Ibrahim. "El pueblo pide la reforma del Ministerio del Interior", proclamaron. "Dimite, dimite, Ibrahim", corearon.

   Un vídeo grabado y difundido por Internet el pasado mes de enero muestra la agresión de varios policías a un manifestante desnudo durante una protesta frente al palacio presidencial de Heliópolis en El Cairo.

El Gobierno egipcio aprueba un borrador para "devolver la paz" a las manifestaciones

EL CAIRO.- El Gobierno egipcio ha aprobado un borrador de ley para tratar de "devolver la paz" a las manifestaciones y que, pese a las críticas llegadas desde la oposición, será remitida para su debate y aprobación al Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Parlamento.

   El ministro de Justicia, Ahmed Mekky, ha defendido que este proyecto "ha sido redactado para devolver la paz a las protestas", después de semanas de intensos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad coincidiendo con el segundo aniversario de la revuelta que derrocó a Hosni Mubarak. Casi 60 personas han muerto durante estos choques.

   Mekky ha defendido que, con este tipo de iniciativas, el Gobierno pretende preservar "uno de los mayores derechos" con los que cuenta actualmente Egipto. En este sentido, ha indicado que se protegerá a quienes se manifiestan de forma pacífica.

   Si finalmente sale adelante el texto aprobado por el Gobierno, los convocantes de una concentración deberán notificarla a las autoridades con tres días de adelanto. Además, la Policía podrá cambiar sobre la marcha el recorrido de una manifestación si lo considera conveniente.

   El proyecto de ley abre la puerta a que las autoridades recurran ante los tribunales la celebración de una manifestación y prohíbe expresamente que los asistentes a las protestas bloqueen carreteras y oculten su rostro. Tampoco podrán portar pancartas o cantar lemas que contengan insultos, inciten al odio u ofendan a las instituciones del Estado.

   Al contrario de lo que opina el Ejecutivo, el responsable de Human Rights Watch (HRW), Heba Morayef, ve en esta nueva ley un intento por incrementar unas "restricciones" que "ya son suficientemente malas". Según el nuevo texto, "si un manifestante comete un delito, la Policía tiene el derecho de dispersar toda la protesta", ha explicado Morayef.

   HRW también ha reprochado que se pretenda prohibir por ley las manifestaciones a menos de 200 metros de edificios oficiales, embajadas, tribunales, lugares de culto religioso, comisarías y zonas militares.

El Congreso tramitará de urgencia la iniciativa popular sobre desahucios

MADRID.- La iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago que este martes fue admitida a trámite con la unanimidad del Pleno del Congreso se tramitará de forma urgente en la Comisión de Economía y de manera conjunta con el proyecto de ley Antidesahucios que ya se estaba debatiendo en la Cámara Baja.

Fuentes parlamentarias han explicado que los detalles de este acuerdo entre los grupos se fijarán en la Mesa del Congreso cuando se analice un informe de los servicios jurídicos sobre cómo abordar esta tramitación conjunta. Las posibilidades que se manejan pasan por fusionar el texto de la iniciativa con el del proyecto de ley y, posteriormente, abrir un nuevo pero “breve” periodo para presentar enmiendas parciales; o realizar todo el procedimiento por separado y, al final, conjugar ambos textos.

Mientras se dirime esta cuestión “jurídica, que no política”, se ha decidido suspender la reunión de la Ponencia del proyecto de ley del Gobierno, que estaba prevista para este jueves, aunque el Grupo Popular no quiere que la tramitación del proyecto se demore para que las medidas que recoge puedan entrar en vigor cuanto antes.

No en balde, los grupos parlamentarios ya presentaron a finales de la semana pasada las enmiendas parciales al proyecto de ley, algunas de las cuales recogían las peticiones de la ILP –dación en pago retroactiva, paralización inmediata de los desahucios y creación de un parque de viviendas en alquiler social–, por lo que se considera que no hacen falta plazos amplios dado que ya se ha trabajado mucho sobre este tema, con “avances” incluso en las negociaciones sobre las enmiendas.

La propia portavoz del PSOE en materia de Vivienda, Leire Iglesias, se ofreció de hecho durante el debate de la ILP a tener todo preparado en apenas “doce horas” desde la admisión a trámite, por lo que una vez que los servicios jurídicos aclaren la fórmula que se puede utilizar podría ser cuestión de apenas una semana. Sobre todo porque la Comisión de Economía goza de competencia legislativa plena en este asunto, por lo que la Ley no volverá a ser debatida en el Plenario.

Además, el PP y el PSOE han acordado también tramitar por la vía de urgencia, no sólo el proyecto del Gobierno, que ya iba rápido por proceder de un decreto ley, sino también el texto final que se consensúe, por lo que los plazos previstos se reducen a la mitad.

Arturo Fernádez opta por la huída de CEIM y CEOE

MADRID.- La Junta Directiva de la patronal madrileña CEIM ha dado su respaldo, en su reunión mensual celebrada este miércoles, al presidente de la organización, Arturo Fernández, quien, al igual que ha hecho horas antes ante la Junta Directiva de la CEOE, donde ostenta el cargo de vicepresidente primero, ha anunciado a sus miembros su decisión de tomarse "un periodo de reflexión".

   Según ha informado CEIM a través de un comunicado difundido al término de la reunión, el periodo de reflexión de Arturo Fernández es "sobre su continuidad en los puestos de representación empresarial que ostenta, ante las supuestas irregularidades que se le atribuyen durante los últimos días a su grupo empresarial", y "no significa dimisión".

   Asimismo, el escrito señala que la Junta Directiva "quiere manifestar su apoyo unánime al presidente", y que los miembros de este órgano que han intervenido sobre lo acontecido, en relación con los supuestos pagos en negro, han manifestado su apoyo a Arturo Fernández, a quien "se le ha solicitado que siga al frente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE".

   "Nadie le ha pedido que dimita, sino que continúe al frente de sus cargos", han indicado en ese sentido fuentes de CEIM.

   Por otro lado, el presidente de la Federación Independiente de Pymes y comercios del Noroeste (FIPC), Juan Ruiz Romero, ha declarado al abandonar la reunión que se ha "animado" a Arturo Fernández a "que reflexione tranquilamente".

   Asimismo, ha considerado que, "por encima de todo", el presidente del Grupo Cantoblanco debe defender "los intereses familiares y de empresa", y demostrar su inocencia. "Para mi lo es (inocente) hasta que se demuestre lo contrario", ha apostillado.

   A su juicio, Arturo Fernández  se encuentra "desmoralizado", y ha revelado que les ha trasladado su "inquietud". 

"No está tranquilo anímicamente, (pero) no porque se considere culpable de nada", ha agregado.

   Previamente, a la entrada de la reunión, Arturo Fernández no ha querido precisar cuánto tiempo se va a tomar para reflexionar. Preguntado sobre si durante ese periodo de reflexión se va a plantear su dimisión, ha respondido que "la reflexión es sobre la vida misma".
El vicepresidente de CEOE y presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha tomado la palabra en la Junta Directiva de la patronal de este miércoles para anunciar que se tomará un tiempo de "reflexión" antes de tomar la decisión que estime "oportuna" respecto a su situación en el seno de las organizaciones empresariales, tras el escándalo de los supuestos pagos en 'negro' a sus empleados.
   Así lo han confirmado diversas fuentes presentes en la Junta, en la que todo apuntaba a que saliera a relucir esta cuestión, pese a que no figuraba en el orden del día.
   Las mismas fuentes han señalado que Fernández ha saludado a los integrantes de la Junta antes de iniciarse la reunión, pese a que no es una práctica habitual, y que poco después ha tomado la palabra por un breve espacio de tiempo.
   Así, después de que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, pusiera sobre la mesa la polémica que desde hace días arrecia sobre el presidente de la patronal madrileña, e incluso aludiera a que no hay previsto en los Estatutos de la Confederación ninguna sanción prevista para este tipo de casos, Fernández ha mostrado su decisión de tomar una decisión al respecto.
   En este punto, ha dicho que se tomará un tiempo para "reflexionar" antes de tomar la decisión más "oportuna" para la Confederación y sus empresas, ante lo que algunos de los miembros de la Junta le han dado muestras de apoyo, siempre según las mismas fuentes.
   Además, ha informado de que ya ha pedido una inspección al Ministerio de Empleo para aclarar si ha habido pagos en 'negro' en el seno del Grupo Arturo Cantoblanco, y de que ya ha puesto a disposición de la Fiscalía de Madrid la documentación correspondiente de su grupo empresarial.
   Por otro lado, otras fuentes empresariales indicaron que Fernández asistió anoche a una cena privada con otros vicepresidentes de la CEOE en la que procedió a dar explicaciones sobre el asunto.
   Esta tarde, a las 17.00 horas, el empresario madrileño asistió también a la Junta Directiva de CEIM, que preside desde el año 2007, cuando tomó el relevo a Gerardo Díaz-Ferrán.
   La polémica saltó hace unos días a la primera plana informativa, después de que la cadena SER difundiera a partir de varios testimonios de los trabajadores de Fernández, que éste viene pagando parte de las nóminas en 'negro', algo que fue desmentido por él mismo.
   El dirigente empresarial anunció entonces que estudiaba acciones judiciales y se remitió a la Inspección de Trabajo para que investigara la existencia o no de irregularidades. que paga una parte del sueldo de los trabajadores de sus empresas en dinero negro.
   El presidente de los empresarios madrileños afirmó estar "sorprendido y muy preocupado" y anunció una auditoria interna en la empresa para analizar las "posibles irregularidades en convenios y en las formas del pago de las nóminas o de las pagas extraordinarias".

Periodo de reflexión "no es una dimisión"

El presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, ha señalado que "reflexión no es dimisión", tras haber "pedido un periodo de reflexión" a los órganos directivos de la patronal española, y ha aclarado que su reflexión será "sobre la vida misma".
   En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a una reunión de la Junta Directiva de CEIM, Fernández ha indicado que su decisión, después de que la Fiscalía de Madrid haya abierto una investigación al hilo de las denuncias de trabajadores del grupo de Fernández por haber recibido supuestamente pagos en negro, ha sido pedir un periodo de reflexión a sus "compañeros" de la CEOE. "Por supuesto, eso no es una dimisión sino un periodo de reflexión", ha apostillado.
   Preguntado sobre si durante ese periodo de reflexión se va a plantear su dimisión, ha respondido simplemente que "la reflexión es sobre la vida misma".
   Asimismo, Fernández ha agradecido el apoyo que ha tenido tanto por parte del presidente de la CEOE, Juan Rosell, como de sus vicepresidentes, al tiempo que ha indicado que este martes recibió el apoyo de los vicepresidentes de CEIM y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Madrid, de la que también es presidente.
   Preguntado por el hecho de que la patronal vasca (Confebask) haya pedido su dimisión como vicepresidente de la CEOE, ha reconocido que le han pedido "un paso atrás"; "con muchísima discreción", ha valorado. "Agradezco su opinión", ha agregado.

El Congreso aprueba admitir a trámite la iniciativa popular que pide la dación en pago en España

MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad admitir a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la dación en pago retroactiva, la paralización de todos los desahucios y la creación de un parque de vivienda en alquiler social con los pisos vacíos que están en manos de los bancos.

   La propuesta ha llegado al Congreso acompañada de casi un millón y medio de firmas, y ya había recibido el respaldo explícito de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, que hasta esta misma mañana seguía insistiendo en que votaría en contra porque ya se está tramitando un proyecto de ley para luchar contra el problema de los desahucios.

   Sin embargo, poco antes de que concluyera el debate y por sorpresa, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, ha anunciado a los medios que votarían 'sí' a la admisión a trámite de la iniciativa, que previsiblemente se tramitará de forma conjunta con el proyecto de ley para no retrasar la entrada en vigor de las medidas que están previstas.

   De hecho, este mismo lunes los grupos parlamentarios ya habían decidido posponer hasta el jueves la Ponencia del proyecto de ley, un trámite en el que generalmente se incluyen las enmiendas del grupo mayoritario y las que se pacten con los partidos de la oposición, dejando el resto para la sesión de Dictamen de la Comisión de Economía, que ahora se celebrará la semana próxima.

   Los 'populares' pretendían así alcanzar acuerdos sobre los pormenores del texto con la oposición. Ahora deberá estudiarse cómo se acompasan los plazos de presentación de enmiendas y debate de la ILP para que ambas iniciativas vean la luz conjuntamente.

   Fuera del Congreso, más de un centenar de personas han mostrado su respaldo a la iniciativa popular durante toda la tarde, con gritos de 'Sí se puede' que también han coreado algunos de los promotores que han seguido el debate desde la tribuna de invitados. De hecho, esos gritos han provocado su expulsión del Hemiciclo y la detención de uno de los jóvenes, que habría proferido insultos.

El PSOE denuncia la "brutalidad" de Rajoy contra el mundo rural

JAÉN.- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha asegurado que "nunca un Gobierno de España había sido tan brutal en contra del mundo rural como el de Mariano Rajoy", tal y como, a su juicio, se pone de manifiesto con la reforma que plantea en la Administración local.

   Así lo ha señalado en rueda de prensa en Jaén, donde ha insistido en que su partido "no va a estar en ninguna reforma que suponga cerrar pueblos y privatizar servicios públicos", punto en el que ha considerado que "ya está bien de atacar a pequeños municipios y al mundo rural" con la demagogia del supuesto gasto que generan sus ayuntamientos, cuando realmente los principales responsables del déficit local se encuentran en los ayuntamientos de mayor tamaño.

   En su opinión, el PP tiene "un lío interno colosal" con este proyecto de ley que, además, "es como el baile de la yenka" con "un pasito para adelante y dos para atrás". 

"Parece que va a los Consejos (de Ministros), luego se retira, vuelve, no vuelve, que lo explique el Gobierno", ha comentado para afirmar que en todo caso no estarán en la reforma actual y que esperarán a conocer "los contenidos en profundidad" para ver qué "más pasos" puede dar en alusión a una posible recurso al Tribunal Constitucional.

   Junto a ello, López se ha referido al algo más del primer año del Ejecutivo de Rajoy y ha recordado que llegó al Gobierno diciendo que bajaría el paro y, sin embargo, "hoy hay un millón de afiliados menos a la Seguridad Social, entre otras cosas por una reforma laboral que ha provocado más despidos y que haya más parados con menos derechos". También dijo que metería la tijera a todo menos a la sanidad, la educación y las políticas sociales, y, en cambio, "no ha parado de meter la tijera y de dar hachazos al Estado del Bienestar", incluyendo un "cambio en el modelo sanitario" que abre las puertas a la privatización.

   "Es cierto que el Gobierno del PP heredó una crisis económica, pero ahora esa crisis está peor y además hay una crisis política, social y territorial", ha criticado. Frente a esto, hay alternativa y ha puesto como ejemplo Andalucía, donde el Gobierno de José Antonio Griñán está defendiendo la sanidad pública, aunque le ha costado la denuncia del Gobierno de España en asuntos como la subasta de medicamentos.

   Igualmente, se ha referido a la petición del PSOE para que el Gobierno de España convierta en permanente la ayuda de 400 euros a parados sin prestaciones hasta que el paro baje del 15 por ciento. En materia de empleo, ha destacado las propuestas de Alfredo Pérez Rubalcaba, que son "sencillas, concretas, factibles y realistas", punto en el que ha afirmado que "no puede ser que haya 60.000 millones de euros para los bancos y que no haya 20.000 para un plan de empleo".

   El responsable federal del PSOE también ha aludido al proceso profundo de renovación que ha iniciado el PSOE para "diseñar la España del siglo XXI" con el objetivo de seguir haciendo "grandes reformas", toda vez que las anteriores también llevaba la marca de Gobiernos socialistas.

   Por eso, se ha puesto en marcha un proceso que durará ocho meses y que contará con la celebración de asambleas, la participación de ciudadanos y el uso de nuevas tecnologías con el objetivo de lograr "la mayor discusión que haya montado nunca un partido político para abordar el futuro de España". En ese debate, se abordarán reformas políticas, económicas, de justicia, fiscales e incluso de la Constitución "para blindar el Estado del Bienestar y que a ningún Gobierno se le pueda ocurrir privatizar la sanidad".

Montoro admite que el PP tiene un problema derivado del 'caso Bárcenas'

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha admitido que el Partido Popular tiene un problema derivado del 'caso Bárcenas', aunque cree que se está acotando gracias a la intervención de las instituciones, como la Justicia.

   "En el PP tenemos un problema y seguimos teniéndolo. Claro que lo tenemos", ha señalado Montoro en unas jornadas organizadas por 'The Economist', donde ha resaltado la necesidad de reforzar el papel de las instituciones y seguir saneando la política "en términos de cómo se financia".

   De hecho, Montoro ha resaltado la necesidad de fortalecer y potenciar las instituciones que ya "funcionan", ya que la Justicia "está funcionando" y la Agencia Tributaria se ha puesto a su servicio.

   En concreto, ha apostado por mejorar las claves de la lucha contra la corrupción y el mal uso de la política. "Hay que insistir en ello", ha dicho, tras aseverar que en una formación política "se puede y se debe estar con honestidad".

    A su parecer, todo esto es "realmente terrible" para la imagen de un país y es necesario dejar claro que se puede hacer política desde la honestidad y la integridad personal, aunque haya gente que recurra a la política con otros fines, tanto en España como en otros sitios. "A ver si va a resultar que estos fenómenos son únicos (de España)", ha dicho el ministro.

   A pesar de los problemas políticos, el titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la importancia de afrontar el verdadero problema del país, que es salir de la crisis con políticas que mejoren la cohesión entre los ciudadanos.

Cospedal pide no "echar por tierra" la democracia representativa en España

MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este martes que en los "momentos difíciles" hace falta la "política con mayúsculas" y ha pedido "no echar por tierra" la democracia representativa que hay en España, ya que, según ha dicho, eso puede derivar en "sistemas populistas" que pueden ser "muy peligrosos" a largo plazo. A su entender, cuando desaparece la política solo hay dos posibilidades: el "populismo" o "los generales".

   Así se ha pronunciado Cospedal durante su participación en la mesa redonda 'Pensando en el más allá. ¿Qué le espera a la España del futuro?' que ha organizado el semanario 'The Economist', en la que ha compartido mesa con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz; Diego del Alcazar, del IE Business School; y Ángel Pascual-Ramsey, de ESADE.

   Esta misma mañana el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, también ha intervenido en estas jornadas y ha lanzando un mensaje similar, ya que ha defendido el sistema actual que, con sus ventajas e inconvenientes, permite no contar con "partidos estrafalarios" como ocurre en otros países.

   La 'número dos' del PP ha afirmado rotunda que en este momento los políticos tienen "una gran responsabilidad" y ha añadido que si empiezan a "mirar sin cristales de colores lo que hay que hacer en España", con la "ayuda de los ciudadanos", se le puede "poner solución de verdad".

 "Cuando la política desaparece, que es trabajar por lo que es de todos, solo hay dos posibilidades: o aparece el populismo o aparecen los generales, con todo el cariño", ha advertido.

   Abundando en este argumento, ha insistido en que España está "atravesando momentos muy complicados" y no es "momento de echar más gasolina" sino de "afrontar la situación". En este sentido, ha lamentado que en este momento "tirar" contra el político sea "un deporte muy entretenido para muchos". 

"En vez del tiro al pichón está muy de moda el tiro al político", ha lamentado.

   Dicho esto, ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está haciendo "cosas para que se mueva la situación" y ha avisado de que "caer en el éxtasis depresivo es un disparate" porque en ese caso no se sale "nunca" de la depresión. "Hay que salir porque hay muchas cosas que se pueden hacer y ése es el papel de la política --ha enfatizado--. En los momentos políticos difíciles como decía Ciceron es cuando se ve el quilate de los gobernantes".

   Cospedal ha presumido de la estabilidad política con la que cuenta el Ejecutivo del PP para sacar adelante el país.  "Como demos al traste y nos carguemos lo que nos ha costado tanto construir, vamos a tener un problema", ha enfatizado, para poner a Italia como ejemplo de lo que puede ocurrir, donde hay un "gobernante que no ha votado el pueblo".

   Cospedal ha asegurado que en este momento político de "zozobra" haya "muchas personas" que hablan de "cambio" de la Constitución y del modelo de Estado. "De esto se está hablando mucho últimamente y tampoco arregla nada", ha manifestado, en alusión a la deriva soberanista abierta por el gobierno de Artur Mas.

   Igualmente, ha añadido que tampoco cambia nada que las comunidades devuelvan competencias si  no las devuelvan saneadas porque en ese caso, ha proseguido, se multiplica al Estado el problema por 17.  En este escenario, ha explicado que lo que hay que hacer es una "concienciación absoluta" de todos los gobiernos y de la ciudadanía de que hay que tener un país que sea capaz de "sostenerse a sí mismo".  

   En este punto, ha reiterado que los políticos pueden hacer "muchas cosas", en especial los que están gobernando. "Seríamos capaces de hacer muchas más si fuéramos capaces de tener grandes pactos de Estado acerca de lo que tiene que ser nuestro país y yo creo que eso es lo que en este momentos nos hace falta", ha indicado.

   Así, ha reivindicado los pactos de Estado con el primer partido de la oposición en materias como la reforma de las administraciones públicas, la reforma del Poder Judicial o la educación, sacando así estos temas de la "confrontación política". A su entender, la situación actual no pasa por llevar a cabo una revisión constitucional sino por "un pacto entre los dos grandes partidos que pueden gobernar España".

El Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas tasas judiciales en España

MADRID.- El Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, según ha adelantado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el Congreso, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con la que ha tenido ocasión de reunirse este martes.

   "El Gobierno asume las recomendaciones del Defensor del Pueblo y articularemos los procedimientos legales adecuados para introducir esas recomendaciones en la legislación", ha asegurado el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha indicado que intentará que la Ley de Justicia Gratuita entre en vigor "lo antes posible".

   La Defensora del Pueblo, que tiene de plazo hasta el próximo día 21 para decidir si recurre ante el Constitucional la Ley de Tasas, ha hecho entrega al ministro de un escrito en el que le recomienda una "modificación sustancial" del sistema de tasas judiciales.

   En el texto recomienda reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa; modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.

   Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.

   Por último, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.

   Según ha dicho Gallardón, el Gobierno asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo al entender que "son sensatas, están muy bien fundamentadas y consolidan el principio que es el que recoge la Ley de tasas, de un sistema mixto de financiación plenamente constitucional y que no sean sólo los contribuyentes con cargo a sus impuesto, sino también una parte de los litigantes los que financien la Justicia".

   "El Gobierno va a establecer modulaciones a la baja en las tasas por recomendación del Defensor del Pueblo para supuestos concretos y en situaciones muy determinadas se nos ha pedido alguna reconsideración que el Gobierno está dispuesto a incorporar", ha indicado.

   Entre las que podrían suprimirse figuran las tasas judiciales en casos de procedimientos de ejecución hipotecaria de vivienda habitual. También podrían adelantarse algunas medidas que se han remitido a la futura Ley de Justicia Gratuita, cuya tramitación no se calcula hasta después del verano.

   A su juicio, la Defensora del Pueblo "ha visto más cosas" y "mejor" de lo que el Ministerio estimó en un primer momento, y en todo caso sus propuestas solicitan modulaciones a la baja en las cuantías e introducen matices con respecto a la segunda instancia, pero en ningún caso modifican sustancialmente el proyecto del Gobierno si no que "lo enriquecen".

   En este sentido, Gallardón ha remarcado que se mantiene el criterio de que el coste de la actividad judicial no debe ser con cargo a los contribuyentes sino que los litigantes deben participar en el mismo mediante el sistema de tasas.

   El ministro ha asegurado que Justicia ya tenía intención de someter la ley de tasas con vistas a los presupuestos de 2014, pero ha aceptado hacerlo ahora, en el plazo más breve posible, con idea de que esté en vigor en septiembre. El Ministerio espera tener un primer análisis sobre tasas concretas este misma semana, el jueves o el viernes, y podría recoger los cambios en un decreto ley.

   "Estamos trabajando directamente en el Ministerio y que las propuestas relacionadas con la modulación de la cuantía de algunas de las tasas, en relación con su aplicación en el orden jurisdiccional social y algo muy importante, la constatación de que la ley de justicia gratuita es un elemento complementario", ha dicho.

   En cuanto a la preocupación sobre la tramitación parlamentaria de la Ley de Justicia Gratuita, un texto que considera "extraordinariamente beneficioso", se estudiará la fórmula para que algunos de sus aspectos anticipen su entrada en vigor.

Plataforma hipotecas celebra la "victoria" ciudadana y pide respeto a la ILP

MADRID.- La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, ha celebrado hoy la "victoria de la ciudadanía" con la tramitación de la iniciativa legislativa popular contra los desahucios, si bien ha advertido que ésta es sólo una "batalla" y ha pedido que el Congreso respete el espíritu de la ILP.

Colau y otros miembros de la plataforma han salido del Congreso tras permanecer un tiempo retenidos tras ser desalojados del pleno de la Cámara por proferir insultos a los diputados.

La presidenta de la plataforma ha explicado que la policía les ha tomado los datos pero espera que haya sido sólo una "formalidad", y ha confirmado que uno de sus compañeros había sido detenido aunque esperan que salga en libertad.

Colau ha señalado que, la movilización ciudadana ha demostrado "una vez más que sí se puede" y cuando parecía que se iba a "bloquear la democracia en el Congreso", finalmente "la presión ciudadana ha conseguido que la mayoría absoluta del PP rectificara".

Ha señalado que los miembros de la plataforma están "realmente satisfechos", si bien ha advertido de que "esto es sólo una batalla" y lo importante ahora es que en su tramitación la iniciativa "no se pervierta".

Por eso ha insistido en que seguirán exigiendo las tres medidas "de mínimos" que reclaman: la dación en pago retroactiva, la moratoria para todos los desahucios de vivienda habitual y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de las entidades financieras.

Tras recordar que hoy se han producido otros dos suicidios consecuencia de un desahucio, Colau ha insistido en que no se puede esperar más y es urgente que se tomen estas medidas.

La Policía ha desalojado la concentración de simpatizantes con esta iniciativa que estaba frente a las puertas del Congreso desde primera hora de la tarde, y los manifestantes han sido desplazados hasta la plaza de Neptuno.

Antes, al salir de la Cámara Baja, Colau y los otros miembros de la plataforma que han estado en el pleno han intentado unirse a dicha concentración frente al Congreso, pero la Policía les ha impedido el acceso a la Carrera de San Jerónimo.

Los participantes en la concentración permanecen en Neptuno, tras un cordón policial que impide el acceso a la Carrera de San Jerónimo.

Draghi dice que los bancos españoles están en condiciones de dar crédito

MADRID.- El presidente del BCE, Mario Draghi, ha afirmado que los bancos españoles están capitalizados "de forma adecuada" y están en la actualidad "en condiciones de dar crédito", si bien ha indicado que si aún no prestan en mayores cantidades, se debe a que tienen que hacer frente al "riesgo" de que los deudores no devuelvan el dinero, dada la situación de crisis de la economía española.

   Así lo ha asegurado Draghi en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras comparecer a puerta cerrada ante los portavoces de Economía de los grupos parlamentarios, donde ha añadido que hay dos motivos por los cuales los bancos españoles no prestan: la falta de capital y el temor de que los deudores no devuelvan lo prestado. Sin embargo, señaló que los deudores que no tienen altos niveles de deuda sí tienen más fácil el acceso al crédito.

   Draghi afirmó que el BCE espera que en la segunda mitad del año se produzca una recuperación "lenta y modesta" de la zona euro, que permita una mejora de los "flujos de crédito" en España y en el resto de países de la Eurozona.

   Por último, recordó que los bancos españoles serán los mayores receptores de fondos de la zona euro, con 330.000 millones de euros, el 28% del PIB, y apuntó que las subastas de liquidez del BCE a finales de 2011 y principios de 2012 evitaron una "crisis de financiación de proporciones mayúsculas" para España  y para los demás países de la Eurozona.

Detenido uno de los activistas antidesahucios desalojados de las tribunas del Congreso

MADRID.-   La Policía ha detenido a uno de los activistas de la Plataforma Antidesahucios (PAH) que fueron desalojados de la tribuna de invitados del Congreso al término del debate de la iniciativa ciudadana en favor de la dación en pago. Mientras que a los demás sólo se les han tomado los datos, uno de ellos ha sido llevado a comisaría por proferir insultos. 

   Los incidentes tuvieron lugar en el Pleno del Congreso nada más acabar el debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Los activistas de la Plataforma, que asistían como invitados a la sesión plenaria, se pusieron en pie gritando "sí se puede, sí se puede", celebrando la decisión de última hora del PP de aceptar la toma en consideración de su iniciativa.

   "Procedan a su expulsión", ordenó el presidente del Congreso, Jesús Posada, a quien se escapó también "¡coño!" al término de su mandato. "Expúlsenlos", insistió, ante la resistencia de uno de los jóvenes, que seguía dando gritos desde la tribuna mientras policías y ujieres trataban de echarles de la tribuna.  

   Desde el hemiciclo, los diputados de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que llevaban camisetas con el lema 'Stop Desahucios', aplaudían en pie a los activistas. Más tarde, el diputado de ICV, Joan Coscubiela, pidió explicaciones a la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, por el incidente.  

   Según se informó en fuentes parlamentarias, los activistas de la PAH, incluyendo su portavoz, Ada Colau, fueron llevados a una sala donde se les tomaron los datos, como es habitual en este tipo de incidentes. Después se les instó a abandonar la sede parlamentaria.

   Pero uno de ellos quedó retenido y fue llevado a la comisaría para instruir diligencias policiales con vistas a ponerle a disposición judicial, acusado de proferir insultos desde la tribuna.

El PP permite finalmente tramitar en el Congreso la iniciativa popular sobre dación en pago y desahucios

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que su formación finalmente votará a favor en el Congreso de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular para regular la dación en pago y paralizar los desahucios.    

Según ha explicado, el presidente del Congreso, Jesús Posada, se ha comprometido a agilizar lo más posible la tramitación de esta iniciativa que, una vez ha recabado el apoyo del PP, podrá iniciar su recorrido en la Cámara Baja.

La Fiscalía abre diligencias para investigar a Arturo Fernández

MADRID.- La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar los presuntos pagos en 'negro' realizados por el vicepresidente de la CEOE y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, a los empleados del Grupo Cantoblanco, han confirmado fuentes fiscales.

   Las diligencias se abren después de que la Cadena Ser aludía alude a supuestos pagos en B a trabajadores y antiguos empleados de la empresa Cantoblanco, de la que Fernández es presidente.

   El presidente de los empresarios madrileños desmentía esta información. Afirmó estar "sorprendido y muy preocupado" y anunció una auditoria interna en la empresa para analizar las "posibles irregularidades en convenios y en las formas del pago de las nóminas o de las pagas extraordinarias".  

   Asimismo, Fernández sostuvo que esta información "perjudica enormemente a la empresa" y por ello van a "pedir también una inspección de trabajo" para que compruebe la situación del Grupo porque se trata de nóminas "muy complicadas".

Condenado a 24 años de cárcel el ex presidente de Kirguistán por abuso de poder

BISHKEK.- Un tribunal de Kirguistán ha condenado al ex presidente Kurmanbek Bakiyev a 24 años de cárcel por abuso de poder, mientras que su hermano, Zhanysh, ha sido condenado a cadena perpetua por asesinato y otros delitos. El fallo, anunciado este martes, otorga a las autoridades bases legales suficientes para exigir al Gobierno de Bielorrusia que lo extradite cuanto antes.

   El tribunal militar de guarnición de Bishkek, la capital de Kirguistán, que ha juzgado al ex mandatario en ausencia, ha afirmado a través de un comunicado que Bakiyev ha sido declarado culpable de abuso de poder y de infringir graves daños al Estado, como miembro del grupo criminal al que pertenecía. El tribunal no ha ofrecido más detalles al respecto.

   Zhanysh, quien dirigió su propio servicio de seguridad y quien, según ciertas informaciones, también se encuentra escondido en Bielorrusia, ha sido condenado por el mismo tribunal en ausencia a cadena perpetua por secuestro, asesinato y otros delitos graves.

   Los fiscales habían acusado a Zhanysh Bakiyev de ordenar el asesinato de Medet Sadirkulov, un antiguo jefe de gabinete del presidente, quien dimitió a raíz de sus discrepancias con Bakiyev y posteriormente decidió aliarse con la oposición.  

   Los cuerpos quemados tanto de Sadyrkulov como de otras dos personas fueron encontrados en el interior de un vehículo en marzo de 2009. Posteriormente, los investigadores subrayaron que todos habían muerto antes de que el coche se incendiase.

   "Kirguistán no ha renunciado a sus demandas sobre la extradición de los hermanos Bakiyevs. La sentencia del tribunal muestra sus actividades delictivas", ha declarado el portavoz de la Presidencia, Kadyr Toktogulov.

   Bakiyev fue derrocado el 7 de abril de 2010 después de dos días de fuertes movilizaciones populares, en las cuales al menos 90 personas perdieron la vida cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes.

   Una semana más tarde, Bakiyev presentó su dimisión por escrito antes de huir del país, en primer lugar a Kazajistán y posteriormente a Bielorrusia, donde se le concedió asilo político. El Gobierno bielorruso de Alexander Lukashenko ha rechazado reiteradamente las solicitudes de las autoridades kirguises de extraditar a Bakiyev.

   El hijo de Bakiyev, Maksim, quien también huyó del país tras la revolución, fue detenido en Londres el pasado octubre. Las autoridades estadounidenses pidieron que fuese extraditado, acusado de fraude. Desde entonces, Maksim fue puesto en libertad bajo fianza y los procedimientos judiciales se reanudarán el 13 de mayo.

El Tribunal de Cuentas apuesta por aplicar la transparencia a partidos y sindicatos españoles

MADRID.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se ha mostrado partidario de aplicar el espíritu de la Ley de Transparencia a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG y a toda entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga trascendencia pública y social, pero ha recomendado que se haga a través de sus correspondientes leyes específicas en lugar de incluir esas entidades particulares en el proyecto de ley que se refiere al sector público. 

   Ante la Comisión Constitucional del Congreso, Álvarez de Miranda ha expresado una valoración "muy positiva" del proyecto de ley del Gobierno destacando que "suple una de las carencias más significativas" del ordenamiento jurídico y que su aplicación "supondrá un avance decisivo en la configuración de unos poderes públicos modernos".

    No obstante, ha pedido que el espíritu de la ley de transparencia alcance a "las entidades de naturaleza privada que reciban significativas volúmenes de fondos públicos y cuya actividad tenga interés público o repercusión social".

   A instancias de los grupos parlamentarios, ha precisado que en ese marco se encuadran tanto los partidos políticos y sus fundaciones como los sindicatos, las organizaciones empresariales y hasta las organizaciones no gubernamentales (ONG).

   "Debería considerarse la oportunidad de incrementar el nivel de transparencia de su gestión", ha apuntado, aunque es más partidario de hacerlo a través de su normativa específica en lugar de incluirlos expresamente en esta ley de Transparencia.

   En su opinión, incluir esas entidades privadas en el proyecto de ley remitido por el Gobierno, que está pensada para el sector público, presentaría "graves dudas de aplicación", por lo que considera "más razonable" que la obligación de transparencia se incluya en sus propias leyes, obligándoles a dar más información en sus páginas web.

   En respuesta al PP, el presidente del Tribunal de Cuentas ha elogiado la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, aprobada el pasado diciembre y que entre otras cosas obliga a los partidos y sus fundaciones a publicar sus cuentas y sus deudas. A su juicio, facilitará la labor de fiscalización y permitirá sortear la negativa del Banco de España a informar de los créditos de los partidos con entidades financieras.

   Tras admitir que el Tribunal de Cuentas lleva retraso en la aprobación de los informes anuales de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos, pues el último se aprobó el pasado año y se refería a 2007, Álvarez de Miranda ha prometido remitir antes de fin de año hasta cuatro informes (2008, 2009, 2010 y 2011): el primero estará en mayo y los demás en octubre o noviembre.

   Es más, si ven que no pueden cumplir esa promesa, el actual Consejo de la institución se ha comprometido a incrementar más las dotaciones de medios de los equipos de fiscalización para hacerlo posible.

   En declaraciones a los periodistas, Álvarez de Miranda ha reconocido que el área de fiscalización de partidos políticos tenía una dotación "insuficiente" y que sus medios se han duplicado para ponerse al día. Ahora el Tribunal tiene medios suficientes para cumplir su "misión" de investigar con celeridad las cuentas de los partidos, ha añadido, y si no fuera así cuenta con la capacidad para medir medios adicionales.

   Para el presidente del Tribunal, "la fiscalización de lo que no es oficial no se conoce" y su objetivo es contar con "los medios suficientes para contrastar la información que dan los partidos o cualquier fiscalizado con otros medios de prueba o con otros medios aportados por diferentes terceros que estén obligados a prestar esta información para detectar la existencia de incoherencias en la información que se presenta".

   Aunque la última ley ha mejorado su capacidad de maniobra, ha insistido en la conveniencia de contar con mecanismos para que el Tribunal de Cuentas cuente con datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social para comprobar sus fiscalizaciones.

   "A todos nos sorprenden y alarman los casos de corrupción, pero al mismo tiempo nos tranquiliza saber que la fiscalía y los poderes públicos están actuando ante esta situación --ha dicho a los periodistas--. Entre todos tenemos que hacer lo necesario para que la nueva ley sea suficiente y se produzca esa regeneración que es una demanda social".

   En cuanto a la Casa del Rey, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado a IU que la Constitución establece que el Monarca dispone "libremente" de la asignación presupuestaria que le otorga el Estado y que la Jefatura del Estado no está sometida a control del Tribunal de Cuentas pues cuenta con su propio servicio de intervención económica. Según ha dicho, cualquier fiscalización externa no podría hacer una valoración cualitativa porque la distribución se ejerce libremente como así lo reconoce la Constitución.

   Por otro lado, Álvarez de Miranda ha elogiado también la "definición más exhaustiva" de la información económica, presupuestaria y estadística sujeta a publicidad, aunque ha pedido añadir "la relativa al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mejorando la escasa referencia que contiene el proyecto a la información presupuestaria".

   Asimismo, ha agradecido que el incumplimiento del deber de rendición de cuentas pase a considerarse una infracción, pues hasta ahora resulta difícil formular requerimientos y la cuantía de las multas previstas es "claramente insuficiente". pedido ,

   Por ultimo, ha recomendado ser "muy cautelosos" con la normativa de protección de datos para evitar conflictos con el acceso a la información y ha cuestionado la parte de "buen Gobierno" del proyecto de ley porque aprecia duplicidades respecto a la legislación en materia de incompatibilidad y conflicto de intereses, así como una técnica legislativa "mejorable".  

   En ese contexto ha citado el hecho de que sea el Consejo de Ministros el que tenga la competencia para incoar y resolver los procedimientos sancionadores relativos a ministros y secretarios de Estado, pues ha avisado de que "el juego político del Gobierno de turno puede afectar a su independencia en el ejercicio de la potestad sancionadora". Como alternativa apuesta por un órgano independiente o mixto.