MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy va a estudiar el encaje legal de la
decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de
las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de
sus inquilinos, pero ha avanzado que la respuesta a este drama social ha
de ser "nacional".
Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del
Congreso al ser preguntado sobre si el Gobierno se plantea recurrir ante
el Tribunal Constitucional esa medida.
Gallardón ha comenzado dejando claro que aún no se tiene todavía
conocimiento oficial de la propuesta andaluza y que, por lo tanto, hasta
que no esté "formalmente" aprobada y publicada en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, "lógicamente" el Ejecutivo sólo podrá tener "una
actitud de estudio", que es en lo que está ahora.
"El Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida y cuáles
son sus hipotéticos efectos -ha aseverado el ministro--. Y lo vamos a
hacer con toda la seriedad que merece el asunto y desde la consideración
que es importante".
En todo caso, Gallardón ha recordado que en estos momentos el
Gobierno y todos los grupos parlamentarios están "dando respuestas" a un
problema "que viene de antiguo", pero que afecta a "muchos" españoles y
que se ha "agravado" como consecuencia de la situación económica.
Según ha defendido, el Ejecutivo "desde luego" cree que la
solución que se adopten para hacer frente a esta cuestión deben ser
medidas con una cobertura legal y que afectan "a todos los ciudadanos
españoles".
"No creemos que éste sea una problema cuya solución pueda ser
sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde sólo
aquellas comunidades que puedan o quieran abordarlo, sino que la
respuesta debe ser para la totalidad de los ciudadanos españoles al
margen de la autonomía en la que vivan", ha recalcado.
En el caso de que la iniciativa andaluza fuese legal, se le ha
preguntado al titular de Justicia si el Gobierno se plantearía
extenderla a todas las comunidades. A este respecto, Gallardón ha
respondido en que el Congreso está tramitando una respuesta "de carácter
nacional, que afecte a todos".
"Todos los españoles deben tener los
mismos derechos y, por tanto, la respuesta que se de a un problema que
es nacional tiene que ser nacional", ha concluido.
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