MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, ha asegurado en relación con la causa por la que se
investiga al yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, por las actividades del
instituto Nóos que "ni existe ni va a existir ningún tipo de
conformidad" porque ha dado órdenes "claras y tajantes" de que así sea
mientras el asunto se esté instruyendo por el juez de Palma de Mallorca
José Castro.
Torres-Dulce ha subrayado que
otra cosa diferente es que el Ministerio Fiscal escuche cualquier
propuesta que los abogados de las diferentes partes personadas en este
proceso puedan hacer.
"Pero simplemente será recibirlos y escuchar", según el principal
representante del Ministerio Público, que ha añadido que las
informaciones que hablan de un posible pacto para evitar la prisión del
yerno de Rey pueden querer buscar "ruido mediático, unas finalidades que
no son las estrictamente procesales".
Preguntado por cuáles puedes ser estas finalidades, Torres-Dulce
ha señalado que no las conoce, pero que hay que comprender que "cuando
no se puede negociar nada porque se está investigando y además se da
pábulo a ello en los medios de comunicación, hay que entender que una
finalidad estrictamente procesal no se puede estar buscando".
El fiscal general del Estado ha insistido en que los fiscales
Anticorrupción adscritos al caso "no quieren ni pretenden ninguna
conformidad en este asunto", y que si en el futuro se actúa en este
sentido se hará respecto a la calificación jurídica que hiciera el
Ministerio Fiscal "si hubiere lugar desde el punto de vista penal".
Lo que sí reconoce Torres-Dulce es una petición de la defensa del
socio de Urdangarín, Diego Torres, para reunirse con los fiscales del
caso y "expresar algunos deseos futuros".
"Pero por parte de la Fiscalía
ni se ha negociado ni se va a negociar nada con respecto a
conformidades -ha insistido- En primer lugar y fundamentalmente porque
se siguen investigando los hechos, y estando abiertos a más
posibilidades de investigación resulta absurdo plantear una conformidad
que habría que hacer cuando los hechos están totalmente cerrados".
Sobre los correos que la defensa de Diego Torres dice tener y que
podrían implicar tanto a la infanta Cristina como al Rey Juan Carlos,
Torres-Dulce ha afirmado que ignora tanto su existencia como su
contenido, pero que "partes que participan en un proceso penal tienen
derecho pleno a presentar cuántos elementos legítimos de defensa
pudieran entender".
Ha añadido que el Ministerio Fiscal no se va a oponer a ningún
elemento legítimo de defensa "ni tiene miedo, por decirlo de alguna
forma, a la presentación de dichos elementos de defensa". La aportación
de documentos es derecho de la defensa, además de su deber, "y el
Ministerio Fiscal está para velar para que ese derecho de defensa se
respete en su integridad".
El fiscal general del Estado ha afirmado que siente "el mayor
respeto y admiración" por la institución de la monarquía "y muy
especialmente por Don Juan Carlos, el rey de España", y que cualquier
elemento que pudiera salir va a ser tratado, por parte del Ministerio
Fiscal "de forma absolutamente imparcial, atendiendo a las finalidad del
proceso, que es la indagación de la verdad a través de los medios
legalmente previstos".
Torres Dulce también se ha referido a las quejas de la defensa de
Torres en el sentido de que su mujer esté imputada en el caso y no se
haya hecho lo mismo con la infanta Cristina.
Así, ha aclarado que según la información que le han suministrado
tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, como los fiscales
adscritos al caso, Pedro Horrach y Joan Carrau, en el momento en que la
acusación popular lo pidió "no había dentro del proceso ningún dato que
permitiera la incriminación de la infanta Cristina en actividades de
tipo delictivo".
La decisión de no imputar a la infanta fue "como debe ser,
absolutamente autónoma" de los fiscales del caso, según el máximo
representante del Ministerio Público, y él "sólo recibió su trasmisión".
"Lo digo porque en algún medio de comunicación se dijo que yo dí
alguna instrucción al respecto, y era una decisión que hubiera podido
dar tras analizar los hechos, pero fueron los propios fiscales los que
así lo expresaron con criterio absolutamente autónomo", ha insistido.
Según Torres-Dulce, los hechos que se están persiguiendo
"requieren una participación activa" y hasta el momento, "por parte de
la infanta Cristina no se ha acreditado una participación efectiva y
real en tales hechos".
La actividad en dichas sociedades por parte de la infanta Cristina
de la que se ha hablado "no tiene relevancia penal de ningún tipo",
según el fiscal general. No ocurre lo mismo respecto de la mujer de
Torres, Ana María Tejeiro, sobre quien sí se ha podido entender "que su
participación es efectiva y real en los negocios que tienen
trascendencia penal"
La participación de la infanta por el momento, según la
información de que dispone Torres-Dulce, no ha sobrepasado el hecho de
ser partícipe de determinadas sociedad. "Doña Cristina hasta este
momento, desde el punto de vista de las investigaciones penales, no ha
rebasado el criterio de la mera partícipe societaria de esas
actividades", ha insistido.
