UPyD anuncia una querella contra banca e instituciones por las opciones opciones preferentes

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD), la formación que abrió la investigación judicial de la salida a Bolsa de Bankia, ha anunciado este jueves que va a presentar otra "querella criminal" en la Audiencia Nacional para que la "estafa de las preferentes no quede impune" y que los tribunales castiguen a quienes las "comercializaron, promovieron, estimularon su comercialización y miraron para otro lado" sin darse "por enterados".

   Así lo ha anunciado la diputada de la formación magenta Irene Lozano en el Pleno del Congreso durante el debate de convalidación del decreto ley de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión.

   Lozano ha acusado a los responsables del Ministerio de Economía de utilizar un "lenguaje de encubrimiento" cuando se refieren a este asunto. "Pero ¿ustedes no se han enterado de que le han robado a la gente sus ahorros de toda la vida?", ha espetado al ministro del ramo Luis de Guindos.

   A su juicio, el decreto del Gobierno busca "dar por terminada" la historia de esta "estafa" y "cubrir con nuevas toneladas de mentiras" el "engaño" al que se sometió a "cientos de miles de personas". "Pues le digo que para los responsables directos y para sus colaboradores necesarios, la historia de esta estafa no termina hoy. Empieza", ha avisado Lozano.

   La diputada ha asegurado que las "responsabilidades políticas" por este asunto se "depurarán" en las urnas, pero que es necesario determinar las "responsabilidades penales" que la Fiscalía "se ha negado a investigar", aunque para UPyD están "claras".

   "Se lo diré en el único lenguaje que entienden: nuestra respuesta a este decreto no es lo que le acabo de decir, es una querella criminal que vamos a presentar en la Audiencia Nacional", ha puntualizado.

   El objetivo de esa querella es que esa "estafa no quede impune" y que los tribunales "castiguen a quienes comercializaron preferentes, quienes las promovieron, quienes estimularon su comercialización, quienes miraron para otro lado, quienes no se dieron por enterados". 

"Y por último, --ha agregado Lozano-- a quien trató de enterrar, por decreto, la estafa y la desgracia de cientos de miles de jubilados".

   Otros diputados de UPyD han apuntado en las redes sociales las responsabilidades políticas de la querella: "El PSOE pretende no tener nada que ver con timo de preferentes, pero sus consejeros de las Cajas timadoras y sus Gobiernos aprobaron la venta", ha apuntado Carlos Martínez Gorriarán. "Escuchando hablar de preferentes a todos los que estaban en las cajas y las permitieron: PP, PSOE, IU...", añade Toni Cantó.

   Además, Irene Lozano ha subrayado ante el ministro que la mayoría de los afectados por este "engaño" son pensionistas. "Como me contaba el otro día uno de los estafados, eran jubilados, pero no eran imbéciles y si les hubieran dicho que no iban a recuperar su dinero, no lo habrían metido en esos artefactos".

 "Confiaron en sus bancos y cajas, confiaron en la supervisión de las instituciones. Y los engañaron todos", ha denunciado.

   Con respecto al careo entre De Guindos y los socialistas, Lozano ha ironizado con la "gran representación" que han interpretado de una gran discrepancia cuando "la mitad de las culpas que cada uno ve con su ojo tuerto, cuando se suman, explica la realidad de lo que ha pasado con las preferentes".

CGPJ insiste que el decreto contra desahucios del Gobierno andaluz es "positivo"

MADRID.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha insistido este jueves que la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, es "positiva", siempre y cuando estas medidas encajen con el ordenamiento jurídico español.

   En declaraciones a Radio Nacional, Bravo ha dicho que es "muy positivo" que las administraciones "demuestren" ya "preocupación" y "sensibilidad" por la situación de exclusión social en la que se encuentran muchas familias españolas que "están en el umbral de la pobreza" y ,según ha insistido, los poderes públicos "no pueden ser ajenos a esa situación".

   Asimismo, ha indicado que aplaude esta medida "siempre y cuando" tengan "plenamente" encaje en la legislación española y además esté "marcada" en el ejercicio de las competencias que les corresponde a las comunidades autónomas.

   Bravo ha insistido en que el análisis jurídico del decreto que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "no corresponde" al CGPJ hacerlo porque "no es su función" ya que es algo que le "corresponde a otras instancias".

   Precisamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón dijo este miércoles que "el Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida" según la cual la Junta de Andalucía podrá expropiar temporalmente a los bancos el uso de las viviendas en ciertos casos para evitar el desahucio de sus inquilinos, y cuáles son "sus hipotéticos efectos".

   Ante la posibilidad de que los jueces tengan más funciones respecto a las ejecuciones hipotecarias, ha expresado que los jueces ya están "demostrando" su actuación diaria. Según la portavoz del CGPJ, la justicia tiene además una función "social" y por tanto "no puede estar al margen del contexto en que se está aplicando" ya que puede "integrar" la norma y puede "inferir" determinadas situaciones.

   El hecho de que gracias a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos (TDH) se haya podido modificar ya la legislación hipotecaria y esto permita a los jueces, a su vez, poder entrar en el análisis de las cláusulas de los contratos para determinar si son abusivos o no, le parece que es ya un "éxito".

   No obstante, ha señalado que espera que, como el problema "es de tal envergadura", en el trámite parlamentario, la reforma "conceda instrumentos efectivos a los jueces para poder paliar también la situación en la que se encuentran las familias españolas".

El BOJA publica el decreto que permite expropiar temporalmente viviendas en Andalucía

SEVILLA.- El decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía el pasado martes entrará en vigor el viernes tras ser publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se establece la expropiación temporal por un plazo de tres años del uso de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas". 

   En dicho decreto ley además se establece que en el plan de un mes se deberá aprobar una orden para poner en marcha un plan extraordinario de inspección, con la finalidad de "mitigar de firma urgente los efectos perjudiciales de la no habitación de viviendas".

   Dicho plan de inspección contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de otro tipo, así como el orden de prioridades que vayan a servir para selección los ámbitos, objetivos inmuebles y viviendas. El plan tendrá una vigencia máxima de dos años.

   Dicho decreto ley asimismo un orden preferente de tramitación para la expropiación temporal. De esta forma, considera que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento "afecta a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o desempleados sin derecho a prestación". Estos colectivos tendrán un orden preferente de tramitación, al igual que ocurre con las personas cuya vivienda esté sometida a algún régimen de protección pública.

   Este decreto ley fija los requisitos para poder optar a dicha expropiación temporal de uso, incluidos datos fiscales y de la vivienda, así como define el concepto de vivienda deshabitada.

   Esta norma establece la necesidad de un programa de bolsas de viviendas en alquiler destinado a asegurar la "efectiva ocupación" y, en materia sancionadora, apunta que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de procedimientos sancionadores en materia de VPO será de un año.

   Asimismo, las entidades financieras, inmobiliarias y entidades de gestión de activos se verán obligadas en el plazo de un mes a comunicar un inventario de las VPO ubicadas en Andalucía que integren su balance.

   El decreto se tramitará como proyecto de Ley en el Parlamento, introduce además medidas de "incentivo" a particulares y "sanciones" a bancos e inmobiliarias para que "salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía", que ha cifrado entre 700.000 y un millón de viviendas, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.

   Otra novedad prevista en la norma es la creación "por primera vez" de un registro de viviendas deshabitadas.

   Entre otras medidas, la nueva regulación refuerza las ayudas al alquiler. Las subvenciones se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda y estarán dirigidas a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos, a quienes además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.

   De forma complementaria, la Administración intermediará para favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes. De igual modo, podrá desarrollar programas de bolsa de viviendas en alquiler para ampliar el actual parque a precios adecuados.

   En materia de incentivos, uno de los incentivos será "establecer un seguro para garantizar el cobro de la renta, en el caso de que el inquilino no lo satisfaga, o un seguro para arreglar los posibles desperfectos que pudieran generarse", esto es, la Junta "contratará un seguro y abonará las cantidades en el caso de que el inquilino no satisfaga la renta o genere imperfectos en la vivienda, con ese seguro la Junta pagaría cantidades debidas y  arreglaría desperfectos".

   En lo que se refiere a la expropiación temporal del uso de la vivienda, el procedimiento de expropiación temporal será de aplicación a inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos.

   Entre los requisitos para aplicar esta medida excepcional, destacan que el afectado tenga en la vivienda objeto del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar situación de exclusión social acreditada por los servicios sociales municipales, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las circunstancias en las que se concedió el préstamo.

   El deterioro de las condiciones económicas familiares tomará como referencia que el esfuerzo para atender la hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de los ingresos familiares. Las personas que se beneficien de esta iniciativa no podrán superar tres veces el Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiple).

   Asimismo, las familias en riesgo de desahucio cuyas viviendas sean objeto de una expropiación temporal del uso por un plazo de tres años del uso de las viviendas por parte de la Junta de Andalucía deberán destinar el 25 por ciento de la renta familiar para pagar el dos por ciento del justiprecio de dicho inmueble.

   En cuanto al régimen disciplinario, el Decreto-Ley incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantengan ocioso y no destinen al arrendamiento su 'stock' residencial. Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley. Para estos casos, la penalización puede alcanzar hasta los 9.000 euros.

   La recaudación de las multas se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta y a la financiación de políticas públicas para promover el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda. La norma regula la vivienda vacía como aquella que, reuniendo los requisitos legales y administrativos para dar derecho de habitación, se encuentra desocupada. Quedan excluidas las residencias secundarias, las destinadas al recreo y las de uso turístico así reguladas.

   De acuerdo con el Decreto-Ley, una vivienda no está habitada cuando no cuente con contrato de suministro de agua y de electricidad o su consumo sea nulo o escaso, tomando como referencia la media habitual por vivienda y año facilitada por las compañías suministradoras. Asimismo, se tienen en cuenta otros aspectos como los datos del padrón de habitantes; la recepción de correo y notificaciones en otros lugares, o la utilización habitual de éstos para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas.

   Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitación. En todo el proceso de declaración los interesados estarán amparados por un procedimiento garantista. La nueva regulación prevé un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de este tipo de inmuebles. Además, dispone la elaboración de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Administración en este ámbito.

Un centenar de activistas antidesahucio protagonizan un 'escrache' en la casa de la diputada del PP Rodríguez Salmones

MADRID.- Un centenar de activistas antidesahucio han protagonizado la tarde de este martes un 'escrache' en la vivienda particular de la diputada del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, al grito de "Si no hay justicia, hay 'escrache'".

   La marcha arrancó sobre las seis de la tarde de la madrileña Plaza de Castilla para, pasando por Mateo Inurria, llegar hasta la vivienda particular de Rodríguez Salmones.

   Esta iniciativa se está desarrollando bajo una fuerte presencia policial, con hasta ocho furgones de la Policía Nacional acompañando en todo momento a los activistas antidesahucio.

   Los participantes en la marcha, que portan multitud de pegatinas y pancartas con el famoso lema antidesahucio 'Sí se puede, pero no quieren', han coreado lemas reclamando la dación en pago y el alquiler social o 'La ILP no se negocia' o "Si no hay justicia hay 'escrache'".

   Los activistas antidesahucio han llegado a la vivienda de la diputada popular sobre las siete menos cuarto de la tarde. En el portal de la vivienda han colocado una veintena de pegatinas de 'Si se puede' bajo la atenta mirada de los vecinos del edificio, que ante el revuelo han comenzado a asomarse a sus ventanas.

   La Policía, que ha pedido la documentación de manera preventiva a varias personas ya en la misma Plaza de Castilla, ha requerido con contundencia a los participantes en la marcha que se trasladaran a la acera de enfrente del portal, como así han hecho.

   El centenar de activistas antidesahucio permanecían sobre las siete de la tarde frente a la vivienda de la diputada popular lanzando consignas para reclamar la dación en pago y el alquiler social. Asimismo, anunciaban que permanecerán en el lugar informando a los vecinos de las reclamaciones contempladas en la ILP.  

   En unas recientes declaraciones a la prensa, la diputada Rodríguez Salmones calificó de "absolutamente antidemocrático" este tipo de actos de acoso. Preguntada por si temía sufrir personalmente estas presiones, Rodríguez Salmones dijo que "la palabra no es temer", pero que "cada vez que un compañero lo sufre lo sufren todos y lo sufre toda la Democracia si se tolera".

 "A mi me han elegido, debo votar en conciencia y mi conciencia no debe ser coaccionada por un acoso de este tipo", sentenció.

La Policía identifica a 30 personas por 'escraches' en Madrid, Jorge Verstrynge entre ellas

MADRID.- La Policía Nacional ha identificado a 30 personas por participar en 'escraches' en Madrid, entre ellas al ex secretario de Alianza Popular Jorge Verstrynge, si bien las posibles sanciones que se deriven de sus actos de protesta aún no han llegado para ser firmadas a la mesa de la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, han informado fuentes de la Delegación de Gobierno en Madrid.

   Estas mismas fuentes han indicado que las identificaciones se trasladan al quipo de funcionarios de la Delegación que se encargan de investigar estos actos de acoso a políticos para tipificar las identificaciones y proponer las sanciones que se pudieran derivar de esos actos. Y éstas deben ser firmadas por la delegada Cifuentes, que aun no ha firmado nada.  

   Esta mañana, el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Alfonso José Fernández Díez, ha asegurado que la Policía --desde el inicio del fenómeno de los escraches-- trabaja de forma preventiva para detectarlos y evitar situaciones de acoso y coacciones a los políticos.

   Tras una rueda de prensa sobre la desarticulación de una red de narcotraficantes, Fernández Díez ha señalado que, en el caso de no poder detectar los escraches previamente, la Policía está reaccionando convenientemente e identificando a las personas que participen en ellos, según la Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana. Posteriormente envían estas actuaciones a las autoridades judiciales.

   El Ministerio de Interior ha remitido una instrucción a las distintas Delegaciones de Gobierno para que en las concentraciones no comunicadas se realicen ante los domicilios particulares de los cargos públicos, "se adopten las medidas precisas para salvaguardar, asegurando una distancia prudencial, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la intimidad personal y familiar de los afectados, sus familias y el resto de los residentes en el inmueble, así como la libertad de circulación de los ciudadanos, actuando con arreglo al principio de proporcionalidad para garantizar que no se impide el tráfico rodado ni la libre entrada y salida de los inmuebles, así como el tránsito normal de peatones".

Hacia un nuevo modelo político y económico / Ángel Tomás Martín *

Cuando un líder empresarial o una actividad sectorial es dirigida y controlada de forma unipersonal, en el primer caso, o por un pequeño grupo que gestiona controlando el poder absoluto en beneficio propio o con fines concretos, nos encontramos ante una oligarquía. Podemos definirla también como la unión de determinados poderosos que presentándose como protectores de los más débiles y alardeando de demócratas, solo persiguen el dominio político, económico y la dependencia de sus arbitrarias actuaciones.

La oligarquía, es casi tan vieja como el mundo y la encontramos desde la antigua Esparta, Atenas, Cartago (gobernada por mercaderes, armadores y grandes propietarios), la Venecia del Dux, y más recientemente la nobleza agraria Polaca. Modernamente, como no podía ser menos, se sigue practicando en numerosos países de los distintos continentes, como ocurre también en Europa y en cada uno de sus socios comunitarios.

El caso más simple y más frecuente de todos conocido, es la empresa. Un empresario que al alcanzar el liderazgo se rodea solamente de aquellos que le facilitan la colaboración a los objetivos y misiones exclusivamente personales, cuando prescinde o desoye cualquier sugerencia que suponga un cambio necesario que lleve a compartir decisiones opuestas o diferentes a sus ambiciones, estamos ante un oligarca. No admitir las continuas reformas necesarias a que obligan los agentes externos, obsesionarse con los intereses que impone y defiende, rechazando cuanto le aporten constructivamente, conduce irremediablemente al fracaso, al endeudamiento insoportable y al perjuicio de cuantos componen el escuerzo individual y colectivo, olvidando que él no es la empresa, la empresa la conforman todos.

Ciñámonos a España, estudiemos, aunque sea someramente, el proceso, actuaciones y resultados que han provocado la "actual situación extremadamente compleja" que afecta a la política, a la economía, a las finanzas, al empleo y a nuestras relaciones y prestigio internacionales.

Cualquier administración, sea cualquiera su objetivo, en la que el gasto duplique los ingresos, está condenada al fracaso y a su desaparición. Los responsables de la gestión que carezcan de las dotes necesarias para ejercerla, deben ser sustituidos a la mayor urgencia, ya que mantenerse en el poder solo origina pobreza, endeudamiento creciente, perjuicio a terceros y responsabilidad, incluso penal en muchos casos. En un Estado los resultados pueden llegar a ser catastróficos, puesto que la incompetencia, la ausencia de dotes de mando, el descontrol y el despilfarro, se justifican recurriendo a la falsedad y a la mentira para encubrir una situación económico-financiera y presupuestaria que deviene en una crisis de muy largo recorrido, y que obliga a la adopción de medidas urgentes de profundo calado, siempre lamentables y dolorosas que obligan a un endeudamiento vinculante para futuras generaciones.

Por mucho esfuerzo que se emplee en enmascarar la realidad de nuestra coyuntura la verdad se impone, y no admitirla aumenta la gravedad y nos convierte en irresponsables. Solo conseguiremos el crecimiento progresivo del endeudamiento colectivo y el alargamiento en el tiempo de la crisis; puesto que recibir fondos continuamente, sin crear fuentes de riqueza junto a un control del gasto improductivo

conduce inevitablemente al desastre. Es imprescindible e inaplazable un cambio en nuestro sistema político y económico que transforme y democratice la pseudooligarquia política de nuestra administración central, de las administraciones autonómicas, que han superado los dos tercios del gasto total (más del 40% del PIB), de los más de 8.000 ayuntamientos, la mitad innecesarios, que gastan sin tasa ni control, de las diputaciones y de las más de 3.000 empresas y entes públicos incontrolados y en su mayoría de muy difícil justificación.

No es de recibo que para hacer frente a los continuos vencimientos del principal y altos intereses de la deuda soberana, nos veamos obligados a una también continua subida de los impuestos, en muchos casos injustos y superiores a la media de los de nuestros socios europeos, que suponen una dificultad para nuestra competitividad. España tiene capacidad creativa y empresarial suficiente, solo hacen falta, junto a las reformas políticas, las reformas económicas que hagan posible a los emprendedores y empresas consolidadas desarrollar su crecimiento y potenciar el consumo.

En todas las escalas de la administración pública, pero especialmente en las autonomías y ayuntamientos, se permite un gobierno donde se ha asentado el nepotismo, el independentismo incontrolado y una administración económica propia de la incapacidad y la insensatez. Veamos algunos casos que justifican las anteriores afirmaciones:

proliferación de televisiones siempre deficitarias, de aeropuertos que no cubren el umbral de sostenimiento por ausencia de viajeros, de obras y estructuras faraónicas inexplicables y carentes de rentabilidad, de plantillas innecesarias y costosísimas (más de dos millones de ocupados por designación), de parques de automóviles sorprendentes etc.etc.. Posible todo esto por la ausencia de intervención y control presupuestario ante la pasividad del Banco de España, del Tribunal de Cuentas del Estado y del Cuerpo de interventores, entre otros, debido a que en la práctica ha dejado de existir la separación de poderes y la independencia absoluta del Poder Judicial. Una gran responsabilidad de los partidos políticos mayoritarios en las últimas legislaturas, ha sido la permisibilidad en la oposición de las prácticas inaceptables mencionadas.

Se impone sin demora alguna un nuevo modelo de Estado que permita la participación ciudadana, que elimine todo género de oligarquía, que controle y sancione las desviaciones presupuestarias, que estimule el crecimiento, la innovación y la creatividad, que no permita el plagio, que implante la libertad de mercado y que estimule y colabore a la internacionalización, sin olvidar que las liquidaciones presupuestarias y los balances sean públicos, veraces y reflejen la posición real.

(*) Economista y empresario

Hollande creará una fiscalía financiera para combatir la corrupción en Francia

PARÍS.- El presidente de Francia, François Hollande, ha anunciado una serie de medidas para combatir la corrupción entre los responsables del Estado, entre las que se incluyen la creación de una fiscalía financiera, la puesta en marcha de un organismo "independiente" encargado de controlar el patrimonio e intereses de los ministros y otros cargos electos y la lucha contra los paraísos fiscales "en Europa y en el mundo".

   "El caso de Cahuzac nos obliga a responder con fuerza, tal como exigen los franceses", ha declarado este miércoles Hollande al término del Consejo de Ministros, en referencia al anterior secretario de Estado de Presupuestos, el socialista Jerome Cahuzac, quien reconoció el pasado 2 de abril que había tenido durante veinte años en Suiza una cuenta bancaria sin declarar de unos 600.000 euros.

   "El fracaso de un hombre no debe hacer planear el descrédito ni la sospecha sobre los cargos elegidos que se desviven por el bien público sin obtener la menor ventaja de ello", ha declarado este miércoles el presidente, quien a principios de este mes advirtió en un comunicado de que los altos responsables del Estado que sean condenados por corrupción quedarán "inhabilitados para cualquier cargo público".

   Una de las disposiciones anunciadas este miércoles por el presidente es la instauración de una fiscalía financiera con competencia en todo el país para reforzar la lucha contra la delincuencia económica y financiera y para "actuar en los casos de corrupción y de grandes fraudes fiscales", ha declarado.

   El presidente ha anunciado que sus 35 ministros deberán hacer públicos sus patrimonios "desde el lunes" 15 de abril y que las normas que rigen respecto al patrimonio de los máximos responsables del Estado serán "revisadas por completo". Asimismo, ha advertido de que se prohibirá compatibilizar el cargo de parlamentario con determinadas profesiones, a fin de evitar conflictos de intereses.

   Hollande ha anunciado también la creación de una "alta autoridad totalmente independiente" que "controlará las declaraciones de patrimonio e intereses de los ministros, parlamentarios y altos cargos electos". Esta autoridad "estudiará a fondo la situación de cada ministro antes de su nombramiento", ha precisado.

   Hollande ha llamado también la atención sobre la necesidad de "erradicar los paraísos fiscales en Europa y en el mundo", por considerarlo una condición imprescindible para "preservar el empleo". "No dudo en calificar de paraíso fiscal a cualquier país que se niegue a cooperar plenamente con Francia", ha aseverado.

   Con este fin, ha advertido, el Gobierno francés establecerá cada año una lista de paraísos fiscales. Asimismo, París va a reclamar que "los bancos franceses y las grandes empresas declaren en el futuro cuáles son sus filiales en todo el mundo".

   Según la cadena de televisión France24, Luxemburgo ya se ha mostrado dispuesto a suprimir parcialmente el secreto bancario. Francia ha defendido la puesta en marcha en toda Europa de sistemas de intercambio sistemático de informaciones bancarias. En 2009, el anterior presidente galo, Nicolas Sarkozy, proclamó públicamente que ya no había paraísos fiscales en Europa.

   Según France24, todas estas medidas serán reunidas en un proyecto cuya redacción definitiva no ha concluido todavía y que será expuesto mañana jueves por el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, tanto a los presidentes de las dos Cámaras parlamentarias como a los jefes de los distintos grupos políticos. El texto final será examinado por el Consejo de Ministros el próximo 24 de abril.

En 2012 fueron ejecutadas casi 700 personas en el mundo

LONDRES.- Al menos 682 personas fueron ejecutadas en todo el mundo a lo largo de 2012, según ha informado Amnistía Internacional (AI), que ha vuelto a situar a Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irak e Irán como los países que más aplican un castigo cuyo efecto disuasorio "no está demostrado en modo alguno". Asimismo, la organización ha recordado el caso de Pablo Ibar, el único español "condenado a muerte en el mundo" y que se encuentra en el corredor de la muerte en Florida desde 2000.

   La organización ha emitido este miércoles su informe sobre la Pena de Muerte en 2012, en el que indica que la aplicación de la pena capital continúa "restringida a un grupo aislado de países" y que, en todas las regiones del mundo, se han observado "avances hacia su abolición".

   En 2012, según el informe, se documentaron ejecuciones en 21 países del mundo. La cifra coincide con la de 2011, pero es inferior a la de 2003, cuando se registró la aplicación de la pena de muerte en 28 países. "Una vez más", según AI, los cinco Estados que llevaron a cabo mayor número de ejecuciones en el mundo fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irak e Irán.

   Asimismo, ha proseguido la organización, el año pasado se registró la reanudación de las ejecuciones en varios países que llevaban tiempo sin aplicar la pena de muerte, principalmente Gambia, India, Japón y Pakistán, así como "un alarmante aumento de las ejecuciones en Irak".

   "El retroceso observado en 2012 en algunos países es decepcionante, pero no invierte la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte", ha declarado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.

   "En muchas partes del mundo, las ejecuciones empiezan a ser cosa del pasado" y solo "uno de cada diez países del mundo aplica la pena de muerte", ha proseguido. "Sus mandatarios deberían preguntarse por qué siguen aplicando una pena cruel e inhumana que el resto del mundo ha dejado atrás", ha manifestado Shetty.

   Según la organización, un importante estudio realizado en Estados Unidos en 2012 concluyó que no debía esgrimirse el argumento del efecto disuasorio para justificar el uso de la pena de muerte. "Los Gobiernos que siguen aplicando la pena de muerte se han quedado sin argumentos para justificarse", ha advertido Shetty. "No está demostrado en modo alguno que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio especial frente al delito", ha asegurado.

   "La verdadera razón del uso de la pena de muerte suele encontrarse en otro sitio", ha declarado el secretario general de AI, quien ha recordado que a lo largo de 2012 la organización ha expresado su "honda preocupación" por las ejecuciones aparentemente cometidas "con fines políticos en algunos países, como medida populista o directamente como instrumento de represión".

   En 2012, según Amnistía, se tuvo conocimiento de al menos 682 ejecuciones en el mundo, dos más que en 2011, y se pudieron confirmar al menos otras 1.722 sentencias de muerte dictadas en 58 países, en comparación con las 1.923 dictadas en 63 países el año anterior. Estas cifras, no obstante, "no incluyen los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China, que mantiene los datos en secreto".

   Respecto a los métodos de ejecución aplicados en 2012, el informe incluye la horca, la decapitación, el fusilamiento y la inyección letal. En Arabia Saudí se exhibió en una "crucifixión" el cadáver de un hombre ejecutado por decapitación.

   Asimismo, en 2012 se dictaron penas de muerte por causas muy diversas, como delitos económicos y relacionados con drogas, pero "también por 'apostasía', 'blasfemia' y 'adulterio'", unos actos que "ni siquiera deberían considerarse delitos", ha denunciado AI.

   Por regiones, el informe da cuenta de "algunos retrocesos decepcionantes" en Asia y Oceanía, y recuerda que en noviembre de 2012 se llevó a cabo en India la primera ejecución desde 2004, "con el ahorcamiento de Ajmal Kasab, uno de los hombres armados que perpetraron los atentados de 2008 en Bombay".

   Asimismo, se reanudaron las ejecuciones en Japón después de un lapso de 20 meses, y el número de personas ejecutadas en China "volvió a ser superior a la cifra total de ejecuciones en el resto del mundo". No obstante, "debido al secreto que rodeaba al uso de pena de muerte en el país, no fue posible obtener datos precisos sobre la aplicación de la pena capital".

   El documento destaca también que el 99 por ciento de las ejecuciones cometidas en las regiones de Oriente Próximo y norte de África se registraron en cuatro países, Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen, aunque también reconoce que el conflicto de Siria ha impedido confirmar si se había aplicado la pena de muerte en este país en 2012.

   El informe de AI asegura que, "en particular", en 2012 se registró un preocupante incremento del uso de la pena capital en Irak, donde fueron ejecutadas al menos 129 personas, casi el doble que las 68 ejecutadas en 2011.

   Asimismo, Irán volvió a ocupar el segundo lugar del mundo en cuanto a mayor número de ejecuciones, después de China. Las autoridades reconocieron oficialmente 314 ejecuciones, "pero el número real es casi seguro muy superior, ya que se documentaron otras muchas decenas de ejecuciones que no fueron oficialmente reconocidas", ha indicado AI.

   El documento de AI revela que en Estados Unidos se registraron en 2012 un total de 43 ejecuciones, una cifra idéntica a la de 2011, y destaca que la pena capital se aplicó únicamente en nueve estados de la unión, por debajo de los trece del año anterior. Connecticut se convirtió en abril de 2012 en el decimoséptimo estado abolicionista, mientras que el referéndum celebrado en noviembre en California para la abolición de la pena de muerte no prosperó "por un estrecho margen".

   Amnistía Internacional ha destacado también los "avances" registrados en África subsahariana, como ocurre en los casos de Benín, que ha eliminado varias barreras legales que impedían su abolición, y Ghana, que tiene previsto abolir la pena de muerte en su nueva Constitución. En Sierra Leona ya no hay ninguna persona condenada a muerte.

   No obstante, entre 2011 a 2012 aumentó considerablemente el número de ejecuciones y sentencias de muerte dictadas en la región debido a las cifras de Sudán y Gambia.

   En agosto se llevaron a cabo nueve ejecuciones en Gambia, las primeras cometidas en el país en casi tres décadas. Tras las protestas internacionales, el presidente Yahya Jammeh anunció una moratoria "condicional" de las ejecuciones que se "levantaría automáticamente" si aumentaban los índices de delincuencia. Aparte, en Sudán hubo al menos 19 ejecuciones y 199 condenas a muerte.

   La organización ha revelado también que Bielorrusia sigue siendo el único país de Europa que aplica la pena de muerte, y que lo hace "en estricto secreto", con la ejecución de al menos tres hombres en 2012.

   Asimismo, Amnistía recuerda el caso de Pablo Ibar, el único español "condenado a muerte en el mundo". De doble nacionalidad, estadounidense y española, Ibar fue condenado a muerte en el año 2000 en Estados Unidos, y desde entonces se encuentra en el corredor de la muerte de la penitenciaría de Starke, en Florida.

   "Pablo Ibar sigue declarándose inocente", ha recordado AI. El 13 de febrero de 2012, el juez Jeffrey R. Levenson desestimó el recurso planteado por la defensa de Pablo Ibar en el que pedía la anulación y repetición del juicio que le condenó a muerte. Después de esta decisión, la defensa de Pablo Ibar ha apelado ante el Tribunal Supremo de Florida.

Sánchez-Camacho insta a CiU a explicar la procedencia del dinero de Jordi Pujol hijo

BARCELONA.- La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, insta a CiU a dar explicaciones sobre la procedencia los presuntos 32 millones de euros que Jordi Pujol hijo pudo haber llevado a paraísos fiscales entre 2004 y 2012.

   "El Gobierno y la propia CiU deberían dar explicaciones sobre esta gravísima situación", ha señalado Alicia Sánchez Camacho este miércoles en una entrevista de Cope recogida por Europa Press.

   "Queremos saber cómo se consiguen estos 32 millones", ha explicado, y ha recalcado que estos datos llegan justo cuando CDC tiene su sede embargada a raíz del caso Millet de presunta financiación irregular del partido a través del Palacio de la Música.

   La dirigente popular ha relatado que ella no tenía conocimiento de estos 32 millones: "Yo no sabía nada de ellos", ha dicho al precisar que esta información no se abordó en el almuerzo que mantuvo con la exnovia de Jordi Pujol hijo Victoria Álvarez en un restaurante y que presuntamente grabó la agencia de detectives Método 3.

   "No me contó lo que imagino le ha contado al juez Ruz. Lo que me dijo no era suficiente para formalizar una denuncia", ha explicado la presidenta del PP catalán.

   También ha pedido explicaciones sobre las informaciones publicadas que apuntan a que, presuntamente, dos de los otros hijos del expresidente de la Generalitat se beneficiaron de la amnistía fiscal para regularizar capitales que tenían también en paraísos fiscales.

   "Deberá investigarse de dónde vienen esos fondos, y el Gobierno, como dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, estará investigando" su origen, ha dicho.

   En el caso de que se compruebe que estas cantidades "provienen de actividades ilegales, la justicia actuará", ha afirmado Camacho, que ha añadido que en total ambos pueden haber blanqueado hasta cinco millones según las informaciones publicadas.

Rajoy se compromete a reforzar los medios de la Justicia contra la corrupción

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido ante el Pleno del Congreso a reforzar los medios de la Justicia para luchar contra la corrupción y ha explicado que el Ministerio de Justicia está a la espera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concrete qué necesidades tienen los tribunales para atenderlas de manera inmediata.

   Rajoy ha hecho este anuncio durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja y en respuesta a la pregunta que le planteó el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien le reclamó un incremento de los medios para lograr que la Justicia actúe con más "independencia, eficacia y agilidad" en la persecución de los delitos de corrupción.

   El presidente del Gobierno ha rehusado comentar casos como 'Gürtel', 'Bárcenas' o 'Nóos' a los que Lara ha aludido en el debate, pero ha garantizado que, además de las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno en esta materia, su Gabinete está dispuesto a seguir aumentando los medios de los tribunales de Justicia.

   En este contexto, ha señalado que el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón está a la espera de que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Gonzalo Moliner, especifique cuáles son esas necesidades, para poder empezar a cubrirlas.

Feijóo reconoce ahora que el narcotraficante Dorado recibió subvenciones de la Xunta en su época

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido  en el Parlamento gallego que las empresas del narcotraficante Marcial Dorado recibieron dinero de la Xunta en su época. En la comparecencia ha recibido numerosas críticas de la oposición, que ha insistido de forma unánime en que debe dimitir tras salir a la luz varias fotos suyas con el contrabandista realizadas a mediados de los años 90.

   Feijóo ha acudido al Parlamento gallego para hacer frente a las acusaciones que ha recibido tras la publicación de las fotografías y ha revelado que empresas de Dorado sí recibieron dinero público de la Xunta".

   "No cuestiono la legalidad, sí la hipocresía", ha proclamado en una comparecencia a la que había acudido para afrontar "el quién, el cómo y el por qué" de las fotografías.

   Sin embargo, ha garantizado que él no otorgó ningún contrato a empresas vinculadas con Dorado y ha esgrimido que la oposición "tuvo a mano revisar los contratos" de la administración cuando socialistas y nacionalistas gobernaron Galicia entre 2005 y 2009. "No encontraron nada y les faltaban las fotos", ha apuntado, antes de preguntarse por qué, si no, la oposición "no sacó ninguna irregularidad" de su gestión como alto cargo en Sanidade o conselleiro de Política Territorial con Manuel Fraga.

   Pese a esta estrategia de contraataque, Feijóo ha aprovechado su comparecencia parlamentaria para también para reconocer su "error" e incluso ofrecer "disculpas" a quienes se sientan molestos por estas imágenes.

   Salvo la concreción de los viajes que realizó con Dorado --estuvo con él en los Picos de Europa, Tenerife, Baleares y Portugal, pero no en Suiza ni en Inglaterra--, el presidente apenas ha aportado datos nuevos y, tras recordar que el juez José Antonio Vázquez Taín avaló su versión de que las fotos no conllevan implicaciones legales, ha optado por focalizar su discurso en el análisis de la actitud de la oposición, a la que ha tildado de "hipócrita".

   El presidente también ha aludido en varias ocasiones al periódico que publicó las fotos, en lo que el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ha interpretado como "un claro ataque al mensajero".

Cientos de kuwaitíes se concentran frente al Palacio de justicia para pedir reformas

KUWAIT.- Cientos de kuwaitíes se han concentrado este miércoles junto al principal complejo judicial del país para reclamar la liberación de varios activistas acusados de insultar al emir y para exigir reformas políticas que avancen hacia la democratización.

   El acto, convocado por grupos opositores, se ha celebrado en un parque cercano y ha contado con la participación, desde el escenario, de varios activistas. La concentración ha transcurrido de forma pacífica, aunque la Policía ha permanecido en todo momento a la entrada del Palacio de Justicia.

   "Estamos pidiendo nuestros derechos, nuestro derecho a la libertad de expresión, la libertad de expresar opiniones", ha explicado una de las participantes, Ghalia al Ajmi. Según esta manifestante, iniciativas como la de este miércoles forman parte de una campaña de concienciación ciudadana sobre derechos y libertades.

   Algunos de los asistentes al acto han vestido ropa naranja, símbolo del movimiento surgido a finales de 2012 y que tuvo su apogeo en una manifestación con decenas de miles de personas la víspera de las elecciones parlamentarias.

   Desde entonces, el nivel de las movilizaciones ha caído, si bien los grupos defensores de Derechos Humanos no olvidan que al menos 25 personas han sido imputadas por supuestas ofensas al emir, principalmente a través de Internet. Las autoridades ya han dictado condenas contra algunas de estas personas, de hasta cinco años de cárcel.

   El deseo de reformas políticas también ha sido una de las consignas escuchadas este miércoles, como ha recordado al comienzo de la concentración uno de los asistentes, Nasser al Osami. "Queremos que se repare el sistema electoral. Queremos un Gobierno plenamente elegido" por el pueblo, ha apuntado.

   Los medios locales han informado esta semana de que el Gobierno ha elaborado una nueva ley de prensa que castigará las declaraciones ofensivas contra el emir y su familia con multas de hasta 300.000 dinares (805.000 euros). Estos castigos serían extensibles a las críticas difundidas tanto a través de los medios tradicionales como de las redes sociales en Internet.

   El Gobierno todavía no ha revelado los detalles de esta nueva normativa, que aún depende de la aprobación parlamentaria, pero el ministro de Información, Salman al Sabá, ha defendido que el único objetivo de la ley será "mantener la estabilidad" del país y sus relaciones con otros países, así como "añadir valor a los medios".

Felipe González: La"crisis institucional" puede derivar en "anarquía disolvente"

MADRID.- El expresidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado convencido de que España saldrá de la crisis económica en la que se encuentra inmersa, si bien ha dicho que no está "seguro" de que pueda superar la "crisis institucional" que también se ha abierto y que puede llevar, a su juicio, a una "anarquía disolvente", por lo que ha instado a las fuerzas políticas a "demostrar a los ciudadanos" que se puede recuperar el "espíritu de consenso" que imperó en el periodo de la Transición.

   En un almuerzo organizado por la Asociación en Defensa de la Transición y celebrado en Madrid, González ha advertido de que la crisis económica ha provocado una "enorme desesperanza" en la población, pero también una "desafección" hacia la política, con la que ha dicho sentirse preocupado.

   Para el expresidente, el dato de desempleo es una "cifra social" por lo que supone para la ciudadanía, pero también una "cifra económica" que pone de manifiesto que "el país ha fracasado" porque "nadie quiere invertir". Pero ha avisado de que a esta "máquina de destrucción de clase media" se ha añadido la crisis institucional, que avanza hacia lo que ha denominado una "anarquía disolvente".

   Ante esta situación, González ha señalado que lo que "se puede sacar de la experiencia vivida" en España durante la transición es el "espíritu de consenso", algo que, a su juicio, hoy por hoy "se necesita más que nunca". Y más aún, ha añadido, "cuanto mayor sea la mayoría absoluta" de la que pueda disponer un partido.

   De este modo, ha pedido a todas las fuerzas políticas "que se pongan las pilas y que espabilen" para buscar acuerdos con el fin de salir de una crisis que ha calificado como "poliédrica", ya que es tanto económica, como social o institucional.

   Así, ha elogiado la propuesta de acuerdo lanzada esta misma mañana en el Congreso por el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de cara a lograr un gran pacto contra la pobreza y ha censurado la actitud que ha dicho haber visto en el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien "se reía a carcajadas" mientras el líder de la oposición hablaba de este asunto.

   En su opinión, los "problemas de desafección ciudadana" por los que atraviesa el país "no van a desaparecer" por el hecho de "levantar la bandera independentista o la republicana", ya que considera que "la gente no se va a olvidar", por ejemplo, de los recortes realizados en sanidad.

   Para el expresidente socialista, uno de los grandes acuerdos a los que deberían llegar los partidos debería ir orientado a "pensar en serio" una reforma constitucional para que la Carta Magna se pueda "adaptar a los nuevos tiempos".

 "La Constitución sirve a la realidad, no la realidad a la Constitución", ha remarcado.

   En este sentido, se ha mostrado de acuerdo con la reforma que propone el PSOE y que está orientada a avanzar hacia un modelo federal del Estado, pero ha pedido que se haga "con sensatez". No obstante, ha dicho no estar seguro de que estos cambios puedan "calmar las tensiones nacionalistas" porque el nacionalismo es un problema que "galopa en toda Europa".

   Así, ha apostado por gobernar "sobre la pluralidad y la diversidad" y recuperar los consensos para que vuelva el tiempo en el que "la gente se reconcilió con su pasaporte", en referencia una vez más a la época de la Transición en España.

   En todo caso, lo que considera que habría que "pensar seriamente" es en eliminar alguno de los niveles administrativos que existen en España, concretamente las diputaciones provinciales. Eso sí, ha insistido en hacer "con consenso" cualquier modificación en este aspecto.

   Para el expresidente del Gobierno, otra de las instituciones que habría que cambiar debería ser la Corona, en el sentido de dotarla de mayor transparencia o de modificar el artículo de la Constitución que regula la sucesión a la Corona para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. "Pero hay que hacerlo ya", ha comentado.

   En cuanto a las políticas económicas que está desarrollando el Gobierno de Mariano Rajoy y las órdenes que se le dan desde la Unión Europea, González ha señalado que no ve que estas medidas estén "dando respuesta" a la situación.

   Es más, ha subrayado que ni el Ejecutivo ni Berlín, ya que ha dicho que las políticas de la UE están impuestas por el Gobierno alemán, "nos pueden contar el cuento de que el único objetivo es reducir el déficit". A su juicio, el enfoque de todas estas medidas de contención del déficit es "desastrosamente malo".

Centella (IU) resta importancia al perímetro de seguridad para diputados y pide al PP no exagerar con los 'escraches'

MADRID.- El portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, ha restado relevancia a la decisión de Interior de establecer perímetros de seguridad en torno a viviendas particulares de políticos para evitar los 'escraches' y ha acusado al PP de estar "exagerando" con estas protestas que vienen llevando a cabo loa activistas antidesahucios. 

   En los pasillos del Congreso, el 'número dos' de IU fue preguntado por la decisión de Interior de aplicar perímetros de seguridad de 300 metros en torno a la vivienda de los políticos para preservar su derecho a la intimidad. "El Gobierno puede poner todos los perímetros de seguridad, pero en la conciencia de los diputados no hay perímetros de seguridad", ha contestado.

   A su juicio, el Gobierno "sobreactúa" y "está exagerando" las protestas de los activistas antidesahucios para "intentar crear un problema donde no lo hay", cuando lo que debería hacer es resolver el problema de los desahuciados".

Según el PSOE, es ilegal limitar el derecho de manifestación vía instrucción policial

MADRID.- La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha avisado al Ministerio del Interior de que el derecho de manifestación no se puede limitar mediante una instrucción policial fijando un perímetro de seguridad en torno a la vivienda de un político, como aconseja el departamento de Jorge Fernández Díaz ante lo 'escraches' de activistas antidesahucios. 

   En los pasillos del Congreso, la dirigente del PSOE fue preguntada por la pretensión del Ministerio del Interior de fijar un perímetro de seguridad en torno a las viviendas particulares de políticas, que podría llegar a los 300 metros, para evitar las protestas que se vienen realizando ante las casas de diputados del PP.  

   Según Soraya Rodríguez, "ni el Ministerio del Interior, ni el secretario de Estado de Seguridad puede dictar una orden de esta naturaleza" porque los derechos de reunión, de manifestación y de libre circulación son "derechos fundamentales" protegidos por la Constitución que sólo pueden ser limitados por un desarrollo legislativo o por una decisión judicial. "La orden es ilegal", ha proclamado".

   La portavoz de PSOE ha expresado su "sorpresa" e "indignación" por  las intenciones de Interior y ha insistido en que el Ministerio "no puede dictar una orden de estas características con carácter general". 

 "Si hay un a colisión de derechos fundamentales, será el juez quien podrá limitar un derecho fundamental", ha remarcado.

'Stop Desahucios' recurre ante el TSJPV las resoluciones de la Ertzaintza sobre los 'escraches' a Azpiroz y Barreda

BILBAO.-   La representación legal de los colectivo 'Stop Desahucios Guipúzcoa' y 'Stop Desahucios Vizcaya' registró ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el recurso contra las resoluciones de la Ertzaintza sobre los 'escraches' convocados ante los domicilios de los diputados populares José Ignacio Azpiroz y Leopoldo Barreda.

   La primera de las órdenes se comunicó el mismo lunes, día en que se pretendía desarrollar la protesta ante el despacho de abogados de Azpiroz, que coincide con la dirección de su domicilio. El Departamento de Seguridad impidió a los manifestantes acercarse a menos de 300 metros del lugar establecido.

   Además, ante la protesta que 'Stop Desahucios Vizcaya' pretendía celebrar en la calle en la que reside Leopoldo Barreda, en Bilbao, el Departamento que dirige Estefanía Beltrán de Heredia le ha hecho llegar una resolución en la que establece idénticas condiciones para su celebración.

   Según han indicado fuentes del colectivo, habían pedido autorización para realizar una marcha por la calle en la que reside el diputado del PP, sin realizar una concentración ante el número concreto en el que se encuentra radicada su vivienda.

   Los mismos medios han adelantado que el recurso contra sendas resoluciones apelará al artículo 21 de la Constitución, en el que se defiende "el derecho de reunión y manifestación". Además, respaldará su petición con argumentos recogidos en diversas sentencias "que han permitido concentraciones", en circunstancias como las de jornadas de reflexión".

   Esta misma mañana, ante la previsible presentación de la impugnación, el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, aseguraba que, una vez registrado, los jueces deberán resolver el asunto "en muy pocos días".

   Además, adelantaba que la sala de lo Contencioso-administrativo no resolverá sobre la "licitud" de las actuaciones "porque unos y otros actúan con finalidades y competencias que son lícitas", sino sobre si es "proporcional" la resolución de la Ertzaintza.

Sanchís viajó a Suiza después de cerrar "un préstamo" de tres millones de Bárcenas

MADRID.- El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que viajó a Suiza un mes después de recibir de tres millones de euros de una sociedad de Luis Bárcenas que él ha tratado de justificar como "un préstamo legal" que necesitaba para desarrollar sus negocios, informaron hoy fuentes jurídicas.

Sanchís, que ha declarado como imputado durante algo más de dos horas en la causa en la que se investigan las actividades de la trama 'Gürtel', ha reconocido que realizó dos visitas al Dresdner Bank de Ginebra, donde Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros, el 21 de febrero y el 10 de marzo de 2009, poco después del arresto de los supuestos cabecillas de la red.

Sin embargo, el que fuera tesorero de AP entre 1982 y 1987 ha aportado el contrato del supuesto préstamo, que se firmó el 24 de febrero de ese año y tenía un periodo de carencia para empezar a ser devuelto de cinco años, según las citadas fuentes.

En este punto, las fiscales Anticorrupción Concha Sabadell y Concha Nicolás le han preguntado por qué volvió a viajar a Suiza después de cerrar el préstamo y si esta segunda visita no resultaba innecesaria, a lo que Sanchís ha contestado que era para acabar de concretar la operación.

De igual modo, el exdirigente 'popular' ha señalado que nunca ha sido "socio" del extesorero del PP en la empresa La Moraleja, que ha definido como "la mayor explotación del mundo de cítricos, con más de 17.000 hectáreas".

"Hoy no tengo ninguna participación ni ninguna acción, todo es de mis hijos, soy un mero asesor de mis hijos y quiero vivir con mi mujer y terminar mi vida como empecé", ha asegurado, según las citadas fuentes.

A su salida de la Audiencia Nacional, Sanchís ha señalado que ha contestado a "todo" lo que le ha preguntado el juez Ruz y ha negado que ayudara a Bárcenas a ocultar su patrimonio después de su imputación en el 'caso Gürtel'. "Obviamente no", se ha limitado a decir.

El compareciente también ha aprovechado su intervención ante el juez para explicar el inicio de su relación con Bárcenas, al que dio trabajo con 23 años como administrador de una empresa que montó en Badajoz. Cuando en 1982, el presidente de AP, Manuel Fraga, le llamó para encargarse de la tesorería del partido, le dijo que se llevara a "cinco personas de confianza".

Entre los elegidos, según ha relatado Sanchís ante el juez, se encontraban tanto Bárcenas como Francisco Yáñez, padre de Iván Yáñez, al que treinta años después el responsable de las finanzas del PP nombró como apoderado de todas sus cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra.

Ruz atribuye a Sanchís un delito de blanqueo de capitales al entender que, tras conocer la investigación seguida contra Bárcenas, contactó con los gestores de sus cuentas en Suiza para cooperar en la ocultación de sus fondos a través de una cuenta en Estados Unidos de la sociedad Brixco S.A., que se dedicaba, según ha explicado Sanchís, a la comercialización de los productos de La Moraleja.

Tras estallar el 'caso Gürtel', Bárcenas transfirió unos 4,5 millones de euros de su cuenta en Suiza a varias cuentas en Estados Unidos, 2,5 millones a una cuenta de Brixco y Lindmel International en el HSBC de Nueva York y otros 2 a una cuenta en el banco UBS AG de la sociedad bursátil PT Bex.

La imputación se produjo después de que las fiscales del caso, Concha Sabadell y Miriam Segura, interesasen la medida a la vista de la declaración prestada por Bárcenas en la Audiencia Nacional el pasado 25 de febrero y de otros datos recabados en la causa a través de las comisiones rogatorias que se han librado.

La documentación remitida por las autoridades helvéticas y las declaraciones prestadas por los imputados Luis Bárcenas y su apoderado Iván Yáñez vincularon la citada cuenta con Sanchís, una relación que se ha visto corroborada por las transferencias efectuadas desde Suiza a Brixco. Las autoridades estadounidenses, además, revelaron que el saldo que esta entidad mantenía en la cuenta del HSBC habría disminuido en 100.000 dólares en marzo pasado.

Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en la causa, Bárcenas quiso ocultar la existencia de sus fondos, de procedencia indiciariamente ilícita, y diversificarlos mediante el poder que otorgó a una persona de confianza en Suiza para que pudiera operar con total libertad con su capital. Una parte de los millones desviados fueron a parar a la sociedad Brixco.

El supuesto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez, explicó ante el juez que transfirió 3,5 millones al HSBC de Nueva York como devolución de un dinero que le había confiado la cartera de inversores que dirigía Edgardo Patricio Bel, presidente y propietario de 120.000 acciones de Tesedul, y que también transfirió un millón al UBS AG de Stanford como préstamo al extesorero del Partido Popular (PP) Angel Sanchís.

Sanchís negó los cargos que indiciariamente se le atribuyen y aseguró que su visita al Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) fue un "trámite". "Yo no he blanqueado nada. Todo se reduce a que el señor Bárcenas me dio un crédito de tres millones de euros para una empresa en la que tengo intereses", argumentó.

Sanchís se suma a la lista de extesoreros del PP que están siendo investigados por el juez Ruz, que también imputó a Álvaro Lapuerta en el marco de la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP atribuida a Bárcenas.

El Gobierno estudiará el encaje legal de la propuesta andaluza sobre desahucios

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy va a estudiar el encaje legal de la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, pero ha avanzado que la respuesta a este drama social ha de ser "nacional".

   Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea recurrir ante el Tribunal Constitucional esa medida.

   Gallardón ha comenzado dejando claro que aún no se tiene todavía conocimiento oficial de la propuesta andaluza y que, por lo tanto, hasta que no esté "formalmente" aprobada y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, "lógicamente" el Ejecutivo sólo podrá tener "una actitud de estudio", que es en lo que está ahora.

  "El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles son sus hipotéticos efectos -ha aseverado el ministro--. Y lo vamos a hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración que es importante".

   En todo caso, Gallardón ha recordado que en estos momentos el Gobierno y todos los grupos parlamentarios están "dando respuestas" a un problema "que viene de antiguo", pero que afecta a "muchos" españoles y que se ha "agravado" como consecuencia de la situación económica.

   Según ha defendido, el Ejecutivo "desde luego" cree que la solución que se adopten para hacer frente a esta cuestión deben ser medidas con una cobertura legal y que afectan "a todos los ciudadanos españoles".

   "No creemos que éste sea una problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde sólo aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo, sino que la respuesta debe ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al margen de la autonomía en la que vivan", ha recalcado.

   En el caso de que la iniciativa andaluza fuese legal, se le ha preguntado al titular de Justicia si el Gobierno se plantearía extenderla a todas las comunidades. A este respecto, Gallardón ha respondido en que el Congreso está tramitando una respuesta "de carácter nacional, que afecte a todos".

 "Todos los españoles deben tener los mismos derechos y, por tanto, la respuesta que se de a un problema que es nacional tiene que ser nacional", ha concluido.

Rosa Regàs: "El miedo ha sido fundamental en la historia de España"

MADRID.-   La escritora Rosa Regàs ha asegurado que el "miedo ha sido fundamental en la historia" de España, como por ejemplo durante la dictadura de Franco, y ha citado al periodista polaco Kapuscinski cuando dice que "un país tarda cien años en volver a la normalidad".

   Así se ha mostrado la escritora en un encuentro con los medios ante la publicación de su obra 'Música de cámara', que recoge la historia de amor de una mujer y un hombre muy distintos y con creencias contrapuestas, ambientada en la Barcelona de la posguerra.

   La escritora ha querido mostrar "una historia de amor en la que quedara claro cómo influyen ideologías" contrapuestas en la relación de pareja, habiendo sido transmitidas por las familias. "Se muestra cómo influyen las ideologías y las creencias, sobre todo en el caso de la derecha. Lo que tiene la derecha sobre todo son creencias. La izquierda además tiene ideas, aunque no todos. Tampoco todos los derechas tienen solo creencias", ha matizado.

   El libro, basado en sus experiencias y en su memoria, no pretende "hacer una ley general sobre si es posible o no el amor" entre parejas que tienen dos formas muy distintas de ver el mundo, sino contar una historia de amor concreta.

   El relato se enmarca desde la posguerra hasta después de la transición, en un ambiente en muchas ocasiones marcado por el miedo. "Vivíamos en terror por la muerte de Franco y nos preguntábamos si habría o no guerra civil. Cuando se produjo la transición no estuvimos mirando la transición, estuvimos mirando que no venía la guerra civil", ha agregado.

   Pero no solo en ese época la gente vivía con miedo. También ahora la gente tiene miedo "a que su situación económica empeore, a la miseria, a quedarse sin trabajo o a no poder pagar la sanidad cuando se acabe de privatizar".

   La escritora he reivindicado que se invierta en cultura, pues la economía no lo es todo. "Si este país hubiera invertido e invirtiese en cultura, funcionaría", ha aseverado, para añadir: "si horteras éramos cuando éramos pobres, horteras seguiremos siendo si somos ricos y la cultura no entra en nuestra mente".

La fuerte presencia policial evita el 'escrache' de la PAH frente a la sede del PP en Madrid

MADRID.- El dispositivo formado por más de una treintena de furgones de la Policía Nacional y decenas de agentes ha impedido este martes que los activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevasen a cabo un 'escrache' en la sede nacional del PP de la madrileña calle de Génova.

   El acto había sido convocado a través de las redes sociales para reclamar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada en el Congreso y que solicita la dación en pago.    

   A las siete de la tarde, unas 200 personas se han congregado en la glorieta de Alonso Martínez con la intención de acceder a la calle Génova, cortada al tráfico por la Policía, que además ha controlado el acceso por las vías perpendiculares y por la plaza de Colón. Solo los vecinos, previa identificación, han podido entrar a la zona protegida por la Policía.

   Los participantes en el 'escrache' han evitado permanecer frente a la valla custodiada por los agentes y se han reunido en el cercano bulevar de Alonso Martínez para celebrar una asamblea bajo la vigilancia de los agentes de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios.

   Durante algo más de hora y media, varias personas han intervenido en la improvisada asamblea y, mégafo en mano, han relatado su experiencia al ser desahuciados, muchos de ellos, de origen sudamericano y vinculados a la PAH.

   En las intervenciones, los asistentes, que se han resistido al viento que soplaba en Madrid, han gritado consignas como 'Sí se puede' o 'El pueblo unido jamás será vencido' y portaban pancartas con lemas 'Si me echas de casa dormiré en tu puerta'.

   Sobre las ocho y media y tras anunciar nuevos 'escraches' a lo largo de esta semana, los miembros de la PAH han desconvocado la asamblea. Muchos de los congregados se han marchado en grupo para evitar identificaciones de la Policía, según ha explicado un portavoz de la Plataforma, y demostrar "la voluntad pacífica" de la protesta que ha finalizado sin incidentes.

   Unos minutos después, sobre las nueve de la noche, la Policía ha reabierto el tráfico en la calle Génova. Varios furgones han permanecido estacionados frente a la sede del PP.

   Esta acción se encuadra en el marco de una iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que ha convocado 'escarches' ante las sedes del PP de unas 40 ciudades de toda España para reclamar la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios.

   En la convocatoria de los actos, la PAH recuerda que la ILP fue presentada en el Congreso con el respaldo de 1,4 millones de firmas y lamenta las enmiendas que el PP a introducido a la misma y que suponen una "rebaja sustancial" de las propuestas contempladas en la ILP --que recuerda que son propuestas de "mínimos"-- y "perpetúan la condena y el drama en el que se encuentran miles de familias".

   "El PP ahora tiene la obligación de escuchar el clamor popular, está en sus manos aceptar las demandas de la ciudadanía, o continuar perpetuando una situación que condena a miles de personas a una muerte civil", apostilla.

   Asimismo, la PAH critica el "burdo intento" realizado por el PP de "criminalizar la campaña de escraches informativos" a los diputados de esta formación. De hecho, según informaron a Europa Press fuentes 'populares', el PP ha sumado hasta este lunes un total de 15 casos de 'escrache' a sus diputados.