MADRID.- El Congreso ampliará de nuevo el plazo de
tramitación del proyecto de ley Antidesahucios presentado por el PP como
fusión de la propuesta del Gobierno y de la iniciativa legislativa
popular, y permitirá la presentación de enmiendas a dicho texto hasta el
próximo viernes, con la intención de celebrar una nueva sesión de
Ponencia el próximo martes.
Tras reunirse durante más de hora y media, los miembros de la
Comisión de Economía designados para negociar esta norma no han llegado a
ningún acuerdo sobre los contenidos, más allá de su decisión de volver a
presentar enmiendas al texto refundido, que los 'populares' enviaron el
pasado viernes a la oposición y que todos los grupos rechazan.
Según han explicado fuentes del PP, este nuevo plazo se debe a la
"falta de tiempo" para que la Mesa pudiera calificar y publicar el texto
refundido, de tal manera que pasara a tramitarse en comisión. Por eso,
ahora la intención es que el próximo martes, 16 de abril, se pueda
celebrar una tercera y definitiva sesión de Ponencia y que ese mismo
jueves o, a lo sumo, el martes 23, la tramitación culmine en la Comisión
de Economía para poder remitir el proyecto al Senado, ya que también se
ha rechazado volver a debatirlo en el Pleno de la Cámara baja.
No obstante, la oposición duda de que exista margen para poder
modificar la propuesta llegada del Gobierno, por lo que ya anuncia que
tras la publicación del proyecto de ley en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) retomarán sus acciones parlamentarias presentando nuevas
iniciativas en línea con la dación en pago. Sí se podrían incluir, no
obstante, algunas correcciones de errores o de cuestiones técnicas, pero
probablemente no habrá cambios sobre lo ya anunciado por el PP en temas
de mayor calado.
Así, la diputada socialista Leire Iglesias ha afirmado que el
texto, tal cual está redactado en estos momentos, es "claramente
insuficiente" y "no da solución a nadie".
"No podríamos apoyar nunca un
texto como éste", ha añadido, avanzando que el PSOE insistirá en las
enmiendas que ya ha presentado --tanto al proyecto del Gobierno como a
la ILP-- dado que en la redacción actual "no se ve el espíritu".
"Quizás
han incluido alguna coma o algún signo de puntuación", ha ironizado.
Por eso, su interés está en llegar a acuerdos en los temas que
considera más importante, como son evitar las cláusulas abusivas,
equilibrar el mercado hipotecario garantizando las cédulas a futuro, dar
una oportunidad de reestructurar su deuda también a las familias que ya
han perdido la vivienda, que se incluya la iniciativa ciudadana, y que
haya una alternativa real de vivienda social más allá del fondo creado
por el Gobierno con los pisos de las entidades financieras.
Además, Iglesias ha reiterado la necesidad de "paralizar todas las
ejecuciones" mientras se debate esta normativa, reclamando que el
Consejo de Ministros la apruebe este mismo viernes para dar margen al
poder legislativo a negociar una "solución efectiva, y no parches".
Por su parte, Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA)
también ha criticado que el PP y el Gobierno "parecen no haber
entendido la lección y quieren volver a cerrar en falso el conflicto",
además de considerar que hacen una interpretación "cicatera" de la
sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la ley hipotecaria española.
"El intento de cargarse la ILP es bastante evidente, y no son muy
abiertos a aceptar propuestas del resto de grupos. Pero nosotros vamos a
batallar hasta el final. Sea cual sea el resultado de este proceso
continuaremos manteniendo vivas nuestras enmiendas con el texto de la
ILP e incluso, si después no se aprobara, plantaremos batalla volviendo a
presentar propuesta de ley en tanto en cuanto no se aborde una solución
definitiva al problema dramático de estas personas", se ha
comprometido, asegurando que su postura será "contundente pero
dialogante".
También el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, se
ha mostrado tajante en la postura de su grupo: "No vamos a aceptar que
una serie de reformas técnicas, por muy interesantes que sean,
sustituyan al verdadero problema", ha proclamado, en referencia a
propuestas como la moderación de los intereses de demora, las subastas
extrajudiciales o los cambios en las tasaciones.
Sin embargo, a su juicio el texto es "insuficiente" y sería
"increíble" que se renunciara a esta oportunidad para solucionar el
problema cuando "hay herramientas legislativas de sobra para hacerlo".
Así, ha precisado que los cambios irrenunciables para la formación
magenta pasan solucionar el problema de la liquidación de las deudas
impagables mediante la dación en pago "u otras fórmulas".
Para Gorriarán ,lo "fundamental" es dar una "solución definitiva a
las deudas impagables" a través de procedimientos del tipo del concurso
de acreedores. "Hemos hecho propuestas y otros grupos también. De
momento, el Gobierno se ve que está lejos de esas posiciones pero somos
optimistas y creemos que, a base de insistir, se podrá conseguir. Si el
Gobierno consigue pactar una ley en esos términos la apoyaremos. Si no,
no", ha zanjado.
Lourdes Ciuró, de CiU, ha resumido su opinión sobre el texto en la
palabra "decepción", tanto porque "no recoge la ILP ni en su espíritu
ni en su alma" como porque "se ha negado la avocación a Pleno". No
obstante, ha asegurado que su grupo seguirá "luchando para que el texto
dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos" mediante la
presentación de enmiendas que "adapten mejor la sentencia europea al
texto legislativo, que no da la protección que debería"; y ha reiterado
la petición de que, mientras tanto, se suspendan las ejecuciones para
evitar "fallos contradictorios".
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también ha puesto en
duda que en el texto de los 'populares' se haya incluido alguna de sus
propuestas, por lo que siguen estando "igual de en contra" que hace una
semana, aunque dado que "ahora parece que tienen cierta voluntad de
negociación" espera que se pueda concretar esa disposición en avances.
No obstante, ve a su formación bastante lejos del Gobierno y cree que
"el texto esté bastante cerrado y haya poca posibilidad de incorporar
cosas importantes".
Olaia Fernández Davila (BNG) ha expresado su "absoluta
insatisfacción" con un texto que "lamina por completo la ILP" y, aunque
ha reconocido que algunos cambios "mejoran la ley actual aparentemente"
ha advertido también de que "no habrá quien pueda asumir" los requisitos
exigidos. Rafael Larreina (Amaiur) también cree que la propuesta del PP
"no resuelve nada" y ha insistido en la necesidad de paralizar los
desahucios mientras se llega a un acuerdo, recuperar las peticiones de
la ILP y dar respuesta a los deudores de buena fe.
Por su parte, el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente
Martínez Pujalte, ha defendido que el texto incorpora medio centenar de
propuestas de la oposición "en espíritu o parcialmente", y ha asegurado
que su grupo busca "el mejor texto posible" con un equilibrio entre la
mejora de las posibilidades de reestructuración de la deuda, el
cumplimiento de la sentencia del TJUE y la protección del sistema
hipotecario de tal manera que "se pueda acceder a la vivienda en el
futuro".
Tras recordar que ésta es la primera vez que se negocia una
modificación "sustancial" de la legislación hipotecaria, Martínez
Pujalte ha matizado que "el consenso no es un fin en sí mismo" por lo
que, aunque la "voluntad" del PP es conseguir acuerdos con la oposición,
su objetivo real es "atender a la situación dramática de muchas
familias y evitar cláusulas abusivas en los contratos".
