domingo, 3 de marzo de 2013

La Defensora del Pueblo insta a alojar a desahuciados en las muchas VPO vacías

MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, señala en su Informe Anual 2012 que existen muchas viviendas de protección pública (VPO) vacías que podrían ser utilizadas por familias que han sido desahuciadas, y añade que para ello habría que diversificar las fórmulas de cesión que actualmente contemplan las administraciones.

   Con este ánimo, Becerril avanza que la institución está investigando de oficio con las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como con 10 municipios de más de 350.000 habitantes, para conocer con detalle la situación de ese "importante" número de viviendas que no han sido adjudicadas.
   Con la información que se está recopilando, la Defensora del Pueblo está preparando un informe monográfico, que previsiblemente será presentado a las Cortes Generales "en los primeros meses de 2013".
   En este informe se tratarán de exponer las causas de por qué esas viviendas se encuentran desocupadas más tiempo del imprescindible para ponerlas en uso, y se realizarán recomendaciones para fomentar el mercado del alquiler para las viviendas pública y para fomentar que las administraciones "flexibilicen" los requisitos de acceso a las mismas, de modo que pueda ampliarse el número de beneficiarios.
   En el Informe Anual 2012, Becerril trata de dejar claro que la situación de muchas familias que no cuentan con un hogar exige una respuesta rápida.
   Así, la institución constata un cambio en el perfil de las personas que acaban ocupando una vivienda, "pues comienzan a aparecer familias estructurales que han sido desalojadas por el impago de hipotecas o alquileres".
   Asimismo, atestigua que "se ha recibido un número considerable de quejas de familias, otrora con una situación normalizada, afectadas por el desempleo de varios de sus miembros, que tras ser desahuciadas se ven abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo".
   Además, aunque señala que en el caso de familias que ya habitan en un  vivienda de protección, las administraciones "no hacen un uso extensivo de los desahucios", recuerda que en este segmento también se producen estos procesos y que ello implica también "considerables esfuerzos e incluso perjuicios económicos para la Administración".
   Entre ellos, Becerril menciona los costes del procedimiento, la obligación de arreglar en un tiempo prudencial la vivienda desalojada y el asumir los gastos comunitarios de estos inmuebles que permanecen vacíos.
   En este sentido, la Defensora del Pueblo abunda en que "el gran número de viviendas que se encuentran vacías pertenecientes a entidades financieras y a las administraciones públicas hace difícil justificar ante los ciudadanos, que muchas veces están viviendo situaciones límites, que no puedan tener acceso a una vivienda con una premura acorde con sus necesidades".
   Por otro lado, la Defensora del Pueblo ha venido observando un incremento de las renuncias de las viviendas con algún tipo de protección pública por parte de los adjudicatarios, derivadas de la supresión de ayudas a la compra, la denegación de préstamos por parte de la banca, la exigencia de unos ingresos mínimos o máximos anuales en la unidad familiar o la pérdida de ingresos por el desempleo.
   "Ésta es una realidad que necesariamente debe tomarse en consideración por los poderes públicos en el diseño de las políticas de vivienda", señala Becerril.
   Ahora bien, recuerda que ante esta situación transmitió una recomendación a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento para que adoptase las medidas necesarias para que en la concesión de los préstamos cualificados no se apliquen criterios estrictamente bancarios, sino aquellos encaminados a facilitar el acceso a un "bien social básico". Según apunta, hasta la fecha de elaboración del informe aún no había obtenido respuesta por parte de Fomento.

Un grupo de intelectuales lanza el partido Alternativa para Alemania

BERLÍN.- Un grupo de intelectuales germanos ha lanzado el partido Alternativa para Alemania, una formación liberal y conservadora, antirescate y que aboga por la disolución del euro con el objetivo de "salvar lo que aún es salvable".

   Alternativa para Alemania se presentará a las elecciones parlamentarias que se celebrarán en septiembre. Todavía no han formalizado su constitución, aunque esperan ultimarla durante el próximo mes de abril.
   Entre la veintena de impulsores de este partido hay profesores, economistas, políticos y periodistas, aunque los fundadores son el economista Bernd Lucke, el exdirector del periódico alemán 'Frankfurte Allgemeine Zeitung' Kornad Adam y el publicista Alexander Gauland.
   Piden que el euro camine hacia "uniones fiscales más pequeñas" o incluso hacia nuevos modelos de divisas que favorezcan los entes nacionales. Además, declaran su oposición a más "rescates multimillonarios" y a ceder más competencias a Bruselas.
   "El estado de ánimo de la gente es uno muy diferente y ninguno de los grandes y tradicionales partidos responde a este estado de ánimo", ha explicado Gauland, en declaraciones al 'FAZ'. Gauland ha agregado que no hay formaciones políticas que enarbolen una bandera "antieuropea o incluso aparenten ser nacionalistas alemanes".
   Las reticencias de los partidos conservadores alemanes y de los propios votantes hacia los rescates ha ido en aumento conforme se ha agravado la crisis financiera que golpea al sur de Europa.
   De hecho, el Gobierno alemán, el que más aporta a los fondos de rescate europeos, ha amagado en numerosas ocasiones con bloquear los fondos correspondientes al segundo rescate a Grecia ante el galopante escepticismo entre las filas conservadoras y los ciudadanos.

Daniel Innerarity, filósofo: "Si el PP y la Casa Real no se enfrentan a sus problemas lo pagarán muy caro"


SAN SEBASTIÁN.- En el palacio de Ayete de Donostia, donde está la sede de Globernance, Daniel Innerarity (Bilbao, 1959) repasa desde la corrupción hasta la crisis territorial española pocos días después de llegar de Italia, donde estuvo en el Instituto Europeo de Florencia.

Arranca la semana y lo hace con inestabilidad a la italiana. ¿Cómo valora los resultados?
Es un sistema político muy endeble, sin partidos antiguos. Los que articulaban el sistema, el Comunista y el Democristiano, se vinieron abajo. Bersani (Pier Luigi), me decía en uno de los cursos de verano de su partido en el que hemos coincidido que él se empeñó en que el PD se llamara Partito Democratico en un momento en el que había nombres como Pueblo de no sé qué, Margarita, Olivo, Cinco Estrellas… La idea de partido como institución no hay. Italia es reflejo de una cosa aguda que nos está pasando a todos. El eje derecha-izquierda como factor explicativo, aglutinante y estructurante de la voluntad popular se ve sustituido en parte por el eje tecnocracia-populismo. Hay tecnocracia de derecha (Mario Monti) y de izquierda (Bersani) y populismo de derecha (Silvio Berlusconi) e izquierda (Beppe Grillo). Es muy desconcertante.

El denominado 'candidato de la troika' queda cuarto; su predecesor pelea en el Senado el primer puesto...
La contraposición que manejamos entre pueblos soberanos y mercados o instituciones de élite es demasiado radical. El pueblo soberano quiere a Berlusconi. A Berlusconi lo echó la troika, lo cual me parece muy bien. En una Europa con tal grado de interdependencia no podemos seguir manejando la ficción de que la voluntad popular se articula a través de los electorados nacionales y punto. No es verdad. En Europa vamos a que los otros intervengan cada vez más en nuestros asuntos y nosotros en los de otros. Ahora tenemos un sistema imperfecto en el que eso se da de manera unilateral. Hay una posición asimétrica en la que los alemanes tienen mucho más que decir en lo que hacemos que al revés.

¿Ha perdido Europa en Italia?
De entrada, sí, se ha puesto una situación muy difícil. Los dos partidos que han tenido un resultado espectacular, Cinco Estrellas y Pueblo de la Libertad, son los menos europeos y los dos más europeos han tenido, en el caso de Bersani, un resultado muy bueno pero sin exagerar, y, en el caso de Monti, penoso.

¿Hay algún Beppe Grillo en España?
El bipartidismo en España está claramente amenazado. Podríamos ir a un sistema de cuatro partidos muy parecido al italiano, con la ventaja de que hay partidos de mayor tradición, con más de cien años, y eso marca cierta trayectoria y sentido de la responsabilidad. Pero podríamos ir en esa dirección si los antiguos no hacen bien los deberes.

Más ahora que la tradición, más que valor, parece un lastre.
Sí. Hay un problema de que los partidos tienen que mantener un cuerpo de doctrina, tienen la obligación de procurar una cierta profesionalización del oficio político -no pueden ser amateurs que entran y salen-, pero al mismo tiempo deben tener cierta movilidad en el banquillo. Si la ciudadanía ve que eso no existe, se paga con desafección. 

Pero si algún político se sale un poco de lo que se le presupone, se le tacha de disidente, se habla de ruptura…
Los partidos tienden a reproducir en su interior un discurso muy vacío y repetitivo, y toleran muy mal la diversidad interna. La vigilancia que los medios hacen en tiempo real sobre lo que dicen los políticos es magnífica. Sin ella, no habría democracia, pero como efecto secundario, acartona el discurso. Ahí tenemos a Toni Cantó lo que le ha pasado cuando ha dicho lo que piensa... Al mismo tiempo, se ve muy bien en los ayuntamientos en Euskadi, una persona no asegura su liderazgo si no compagina que le voten personas que nunca votan a su partido y no molestar a los que votan habitualmente a la sigla. Casos de Donostia con Odón Elorza o Bilbao con Iñaki Azkuna son muy claros. 

Al control de los medios de comunicación se añade la presión de 'Twitter' ¿Fomenta la radicalidad?
Está estudiado hasta qué punto Internet, que teóricamente era para abrirse al mundo, funciona como una herramienta de ratificación de los convencidos. En los entornos de los partidos hay muchas webs que no tienen utilidad informativa y menos de deliberación con personas que piensan diferente, sino que agrupan a personas convencidas y radicalizan. 

Pero las redes sociales han tenido su papel en movimientos como el 15-M.
Las nuevas tecnologías permiten que la ciudadanía ejerza una función fundamental la democracia como la observación y la expresión, pero hay un elemento posterior, el de construcción democrática y de configuración de voluntad popular, que necesita otro tipo de instrumentos, incluso los más tradicionales, como el partido político. Ese elemento de construcción falta en estos movimientos, y no es un reproche, porque los movimientos sociales son eso, movimientos y punto.

Le intuyo, por lo tanto, escéptico ante formaciones como el Partido X.
Totalmente. Tenemos que innovar en los partidos, en las fórmulas de asociación, de expresión, de articulación de la opinión pública…, pero no concibo un partido sin sus estatutos, sin portavoz, asambleas y obligaciones de rotación de poder… Hablar de un partido sin portavoz, que es desconocido, que no tiene estatutos, ¿cómo sé yo que detrás no hay neonazis, por ejemplo?

¿Tiene la crisis económica europea solución sin antes solucionar la crisis institucional?
La crisis que tenemos no es tanto económica, sino fundamentalmente política. Hemos hecho una operación parcial con la creación del euro. Es una moneda, una tecnología, que tenía que ir acompañada de una innovación social, coordinación de políticas fiscales… Mientras no lo completemos con unas medidas de tipo político, el euro siempre estará debilitado, que es lo que perciben los mercados. No actúan con hostilidad porque sí, sino porque no lo ven acompañado de esa innovación.

¿Creen los 27 estados en la UE?
Sí, pero con distintos intereses. Europa es un espacio económicamente muy heterogéneo, con culturas políticas muy diferentes (el Este, las viejas democracias, las recién constituidas…) y darle una articulación política requiere tiempo. Pensemos que no hay ningún precedente en la historia en el que 27 países, siendo soberanos y democracias con más o menos pedigrí, renuncien a parte de esa soberanía para algo común. Todos los procesos de unificación se han dado a través de la fuerza. 

¿Cree en la teoría que vincula el teórico desordenado Sur católico frente al orden del Norte luterano?
Explica algunas cosas, pero en la crisis del euro se han puesto en marcha tópicos que responden a la realidad en parte. Eso del Norte austero frente al Sur que despilfarra y que ve financiadas sus vacaciones por el Norte no resiste al contraste con datos económicos. A comienzos del euro hubo un movimiento de capital hacia el Sur, en términos de boom inmobiliario, que nos hizo creer que los países del Sur íbamos muy bien. Con la crisis, ese dinero va hacia el Norte no porque trabaje más, sino porque aparece como un lugar más seguro. Ni España iba tan bien entonces ni tan mal ahora. Son simples movimientos de capital que no están suficientemente regulados.

O sea, que la culpa del pinchazo inmobiliario es de los alemanes.
Exactamente, es lo que quería decir. Con el boom ha hecho mucho dinero la banca alemana. ¿Dónde está buena parte de la deuda griega? En bancos alemanes y franceses. Europa ha sido un espacio de libre comercio en el que hemos conseguido grandes beneficios económicos y adquirido muchos créditos, fragilidad compartida. Europa era un invento pensado para repartir beneficios y por primera vez en la historia reciente tiene que convertirse en un instrumento de compartir riesgos. Y no sabemos cómo se hace.

Quien ha hecho mucho dinero con el 'boom' ha sido más de un político. ¿Qué riesgo supone la corrupción?
Lo que pone en riesgo el sistema político es la corrupción que no se ve, que no se persigue, que no se denuncia y por la que nadie paga. Tenemos un problema de percepción: cuando salta un escándalo de corrupción en los medios, pensamos que es absolutamente negativo y no nos damos cuenta de que es menos negativo que si permanece oculto. La judicatura, la policía, la ciudadanía y el sistema político han aprendido mucho desde los años 80 y tenemos más instrumentos de reacción.

¿Basta con modificar la legislación?
No. Es un problema social y jurídico. La sociedad tiene que mantener la tolerancia cero y la policía y los jueces, sus instrumentos. 

Entonces, ¿quien propone cambiar leyes demuestra su propia debilidad?
Sí, ocurría cuando Nicolas Sarkozy, como ministro del Interior o presidente de la República francesa, a cada fenómeno trágico o de violencia en la calle respondía endureciendo la ley. Esas carreras hacia no se sabe dónde son simplificaciones de problemas que responden a una causalidad compleja. 

¿Comparte la percepción de que el Gobierno del PP está en manos de Luis Bárcenas mientras que la casa real está en manos de Diego Torres por la información que podrían tener?
Lo desconozco, pero tengo la percepción de que estas dos instituciones, dado el grado de conocimiento y transparencia involuntaria que hay en la sociedad, o se enfrentan a sus problemas con toda sinceridad y radicalidad o terminarán pagándolo muy caro. Dada la transparencia informativa, no hay posibilidad de que las cosas acaben diluyéndose. Hay jueces y hay periodistas que hacen su trabajo y una ciudadanía que tiene tolerancia cero.

Hay quien duda hasta del modelo territorial. ¿Pasa la solución de España por el modelo federal?
Absolutamente no. Los dos problemas que afrontaba España en la Transición eran el encaje de demandas de naturaleza profunda de las nacionalidades históricas, y la descentralización tras una fase larga de centralismo duro. Buena parte de los problemas de ahora proceden de dar el mismo trato a ambas cuestiones. El federalismo es una solución a un estado cuyos centros de decisión están articulados de manera homogénea, no como en el Estado español, donde hay dos o tres nacionalidades históricas y un conjunto de regiones con derecho a un cierto autogobierno. Tratar igual ambos problemas no conduce a ninguna parte.

La crítica feroz contra el político es general, pero ¿no se corre el riesgo de cargar contra las propias instituciones con un toque demagógico?
Hay una diferencia entre la crítica positiva a determinados comportamientos y la crítica generalizada e indiferenciada según la cual todos son iguales que surge de mentalidades antipolíticas. Habría que criticar a los políticos todo lo que merecen, pero sin arrasar con lo que es el conjunto de instituciones y prácticas sin las que podríamos vivir.

¿Entiende que, tal y como está el patio, buena parte de vascos y catalanes digan "nos queremos ir"?
Seguramente ahora mismo se está mezclando, como era inevitable, problemas de desafección territorial con los que tienen que ver con el malestar que genera la crisis persistente más disfuncionalidades políticas y corrupción. Pero son tres problemas que requieren un tratamiento diferente. Pensar que la solución a uno o a todos pasa por la reformulación territorial es no entender que son cosas diferentes. Pensar que reformar el Estado en aras a la plurinacionalidad va a resolver la crisis económica es faltar a la verdad.

Cientos de miles de portugueses cantan el himno de la Revolución de 1974

LISBOA.- Cientos de miles de manifestantes entonaron ayer el himno de la Revolución de los Claveles y pidieron la dimisión del Gobierno conservador de Portugal en una multitudinaria protesta contra la política de austeridad.

La Plaza del Comercio, la mayor de Lisboa, se llenó de manifestantes que portaban pancartas contra los recortes y los problemas sociales del país y entonaron el himno "Grandola Vila Morena" y otros lemas de la Revolución de 1974, en una de las mayores protestas contra el Ejecutivo de Pedro Passos Coelho desde que llegó al poder hace veinte meses.
Manifestaciones similares, aunque menos numerosas, recorrieron decenas de ciudades lusas organizadas por el movimiento "Que se lixe a troika" (Que se fastidie la troika) para rechazar los ajustes económicos exigidos por la troika formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate financiero del país.
La manifestación se produjo mientras una misión de la troika realiza una de sus inspecciones trimestrales para verificar que Portugal cumple las duros ajustes presupuestarios vinculados al rescate que le fue concedido en 2011.
El himno de la Revolución de 1974, que acabó con cuatro décadas de dictadura, fue el momento culminante de la manifestación, en la que confluyeron varias marchas organizadas por sindicatos, gremios profesionales y colectivos muy diversos para reclamar soluciones al desempleo y la larga crisis que vive Portugal.
Los medios de comunicación lusos coincidieron en que la manifestación de hoy fue una de las más multitudinarias registradas en el país, donde se han repetido las huelgas y protestas en los dos últimos dos años al calor del descontento popular con las políticas de austeridad.
Las autoridades no dieron datos sobre el número de participantes en la marcha, como es habitual, mientras fuentes de los organizadores calculaban que fue superior al medio millón de personas, en un país de 10,5 millones de habitantes.
La céntrica plaza Marqués de Pombal y la avenida Liberdade, de Lisboa, donde empezó la marcha, estaban repletas desde la hora de inicio de la concentración, a las cuatro de la tarde hora local (la misma GMT).
Ciudades como Oporto, donde se concentraron decenas de miles de personas, Coimbra, Evora, Braga o Faro fueron también escenario de manifestaciones, así como algunas capitales europeas -según varios medios lusos- aunque, en algunos casos, con pocos asistentes.
En Lisboa los manifestantes gritaron el "pueblo unido jamás será vencido" y exigieron la dimisión del Gobierno y medidas económicas para reducir el desempleo, que se ha disparado hasta el 17,6 %, y para reactivar la economía, cuyo PIB cayó en el último trimestre un 3,9 %.
La marcha tuvo el respaldo de los partidos de la izquierda y los sindicatos, cuyos líderes se sumaron hoy al coro de críticas contra el Ejecutivo.
António José Seguro, secretario general del Partido Socialista (PS), el principal de la oposición, declaró en un acto de su organización en el interior del país que los portugueses "tienen muchas razones para estar indignados, protestar y exigir un cambio de política" ante el empobrecimiento de la nación.
El Gobierno debe tener la "inteligencia" de reconocer que sus medidas económicas y financieras han fallado, agregó Seguro.
Desde los sindicatos, el secretario general de la CGTP (Confederación General de Trabajadores de Portugal), Arménio Carlos, quien participó en la manifestación, fue mucho más duro con Passos Coelho, al que pidió que deje el poder para que Portugal pueda salir de la crisis.
"El Gobierno sabe que pende de un hilo", aseguró Carlos al acusar a la alianza conservadora que gobierna Portugal de no tener "legitimidad política, moral ni ética" para seguir en el poder.

El juez admite a trámite la demanda civil de Cospedal contra Bárcenas

TOLEDO.- Los juzgados de Toledo han admitido a trámite la demanda civil que la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha,  María Dolores Cospedal, presentó el pasado 15 de febrero contra el extesorero de su partido Luis Bárcenas y contra la sociedad editora del diario 'El País', según han confirmado fuentes cercanas a la 'número dos' del PP.

   Cospedal ha sido el primer miembro de la actual dirección del PP en emprender acciones judiciales tras las informaciones acerca de una presunta contabilidad opaca de su formación política, si bien está previsto que en breve  --podría ser este mimos lunes-- el Partido Popular interponga una demanda colectiva contra su extesorero, una acción que la dirección nacional  anunció hace un mes.
   A esa demanda conjunta del PP se sumarán previsiblemente otras demandas individuales por parte de los cargos del PP aludidos en los llamados 'papeles de Bárcenas' que publicó 'El País', como las del vicepresidente de Política Autonómica, Javier Arenas, el expresidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, o los exministros Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja.
   Quién finalmente no interpondrá una demanda a título particular contra Bárcenas será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien se adherirá a la estrategia conjunta que ultima el PP. La propia Cospedal admitió la pasada semana que el partido estaba estudiando la oportunidad de que Rajoy presentara una demanda -que sería la primera de su carrera política porque es "el presidente del Gobierno, no sólo del Partido Popular".
   El expresidente del Gobierno José María Aznar fue el primero en presentar una demanda en los juzgados de Pozuelo por una violación del derecho al honor contra El País tras atribuirle "supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP". También lo hizo unos días después la exminista Ana Palacio, quien presentó una querella por injurias contra Luis Bárcenas.

jueves, 28 de febrero de 2013

Carromero confirma a la familia de Oswaldo Payá que un coche les embistió

MADRID.- El dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero ha confirmado, durante un reciente encuentro con la familia del cubano Oswaldo Payá, que otro vehículo les embistió por detrás antes del accidente de tráfico que costó la vida a este opositor y al también disidente Harold Cepero.

   Así lo ha asegurado este jueves la hija del antiguo líder del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), Rosa María Payá, que ha reclamado una investigación por el "probable asesinato" de su padre y de Cepero y que no descarta emprender acciones legales para esclarecer las circunstancias del siniestro, ocurrido el pasado mes de julio cerca de la localidad de Bayamo, en el sureste de Cuba.
   El encuentro entre la hija del opositor fallecido y Carromero se produjo el pasado 16 de febrero, fecha de llegada a España de Rosa María Payá. La joven ha reconocido que confía en que Carromero explique públicamente los detalles que ha transmitido a la familia, aunque entiende que se sienta "presionado".
   Rosa María Payá se ha mostrado extrañada por el trato recibido por Carromero desde su vuelta a España --"el de un condenado"--, ya que no da ninguna validez al juicio celebrado en Cuba y en el que el dirigente de NNGG fue sentenciado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.
   La hija del antiguo líder del MCL ha reclamado una investigación internacional sobre la muerte de su padre y de Cepero, para lo cual la familia ya se ha puesto en contacto con varias instituciones.
   También estudian emprender acciones legales en España, país del que Payá tenía la nacionalidad. "No descartamos nada", ha apuntado su hija, que sin entrar en detalles ha sugerido como una opción sobre la mesa la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional por el "posible asesinato de un ciudadano español".

El fiscal rechaza que el Supremo concluya la investigación sobre Blanco

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido la decisión del magistrado instructor por la que se declara conclusa la investigación contra el exministro José Blanco por el 'caso Campeón' al estimar que no se dan los "elementos necesarios" que permitan dar por cerrada esta fase procesal.

   En un escrito, el fiscal Manuel Dolz entiende que no es todavía posible concluir la investigación hasta que se conozca el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comisionado por el propio juez en una providencia dicatada el pasado 13 de enero.
   El Ministerio Público pide dejar sin efecto la providencia del juez instructor José Ramón Soriano por la que el pasado 7 de febrero se declaraba conclusa la instrucción de la causa contra el ex ministro de Fomento socialista, investigado por un supuesto cohecho y tráfico de influencias relacionado con una trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.
   Materialmente entiende que no se dan los elementos necesarios que permitan finalizar la investigación y formalmente afirma que, en todo caso, el acto de conclusión de una instrucción judicial debe efectuarse mediante auto y no a través de una "mera" y "simple" providencia.
   "El declarar la conclusión de una instrucción judicial es una decisión que afecta a un presupuesto procesal y no puede entenderse como mera ordenación material del proceso, por lo que la resolución que adopte esta decisión debe tener forma de auto", esgrime.  
   Recuerda que en el presente procedimiento se investiga a un diputado que goza de la condición de aforado, por lo que para su imputación se requiere la autorización del Congreso de los Diputados mediante suplicatorio, por lo que "considerándose que el auto de transformación del procedimiento abreviado equivaldría a una imputación contra el aforado si se dedicidiera seguir la causa contra él, es previo al dictado del auto la tramitación de dicho suplicatorio y la autorización del Congreso conforme a la doctrina mayoritaria".
   La Fiscalía constata que a día de hoy no se ha formalizado el "debido" suplicatorio al no encontrarse el aforado inculpado o procesado y haber solicitado comparecer voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, añade que ello no supone una renuncia al suplicatorio, "la cual no es posible por no tratarse de un privilegio personal del aforado sino de una prerrogativa de las Cortes Generales".
   Según dice, la jurisprudencia constitucional avala que la Sala pueda admitir la toma de declaración voluntaria del aforado sin solicitar previamente el suplicatorio al no estar todavía inculpado o procesado en la causa.
   Llegados a este punto, "si el instructor entiende que el estado de la investigación permite proununciarse sobre la procedencia o no de tramitar el suplicatorio mediante su proposición a la Sala a instancias de este Ministerio Fiscal, no debería haber dictado la providencia recurrida sino otra por la que se diera traslado a las partes para que se pronunciaran sobre este extremo", concluye.

El juez imputa al 'broker' de Bárcenas en Ginebra

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a Iván Yáñez Velasco, apoderado y 'broker' del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ante los bancos suizos en los que llegó a ocultar 38 millones de euros, y ha solicitado ampliar la comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para acreditar todos los fondos de los que era titular. 

   Así consta en un auto, en el que el magistrado acuerda, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, llamar a declarar en calidad de imputado a Yáñez el próximo 8 de marzo, a partir de las 10.00 horas, por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.
   El juez sospecha, partiendo de los datos contenidos en la comisión rogatoria sobre los movimientos de Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra, que Yáñez "habría gestionado la cartera de valores y las cuentas en Suiza cuya titularidad corresponde a Luis Bárcenas Gutiérrez a partir de febrero de 2009, precisamente tras conocerse que estaba siendo investigado por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública" en el marco del 'caso Gürtel'.
   Esta gestión, según el auto, habría comprendido "la transferencia de fondos desde las cuentas a nombre de la Fundación Sinequanon a otras en Suiza así como en Estados Unidos, movimientos que actualmente no se encuentran en investigación mediante las comisiones rogatorias cursadas al efecto".
   El auto, que acuerda una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción después de la declaración ante el juez que Bárcenas realizó el pasado lunes, también resuelve ampliar la comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Suiza, a propuesta de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.
   El juez reclama, en concreto, información sobre una nueva cuenta que Bárcenas tendría en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), con sede en Lugano, y sobre un apunte que bajo la denominación '10.Collateral' revelaría que disponía de un saldo de 7.248.765,95 euros en el Lombard Odier de Ginebra.
   El juez Ruz, que envía a Suiza el escrito de Bárcenas en el que reconoce que se acogió a la amnistía fiscal, también solicita datos complementarios a los que ya obran en la causa sobre las dos cuentas que Bárcenas tenía en el Dresdner Bank vinculadas a la Fundación Sinequanon, de las que se solicitan los titulares, apoderados y beneficiarios de las mismas, así como si tenían aparejados créditos, hipótecas, depósitos, tarjetas de crédito o cajas de seguridad.
   De igual modo, el instructor quiere aclarar cinco importes de entre 15.628 y 40.000 euros que Bárcenas recibió en estas cuentas entre 2006 y 2008. Según fuentes jurídicas, Bárcenas vinculó en su declaración estos ingresos a la devolución un préstamo que había hecho a "una persona muy significada" aunque no aclaró, preguntado por las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura, si el beneficiario fue el exsenador del PP Luis Fraga.
   Además, Ruz ha citado a declarar como testigos el próximo 8 de marzo a Pedro Hernández de Zárate y Susana Mantecón Gayo, para que expliquen si, como declaró Bárcenas, participaron en la venta de una serie de cuadros con la que el extesorero pretendió justificar sus ingresos en Suiza.
   De igual modo, reclama a Bárcenas varios documentos para que acredite "el origen de sus fondos" en el país helvético, así como el fundamento de algunas de las operaciones efectuadas desde las cuentas de ese país o de otras que se habrían reflejado en las declaraciones del IRPF tanto suyas como de su esposa".
   De esta forma, pide a la Agencia Tributaria las declaraciones del IRPF y el Impuesto de Patrimonio de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, así como las presentadas por la sociedad Tesedul, a través de la cual se acogió a la amnistía fiscal en diciembre pasado.
   Bárcenas también tendrá que entregar al juez la documentación que acredite los préstamos que justificarían sus transferencias a Brixco (una parte de los 4,5 millones que desvió a Estados Unidos en 2009), los ingresos que recibió en la cuenta de Tesedul en el Dresdner Bank y los servicios contratados con Yáñez.
   Asimismo, tendrá que explicar los movimientos de entre 52.395 y 149.000 euros que él y su mujer realizaron entre 2004 y 2005, la mayoría como ingresos, y que el extesorero justificó alegando que provenía de la compra y venta de cuadros.

España, monarquía y gobierno: corrupción, engaño y derroche / Sergio Rodríguez Gelfenstein *

A través de la historia, España ha sido un país que no se puede vanagloriar de una clase política que haya estado a la altura de las necesidades de su desarrollo y crecimiento como nación autónoma. Su presencia en el escenario global siempre ha ido de la mano de su subordinación y dependencia  de otros actores internacionales.

Desde hace varias centurias, puntualmente a partir de 1700 la familia Borbón (proveniente de Francia) ha “conducido” los destinos del Estado español con sólo dos breves interrupciones en 1808 y 1868 y un interregno mayor en el siglo XX período en el cual desde 1936 hasta 1975 estuvo en el poder  Francisco Franco quien instauró una dictadura fascista, caracterizada por la represión contra el movimiento popular y su apoyo a la Alemania nazi. Al finalizar la segunda guerra mundial con la derrota de Alemania y sus aliados, España estuvo sometida al aislamiento internacional sin que su economía pudiera despegar durante décadas. Su condición anti democrática significó que se mantuviera al margen de las primeras iniciativas de integración europeas.

Un alto dirigente franquista, Manuel Fraga quien fue titular de información y turismo, de gobernación y vicepresidente durante la dictadura  creó en 1976  la Alianza Popular uniendo diversas fuerzas de la ultra derecha conservadora y fascista. En 1989, Fraga y otros líderes franquistas la transforman en el actual  Partido Popular de España.

De esta manera, dictadura franquista, monarquía y Partido Popular configuran diferentes expresiones del mismo poder político que se estableció a partir de un origen común y un desarrollo paralelo. La novedad de los últimos años ha sido que a esa tenebrosa trilogía se le ha venido a adicionar un nuevo actor que surgió y se mantuvo al margen durante décadas hasta que ya en democracia y bajo el liderazgo de Felipe González, inició su travestismo político: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

González lideró al PSOE durante 22 años y fue presidente del Estado español durante 14, desde 1982 hasta 1996. En ese período, aparentemente logró sacar a España del marasmo económico al que estuvo sometida por siglos, a cambio de una nueva subordinación dependiente de la Unión Europea (UE).  Para ello, incurrió en una gigantesca deuda pública,  en la solicitud de concesión a España  de la mitad  de los recursos financieros de la UE  disponibles en los Fondos de Desarrollo, así como de importantes recursos provenientes de los Fondos de Cohesión y  de la Política Agrícola Común de la UE. Eso hizo que se creara en el país ibérico una falsa sensación de prosperidad y la suposición de que concurrían al siglo XXI con una fortaleza económica que le permitiría actuar en el escenario internacional en igualdad de condiciones que las grandes potencias.  En realidad, habían comenzado a flotar en una burbuja que los condujo a un nuevo sometimiento a la UE y en particular a Alemania. Los acontecimientos recientes reflejan que no han podido salir de la inercia ahora sostenida por esta nueva tríada perversa: monarquía, PSOE y PP.

Hoy, la monarquía ha sido ampliamente cuestionada por sus actuaciones públicas y por el involucramiento de varios de sus representantes en hechos de corrupción o cuando menos de dudoso comportamiento moral para quien ejerce funciones en la cúpula del Estado. Aunque desde hace un tiempo las acciones poco éticas de la monarquía son de común dominio de la opinión pública española, es desde el año pasado cuando han adquirido notoriedad a nivel global.

En abril de 2012 se reportó que mientras la tasa de desempleo se encontraba cercana al 25% y aproximada al 50% para los jóvenes en edad laboral, el Rey se encontraba en un safari para cazar elefantes en Botswana. El costo de dicha  diversión monárquica es superior al salario que percibe durante todo un año la mayoría de los españoles y el doble del salario promedio anual.

En su momento, esta situación llevó a Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) a decir que “Ha llegado el momento de que la Casa Real se plantee, en este caso el jefe del Estado, que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas o una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente”. Tal opinión ha sido refrendada por el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña Pere Navarro,  quien  el pasado miércoles 20 pidió que el Rey Juan Carlos abdique y que su hijo, el príncipe Felipe encabece una “segunda transición” política en España.

En el trasfondo, se respira el ambiente maligno creado por el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, duque de Palma, quien utilizando su condición de miembro de la monarquía,  se aprovechó para desviar millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía. Por esta causa, la Fiscalía está indagando su involucramiento en delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

El manejo mediático de la investigación ha puesto el énfasis en tratar de descubrir si hubo conocimiento o vínculo de la monarquía con tales delitos. A pesar que el propio Urdangarin ha negado tal relación, la prensa española ha divulgado  correos electrónicos en los que se liga al esposo de la hija del Rey en negocios con Corinna Sayn-Wittgenstein, quien según la misma prensa es la amante de Juan Carlos y lo acompañaba en su tour de cacería en Botswana. Como señala el periódico El Mundo de Madrid de 18 de febrero pasado “En la mayoría de estos correos, tanto Urdangarin, como Corinna hacen referencia a que Juan Carlos estaba al corriente de estas ´operaciones` como, las califica el duque”. Incluso, en otros correos aportados por el ex socio de Urdangarin a la justicia, -refiriéndose a los negocios de éste- se indica la mediación directa del Rey en el mismo. En uno de esos correos, el yerno real cuenta que su suegro prometió “toda su ayuda para encontrar ayuda financiera” (SIC).

En otro ámbito, no es mejor la situación de los otros dos eslabones de la tríada que se hunden y, hunden en la putrefacción a la política española. Mientras una marea ciudadana protestaba en varias ciudades contra la corrupción y las medidas restrictivas en materia social, -en un país minado por la recesión y por un desempleo que alcanza los 6 millones de parados- el PP y el PSOE se trenzaron en  un absurdo debate para tratar de demostrar cuál de los dos es más culpable de la crisis.

En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados con motivo de su informe anual sobre el estado de la nación el presidente Mariano Rajoy señaló que “ya pasó lo peor” y vaticinó una inminente salida de la crisis. Con total hipocresía dijo que a pesar de todo “el barco no se ha hundido”. Ante el estupor de los españoles obvió decir que en su año de gobierno la paupérrima  situación económica heredada de los socialistas ha empeorado. La tasa de desempleo ha alcanzado el 25,4%, en los últimos 14 meses se han eliminado 900 mil empleos  a razón de 8 mil 500 por día, debido en gran medida a una reforma laboral que favoreció  a los empresarios. En ese mismo período más de 400 mil familias españolas han perdido sus viviendas y 12 personas se han suicidado por tal motivo.

En su defensa el gobernante de derecha informó que a pesar de la pérdida de empleo y la magnitud de la crisis, el déficit público cerró  por debajo del 7%, inferior al 9% del año anterior. Evitó decir que no alcanzó la meta propuesta de 6,3% con la que se comprometió con la Unión Europea. También soslayó referirse a los escándalos de corrupción que afectan a su partido. Por el contrario refutó  a la principal agrupación opositora afirmando que el PP no ha sido sometido a juicio, a diferencia del PSOE.

Las tibias intervenciones del líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba -quien acusó a Rajoy de demagogo y de no tener credibilidad-,  se encaminaron a poner el acento en el tema de la corrupción. A partir de ello ambos políticos evidenciaron el hedor nauseabundo que despide la clase política española al involucrarse en una tan estéril como absurda discusión, no exenta de recriminaciones personales que pusieron en el tapete la certeza de que ninguno de los dos es garantía cierta para salir de la crisis, por lo menos en condiciones de que la mayoría de los españoles puedan retomar estándares aceptables de vida. Vale decir que ambos partidos en conjunto tienen menos del 50% de aprobación de la ciudadanía.

Algo pasa en España, ante la crisis y la charlatanería de la clase política el movimiento popular se moviliza de manera creciente. Sería deseable que tal espíritu de lucha se manifieste en acciones concretas que conduzcan a la derrota de esta nueva tríada de poder que en base a la corrupción, el engaño y el derroche ha sumido a España en la peor crisis de su historia.

(*) Venezolano. Licenciado y Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Analista y consultor internacional.

El PP rechaza instar a Interior a suspender ya el uso de las pelotas de goma porque no hay medio más disuasorio y eficaz

MADRID.- El PP ha rechazado en el Congreso apoyar una iniciativa del PSOE que pretendía instar al Gobierno a suspender "inmediatamente" el uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sustituir este tipo de material disuasorio por otros dispositivos similares menos lesivos. También se ha opuesto a un texto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que pedía directamente la prohibición de las pelotas de goma.

   El texto al que el PP ha adelantado su rechazo instaba al Ministerio del Interior a "dar instrucciones precisas para que se suspenda inmediatamente el uso de las pelotas de goma" por parte de las Fuerzas de Seguridad, reemplazándolas por "otros dispositivos disuasorios menos lesivos" cuyo uso "tenga un potencial menos dañino y que no pueda en ninguna circunstancia causar graves lesiones e incluso la muerte de personas".
   El secretario primero de la Mesa de la Comisión de Interior, Federico Cabello, ha sido el encargado de fijar la posición del PP durante el debate de las proposiciones no de ley del PSOE y la Izquierda Plural. Ha defendido el uso que hacen los agentes de estos dispositivos para, según ha dicho, "restituir la seguridad ciudadana" y permitir el ejercicio del derecho de manifestación. A su juicio, hoy por hoy no existe ningún otro medio "disuasorio" que sea más "eficaz" que las pelotas de goma.
   Tras subrayar que es "esencial" que quienes utilizan este material tengan una "formación especializada", Cabello ha dicho estar convencido de que cuando los agentes las usan lo hacen siempre de acuerdo al principio de "proporcionalidad" e incluso "con mesura". Así lo demuestra, desde su punto de vista, el hecho de que cuando se producen disturbios en manifestaciones el número de heridos entre los policías suele ser "igual o superior" al que se registra entre los manifestantes.
   Durante su intervención, el socialista Carlos Corcuera ha mostrado a sus compañeros una pelota y una bala de goma de las que utilizan los agentes. "No hace falta ser un experto para imaginarse el daño que puede ocasionar esta pelota", ha dicho.
   Corcuera ha exhibido este material antidisturbios, después de recordar el caso de Esther Quintana, quien perdió un ojo tras recibir un pelotazo durante la manifestación de la huelga general del pasado 14 de noviembre en Barcelona, y el de otra manifestante llamada Consuelo que también fue herida por una pelota de goma durante los disturbios que se produjeron en la denominada Marcha Minera de Madrid el pasado mes de julio.
   El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha mostrado su apoyo a la iniciativa del PSOE, pero ha acusado de "maniqueismo" a los socialistas por defender ahora que se dejen de usar las pelotas de goma cuando bajo mandato del PSOE se han producido, según sus cálculos, una veintena de muertes por su utilización.
   Desde Izquierda Plural, su portavoz de Interior, Ricardo Sixto, ha defendido su proposición no de ley abogando expresamente por la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de la Policía, la Guardia Civil y todas las policías autonómicas.
   En representación de CiU, su portavoz de Interior, Jordi Jané, ha admitido que este asunto requiere "una solución" pero que ésta ha de adoptarse después de realizar un estudio "serio" sobre las consecuencias de la utilización de este tipo de material. Por eso ha defendido que sea Interior quien elabore ese estudio y lo remita a la Cámara en un plazo de seis meses.

IU se querella en la Audiencia Nacional contra los cargos del PP por el 'caso Bárcenas'

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha presentado este jueves una querella en la Audiencia Nacional contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como Luis Bárcenas, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato, en la que pide investigar la presunta contabilidad B del partido.

   La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.
   Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.
   A todos ellos les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.
   Entre otras diligencias, los querellantes piden llamar a declarar como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; a Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Álava en representación del PP; al ex consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa; al ex diputado 'popular' Jaime Ignacio del Burgo; al diputado del PP, Eugenio Nasarre y al ex presidente de Baleares, Jaume Matas.
   Asimismo, se solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones de Luis Bárcenas entre los años 2009 y 2013; que el Tribunal de Cuentas envíe "copia auténtica" de las cuentas presentadas e ingresos declarados por el PP entre 1990 y 2009; así como que se requiera "urgentemente" a Fiscalía Anticorrupción "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado en su procedimiento".
Así, insta a judicializar las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía ante el riesgo de que los delitos prescriban. "El esfuerzo realizado por el Ministerio Fiscal investigando los hechos denunciados habría sido estéril, apenas un placebo de orden político para atemperar la indignación social", agrega.
Según dice, de la contabilidad difundida hasta ahora resultan unos ingresos probablemente ilícitos por importe de 6.687.344 euros. A su juicio, la contabilidad paralela en el seno del partido supone una "clara" vulneración de la normativa de financiación de partidos políticos.
Cayo Lara ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación después de presentar la demanda ante el órgano judicial, que lo que buscan con esta acción es que "la justicia investigue, que se haga justicia" para así poder "regenerar la democracia" y para que la opinión pública pueda "creer definitivamente en la justicia".
Denuncian los pagos ilícitos -dádivas o sobornos_realizados por empresarios  y particulares a varios miembros del Partido Popular, que fueron distribuidos a altos cargos de la formación política y miembros del Gobierno en, al menos, la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía.
Los querellados creen que ese dinero tenía como objetivo incidir en políticas económicas favorables a los pagadores y que éstos pudieran obtener contratos públicos u otros favores de las administraciones públicas e incluso Ministerios gobernados por los 'populares'. Al tratarse de fondos públicos ocasionaron un perjuicio para las arcas públicas y pro tanto para los contribuyentes.
El descubrimiento de las cuentas bancarias abiertas en Suiza por el ex tesorero Luis Bárcenas arroja indicios de que los responsables de finanzas del partido estarían al frente de la 'red Gürtel' dedicada a recaudar pagos ilegales sin que ningún político del PP evitara o denunciara esta práctica desde la década de los 90.
Los querellantes no ven "posible ni probable" que la fortuna millonaria amasada por Bárcenas sea fruto de su trabajo sino que creen que procedería de las actividades delictivas de la 'Gürtel'. "Los documentos contables atribuidos a Bárcenas aparentan con alto grado de verosimilitud y credibilidad la existencia de una contabilidad opaca en el Partido Popular", añaden.
Sospechan que el exsenador podría ocultar más activos en Canadá, donde hace unos días se ha desplazado supuestamente a esquiar, y recriminan que el PP ha mantenido hacia él "una actitud de protección" al "doblarle" el salario, financiarle en un principio el abogado, y mantenerle en el partido.
   El 'modus operandi' consistía en sacar contratos a licitación u otorgados directamente burlando los procedimientos de libre concurrencia o en otorgarlos a empresarios o particulares que abonaban comisiones en concepto de dádiva o precio a los miembros de la 'trama Gürtel' inserta en el Partido Popular, un dinero que finalmente era repartido entre la cúpula política y entre distintos altos cargos, incluidos varios ministros en ejercicio.
   Acusa a los querellados de defraudar a la "sociedad" al primar "exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento frente al interés colectivo de la ciudadanía y de la Administración Pública, por el cual debían velar como gobernantes o miembros del partido del gobierno". A su juicio, la regularidad de los pagos induce a pensar que los receptores han estado "a sueldo" de distintas empresas, principalmente constructoras.

Defensa estudia si debe sancionar al general Chicharro

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha iniciado ya los trámites para dictaminar si deben ser sancionadas y, en ese caso, establecer qué tipo de sanción les corresponde, las declaraciones que hizo el general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro en un foro sobre 'Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional', en el que dijo que "la patria es anterior y más importante que la democracia".  

   Según han informado hoy fuentes del Departamento dirigido por Pedro Morenés, el superior directo del general Chicharro, el gran canciller de la Orden de San Hermenegildo, general José Rodrigo, ha iniciado ya una "información previa" para dictaminar si sus palabras son "sancionables" y "qué tipo" de castigo debe imponerse por sus declaraciones que, en cualquier caso, "no son el pensamiento de las Fuerzas Armadas".
   El general Chicharro, en situación de reserva, es miembro de la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que tiene por finalidad "recompensar y distinguir" a oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil por "su constancia en el servicio y la intachable conducta".
   Como militar en la reserva, sigue sometido al Régimen Disciplinario Militar, algo que no ocurre con los militares retirados. Esta ley prevé castigos para los militares que expresen "públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales". También sanciona las expresiones públicas "contrarias" o de "menosprecio contra la Constitución, la Corona, y demás órganos, instituciones o poderes".
   Según ha publicado este jueves el diario 'El País', el general Chicharro aseguró en dicho foro, el pasado 6 de febrero, que en los militares hay un sentimiento de preocupación, temor, incertidumbre y confusión" por la "ofensiva separatista-secesionista" en Cataluña. Además, defendió, según este diario, que "el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley".

   Fuentes de Defensa han asegurado que el Ministerio tratará este asunto "con normalidad", como ya ocurrió cuando el director de la 'Revista Ejército', el general en la reserva Angel Luis Pontijas, fue destituido de su puesto por las palabras publicadas en el editorial del mes de noviembre en el que criticaba las "proclamaciones de las intenciones soberanistas" del presidente de la Generalitat, Artur Mas.
   Tras este caso, el ministro de Defensa insistió públicamente en que el "Ejército está tranquilo" ante la situación en Cataluña, ya que esta serenidad es "una de las condiciones esenciales de su propia naturaleza y de la responsabilidad que tiene encomendada". Los militares, recalcó, saben "perfectamente la tarea que les tiene encomendada la nación", que es la de garantizar "la seguridad de todos los españoles".
   Semanas más tarde, en la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real, ante el Rey y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Morenés elogió el trabajo "callado" y el ánimo "firme y sereno" de los militares, que no atienden a "absurdas provocaciones". Después explicó que pretendía así reconocer la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas y responder a los comentarios "hirientes" sobre sus maniobras.

El PSOE pide sancionarlo

El portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, ha reclamado hoy al ministro de Defensa, Pedro Morenés, que aplique "de manera inmediata" las "oportunas sanciones disciplinarias" al general Juan Antonio Chicharro, por sus declaraciones "contrarias a la Constitución", en las que afirmaba que "la patria es más importante que la democracia".
   En un comunicado, López Garrido ha urgido a Morenés a "confirmar el alcance de esas declaraciones, que al parecer fueron leídas por el citado general y aplicar en consecuencia las sanciones disciplinarias que correspondan, según la legalidad vigente".
 "Y debe hacerlo de forma inmediata", ha remachado el diputado socialista.
   A juicio de López Garrido, las declaraciones del general en la reserva, citadas por el periódico 'El País', son "frontalmente contrarias a la Constitución y a la disciplina militar" y, por tanto, "incompatibles con el régimen democrático y el Estado de Derecho en el que se fundamenta la Constitución Española".
ICV quiere acciones judiciales
Iniciativa per Catalunya (ICV), a través de su diputada Laia Ortiza, quiere saber si el Gobierno tiene previsto sancionar al general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro por haber asegurado recientemente que "la patria es anterior y más importancia que la democracia".    ICV ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno se pronuncie sobre estas declaraciones que el citado militar realizó el pasado 6 de febrero durante su participación en el debate 'Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional', en el que además aseveró que "el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley".
   Y es que, según apunta ICV citando a 'El País', pese a que el general Chicharro está en la reserva, no está retirado y, por tanto, sigue sujeto al código disciplinario castrense que sanciona al militar que "exprese públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opiniones políticas o sindicales".
   Además, añade la formación ecosocialista, está destinado en la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, un selecto órgano asesor del ministro de Defensa en materia de recompensas que evalúa la conducta "intachable" de los militares.
   Así las cosas, Ortiz quiere saber si al Gobierno le consta que el general Chicharro hiciera las mencionadas afirmaciones, quiere que se pronuncie respecto de las mismas, en caso de ser ciertas, y quiere que especifique además si tiene intención de adoptar alguna medida sancionadora --incluido su relevo inmediato de la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo-- o incluso emprender alguna acción judicial en su contra.
   Además, la parlamentaria de ICV pregunta al Ejecutivo si le consta que haya otros altos mandos del Ejército que puedan compartir las opiniones de este militar, y si cree realmente que el mismo tiene que anteponer su sentimiento patriótico al deber de cumplir con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
   Por último, la diputada catalana pretende que el Gobierno se pronuncie sobre si es hora ya de "dejar claro" que el centro del debate político en una democracia son las Cortes Generales, y no el Ejército, después del "goteo de exabruptos graves proferidos por militares en relación con la situación política" de Cataluña.

El Tribunal Supremo revoca la prohibición del "burka"

MADRID.- El Tribunal Supremo ha anulado la ordenanza del Ayuntamiento de Lérida que prohibía el velo islámico y otras prendas que oculten el rostro, como el "burka", en sus edificios municipales, al entender que su uso no perturba la seguridad ciudadana ni la medida sirve para proteger la igualdad de la mujer. 

Además, para el Tribunal Supremo (TS) "la prohibición del velo integral constituye una limitación del ejercicio de la libertad religiosa".
El alto tribunal revoca así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avaló la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Lérida por la que se acordó esa prohibición, al estimar el recurso que contra esta resolución interpuso la asociación musulmana Watani.

Los militares de la AME ven la Patria por encima de la Constitución

MADRID.- El presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME), el coronel retirado Leopoldo Muñoz, afirmó este jueves que AME suscribe "de la A a la Z" las palabras del general en la reserva Juan Antonio Chicharro situando la patria por encima de la democracia, y exhumó la sentencia de José Calvo Sotelo: "Antes una España roja que una España rota". 

El coronel Muñoz felicitó personalmente al general Chicharro por afirmar el pasado 6 de febrero en una mesa redonda y según publica hoy el diario El País, que "la patria es anterior y más importante que la democracia", porque "el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley".
El presidente de la AME corroboró que España no desaparece por que tenga un régimen político u otro" y que "para el ejército lo importante es la unidad y la integridad, independientemente del régimen que exista, que es el que se da el pueblo".

Por eso, "a España se la defiende aunque sea comunista" y tiene sentido la célebre frase del político derechista español de la Segunda República. Preguntado si la anteposición del sentimiento patriótico a la Constitución no es precisamente lo que esgrimen los independentistas catalanes, el coronel Muñoz, matizó que "Cataluña es una región de España" y que "la nación está por encima de la región".
A ésta, dijo, se le protege como parte de un todo, pero "no puede actuar libremente" porque "la parte no puede estar por encima del todo". El presidente de la AME no quiso confiar al ejército la facultad de mantener la integridad de España en caso de que el Gobierno no sea capaz de defenderla por sí solo. Si el Ejecutivo no está a la altura de sus responsabilidades, "se aplica lo que dice la Constitución", que encarna la voluntad del pueblo español.

Bárcenas: "Ni me he apuntado al paro ni me voy a apuntar"

MADRID.- "Ni me he apuntado al paro ni me voy a apuntar". El extesorero del PP Luis Bárcenas lo ha dejado así de claro. Cuatro días después de declarar ante el juez Pablo Ruz, de que se le retirara el pasaporte como medida cautelar y de que demandara al Partido Popular (PP) por despido improcedente, Bárcenas ha roto hoy su silencio. El PP será llamado a alcanzar un acuerdo de conciliación por el despido de Bárcenas

También este mismo jueves, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha considerado que, en el Partido Popular, "debemos plantarnos con seriedad" ante el extesorero Luis Bárcenas para defender "nuestra dignidad" y no permitir que "pueda jugar con el PP".
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha insistido en que "el qué está metido en un embrollo de mentiras y cosas que no tienen ninguna explicación" es Luis Bárcenas, que "está jugando con el PP". "Eso no lo podemos permitir de ninguna manera", ha asegurado.
Alonso ha insistido que los trabajos del extesorero con el PP finalizaron en 2010 y ha añadido que la "historia del finiquito" está siendo utilizada por Bárcenas para "atacar" al PP. A su entender, "ya es hora también de que nosotros debemos plantarnos con seriedad frente a este hombre, defender nuestro partido, nuestra dignidad y no permitir que Bárcenas pueda jugar con el PP".
Alonso ha asegurado que no tiene constancia de que exista "ningún chantaje" y ha precisado que, en cualquier caso, "sería inútil" porque Mariano Rajoy "no es un hombre sensible a chantajes".
También hoy, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, y el secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social, Enrique Santiago, han registrado en la Audiencia Nacional una querella criminal por el 'caso Bárcenas'.