jueves, 11 de abril de 2013

Cientos de kuwaitíes se concentran frente al Palacio de justicia para pedir reformas

KUWAIT.- Cientos de kuwaitíes se han concentrado este miércoles junto al principal complejo judicial del país para reclamar la liberación de varios activistas acusados de insultar al emir y para exigir reformas políticas que avancen hacia la democratización.

   El acto, convocado por grupos opositores, se ha celebrado en un parque cercano y ha contado con la participación, desde el escenario, de varios activistas. La concentración ha transcurrido de forma pacífica, aunque la Policía ha permanecido en todo momento a la entrada del Palacio de Justicia.
   "Estamos pidiendo nuestros derechos, nuestro derecho a la libertad de expresión, la libertad de expresar opiniones", ha explicado una de las participantes, Ghalia al Ajmi. Según esta manifestante, iniciativas como la de este miércoles forman parte de una campaña de concienciación ciudadana sobre derechos y libertades.
   Algunos de los asistentes al acto han vestido ropa naranja, símbolo del movimiento surgido a finales de 2012 y que tuvo su apogeo en una manifestación con decenas de miles de personas la víspera de las elecciones parlamentarias.
   Desde entonces, el nivel de las movilizaciones ha caído, si bien los grupos defensores de Derechos Humanos no olvidan que al menos 25 personas han sido imputadas por supuestas ofensas al emir, principalmente a través de Internet. Las autoridades ya han dictado condenas contra algunas de estas personas, de hasta cinco años de cárcel.
   El deseo de reformas políticas también ha sido una de las consignas escuchadas este miércoles, como ha recordado al comienzo de la concentración uno de los asistentes, Nasser al Osami. "Queremos que se repare el sistema electoral. Queremos un Gobierno plenamente elegido" por el pueblo, ha apuntado.
   Los medios locales han informado esta semana de que el Gobierno ha elaborado una nueva ley de prensa que castigará las declaraciones ofensivas contra el emir y su familia con multas de hasta 300.000 dinares (805.000 euros). Estos castigos serían extensibles a las críticas difundidas tanto a través de los medios tradicionales como de las redes sociales en Internet.
   El Gobierno todavía no ha revelado los detalles de esta nueva normativa, que aún depende de la aprobación parlamentaria, pero el ministro de Información, Salman al Sabá, ha defendido que el único objetivo de la ley será "mantener la estabilidad" del país y sus relaciones con otros países, así como "añadir valor a los medios".

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