miércoles, 6 de junio de 2012

El CES pide "blindar" el gasto social para evitar el empobrecimiento de la población española

MADRID.- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha advertido  de la necesidad de "blindar" el gasto en determinados servicios sociales ante el riesgo de que "se cronifiquen" las desigualdades entre los españoles y se produzca un empobrecimiento mayor de la sociedad.
 
   Así lo han señalado Peña y el profesor y consejero Fernando Valdés durante la presentación de la Memoria del CES de 2011, en la que el organismo alerta de que la crisis se está traduciendo en España en un "claro empeoramiento" de las condiciones de vida de la población, el aumento de la desigualdad y el debilitamiento del Estado de Bienestar, lo que a su vez dificulta las posibilidades de recuperación de la economía española.
   Peña ha apuntado que la mitad de los hogares españoles vive ahora peor que antes de la crisis y que ésta ha obligado a las familias a vivir de otra manera, aplazando las decisiones de gasto y abandonando en muchos casos el uso de los servicios privados para acudir a los públicos.
   Este repunte del uso de lo público coincide con una menor dotación presupuestaria para estos servicios, por lo que Peña ha avisado de que hay que tener en cuenta de dónde se recorta para evitar "daños irreparables".
   El presidente del CES ha explicado que la pobreza en España se diferencia de la de sus socios europeos en que avanza a un ritmo más rápido y en que su distribución es muy desigual, de tal forma que la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas es de siete veces en España y de cinco en Europa.
   Peña ha argumentado que casi 30 millones de personas reciben en España algún tipo de ingreso: los trabajadores -que cobran su salario-, los pensionistas de contributivas, los de no contributivas, los perceptores de prestaciones por desempleo -que rondan los tres millones- y los 750.000 beneficiarios con los que cuenta el sistema de dependencia. De esos casi 30 millones, casi la mitad perciben sus ingresos desde las arcas públicas, por lo que Peña ha señalado que, en una crisis como la actual, ese gasto debe "blindarse".
   Por ejemplo, en la Memoria del CES, el organismo afirma que, teniendo en cuenta que la tasa de paro juvenil española duplica a la europea y que la tasa de abandono escolar se encuentra en "niveles preocupantes", sería "imprescindible" que el esfuerzo presupuestario en educación no se redujera.
   Para Peña, la situación en la que se encuentra España es "pavorosa" y se puede agravar más si se continúa en la tónica de políticas contractivas y procíclicas, pues no han servido para frenar la crisis. En su opinión, lo que necesita España es entendimiento político y compromiso social. "El CES no es un organismo que haga recetarios ni yo estoy aquí para enmendar la plana, pero la situación es pavorosa y hay que chequearla entre todos", ha dicho.
   La Memoria del CES radiografía una España en muy mala situación social y económica, con cada vez más jubilados manteniendo a sus hijos o nietos en paro gracias a su pensión, con un paro de larga duración que afecta al 30% de los desempleados y cuyas probabilidades de salir de él son casi cero, y con un consumo "en quiebra", hasta el punto de que el año pasado sólo aumentó el gasto en televisión.
   El mercado laboral tampoco da muestras de recuperación y la pérdida de empleo de esta crisis triplica la que se produjo en la crisis de finales de los 70 (200.000 empleos menos por año) y multiplica por más de dos la destrucción de empleo de la crisis del 94 (300.000 empleos menos anuales).
   Ante esta situación, el CES llama a un entendimiento entre los políticos para hacer un diagnóstico común de los problemas y buscar soluciones a los mismos. Peña ha defendido además el papel de los sindicatos y los empresarios, a los que ha alabado su responsabilidad y de los que ha destacado que son los agentes que más articulan la sociedad.
   "Sin ellos, se descoyuntaría", ha apuntado el presidente del CES, que ha resaltado además que, aunque el diálogo social tripartito no pasa por su mejor momento, el bipartito sigue en marcha y se continúan firmando acuerdos, a los que muchas veces no se les da la trascendencia que tienen, como el que suscribieron en enero en materia de negociación colectiva.  
   Aunque los periodistas le han pedido una valoración de las reformas que ha realizado el Gobierno en los últimos meses, el presidente del CES no ha querido ofrecer su opinión alegando que él actúa como portavoz de la institución y las reformas emprendidas (la laboral o la financiera, por ejemplo) no han sido remitidas por el Gobierno al CES para su consideración al haber sido aprobadas como Decretos. "El CES no ha opinado sobre nada de esto y como no ha opinado, yo no opino", ha argumentado.

José Luis Sampedro: "Este sistema se acaba y los jóvenes que se indignan están ya en otra época"

VALENCIA.- El escritor José Luis Sampedro asegura que "el mundo occidental debe darse cuenta de que está sufriendo una auténtica metamorfosis". "Este sistema --ha argumentado-- se acaba y los jóvenes que se indignan o los niños que juegan con el ordenador como antes lo hacían con la radio están ya en otra época". 

   Preguntado por si "España está ahora para dramas", Sampedro ha replicado que "está para el sentido del teatro", en la buena y la mala acepción de la expresión, "dependiendo de quienes sean los protagonistas".  
   El escritor ha explicado que Occidente está experimentando el tránsito de la etapa capitalista a la actual. "Las innovaciones tecnológicas y sociológicas que se han dado en el siglo XX y XXI son algo que los capitalistas no pueden comprender y por eso se aferran a sus bancos, a sus billetes y a sus títulos", ha dicho.
   En la misma línea, ha agregado que "la crisis pasará pero lo triste es que será a costa de sufrimiento, puesto que con la mitad del dinero que se ha inyectado a un banco se podría haber evitado el recorte en sanidad y educación".
 

martes, 5 de junio de 2012

El senador Anasagasti critica las escapadas de Dívar con “su novio el escolta”

MADRID.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, también presidente del Tribunal Supremo, sigue en el ojo del huracán de la opinión pública española. El senador por Vizcaya Iñaki Anasagasti le dedica en su blog un artículo en el que no se corta un pelo y le identifica con un personaje de ‘El Padrino’ y le acusa de pagar con dinero público sus estancias junto a “su novio, el jefe de sus escoltas”.

En su blog, el senador por Vizcaya Iñaki Anasagasti también aboga por la dimisión de Dívar, a quien describe como un mafioso: “A la gente no ha de juzgársele por su aspecto físico, pero a mí Carlos Dívar me parece que hubiera encajado a la perfección en la película El Padrino, al lado de Don Corleone como su asesor espiritual. Solo le faltaba el gato persa para acariciarle en la rueda de prensa que dio el pasado jueves arrastrado por la opinión pública, que no entendía su prepotencia y su desprecio a la ciudadanía”.
“Todos en Madrid te comentan que esas reuniones tan importantes que tenía en Puerto Banús en un ‘descascarillado’ hotelito de cuatro estrellas eran nada menos que el Marbella Club Golf Resort y el Puente Romano donde acudía tan ricamente con su jefe de escoltas que dicen debe ser su novio”, escribe Anasagasti.
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El senador aclara que “cada uno con su vida privada puede hacer lo que quiera pero no con dinero público y menos siendo el presidente del Supremo”, según recoge 'El Plural'.

Miles de egipcios protestan de nuevo en Tahrir contra el veredicto de Mubarak

EL CAIRO.- Miles de egipcios han vuelto a salir este martes a las calles de El Cairo y de otras ciudades del país para protestar por el resultado del juicio contra el expresidente Hosni Mubarak, así como para criticar la presencia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del último primer ministro del antiguo régimen, Ahmed Shafiq.

   Mubarak y su ministro del Interior Habibl al Adli fueron condenados el sábado a cadena perpetua, pero los dos hijos de Mubarak, un empresario afín al régimen y seis altos cargos del aparato de seguridad fueron absueltos, lo que ha provocado una nueva oleada de descontento.
   La protesta fue anunciada el mismo día del veredicto por el Movimiento Juvenil 6 de Abril, la Coalición Juvenil Revolucionaria 25 de Enero, la Unión Juvenil de Maspero y otras organizaciones surgidas al calor de la revuelta contra Mubarak. La concentración fue secundada ayer por el principal movimiento islamista del país, los Hermanos Musulmanes.
   Las movilizaciones se producen a menos de dos semanas de que tenga lugar la segunda vuelta de los comicios presidenciales --16 y 17 de junio--, que enfrentará a Shafiq y al candidato de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi.
   "No a Mursi, no a Shafiq, la revolución está a medias", proclamaba una de las pancartas exhibidas en la cairota plaza Tahrir, donde también se han lanzado consignas a favor de boicotear la votación, según Reuters.
   La protesta de El Cairo no ha sido la única celebrada este martes, ya que miles de personas más han salido a las calles de otras ciudades de Egipto para reivindicar que se elimine cualquier vestigio del antiguo régimen de la vida política y que los responsables de las muertes de manifestantes rindan cuentas ante la Justicia.
   En Alejandría, la segunda mayor ciudad del país, se han concentrado unas 8.000 personas, según informa el periódico 'Al Masry al Youm'.

Rusia multiplica por treinta las multas por organizar protestas sin permiso

MOSCÚ.- La Duma del Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ha aprobado  un polémico proyecto de ley que eleva de 50.000 a 1,5 millones de rublos (de 1.200 a 36.240 euros) la multa de mayor cuantía que se puede imponer a quienes organicen manifestaciones no autorizadas.

   El texto legislativo también aumenta de 5.000 a 300.000 rublos (de 120 a 7.250 euros) la multa máxima por participar en una manifestación no permitida por las autoridades, según la agencia de noticias RIA Novosti.
   Aunque la versión original del proyecto de ley elevaba la multa a un millón de rublos (24.160 euros), las objeciones de la oposición y la presión de la opinión pública hicieron que se redujese la cifra.
   La modificación en la cuantía de las multas fue propuesta por diputados de Rusia Unida (el partido del presidente y el primer ministro, Vladimir Putin y Dimitri Medvedev, respectivamente) después de los enfrentamientos entre manifestantes y policías durante una protesta realizada en el centro de Moscú el mes pasado, un día antes de que Putin jurase su cargo como jefe de Estado.
   La Policía ha informado de que mientras los parlamentarios debatían el proyecto de ley, fueron detenidas unas 20 personas que se habían concentrado junto a la Duma, entre ellas el líder del partido opositor Yabloko, Sergei Mitrojin.
   El texto legislativo se convertirá en ley si, como se espera que ocurra, es aprobado este miércoles por el Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento. El objetivo de sus impulsores es que entre en vigor antes de la manifestación contra Putin que se va a realizar en Moscú el próximo martes.
   Boris Nemtsov, un antiguo viceprimer ministro que ahora está en la oposición, ha afirmado que la nueva ley "no servirá para detener las protestas".
 "Solo hará que los manifestantes se radicalicen", ha declarado a RIA Novosti.

Moscú aclara que no negocia con otros países la salida del poder de Al Assad

MOSCÚ.- El Gobierno ruso ha admitido que no contempla, como solución a la violencia que sufre Siria desde hace quince meses, la dimisión del presidente, Bashar al Assad, y ha aclarado que no está negociando con otros países la posible salida del poder del mandatario sirio.

   Así lo ha asegurado el viceministro de Asuntos Exteriores, Gennadi Gatilov, que ha matizado que la postura de su Gobierno no es que Al Assad "permanezca necesariamente en el poder" en el marco de un "proceso político". Cualquier paso en este sentido, ha aclarado, "debe ser resuelto por los propios sirios".
   Gatilov ha indicado que Moscú no mantiene "contactos o discusiones" con otros gobiernos "acerca de que Al Assad deba permanecer en el poder o no", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Itar-Tass. El viceministro ha abogado por la apertura de un dialogo político en Siria sin injerencias extranjeras, en términos similares a los utilizados previamente por el presidente ruso, Vladimir Putin.
   Varias informaciones de medios de comunicación han apuntado que Washington está intentado que Moscú se adhiera a un plan para promover en el caso sirio una solución similar a la de Yemen, donde el presidente, Alí Abdulá Salé, negoció el traspaso del poder a una administración liderada por su 'número dos'.
   Sin embargo, Gatilov ha hecho hincapié en las diferencias entre la situación de Yemen y la de Siria. En el caso yemení, se daba "la voluntad política de ambas partes" para negociar una solución. "En Siria, no vemos que exista esta voluntad por parte de la oposición", ha advertido el viceministro ruso.

El TS pide a la Fiscalía toda la documentación sobre los viajes del juez Carlos Dívar

MADRID.- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado por ratificada la querella que la asociación de juristas Preeminencia del Derecho ha presentado contra el presidente de este órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por un presunto delito de estafa relacionada con los gastos de la veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga) desde que tomó posesión del cargo. 

   Fuentes del alto tribunal han señalado que, tras darse por enterada de la transformación en querella de la denuncia inicialmente interpuesta por estos hechos --que fue rechazada el pasado miércoles por motivos formales--, la Sala de lo Penal ha solicitado formalmente a la Fiscalía General del Estado que le remita toda la documentación sobre este asunto.
   Los magistrados han hecho este requerimiento antes de decidir si admiten a trámite la querella, que imputa indiciariamente al presidente del Supremo una presunta estafa de funcionario público (artículo 438 del Código Penal) y subsidiariamente un delito de malversación por no estar suficientemente justificados los gastos por casi 13.000 euros que Dívar cargó al órgano de gobierno de los jueces en relación con estos viajes, realizados entre septiembre de 2008 y principios de este año.
   La asociación de juristas Preeminencia del Derecho planteaba en su denuncia que la investigación realizada por la Fiscalía General sobre la actividades del presidente --que concluyó en archivo-- fue una "farsa" y una "pantomima". Solicitaba a la Sala de lo Penal del alto tribunal una investigación "seria e imparcial" sobre la conducta de Dívar, con el fin de depurar su responsabilidad.
   El escrito criticaba además al vocal José Manuel Gómez Benítez, responsable de la denuncia ante la Fiscalía, por no presentar la documentación directamente ante el alto tribunal. "Tanto le daba dirigir la denuncia a la Fiscalía, por lo común hipotecada en manos del Gobierno, que a la Sala Penal del Tribunal Supremo, no sujeta a instrucciones gubernamentales", señalaba.
  A juicio de la asociación, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.
  "La conducta del máximo representante del Poder Judicial del Estado es propia de los ambientes del Lazarillo de Tormes o la Pícara Justicia, es decir, y en suma, es un acto de picaresca inconciliable con las obligaciones contraídas y con la ética exigible a este alto cargo público, el más representativo del Poder Judicial", señalaba el escrito.
   Preeminencia del Derecho cuestionaba igualmente la actuación del jefe de gabinete de Dívar, Eduardo Menéndez, que justificó el carácter reservado de los viajes en la documentación remitida a la Fiscalía.
  "Es decir, que el presidente del Consejo Judicial efectúa misiones 'secretas' de las que no puede desvelar detalle, algo que no tienen ningún fundamento normativo y que es obviamente una excusa de mal pagador", razonaban los denunciantes.

lunes, 4 de junio de 2012

IU presenta una iniciativa parlamentaria para pedir el cese del juez español Carlos Dívar

OVIEDO.-   El diputado de IU por Asturias en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha anunciado este lunes en Oviedo que su grupo parlamentario ha presentado una iniciativa parlamentaria para pedir el cese del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar.

   En rueda de prensa junto al coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, el diputado asturiano ha argumentado que existen "motivos suficientes" para pedir su cese de ambos cargos dado que "no ha querido comparecer en el Congreso ni asumir responsabilidades" ante la denuncia por malversación de dinero público con viajes a Marbella cargados al Consejo.
   Para Llamazares, Dívar daña "el buen nombre de la justicia" con su falta de asunción de responsabilidades "públicas, políticas y éticas" y su actitud de utilizar el CGPJ como un "cortijo general".
   Asimismo, desde IU quieren ir más allá de la petición de cese y exigen la aplicación de medidas de transparencia y control por parte del Tribunal de Cuentas y la Inspección del Estado.
   Igualmente, pretenden "acotar" la dedicación plena de la veintena de miembros del Consejo y sus competencias, que en algunos casos "duplican" las funciones del Ministerio de Justicia.
   Según Llamazares, con 5 miembros con dedicación plena sería "suficiente", mientras que el resto debería estar ejerciendo en sus órganos jurisdiccionales. Así, para el diputado de IU es fundamental abrir un "debate de fondo" que contribuya a la "regeneración" y la "reforma profunda".

El juez Rouco cree que "el caso Dívar ha dañado la imagen de la Justicia"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), Vicente Rouco, ha dicho que el "caso Dívar" ha dañado la imagen de la justicia, lo que le produce tristeza, y se ha mostrado a favor de introducir mejoras que potencien los "principios de independencia y de profesionalidad" judiciales.
Antes de que el propio Dívar diera explicaciones el pasado jueves, el presidente del TSJC-M reflexionó sobre los "muchos defectos" que la Justicia tiene en nuestro país, el principal de ellos la "lentitud", la tardanza en responder, pero ello no es imputable -dice- tanto a los jueces y magistrados como a los vicios derivados de una insuficiencia de medios.
Según Rouco, la Justicia como todas las instituciones es "perfectible y mejorable", aunque cree que la visión que puede tener el ciudadano de que la Justicia no es igual para todos "no se corresponde con la realidad".
Sobre si cree que la Justicia está demasiado sometida al poder político, como lo prueba la falta de acuerdo en la renovación del Tribunal Constitucional (TC), Rouco reconoce que la polémica no es buena para la imagen del TC, que, sin embargo, no forma parte del poder judicial como tal, ya que además de magistrados también hay otros que no lo son, como pueden ser catedráticos.
Insiste en separar esta polémica del trabajo diario de jueces, magistrados y órganos judiciales que cada día ejercen sus funciones con "escrupulosa independencia".
Sobre los polémicos viajes a Marbella del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, cree que, "indudablemente, no es una noticia que nos haya dado muy buena imagen y me produce tristeza, aunque no soy el más indicado para pronunciarme sobre la cuestión", ha dicho Rouco.
Muchos jueces, ha manifestado el presidente del TSJ, "hemos visto la noticia sobre este caso con tristeza, porque, indudablemente, ha dañado o ha podido dañar la imagen de la Justicia, que por regla general está caracterizada por un ejercicio austero y bastante modesto de sus funciones".
Sobre el fondo de la cuestión de los viajes de Dívar, al presidente del Tribunal Superior de Justicia le "cuesta trabajo" creer que una persona que siempre ha considerado honrada haya podido abusar de su función.
Sin embargo, y a juicio de Vicente Rouco, "sería conveniente mejorar en la transparencia y hacer un ejercicio de rigor para evitar ese tipo de utilizaciones o de mejoras cuando en realidad no es esa la pauta habitual de comportamiento de los jueces y magistrados españoles", ha señalado antes de conocerse la decisión en este sentido del CGPJ.
Respecto a si han recibido en el TSJ, desde el asunto de Dívar, alguna nueva comunicación sobre cómo se han de justificar los gastos, ha dicho que en su caso siempre los ha justificado con "absoluto escrúpulo y respeto", según Rouco, que afirma tener unos mil euros al año para gastos de representación.
"No tengo ni capacidad para comprar ni un bolígrafo y lo que necesito se lo pido a la gerencia del Ministerio de Justicia, que tiene sus formas de justificación de gastos y facturas".
"Los jueces estamos para resolver los procesos que se nos planteen y, por supuesto, si se plantea una denuncia o una querella o un procedimiento penal porque se haya incurrido en comportamientos de naturaleza contraria al ordenamiento jurídico habrá que depurarlo", ha señalado Rouco.

Los manifestantes contrarios a Mubarak mantienen ocupada la plaza Tahrir

EL CAIRO.- Los manifestantes contrarios al expresidente Hosni Mubarak continúan ocupando la emblemática plaza Tahrir de El Cairo, epicentro durante los tres últimos días de las protestas por la levedad de las condenas contra Mubarak y los altos mandos del aparato de seguridad juzgados por corrupción y por la muerte de más de 800 personas durante las revueltas de principios de 2011.

   El tráfico permanece cortado debido a las barricadas levantadas por los manifestantes y miembros de las comisiones populares controlan las entradas a la plaza, informa el diario 'Al Masry al Youm'.
   A pesar del calor, los manifestantes mantienen la acampada, jalonada de pancartas con sus demandas: formación de un consejo presidencial con los candidatos presidenciales derrotados en primera vuelta, la destitución de los cargos afines a Mubarak que aún controlan los medios de comunicación públicos y la Justicia y la formación de tribunales revolucionarios para procesar a Mubarak y a sus subalternos.
   Fuentes de la seguridad han explicado en declaraciones a la televisión pública que el cierre de la plaza ha provocado atascos en las principales calles del centro de la ciudad.

La CSI-F pide a Montoro que en España no pueda despedirse a funcionarios con oposición

MADRID.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha dirigido una carta de tres páginas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le insta a interceder ante el Grupo Popular para que modifique la reforma laboral en el Senado y se excluya de la posibilidad de despedir a empleados públicos por causas técnicas, organizativas y de producción a aquellos que obtuvieron su plaza mediante oposiciones.

   La organización también ha remitido la misiva a los presidentes de las comunidades autónomas para que los barones 'populares' también intervengan coincidiendo con el trámite final de la reforma y ésta incorpore una enmienda 'in extremis'.
   La carta enviada incluye el texto que el sindicato pide añadir a la disposición adicional segunda de la reforma, por la que, según señala, se abre la puerta al despido de 700.000 trabajadores en el conjunto de las administraciones públicas pese a haber aprobado unas oposiciones.
   "Que en ningún caso, lo establecido en esta disposición adicional segunda, sea de aplicación al personal laboral que ha adquirido esta condición por el procedimiento selectivo de ingreso establecido al efecto", puntualiza el sindicato.
   De esta manera, CSI-F señala la necesidad de acordar una redacción alternativa "que deje claro que el acceso mediante un proceso selectivo realizado bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Básico del Empleados Público, sea elemento diferenciador".
   En el argumentario que CSI-F incluye en la carta, el sindicato recuerda que "el actual déficit que atraviesa España no ha sido generado ni por los servicios públicos ni por sus empleados", que, sin embargo, "han ocupado páginas y páginas en los medios de comunicación, como si fueran la causa y la solución viniera de la destrucción de la calidad en los servicios públicos y con la degradación de las condiciones laborales".
   "Creemos que se hace necesario buscar soluciones que no sean bajar el sueldo a los empleados públicos, ni reducir una administración con un tamaño homologable a los estándares europeos", añaden, para apostillar que "probablemente los 'mercados' tengan más información que los ciudadanos sobre las causas de la actual situación y vean que las medidas adoptadas sobre la función pública no hacen sino generar un alto grado de inestabilidad económica en los trabajadores públicos con una contraproducente repercusión al provocar un importante descenso del consumo".
   Asimismo, CSI-F pone el acento en "muchos gastos realizados por las administraciones públicas en muchos conceptos que no son servicios públicos" o en "algunas empresas públicas que sólo existen para burlar los controles públicos del gasto y de la contratación".

domingo, 3 de junio de 2012

Más de 3,2 millones de españoles hicieron cursos de formación para el empleo el año pasado

MADRID.- Más de 3,2 millones de españoles participaron el año pasado en cursos de formación para el empleo, la mayoría de ellos a través de las empresas en las que trabajan (2.986.493 personas) y el resto (273.580 personas) en los programas para desempleados.

   Así se pone de manifiesto en una respuesta escrita del Gobierno al portavoz de Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano. Según estos datos, 2.986.493 personas tomaron parte en la formación para el empleo dirigida a trabajadores ocupados. De ellos, el 25,4% eran mayores de 45 años.
   Además, otras 273.580 personas participaron en cursos de formación para el empleo dirigida a trabajadores desempleados, siendo el porcentaje de mayores de 45 años del 14,6%.

Cada día se ejecutan hasta 159 desahucios en España

MADRID.- Cada día se producen en España una media de 159 desahucios de vivienda por el impago de la hipoteca o el alquiler, y hasta el 82 % de estos desalojos tienen lugar en familias con menores a su cargo, que, en la mayoría de los casos, carecen de otra alternativa de residencia.

Estas cifras han sido facilitados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que, ante la insuficiencia de datos oficiales, ha creado su propia base con más de 6.000 encuestas a personas afectadas de todo el Estado que en algún momento han estado en contacto con la Plataforma.
Sin embargo, la mayoría de los desahucios no quedan recogidos en las estadísticas ya que "la vergüenza" que sienten las familias, sobre todo cuando tienen hijos pequeños, hace que se "autodesalojen" para no pasar "por la violencia de una intervención policial".
Así lo ha expresado el asesor jurídico de la Plataforma, Rafael Mayoral, quien ha subrayado la paradoja que se da en España donde, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 5,6 millones de viviendas vacías, el 20 % del parque inmobiliario.

Español, en paro y con hijos

La nacionalidad de las personas afectadas rompe el tópico según el cuál las ejecuciones hipotecarias serían básicamente un problema de personas inmigrantes.
Español, en paro, con hijos a su cargo y una hipoteca media entre 100.000 y 200.000 euros es el perfil del desahuciado que prácticamente se repite en las 17 comunidades autónomas, según recogen los fundadores de la PAH, Ada Colau y Adria Alemany, en el libro "Vidas hipotecadas", que se publicará a finales de junio en castellano, tras una edición en catalán.
En 2011, la Comunidad Valenciana registró el 23,5 % del total nacional de desahucios por impago de hipotecas, con una media de casi 50 ejecuciones hipotecarias al día, tasa muy similar a la registrada en Madrid. A estas autonomías se unen Catalunya, Andalucía y Murcia como las regiones con más ejecuciones hipotecarias.
En Catalunya, con 7.000 órdenes de desahucio desde junio de 2011, casi 20 familias abandonan, de media, cada día su vivienda.
El recrudecimiento de la crisis ha impulsado en muchas comunidades la recogida de firmas a modo de Iniciativa Legislativa Popular (IPL) para reformar la ley hipotecaria, regular la dación en pago, paralizar los desahucios y fijar los alquileres sociales.
Navarra fue la primera comunidad en la que un banco aceptó la fórmula de la dación en pago para saldar una deuda si bien en esta comunidad la PAH asegura que "no existe ningún caso en el que un banco haya aceptado esta fórmula con todas las consecuencias".
En el País Vasco, el Gobierno creó a primeros de mayo un sistema de mediación para evitar desahucios, al que ya se ha adherido Kutxabank, la entidad surgida de la fusión de las tres cajas vascas, que se ha comprometido a no iniciar durante un mes ninguna reclamación judicial por impago, a la espera de que este servicio presente una propuesta ajustada a cada caso.
En septiembre de 2011, Cáritas Diocesana de Barcelona también puso en marcha un servicio de mediación que, hasta abril de 2012, había mediado en unos 800 casos.
La dación en pago o el alquiler social son las alternativas barajadas por la Plataforma, que solicita que, una vez que se adjudica la vivienda al banco, se cancelen las deudas para que nadie quede con deudas perpetuas o se provea al afectado de un alquiler social, que nunca supere el 30 % de la renta familiar.

Paralizando desahucios

En casi todas las autonomías se dan casos singulares de desahucios paralizados como, por ejemplo, en Baleares, en el barrio palmesano de Son Ferriol, donde con el apoyo de la PAH se logró detener el desalojo de una mujer con cuatro nietos a su cargo y una hija con discapacidad. La mujer envió una carta al juez pidiendo un aplazamiento de cuatro meses, que finalmente se consiguió.
Otro caso similar se dio en Gran Canaria, donde la Plataforma logró parar el desahucio de una mujer desempleada, madre de cuatro niñas y con un esposo enfermo; y en Asturias, Stop Desahucios, la plataforma creada a partir del 15M, impidió el desalojo de un matrimonio ecuatoriano y su bebé.
En Castilla y León, Stop Desahucios también ha ayudado a decenas de familias a posponer el abandono de sus casas y obtener moratorias del abono de sus hipotecas o la dación en pago.
El asesor jurídico de la PAH, Rafael Mayoral, ha defendido que lo que está consiguiendo la Plataforma es "hacer visible" un conflicto y demostrar que los desalojos incumplen el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, suscrito por España.
El 15 de junio se cumple el primer aniversario de un desahucio paralizado por la PAH en Madrid, en concreto en la calle Naranjo en el distrito de Tetuán. Este desalojo se convirtió en simbólico ya que la plataforma había sido creada a raíz del 15M.
Aunque los datos oficiales sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios son los del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), estos no son representativos ya que tratan por igual los desahucios de locales comerciales y viviendas y tampoco distingue entre vivienda habitual y segunda o tercera residencia.
Por su parte la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la sociedad de tasaciones inmobiliarias TINSA han asegurado no disponer de datos sobre este asunto.

Definición del trepa / José Luis Madrigal *

Casi todas las grandes novelas del XIX y muchas de las mejores narraciones de todos los tiempos tienen como protagonista a un trepa. Trepa es Julien Sorel y Lucien de Rubempré, Fermín de Pas y hasta Marcel, el narrador de la À la Recherche, aunque quizá a este último deberíamos encuadrarlo mejor dentro de la categoría de los snobs.

El snob viene a ser un trepa algo más refinado y quizá no tan ambicioso, pues en el fondo la única meta que se propone el snob es entrar en los salones de los ricos y poderosos para codearse con ellos. Al trepa, sin embargo, eso de codearse y fardar de relaciones no le llama demasiado la atención. El trepa, si entra en los salones, es mayormente para enriquecerse y adquirir poder.

El trepa no ceja hasta que no llega a la cúspide, aunque para ello tenga que valerse de todas las malas artes que los libros de moral siempre han censurado. La hipocresía, la adulación y la falta de escrúpulos son algunos de los atributos más visibles del trepa, quien, con tal de alcanzar sus objetivos, mentirá, prevaricará o traicionará al mejor amigo. El trepa es un ser indigno. Su única lealtad es a su propia persona.

Nombré antes, entre otros, a Julien Sorel y a Lucien de Rubempré, pero en realidad es injusto calificar a estos dos personajes de “trepas” sin más, pues en los dos hay un fondo trágico del que carece por completo el trepa de casta. El trepa no tiene nada de romántico ni de noble en sus acciones, las cuales vienen motivadas más que por un resentimiento de clase –aunque también–, por una mediocridad intrínseca.

El trepa es mediocre, vergonzosamente mediocre, y de ahí su parasitismo. A sabiendas de que poco puede aportar por su trabajo ni por su inteligencia ni, claro está, por su posición social, desde muy joven aprende a mimetizarse con aquellos que más tienen, pueden o saben.

El trepa suele ser un experto en saber qué decir o qué callar delante de sus valedores, cuidándose en todo momento de soltar una mala palabra o una palabra de más. Sus dichos o sus hechos nunca surgen del corazón, sino de una cabeza que calcula muy bien las consecuencias antes de mover ficha, como si su vida no fuera otra cosa que un tablero de ajedrez donde lo que importa es dar jaque mate a quien poco antes le dio la mano.

El trepa sabe posicionarse muy bien en cualquier situación que le presenta la vida. No se verá nunca a un trepa que vaya de pie por mucho tiempo en el vagón de un metro; y, como ya se ha dicho en algún otro sitio, el trepa es todo aquel que entrando por detrás de alguien en una puerta giratoria sale siempre por delante.

El trepa se da en todas las sociedades y en todas las profesiones, aunque su presencia resulte endémica en la política, en las finanzas y en el mundo de la cultura, probablemente porque estas actividades propician mucho más el tráfico de influencias y los trapicheos que si uno se dedica a poner empastes en una clínica dental, amasar pan en una tahona o escribir programas informáticos para Microsoft o Apple.

El trepa es por la mayor parte un parásito social del que no se puede esperar nada bueno. En cantidades moderadas una sociedad lo soporta mal que bien, pero ¡ay de aquel país que se encuentra con un exceso de trepas en el gobierno, en los estamentos financieros y hasta en la redacción de los periódicos!

(*) Profesor titular en el Queensborough Community College y el Graduate Center de la Universidad de Nueva York (CUNY)

¡Viva la delincuencia! / Ramón Cotarelo *

A los seis meses de su victoria electoral, Rajoy ha hecho todo lo que dijo que no haría y dejado de hacer lo que aseguró que haría. Lo eligieron para una cosa e hizo la contraria. Su triunfo electoral fue un fraude y, si España fuera un país democrático con solera, la presión ya sería insoportable para que se convocaran elecciones anticipadas a la vista del engaño perpetrado por los que ganaron las anteriores. 
 
No hay cuidado, sin embargo, porque ni España tiene solera democrática ni quienes detentan el poder la mínima intención de hacer nada que lo ponga en riesgo. Al contrario, sostienen que su holgada mayoría absoluta es prueba de la confianza de la gente en sus capacidades que les autoriza a hacer lo que les venga en gana y hasta donde les venga en gana. 
 
En esta estafa generalizada a la ciudadanía que es el triunfo electoral del PP destacan con especial relieve dos medidas nunca jamás anunciadas y tomadas en funciòn de su conveniencia económica pero de efectos políticos desastrosos y fundamento moral inexistente que tienen que provocar la indignación general: una, ya adoptada, una amnistía a los defraudadores de Hacienda que, a partir de ahora, podrán lavar sus capitales delictivamente allegados pagando una mordida simbólica del 10%. 
 
La otra, en fase de estudio muy avanzado, una modificación de la legislación vigente que cristalizará en otra amnistía a todas las edificaciones ilegales de las que España está literalmente erizada a partir de los felices tiempos de la liberalización aznarina del suelo gracias a la cual proliferaron los especuladores que produjeron la desastrosa burbuja inmobiliaria y, de paso, destrozaron casi todas las playas. Las dos medidas son un evidente castigo a la población que acata la ley y cumple sus obligaciones con el fisco y un premio a los defraudadores, estafadores y delincuentes de toda laya en los que los gobernantes, probablemente, reconocen a sus pares.
 
¿Se entiende por qué los neoliberales insisten tanto en la necesidad de "desregular" y de evitar lo que llaman el intervencionismo del Estado? Les molestan las leyes que protegen el bien común y restringen la actividad depredadora del egoísmo individual. Por eso, en cuanto pueden las derogan y premian a los delincuentes. Así, dicen, se fomenta e,l cremiento económico. Y el delito en beneficio de los amigos y seguidores. Para la derecha la política es crear las condiciones óptimas para el enriquecimiento de los suyos a costa de lo que sea, incluso de la miseria de la gente.
 
(*) Catedrático de Ciencia Política de la UNED

¿Es posible un cambio de régimen en Siria?

NUEVA YORK.- Estados Unidos y sus aliados occidentales parecen cada vez más inclinados a promover un «cambio de régimen» en Siria, aunque las últimas conversaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU sugieren que es aún una posibilidad lejana. 

Tanto China como Rusia, los dos principales miembros del Pacto de Cooperación de Shanghai, alianza militar en expansión en Asia, han dejado claro que no desean que Siria se convierta en otra Libia. «Los grupos opositores están hablando de aprovechar la oportunidad de los asesinatos», dijo el embajador ruso en la ONU, Vladimir Churkin, en alusión a la masacre de civiles en la localidad siria de Houla, perpetrada el fin de semana pasado, en la que murieron más de 100 personas incluyendo decenas de niños y niñas.
Tras la masacre Estados Unidos, Gran Bretaña, España y otras 10 naciones expulsaron simultáneamente a los respectivos embajadores y representantes diplomáticos de Siria.
Este viernes, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha afirmado que la matanza podría constituir un «crimen contra la humanidad». La ONU y testigos señalan que los asesinatos probablemente fueron perpetrados por las milicias progubernamentales conocidas como Shabiha.
Pero el embajador ruso afirmó el miércoles 31 de mayo que todas las partes involucradas en el conflicto sirio son responsables de la matanza, y sostuvo que estas debían resolver sus diferencias pacíficamente.
Churkin parecía apoyar la teoría de Damasco de que la red radical islámica Al Qaeda y otros elementos extremistas están operando en Siria y recibiendo armas de fuerzas extranjeras, aunque no dio detalles. «No lo sé», nos dijo en respuesta a una pregunta sobre las fuentes de financiación y armas de la oposición.
Sin embargo, el embajador sirio en la ONU, Bashar Ja'afar, dijo que las armas procedían de Arabia Saudita y de Qatar, los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región y los principales proveedores de petróleo a Occidente.
El miércoles, tras la reunión del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Susan Rice, señaló que Washington y sus aliados europeos podían tomar acciones «por fuera» de las iniciativas del enviado especial del foro mundial y de la Liga Árabe a Siria, Kofi Annan, que presentó un plan de paz.
La propuesta del ex secretario general de la ONU, llama a poner fin a la violencia, permitir el acceso de las agencias humanitarias, liberar a los detenidos, habilitar el ingreso de la prensa extranjera e iniciar un diálogo político.
Rice admitió que hay «serias diferencias» en el Consejo de Seguridad sobre las posibles sanciones contra el gobierno sirio. «Necesitamos explorar con Rusia y otros países qué pasos extra podemos dar», señaló. «Proseguiremos las negociaciones en los próximos días».
Los observadores, por su parte, perciben cierto grado de ambivalencia en la postura de Occidente hacia Damasco. «Creo que Estados Unidos y sus aliados de Occidente están desesperados buscando una estrategia para Siria, y no tienen ninguna», afirmó Phyllis Bennis, investigadora del Instituto para Estudios de Políticas. «Aunque el cambio de régimen ahora está claramente en su lista de opciones, hasta hace poco no lo han incluido», nos dijo.
Añadió que «Siria, a pesar de su discurso antiimperialista, fue muy útil para Israel. Mantuvo en calma los altos del Golán y la frontera israelí». «La reciente masacre en Houla les ha obligado a idear una respuesta inmediata, y eso es todo lo que se les ha ocurrido para no agravar las cosas. Es un desastre desde todo punto de vista», dice.
Además de Rusia, Siria mantiene estrechos lazos con Irán y con los líderes chiitas de Líbano, así como con los grupos militantes palestinos, que han sido constante fuente de irritación para Occidente e Israel.
El miércoles, observadores de la ONU informaron que 13 cadáveres más fueron descubiertos en el este de Siria. Todas las víctimas tenían las manos atadas a la espalda y algunas presentaban disparos en la cabeza a corta distancia.
  La ONU estima que más de 9.000 personas, en su mayoría civiles, han sido asesinadas, y decenas de miles desplazadas desde que se levantó el movimiento opositor contra el presidente Bashar al-Assad hace 15 meses.
Como mediador del conflicto, Annan ha asistido este sábado en Doha a una reunión de la Liga Árabe, donde se analiza la situación siria.

Los rostros actuales de la pobreza / Joaquín García Roca

La crisis financiera y económica, que golpea a amplias capas de la población, junto a una gestión política que secuestra los derechos sociales, y al cambio cultural que debilita las estructuras colectivas ha transformado las formas de la pobreza como resultado de las profundas desigualdades sociales, del ocaso de los servicios públicos y la ruptura de los vínculos sociales.

Si antes los pobres confiaban en superar a futuro las privaciones, ahora se sienten sometidos al azar o al destino, y sus decisiones quedan fuera de su dominio. Las pobrezas actuales se han aliado con la impotencia colectiva como marionetas en manos de grandes poderes anónimos.

La precariedad económica ha desbordado los lugares y grupos sociales tradicionales para extenderse por toda la sociedad como una vulnerabilidad que empuja hacia abajo y expulsa de los dinamismos y relaciones sociales. Personas de clase media, jóvenes expulsados de los estudios, profesionales con éxito académico se sienten sobrantes, postergadas e instaladas en la inseguridad económica, en el desánimo personal y en la desconfianza política. Esta situación ha generalizado la pérdida y cuando todos son perdedores, el desinterés es mutuo. Lo cual justifica que cada grupo se ocupe únicamente de sus propios intereses sin lugar para cooperar con aquellos que intentan sobrevivir cada día.

En la medida que la precariedad económica golpea a personas acomodadas y solventes, se asiste al camuflaje de la pobreza. Se oculta ser cliente del Banco de Alimentos, se invisibiliza acudir a los comedores benéficos, se disimula vivir de la pensión del anciano. Para el pobre tradicional mostrarse era una estrategia de supervivencia, los nuevos pobres se hacen invisibles y por lo mismo poco fiables; de ahí la sospecha sistemática sobre los mayores que usan mal los fármacos; sobre los discapacitados que abusan de la ley de dependencia; sobre los mendigos que ocultan sus intenciones; sobre los inmigrantes indocumentados que no podrán acceder al sistema sanitario; sobre los desempleados que deberán presentarse periódicamente en las oficinas del INEM; sobre los destinatarios de la renta mínima que se convierten en parásitos sociales.

El mito del mercado penaliza a los pobres ya que si no acceden a las oportunidades es culpa propia; en lugar de reconocer que el mercado es despiadado, caprichoso e injusto se cree que cada uno está allí donde se merece. Se afirma, con especial descaro, que toda intervención pública, que intente cambiar los resultados del mercado, se convierte en el enemigo de los pobres, ya que alienta la pereza. De este modo, se ha producido una alarmante criminalización de los fenómenos derivados de la pobreza: la mendicidad, el trapicheo de drogas, un cierto tipo de prostitución, pequeños robos y manteros de CD’s. Mientras los sistemas de control amplían sus competencias, se reducen los sistemas de protección. Muchos beneficiarios de los servicios asistenciales, sanitarios y educativos se convierten en un problema de seguridad ciudadana. Nace de este modo los guetos donde se concentran familias pobres, poblaciones consideradas marginales, zonas deprimidas, minorías étnicas, desempleo estructural y desafiliación cultural.

Frente a las pobrezas actuales, se necesita la vía política que garantice los bienes de justicia por debajo de los cuales no hay vida humana, la vía social que facilite el acceso a esos bienes mediante la colaboración ciudadana y movilización social y la vía cultural que desarrolle capacidades para elegir la vida que se considere deseable.

Los retos de Río+20 / Ignacio Ramonet

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también “Rio+20” porque se ­celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una “economía verde” en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional (1). Pero esta ­realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal. 

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del ­fracaso manifiesto de las políticas de “austeridad a ultranza”. La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas ­tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde 2008; peores que cuando ­quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia. 

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas “independientes” extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles (2). Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62% de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado (3), avisó que es “muy posible” que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los paí­ses vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario (4)... 

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas del 28 y 29 de junio que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en 2010, el cambio climático fue la causa del 90% de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300.000 personas, con un quebranto económico estimado en más de 100.000 millones de euros…

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento –si no es sostenible– significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...

Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen pues en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de “economía verde” que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de “economía ­solidaria”, promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de “desarrollo predatorio”, basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la “economía verde”. Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un “enverdecimiento”, en suma, del ­capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Rio+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a ­escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa “economía verde” desea no sólo la mercantilización de la parte material de la naturaleza ­sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la “economía verde”, como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no sólo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques (5). 

El objetivo central de esa “economía verde” es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc. Asignando precio a cada elemento del medio ­ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la “economía verde”, en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y realizando de nuevo cuantiosas ganancias.

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los “bienes comunes de la humanidad”. Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos –ríos, océanos y ­lagos–, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques ­naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el ­conocimiento, ­Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización –en varios Estados– han tenido notable éxito. 

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una “civilización biocéntrica”, centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito. También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos. 

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de “consumo responsable” que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir; una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos; una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital; y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo (6).

La Conferencia Rio+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su  lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de “enverdecimiento” del capitalismo. Según esos movimientos, la “economía verde” no constituye una solución a la crisis ­ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una “falsa solución” que agravará el problema de la mercantilización de la vida (7). En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema.
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(1) Léase Ignacio Ramonet,  “Urgencias climáticas”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2012.
(2) El País, Madrid, 21 de mayo de 2012.
(4) “Corralito” es una palabra surgida durante la crisis económica argentina de 2001, cuando ante la avalancha de clientes a los bancos para retirar sus ahorros, el ministro  Domingo Cavallo decidió que cada titular de cuenta sólo podría retirar un máximo de 250 pesos por semana. El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró, al revuelo causado por la palabras de Krugman, asegurando que un corralito en España es una posibilidad técnicamente imposible.
(5) Pablo Solón, “¿Qué pasa en la negociación  para Rio+20?”, 4 de abril de 2012. http://rio20.net/documentos/que-pasa-en-la-negociacion-para-rio20
(7) Léase, “Declaración de la Asamblea de movimientos sociales”, Porto Alegre, 28 de enero de 2012. http://redconvergenciasocial.org/?p=160

El Gobierno afianza el plan de una banca pública en España

MADRID.- El Gobierno avanza progresivamente en la idea de conformar una banca pública liderada por José Ignacio Goirigolzarri ante el tibio interés que el sector financiero ha mostrado por las subastas de entidades nacionalizadas y la falta de recursos del fondo de garantía de depósitos, informaron hoy fuentes financieras.
 
   Los bancos no han mostrado excesivo entusiasmo por los procesos de adjudicación pendientes, los de Banco de Valencia y Catalunya Caixa, a los que se añadirá, con toda probabilidad, el de Novacaixagalicia, ya que exijen un elevado respaldo público para quedárselas.
   La idea inicial del Gobierno de Mariano Rajoy era concluir las adjudicaciones de las nacionalizadas durante el primer semestre del ejercicio y que el coste de la reestructuración del sistema financiero recayese exclusivamente sobre la banca y no sobre el contribuyente.
   No obstante, los dos últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno obligan a la banca a acometer un esfuerzo en provisiones para cubrir eventuales pérdidas por el ladrillo de 84.000 millones de euros, lo que ha congelado su interés comprador.
   Asimismo, tanto las entidades como el Ministerio de Economía ven lógico aplazar las subastas hasta conocer las valoraciones que hagan sobre la banca española Oliver Wyman y Roland Berger de acuerdo al encargo del Gobierno para despejar las dudas de los mercados sobre la valoración de los activos.
   Además, la última adjudicación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Sabadell ha dejado esquilmado al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), instrumento que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades y con el que se están sufragando las subastas.
   El rescate de Bankia, que acarrea respaldo público por importe global de 23.465 millones de euros, ha terminado de desbaratar el escenario del sector financiero, que ahora cuenta con la presencia del Estado en la quinta parte de su accionariado.
   Con este telón de fondo, el departamento que dirige Luis de Guindos es consciente de las dificultades de devolver las entidades nacionalizadas al sector privado, por lo que ha puesto sus ojos en Goirigolzarri, flamante presidente de Bankia, para liderar un banco público que aglutine a las entidades nacionalizadas.
   Las tres entidades nacionalizadas por el Estado suman un volumen de activos de 466.000 millones de euros en activos consolidaddos y contarían con una cartera conjunta de más de 17 millones de clientes y una red comercial compuesta por 5.475 oficinas.

El 15-M grita: "¡Bankia es nuestra!"

MADRID.- "Si Bankia es nuestra, sus casas también", han proclamado hoy más de 200 madrileños en la calle Sebastián el Cano, cercana a la estación de Atocha. El edificio número 36 es ya emblemático para el movimietno 15-M, después de varias ocupaciones, desalojos y concentraciones. Y hoy han decido volver a él para "liberar" varias viviendas propiedad de la entidad financiera intervenida, según informa 'Público'.

La acción de los indignados ha comenzado a medio día en la plaza del barrio de Lavapíes, donde, armados con cacerolas y haciendo ruido, han protestado contra la gestión que el Gobierno está llevando a cabo con Bankia, inyectando un rescate de más de 23.000 millones de euros, mientras "especulan, nos roban y desahucian". La convocatoria venía de un conjunto de colectivos y grupos del movimiento 15-M relacionados con la temática de la vivienda y bajo el lema #Bankiaesnuestra.
En un momento, el estruendo metálico ha cesado y los convocantes han pasado a leer un comunicado en el que se ha dicho "¡Basta ya!" al rescate de Bankia, a los desahucios y al lucro con la vivienda, según ha relatado desde el lugar Abel Martínez a Público.es. Posteriormente, los manifestantes han dedicado unas palabras de solidaridad con los jóvenes detenidos en Barcelona durante los últimos días por los sucesos de la huelga general del 29-M.
Una vez se han acabado las palabras, han vuelto las cacerolas y los manifestantes han emprendido la marcha hasta Sebastián el Cano, donde se ha vuelto a leer otro comunicado en el que se ha acusado a Bankia de ser la "responsable del 80% de los desahucios que se producen en Madrid" y tener, precisamente en ese edificio, alrededor 80 viviendas de su propiedad vacías y con la puerta tapiada.
De esta forma, han anunciado públicamente su intención de "entregar esos pisos a personas desahuciadas, sin trabajo, precarios, los que no pueden acceder a una vivienda", según relata Martínez desde el lugar. También se ha desplegado una pancarta desde una de las viviendas, que había sido "liberada", en la que se puede leer: "Si Bankia es nuestra, sus casas también".
En esta iniciativa participa la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Asamblea de Vivienda de Madrid, el Grupo de Vivienda de Lavapiés, la Oficina de Vivienda, ‘Okupa tu también', el ‘Kolectivo Maricarmen' y ‘Paisaje Transversal'.
En el comunicado de la convocatoria, publicado en la web de la asamblea de Lavapiés, los indignados afirma que la ciudadanía está cargando sobre "nuestra espaldas el peso del rescate de la pésima gestión y el gran expolio perpetrado por sus directivos y consejos de administración". En paralelo, denuncian que "Bankia expulsa a diario de sus casas a decenas personas que caen por la pendiente de la precariedad, encadenadas a trabajos basura (o aun peores, de semi-esclavitud) o viéndose expulsadas del mercado laboral para que finalmente se vean expulsadas brutalmente a la calle con sus cosas o sin ellas".
Por todo ello, los organizadores de la iniciativa han proclamado que junio va a ser el 'Mes contra Bankia' para intentar que frene sus desahucios y reclamar que las viviendas con las que cuenta pasen a formar un parque de casas en régimen de alquiler social.

Abrir la «Europa fortaleza» a los inmigrantes

BRUSELAS.- Europa se debate entre dos ideas opuestas: el rechazo a los inmigrantes que ocupan deseados puestos de trabajo y no se integran en nuestras sociedades y la necesidad de recibir extranjeros por cuestiones económicas, demográficas y sociales. Bruselas apremia a los Estados miembros a articular una política migratoria común que ofrezca seguridad a los europeos y abra canales a la migración legal y la movilidad. Hay más de 20 millones de inmigrantes regulares en la UE.
 
Son exactamente 20,2 millones los nacionales de terceros países presentes en la UE con papeles, lo que representa el 4% de la población total, según el informe sobre las migraciones en 2011 presentado por la Comisión Europea. No hay datos fiables sobre la inmigración ilegal. Según Bruselas, el año pasado se denegó la entrada en la UE a alrededor de 343.000 personas, un13 % menos que en 2010. También en 2011, bajó ligeramente el número de detenidos, ue fueron 468.500 y los Estados miembros expulsaron en torno a 190.000 nacionales de terceros países (un 15 % menos que en 2010). Aumentó, sin embargo, el número de solicitudes de asilo, que llegó a 302.000, un 16% en comparación con el año anterior, pero muy por debajo de las solicitudes recibidas hace una década.
Más datos, aunque referidos a 2010 cuando la crisis económica ya afectaba al mundo laboral. Entonces la tasa media de empleo de los nacionales de terceros países entre 20 y 64 años fue del 58,5%. Los visados Schengen que se expidieron en 2011 fueron 12,7 millones, la gran mayoría en Rusia, seguida de Ucrania, China y Turquía.
De esta lluvia de cifras, la Comisión Europea saca unas conclusiones que resumió la comisaria de Interior, Cecilia Malmström: «La Unión Europea necesita una política de migración sólida y coherente, que responda tanto a corto como a largo plazo a las necesidades. Precisamos una gestión eficaz de nuestras fronteras exteriores, con el fin de garantizar la libre circulación dentro de la UE, de aportar una auténtica protección a quienes la necesiten y, al mismo tiempo, de brindar canales para la migración legal y la movilidad». 

¿Y qué piensan los ciudadanos europeos de todo esto?
Pues, según una encuesta de Eurobarómetro, hay división de opiniones. Mientras un 42% de los encuestados cree que la UE debería promover la inmigración laboral desde países no pertenecientes a la UE para ayudar a abordar los retos demográficos y la escasez de mano de obra, un 46 % discrepa.
El 68 % de los encuestados considera que los inmigrantes legales deben tener los mismos derechos que los ciudadanos nacionales. Sin embargo, son mayoría los que piensan que los inmigrantes pueden tener dificultades de integración, a causa de la inmigración, y la mitad de los europeos cree que la inmigración enriquece a los países de la UE económica y culturalmente.
El informe sobre inmigración y asilo de 2011 recomienda superar la retórica anti-inmigración, que amplifica las desventajas y olvida la contribución positiva de la migración a Europa para crecer y prosperar. Propone actuaciones en un doble sentido de concienciar a la población europea sobre esa idea y, a la vez, a los inmigrantes de la necesidad de adaptarse a las sociedades en las que viven.
Infundir confianza es esencial, dicen los expertos de la Comisión Europea. Por tanto, hay que evitar que se implante el concepto de «Europa fortaleza», sin renunciar a tener unas fronteras seguras con vías legales de entrada de extranjeros. La UE no puede vivir aislada. Por eso, se necesita una mayor implicación de asociaciones de migrantes, empresarios y sindicatos para establecer una política que responda a las necesidades europeas y también ofrezca seguridad a quienes necesitan protección.
En consecuencia, Bruselas plantea a los Estados actuar en diferentes frentes: garantizar que las oportunidades de migración legal y movilidad respondan a las necesidades de la UE, trabajar en la integración efectiva, responder a las presiones migratorias aplicando las medidas existentes para reducir la migración irregular mediante la cooperación con países terceros y lograr un sistema europeo común de asilo en 2012.
Para conseguirlo, la UE es consciente de los problemas de financiación de los Estados y afirma, un tanto abstracta, que «el apoyo de la UE a través de la ayuda financiera en materia de migración y movilidad sigue siendo un aspecto importante de solidaridad en el interior de la UE y de la cooperación con los países no pertenecientes a la Unión».