Más de 860.000 menores españoles de 25 años han abandonado el mercado laboral

MADRID.- Más de 860.000 jóvenes menores de 25 años abandonaron el mercado laboral desde que arrancó la crisis, en el tercer trimestre de 2007, hasta finales de 2012, según un informe de la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, Asempleo.

   En concreto, el número de activos menores de 25 años se ha reducido en 864.100 personas en este periodo, un 33,9%, descenso que contrasta con la media nacional, que arroja un crecimiento de la población activa de 619.900 personas (+2,8%) en estos años.

   Esto significa que el saldo negativo de activos registrado desde el tercer trimestre de 2007 se debe a la población joven, que no confía en sus posibilidades de encontrar empleo en el mercado laboral español.

   Cantabria es la comunidad que más activos menores de 25 años ha perdido en este periodo, un 51,8%, seguida de Asturias (-42,9%); Castilla y León (-42,7%) y Navarra (-42,6%). Las que menos activos han visto desaparecer han sido Extremadura (-22,9%), Canarias (-25,8%) y Baleares (-29,5%).

   A cierre de 2012, un total de 930.200 jóvenes menores de 25 años que querían y podían trabajar estaban en paro, el equivalente al 55,1% de los activos. Casi la mitad de los jóvenes desempleados, el 45,9%, lleva más de un año en el desempleo, por lo que entran en la categoría de parados de larga duración.

   El paro juvenil se ha duplicado desde que estalló la crisis, pues al inicio de la misma los jóvenes en desempleo sumaban 458.000 parados. Seis de cada diez nuevos jóvenes que han engrosado las listas del paro en estos años eran varones.

   El perfil del joven en paro se corresponde, por tanto, con el de un varón, con un nivel de formación de hasta secundaria, y que lleva más de un año buscando empleo sin éxito.

   En algunas comunidades, la tasa de paro juvenil es todavía más alarmante que el resultado obtenido a nivel nacional. Es el caso de Canarias, donde siete de cada diez jóvenes están en paro, de Andalucía (65,1%) y de Extremadura (61,1%). Las que menos desempleo juvenil tienen son La Rioja (36,3%), Cantabria (41,6%), Aragón (45,9%) y País Vasco (46%).

   Mientras que la tasa de actividad del colectivo juvenil se ha reducido en diez puntos desde el estallido de la crisis, hasta el 41%, la tasa de empleo se ha reducido prácticamente en un tercio, hasta el 18,41%.

   En total, desde el tercer trimestre de 2007 se han perdido 1,33 millones de empleos juveniles y en el último año, la caída de la ocupación en el colectivo ha sido de casi 180.000 trabajadores.

   Sólo la Comunidad Valenciana ha creado empleo joven en el último año, a un ritmo del 5,9%, mientras que el resto de regiones lo ha destruido a tasas de dos dígitos, con excepción de La Rioja (-6,9%).

14 indicios contra la Infanta Cristina

MADRID.- El hito de la imputación de la hija menor del Rey, la Infanta Cristina, en el 'caso Nóos' está sustentada según el juez José Castro en 14 indicios que saldrían en declaraciones de imputados y correos electrónicos.

Con todo ello, el magistrado considera que podría haber un delito de cooperación o complicidad. Sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", dice en el auto, el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.

El juez Castro recopila en 14 puntos los indicios en los que justifica su citación en el marco de esta causa que investiga el presunto desvío de más de 6 millones en fondos públicos al Instituto Nóos y la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis).

Esos indicios proceden de la declaración judicial de Torres, de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa por éste y de la versión ofrecida en sede judicial por el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.

Los indicios que detalla el juez Castro en su auto son, resumidos, los siguientes:

Urdangarin confiesa su apoyo

 

En una carta de Urdangarin a un amigo -que fue incorporada por Torres a la causa-, el duque de Palma manifiesta su interés por instalarse por su cuenta con su nuevo socio y explica que cuenta con el conocimiento y apoyo de su esposa.

Correos electrónicos

 

Varios correos electrónicos, que le fueron mostrados al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, cuando prestó declaración y sobre cuya autenticidad no dudó, revelan que conocía las actividades que desarrollaba Nóos y luego la Fdcis. El juez considera que "no se acaba de entender que cuando menos no participara a Doña Cristina de Borbón que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado", de la vinculación de la Infanta y el propio García Revenga con la casa de S.M. el Rey.

Información al Rey

 

El juez no encuentra explicación a que García Revenga no informara al Rey de su nombramiento como tesorero del Instituto Nóos, como declaró. Si fue así, opina que no tiene sentido que tampoco la Infanta o su marido lo hicieran.

Conocía qué hacía su marido

 

Sobre el hecho de que el asesor jurídico de la Casa del Rey, José Manuel Romero, ordenó, recomendó o aconsejó a Urdangarin que abandonara determinados comportamientos, tras conocer sus negocios, el juez duda de que lo hiciera "a espaldas" del Rey. Y si el Rey acabó por saber la finalidad con la que la Infanta y García Revenga fueron insertados en la junta directiva de Nóos, el magistrado no entiende que la propia esposa de Urdangarin no llegara a enterarse.

Se utilizaba su imagen

 

El juez aprecia otro indicio de que la Infanta Cristina pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por Urdangarin y Torres en el hecho de que tanto García Revenga como ella dejaron la junta directiva del Instituto Nóos después de la recomendación realizada por Romero. El magistrado dice que "no es fácil de asimilar" que García Revenga desconociera la recomendación a Urdangarin y además no la comentara con la infanta.

¿Y el Rey no habló con ella?

 

"No se acaba de entender que S.M. el Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento", dice el juez en sexto lugar.

Gastos a cargo de Aizoon

 

Hay gastos personales cargados a las cuentas de la empresa Aizoon SL, de la que la infanta era propietaria al 50% y secretaria.

Empleadas del hogar

Varios testigos han relatado que fueron contratados como empleados del hogar y que su sueldo se pagaría con dinero fiscalmente opaco. El juez no descarta que la infanta pudiera saber que Aizoon, para la que fueron contratados, estaba siendo utilizada para fines ilícitos.

Ingresos en Aizoon

Aizoon facturó los ingresos de Urdangarin como asesor en varios consejos de administración.

 

Intervención en un proyecto de vela

 

En correos recibidos y aportados por Torres a la causa, Urdangarin le explica que la Infanta tuvo determinada intervención en un proyecto de vela. El juez quiere aclarar "si no ha podido extenderse a otros ámbitos".

Intervenía por estar en la Junta

Torres declaró ante el juez que la Infanta Cristina tenía el mismo conocimiento e intervención que los demás miembros en la junta directiva de Nóos. Su esposa, Ana María Tejeiro, declaró que la infanta no había sido citada "porque es quien es", con lo que el juez interpreta que la mujer de Torres considera que la participación de Doña Cristina en los hechos no fue diferente.

¿Negociaciones en Zarzuela?

El ex socio de Urdangarin declaró que los Illes Balears Forum organizados por Nóos se negociaron en el Palacio de Marivent y los Valencia Summit en el Palacio de la Zarzuela, aunque este último dato no haya sido confirmado ni desvirtuado todavía.

Cuenta bancaria

Urdangarin facilitó a una tercera persona un número de una cuenta bancaria en la que su esposa figura como autorizada.

Urdagarin la consultaba

En los últimos correos aportados por Torres a la causa, Urdangarin consulta con su esposa sobre la forma de comunicar la creación del Instituto Nóos.

José Bono ve 'prudente' que la infanta Cristina renuncie a sus derechos sucesorios

MADRID.- El ex presidente del Congreso José Bono considera que sería "prudente" que la hija del Rey renunciara a sus derechos en la línea sucesoria "por el propio bien de la monarquía y de la Corona". 

Además, el también ex ministro socialista de Defensa ha expresado su deseo de que, ya que la imputación "supone un sufrimiento para ella y para su familia, al menos quede claro que en España la justicia funciona".

"Si es inocente me alegraré mucho de que la imputación acabe proclamando su inocencia y si fuera culpable se atenga a lo que todos los españoles estamos sometidos que es el imperio de la ley", ha insistido Bono.

Obama devolverá el 5% de su sueldo en solidaridad con los funcionarios afectados por los recortes

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, devolverá el 5 por ciento de su sueldo --unos 20.000 dólares-- en solidaridad con los funcionarios afectados por los recortes que entraron en vigor automáticamente el pasado 1 de marzo, con motivo del denominado secuestro presupuestario.

    Obama ingresa anualmente unos 400.000 dólares (unos 311.000 euros), por lo que el presidente reintegrará en las arcas públicas alrededor de 20.000 dólares (15.500 euros), según un portavoz del Gobierno citado por 'The New York Times'.

   El sueldo del presidente está fijado por ley y no puede modificarse a mitad de un mandato, lo que obliga a Obama a extender un cheque por el valor de su devolución.

   De esta forma, el mandatario ha decidido "compartir el sacrificio" al que han tenido que hacer frente miles de trabajadores, ha explicado esta fuente. Se suma así a las devoluciones anunciadas ya por el secretario de Defensa, Chuck Hagel, y el subsecretario Ashton B. Carter.

UPyD denuncia el "retroceso" por el arresto del presidente de AUME

MADRID.-   La portavoz de Defensa de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Irene Lozano, ha denunciado el "retroceso" que para los derechos y libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas supone, a su juicio, el arresto impuesto al presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, por criticar en los medios los recortes de Defensa.

   La diputada de UPyD ha criticado el "anacronismo" que supone que un militar pueda ser privado de libertad sin haber pasado ante un juez y ha insistido en que la sanción impuesta a Bravo, por unas declaraciones en julio del año pasado, va en contra de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, que garantiza su libertad de expresión.

   Por ello, el partido liderado por Rosa Díez va a presentar una batería de preguntas parlamentarias para pedir explicaciones al ministro de Defensa, Pedro Morenés, por este "atropello" y está valorando también otro tipo de "iniciativas" en apoyo al subteniente, que esta misma tarde ingresará en un establecimiento disciplinario militar en Colmenar Viejo, donde deberá permanecer un mes y un día.

   Para Lozano, la resolución que firma un general de división tiene "muchas lagunas jurídicas". "Es un retroceso sobre todo lo que se había avanzado en los últimos años para ampliar derechos y deberes de los los militares, para dar más cabida al asociacionismo militar, para cambiar las relaciones incluso dentro del Ejército y la participación de los militares en decisiones que les afectan", ha insistido.

   Además, ha denunciado la "arbitrariedad" de la norma, por la que el general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Ejército de Tierra ha impuesto un mes de arresto a Bravo, una sanción que no aplicó a otro subordinado, el jefe de la Revista Ejército, general Angel Pontijas, que perdió su puesto pero no fue arrestado por un editorial en el que criticaba al presidente de la Generalitat, Artur Mas.

   La diputada de UPyD ha criticado que el Ejército se haya apoyado para esta sanción en el Régimen Disciplinario de 1998, que considera una infracción grave hacer "reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", cuando la Ley de Derechos y Deberes de 2011 garantiza el derecho a la libertad de expresión de los militares.

   Esta ley establece que el militar tiene derecho a "comunicar y recibir libremente información en los términos establecidos en la Constitución, sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones y poderes públicos".

   Sin embargo, el anteproyecto del Régimen Disciplinario aprobado recientemente por el Gobierno sigue considerando una falta grave que los militares hagan "peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas", así como "formularlas a través de los medios".

   Aunque UPyD sigue estudiando el texto propuesto por el Gobierno, que todavía no se ha remitido a las Cortes, asegura que la reglamentación de esta infracción ya es un motivo para "enmendar la totalidad" del reglamento.

   Además, ha criticado la actitud de PP y PSOE, que coinciden en "dejar tirado" cuando están en el Gobierno al que defienden en la oposición. Por eso, ha dicho que no le "sorprende" que los socialistas defiendan ahora a Jorge Bravo, que ya fue arrestado en otra ocasión por hacer declaraciones ante los medios, criticando la gestión del accidente del Cougar en Afganistán, y por acudir a una manifestación de guardias civiles, durante la pasada legislatura.

Carmen Chacón: La familia Aznar pagará las clases de golf "pero porque les han pillado"

MADRID.-   La exministra de Defensa y diputada socialista, Carme Chacón, ha asegurado este lunes que la familia Aznar pagará las clases de golf que recibió en 2001 a cargo del Ayuntamiento de Madrid "pero porque les han pillado".

   "Parece que la familia Aznar pagará las clases de golf que les costeó el Ayuntamiento. Pero porque les han pillado", ha comentado la ministra en su cuenta personal de Twitter.

   La familia Aznar-Botella ha comunicado hoy al Club de Campo que abonarán esas clases de golf que supuestamente recibieron en 2001, con independencia de que la empresa mixta haya anunciado la apertura de una investigación interna para determinar si éstas lecciones se impartieron en el número que el diario 'El Mundo' señala en su edición de este miércoles, algo que ven improbable tras cotejar agendas.

   La información del diario señala que el Ayuntamiento de la capital, a través de la empresa mixta Club de Campo, habría costeado en 2001 más de 200 clases de golf a la familia del expresidente del Gobierno por valor de algo más de 9.000 euros.

IU estudia presentar una querella por prevaricación contra la AN por anular la comparecencia de Bárcenas ante Bermúdez

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha anunciado este miércoles que el próximo lunes la Comisión Ejecutiva Federal de la formación decidirá si presenta una querella por prevaricación contra la Sala Segunda de la Audiencia Nacional por su decisión de suspender la comparecencia del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el Juez Javier Gómez Bermúdez cuando todavía tenía competencia sobre la querella presentada por IU.

   Asimismo, Lara ha explicado que la Comisión Ejecutiva de la coalición también valorará el lunes la posibilidad de pedir la nulidad de la adjudicación hecha por el juez Fernando Grande-Marlaska a la Sala Tercera de la Audiencia para que fuera ésta la que decidiera a qué juez le correspondía asumir la investigación sobre los 'papeles' de Bárcenas.

   "La información que tenemos ahora por parte de los abogados y de determinados entornos es que hay base jurídica suficiente para presentar la querella contra la Sala Segunda. Alguna gente lo está comparando con las mismas formas que se instrumentaron para suspender de la judicatura al juez Baltasar Garzón. Se afirma por parte de determinados juristas que hay bases suficientes para estar hablando de una prevaricación por parte de la Sala Segunda", ha explicado Lara en rueda de prensa en la sede federal de IU.

   Según Lara, los hechos que motivan la querella que podría presentar IU demuestran "una vez mas que el PP y el Gobierno están ejerciendo presión sobre la Fiscalía Anticorrupción y sobre diversos sectores de la Audiencia Nacional para conseguir finalmente que el 'caso Bárcenas recayera en manos del juez Ruz".

   Asimismo, ha criticado que las decisiones "irregulares" que a su juicio está adoptando la Audiencia ya están teniendo "efectos directos negativos" para la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, como por ejemplo, que Bárcenas no declarara ante Bermúdez y que el juez Ruz decidiera anular la citación de diez representantes de empresas que tenia citados Bermúdez "para preguntarles si de acuerdo con los papeles habían efectuado donativos en los últimos años al PP".

   En esta línea, ha denunciado que el PP "está en una estrategia muy concreta" que consiste en evitar que "Bárcenas ponga los pies en la cárcel" ya que si esto ocurriera, "es probable que estalle el PP y con ello que caiga el Gobierno". 

"Esto es lo que está en juego en esta querella", ha señalado.

   "Estamos convencidos de que si Bárcenas fuera a la cárcel tendría muchas cosas más que contar que las que tiene ahora que callar", ha advertido, para añadir que "no cabe ninguna duda" de que ahora existe "un gran pacto de silencio", que sigue "firme y vivo porque le interesa al PP".

   Así, ha insistido en que el hecho de que Ruz haya asumido el caso forma parte de la estrategia del PP para dilatar en el tiempo la investigación sobre los 'papeles de Bárcenas' y la posible entrada del extesorero en la cárcel, porque supone añadir complejidad al caso Gürtel, cuyo sumario ya cuenta con 700.000 folios y en el que todavía no hay ningún juicio señalado ni ningún condenado.

   Así, ha señalado que "tal vez se está trabajando para que haya casos que gocen de total impunidad" y "se mueran en el tiempo".

 "Creemos que la justicia se la juega una vez más, y con mayúsculas", ha señalado, para añadir que la supuesta financiación ilegal del PP es uno de los casos "más graves" de presunta corrupción que ha habido en la democracia española.

   Por último, Lara ha detallado que de ser finalmente positiva la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal, la formación presentará previsiblemente la querella la próxima semana.

Pachi Vázquez acusa a Feijóo de "mentir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, acusa al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir" sobre su relación con el narcotraficante Marcial Dorado al asegurar el pasado lunes que lo había visto por última vez en 1999, cuando descubrió sus actividades ilícitas.

   Y es que, según ha revelado al diario 'El Mundo', el juez que encarceló a Dorado, José Antonio Vázquez Taín, en el marco de la Operación 'South Sea' --desarrollada entre los años 2001 y 2003-- se interceptaron varias conversaciones telefónicas entre Feijóo y el ahora condenado. En todo caso, el magistrado ha señalado que "no se consideraron delictivas".

   A la vista de estos datos, en rueda de prensa, Vázquez ha sostenido que el máximo mandatario autonómico "mintió a toda España" y, por ello, tiene que "presentar su dimisión inmediatamente".

   Al hilo de ello, en referencia a la comparecencia de Feijóo en la Cámara para explicar sus fotografías con el contrabandista, ha dejado claro que "de poco valdrá" si acude también "a mentir" y a "ocultar relaciones y calendarios".

   Y, en cuanto a  las conclusiones de Taín, se ha preguntado si existió "una investigación" sobre el entonces director de Correos --hasta el 19 de enero de 2003, cuando se hizo cargo de la Consejería de Política Territorial--.

   "¿Hubo diligencias previas, un interrogatorio, un procedimiento abreviado?", ha inquirido el socialista, interesado en conocer "cómo se llega a la conclusión de que no hay nada". Y es que, a su entender, sería "muy interesante" saber si un alto cargo de la Xunta estuvo siendo investigado "por narcotráfico".

   Al hilo de ello, el jefe de filas del PSdeG se ha referido a la información que aparece en el diario 'La Voz de Galicia' que sostiene que Feijóo puso su cargo a disposición de Manuel Fraga en 2003 cuando conoció la existencia de las fotos. "¿Por qué? Si no pasaba nada, si hoy esto mismo es intrascendente e irrelevante...", ha incidido.

   Dicho esto, ha censurado que el presidente gallego "ponga por testigo" de ello a Fraga, que "no puede defenderse ni decir si es cierto o no". Asimismo, ha puesto en duda las palabras que, según Vázquez, Feijóo atribuyó al político fallecido para minimizar la cuestión y rechazar su dimisión: "No te preocupes, que fotos con contrabandistas las tenemos todos".

   Sea como sea, el dirigente de los socialistas gallegos ha hecho hincapié en que las "sospechas" sobre Feijóo "se multiplican por cien" a la vista de que las imágenes publicadas por el diario 'El País', como defendió el presidente, "no son sólo un par de fotos". "Son la prueba de una relación de ocho o nueve años entre Dorado y Feijóo", ha sentenciado.

   Tampoco, a su juicio, se puede descalificar las instantáneas alegando que "son de hace 15 o 20 años", puesto que "hay cosas que no se pueden hacer nunca" y, para más, en esas fechas, él ya ocupaba importantes cargos en la Consejería de Sanidad y el Ministerio del ramo.

   Esta afirmación le ha valido para rechazar el argumento esgrimido por Feijóo sobre su juventud en la época en que se tomaron las fotografías. "Era joven e inexperto para saber con quién se relacionaba, pero asumía las más altas responsabilidades en la Xunta y el Gobierno", ha recalcado Vázquez.

   "Todo apunta a que Feijóo está mintiendo, a que tiene un pasado que es absolutamente negativo para él y para Galicia", ha sostenido el líder socialista, para quien "ya llegó el momento" de que el presidente "pida perdón a todas las familias con víctimas relacionadas con la droga, a todos los gallegos y a tantas familias que lucharon para desagregar el narcotráfico y Galicia".

   De hecho, desde su punto de vista, resulta "auténticamente patético" que "ahora sea" el mandatario autonómico el que "vuelva a poner como sinónimos narcotráfico y Galicia".

   A mayores, Pachi Vázquez ha exigido al mandatario gallego que "deje de decir" que los socialistas son los responsables de la publicación de las mencionadas fotografías con Marcial Dorado y le ha vuelto a aconsejar que "busque en su entorno".

   De hecho, ha admitido que, de tener "ese material", el PSdeG lo habría hecho público hace cinco meses, antes de las elecciones autonómicas en las que el PP amplió su mayoría absoluta. En este punto, ha incidido en que si Galicia hubiese conocido estas fotos, "Feijóo no sería presidente".

   Por último, ha ironizado con "el problema de memoria" de Feijóo, que no sólo "no recuerda a Pablo Crespo", exsecretario de Organización del PPdeG considerado el 'número dos' de la trama Gürtel, sino que tampoco se acuerda de Marcial Dorado o de "quién pagaba los viajes" que hacían.

   Y, en alusión a las dudas expresadas por el jefe del Ejecutivo gallego en un periplo con Dorado en el que "había nieve", pero no pudo recordar si se trataba de Andorra o los Picos de Europa, Vázquez ha asegurado que "era Andorra". Preguntado al respecto, únicamente ha explicado que está recibiendo "información verbal" y "algunos datos" desde la publicación de las instantáneas.

Hollande: Todo imputado quedará "inhabilitado"

PARÍS.- El presidente de Francia, François Hollande, ha declarado este miércoles que la existencia de una cuenta bancaria en Suiza sin declarar por parte del exsecretario de Estado de Presupuestos Jerome Cahuzac supone un "ultraje a la República" y ha asegurado que la justicia va a actuar "hasta el final y con total independencia" y que los altos responsables del Estado que sean condenados por fraude y corrupción quedarán "inhabilitados para cualquier cargo público".

   "He conocido ayer con estupefacción y cólera las confesiones de Jerome Cahuzac ante sus jueces", ha declarado el presidente en un comunicado del Elíseo, un día después de que el socialista Jerome Cahuzac reconociera en su blog que había tenido durante veinte años una cuenta bancaria en Suiza sin declarar de unos 600.000 euros.

   Cahuzac dimitió el pasado 19 de marzo tras la apertura de una investigación judicial a causa de las denuncias presentadas tres meses antes por el portal de noticias Mediapart. En su blog, el exresponsable de Presupuestos explicó que el pasado 26 de marzo se había ofrecido a dar su versión de los hechos a los jueces Roger Le Loire y Renaud, que están investigando el caso.

   Según Hollande, Cahuzac "ha engañado a las más altas autoridades del país, al jefe de Estado, al Gobierno, al Parlamento y, a través de ellas, a todos los franceses". Ha cometido "una falta imperdonable, un ultraje a la República", ha denunciado. "Los hechos imputados son intolerables: mantener una cuenta en el extranjero y no declararla", ha añadido.

   En su comunicado, el presidente ha asegurado que "todo saldrá a la luz" y que la justicia "hará su trabajo hasta el final y con total independencia".

 "Aseguro, aquí y ahora, que Jerome Cahuzac no se ha beneficiado de ninguna protección, más allá de la presunción de inocencia", ha declarado. El exsecretario de Estado "ha abandonado el Gobierno, a petición mía, desde que comenzó la investigación judicial", ha recordado.

   Hollande ha anunciado en su comunicado la adopción de "tres medidas" relacionadas con el caso. Por una parte, se ha comprometido a "reforzar la independencia de la justicia" mediante una reforma del Consejo Superior de la Magistratura "que será votada en el Parlamento este próximo verano" y que otorgará a los jueces "los medios necesarios para actuar con toda libertad y con toda independencia frente a todos los poderes".

   Por otra, se ha comprometido a "luchar sin piedad contra los confictos entre los intereses públicos y los intereses privados" y a asegurar "la publicación y el control de los patrimonios de los ministros y de todos los parlamentarios". A tal fin, ha anunciado, "el Gobierno someterá al Parlamento, en las próximas semanas, un proyecto de ley en esta dirección".

   Asimismo, y como tercera medida, Hollande ha anunciado que "los responsables electos que sean condenados por vía penal por fraude fiscal o por corrupción serán inhabilitados para cualquier cargo público".

   En su blog, Cahuzac pidió perdón a François Hollande y otros altos cargos del Ejecutivo, así como a los parlamentarios, a los electores y "a las franceses y los franceses", por "el daño causado", y reconoció que tras la publicación de Mediapart, entraron en conflicto "el deber de la verdad" --"el cual me faltó"-- y el cumplimiento de "las misiones" que se le habían encomendado, lo cual le llevó a "una espiral de mentiras" sobre el asunto.

   Según publicó a principios de diciembre Mediapart, Cahuzac tuvo hasta 2010 una cuenta sin declarar en la Unión de Bancos Suizos (UBS), aunque el secretario de Estado se encargó de desmentir dicha información. Aseguró que era una "calumnia" y emprendió acciones legales contra el portal de noticias.

   Mediapart publicó una grabación --que data de 2000-- en la que aparece el secretario de Estado reconociendo a su asesor financiero, Hervé Dreyfus, la existencia de la cuenta en UBS y que debía desplazarse al país vecino para cerrarla.

   Cahuzac mantenía esta conversación cuando llamó sin querer a la última persona con la que había hablado, su rival en las elecciones locales para la alcaldía de Villeneuve sur Lot, Michel Gonelle, quien grabó el contenido de la conversación y la guardó durante doce años.

   Según el portal, el secretario de Estado tuvo la cuenta en Suiza hasta 2010, cuando transfirió los fondos a una cuenta de un banco de Singapur, de la que nunca llegó a declarar su existencia. Sin embargo, Cahuzac había mantenido hasta ahora que se trataba de un ataque orquestado por su rival en aquellos comicios municipales.

   Tras su dimisión, siguió manteniendo que las informaciones y la apertura de las investigaciones se debían a datos falsos. "Esto no cambia ni mi inocencia ni el carácter calumniador de las acusaciones lanzadas contra mí", llegó a asegurar.

   El pasado 8 de enero, la Fiscalía de París anunció la apertura de diligencias y el 19 de marzo ordenó una investigación formal con la que pretendía determinar si la voz de la grabación en la que se admite la existencia de una cuenta en Suiza pertenecía a Cahuzac.

   Los jueces investigan un posible blanqueo de dinero y fraude fiscal. Por el momento, se desconoce si el dinero se encuentra en Suiza o en Singapur, ya que Mediapart aseguró que Cahuzac realizó sin justificar un viaje a Ginebra en 2010, cuando habría cerrado la cuenta y trasladados los fondos al enclave asiático.

El juez Castro imputa a la Infanta Cristina

PALMA DE MALLORCA.- El juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma que instruye el Caso Nóos, José Castro, ha imputado a la infanta Cristina y la ha citado a declarar el próximo 27 de abril a las 10.00 horas, según han informado hoy fuentes judiciales.

La imputación se produce una semana después de que Diego Torres, el ex-socio de Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta, aportara nuevos correos para tratar de demostrar su implicación en la empresa.

Entre esa documentación había varios emails que el marido de la Infanta Cristian remitió a su mujer para consultarle diversas gestiones que tenía intención de realizar al frente del Instituto Nóos.

Más en concreto, en uno de ellos, fechado el 20 de febrero de 2003, Urdangarin remite a la hija del Rey Don Juan Carlos "una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar". Y prosigue: "Hay dos versiones. Clientes, 'colab' y amigos y la otra para Octagon (no quiero sacar ampollas). Léelo y dime lo que piensas please... Ciao".

En el mismo correo, el Duque le comenta que "a veces por no saber lo que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así".

Mediante otro email, del 17 de junio del mismo año, Urdangarin le reenvía a su mujer un mensaje de Nissan sobre la resolución del concurso 'Estudio de notoriedad World Series by Nissan', en el que esta compañía indica que una vez recibidos y analizados los presupuestos solicitados, la mejor oferta es la presentada por Nóos.

En otro correo, fechado el 5 de abril de 2004, el Duque reenvía adjunto a la Infanta un artículo que "trabajamos el día pasado en el seminario y un resumen del mismo. Me parece interesante".

El 26 de febrero de ese año, el Duque envío otro correo al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, en el que le pedía que le diese "una copia a Cristina de mi parte".

Precisamente, el juez Castro dictó este martes un auto judicial en el que deniega la petición formulada por Urdangarin, de nulidad y expulsión de la causa de los emails aportados por su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres.

En este sentido, recordó que ni el Duque de Palma "ni una sola persona" ha alegado "en ningún momento" la falta de autenticidad de los emails aportados a la causa por Torres.

En el citado auto, el magistrado señala que durante su declaración, si bien Urdangarin hizo uso de su derecho a no contestar a las preguntas que así lo estimó oportuno, "en ningún momento alegó la falta de autenticidad de ningún concreto correo por el que se le preguntó, por lo que se está en el caso de desestimar que los correos aportados por copia impresa hayan sido objeto de alguna adulteración maliciosa que, además, de haberla sido, a buen seguro que habría tenido un contenido mucho más incriminatorio.

Asimismo, Castro emitió este martes otro auto en la que desestima los recursos planteados por Urdangarin y Torres contra la solicitud de la Agencia Tributaria para conocer si ambos se habían acogido a la regularización fiscal.

Juez Castro: "No se acaba de entender que el Rey no comentara con su hija las críticas a su marido"

PALMA DE MALLORCA.-   El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, asevera, en el auto que ha dictado para acordar la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, "que no se acaba de entender que S.M. El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido" para instarle a desvincularse del Instituto Nóos.

   "E incluso que consensuara con ella su alcance y el compromiso, expreso o tácito, de que de alguna manera velara por su cumplimiento lo que le debería haber llevado a Doña Cristina a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo y cuestionar al respecto la actitud de su marido", expone el juez en la resolución judicial, en la que cita a declarar a la Infanta para el próximo 27 de abril.

Si no imputara a la Infanta, sería un "descrédito a la máxima de que la Justicia es igual para todos", dice el juez Castro

PALMA DE MALLORCA.- El juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, que instruye el caso Nóos, José Castro, asegura en el auto, que ha decidido imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que "se perpetúe la incógnita" de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un "cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite".

   En el auto judicial en el que cita a declarar a la Infanta Cristina en calidad de imputada para el próximo 27 de abril a las 10.00 horas, Castro afirma que a partir de la declaración de Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de la Infantas, Carlos García Revenga, "surgen una serie de indicios que hacen dudar" que la Infanta Cristina "desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.".

   Por ello, ante los "indicios" existentes, el juez considera "inevitable" que la hija del Rey preste declaración, al objeto de despejar "cualquier duda", dado que "hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener y si fuere otra la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan".

   No obstante, Castro aclara que "quede bien claro" que su imputación "no prejuzga en absoluto actuaciones procesales ulteriores", de tal manera que señala que queda "absolutamente incólume todo el abanico de opciones procesales legalmente previsto, desde la de su anticipado sobreseimiento, hasta la de abrir el cauce para posibilitar al Ministerio Fiscal, acusación particular y popular que formulen sus reproches penales y a los actores civiles sus pretensiones civiles".

   "Si los aludidos indicios abocaran a uno u otro resultado es algo que no cabe aventurar en este momento, pero sí que tienen virtualidad suficiente para que, al igual que se ha hecho con los restantes componentes de la Junta Directiva del Instituto Nóos sea convocada Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, al objeto de hacer posible que, en calidad de imputada, precisamente en garantía de sus derechos, facilite las explicaciones que tenga por conveniente", recalca.

   Así, Castro anuncia que la declaración de la Infanta versará sobre su intervención en el Instituto Nóos y en la entidad mercantil Aizoon S.L., así como el "manejo y destino de los fondos derivados de las mismas y las cuestiones que razonablemente se desprendan".

La corrupción en la Policía y los funcionarios griegos se incrementó más de un 30% en 2012

ATENAS.-   Los delitos relacionados con la corrupción perpetrados por policías y otros funcionarios que fueron investigados en 2012 en Grecia se incrementaron en un 33 por ciento con respecto al año anterior, según los datos oficiales publicados hoy por la agencia especial anticorrupción de la Policía y recogidos por el diario 'Kathimerini'.

   En concreto, fueron investigados un total de 1.060 casos, 263 más que el año anterior. De ellos, 710 tenían a un agente de las fuerzas policiales como presunto delincuente, frente a los 260 relacionados con el resto del sector público.

   El texto recoge además que las quejas y denuncias por corrupción se han incrementado un 94,6 por ciento, hasta las 535. De ellas, la mayoría eran contra funcionarios de la administración local (152) o regional (63). Estos casos provocaron la detención de 20 policías en 2012 por delitos como agresión de un detenido, robo o enriquecimiento ilícito.

   De los 53.980 agentes de la Policía y de Aduanas, 876 no han entregado la correspondiente declaración de ingresos y se han presentado cargos penales contra 116 que no pudieron justificar el origen de sus ingresos.

Los consumidores discrepan sobre fin de la fecha de caducidad

MADRID.- Las asociaciones de consumidores CECU y FACUA han valorado de manera diferente a la desaparición de la obligación de que los yogures tengan fecha de caducidad, fijada 28 días después de su fabricación, aunque se han mostrado de acuerdo en la necesidad de evitar el desperdicio de productos.

   El presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, ha valorado la noticia positivamente "siempre que el cambio esté avalado por comités científicos e instituciones sanitarias, y no dañe la salud". "Hay que revisar las fechas de caducidad y consumo preferente cada cierto tiempo porque las investigaciones en materia de seguridad alimentaria avanzan día a día", ha señalado. Además, ha destacado la importancia de reducir el desperdicio de alimentos, cuyos datos son "desmesurados".

   En la misma línea, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha asegurado que "el Gobierno debería prohibir a la industria alimentaria que tiraran excedentes a la basura". Por este motivo, ha pedido "sancionar" a los infractores o poner en marcha "una imposición legal o prohibir echar comida a la basura", entre otras demandas.

   En cualquier caso, ha afirmado que la eliminación de la fecha de caducidad "genera inquietud y preocupación por cómo se está haciendo esto".

 "No sabemos si a los consumidores se nos está tomando el pelo, porque se decía que no se comiera un yogurt después de 28 días y ahora sí. No sabemos si se ha estado provocando que tiráramos comida y beneficiáramos así a la industria o si ha cambiado la forma de hacer yogures", ha explicado. "Al consumidor no le beneficia y a la industria sí", ha apostillado.

El PP fusionará el proyecto del Gobierno sobre desahucios con la ILP antes de debatirlas

MADRID.-   El PP ha decidido finalmente fusionar los textos del proyecto de ley Antidesahucios del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago retroactiva antes de comenzar el debate sobre los posibles cambios, una opción contra la que se ha manifestado el PSOE, que prefería mantener dos textos y que reclama nuevas comparecencias de los promotores de la ILP para defender sus propuestas.

   Tras una hora y media de reunión de la Ponencia designada por la Comisión de Economía del Congreso para tramitar este asunto, el grueso de la discusión se ha centrado sobre si contar con un único texto, como proponían los 'populares', y mantener las dos iniciativas separadamente, como querían los socialistas.

   Entre los argumentos de estos últimos para defender dos iniciativas se cuentan los "temores" del PSOE de que "en la alternativa el PP haya desdibujado absolutamente la ILP" porque "su admisión a trámite era un postureo, una impostura, una farsa", según ha expuesto la diputada Leire Iglesias. Además, también han solicitado la comparecencia de los promotores de la ILP, cosa que probablemente será rechazado por la comisión parlamentaria aprovechando la unificación de textos.

   Sin embargo, el portavoz 'popular' en la Comisión de Economía, Vicente Martínez Pujalte, asegura que la intención del grupo mayoritario es "proteger a las familias con problemas para pagar la hipoteca" en el menor plazo posible y "recogiendo el espíritu" de lo que piden los movimientos sociales.

   Por eso, a su juicio la mejor opción es "trabajar decididamente en hacer un texto único para que al Boletín Oficial del Estado (BOE) vaya un texto unificado de ley con alternativas distintas que se puedan amoldar a las necesidades de cada familia" y que suponga una "propuesta equilibrada" entre la protección a las familias con problemas y a quienes pagan sus hipotecas.

   En este sentido, ha asegurado que "cogiendo el espíritu" de ambas propuestas y de las enmiendas de los grupos parlamentarios, el PP presentará el viernes 5 de abril el texto refundido, que incluirá así tanto las enmiendas del PP como las enmiendas o transacciones que considere aceptables de la oposición como el proyecto de ley y la ILP.

   A partir de ahí, el martes 9 de abril a las 12.00 horas se reunirá de nuevo la Ponencia ya para negociar sobre el fondo de las propuestas de modificación. Aunque de momento no se ha precisado cuándo se convocará la comisión para aprobar el texto definitivo y mandarlo al Senado, Pujalte sí ha señalado que la intención del PP es "no alargar mucho los plazos porque hay familias que necesitan una solución cuanto antes".

   Aunque el PSOE también volverá a solicitar que el proyecto de ley resultante de todo el procedimiento vuelva a pasar por el Pleno del Congreso --que ya lo ha rechazado en una ocasión-- lo más probable es que se mantenga la capacidad de legislativa plena de la que la Comisión goza en este asunto.

   En cualquier caso, los 'populares' subrayan su voluntad de acuerdo en esta materia. Su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha asegurado este martes en rueda de prensa que están "abiertos al diálogo y a incorporar enmiendas de otros grupos que en muchos casos son razonables o parten de posturas que se pueden acercar".

   Por eso, el diputado alavés ha esperado "avances" durante los próximos días y se ha comprometido a que los diputados del PP harán "un esfuerzo" en la negociación. No obstante, ha recordado que a finales de 2012 ya intentaron pactar con el PSOE soluciones a este problema pero "luego no salió adelante" y ha acusado a los socialistas de estar "intentando buscar todos los caminos para que no haya acuerdo con ellos".

 "Pero con los grupos que sí están en la disposición de trabajar para sumar y mejorar las cosas, con ésos sí buscaremos el acuerdo", ha añadido Alonso.

   Ante estas acusaciones, la socialista Leire Iglesias ha replicado que su disposición es la de "hablar, negociar y acordar" pero para dar "una solución real" que respete las posiciones recogidas en la ILP. "Algunas enmiendas no les quedará más remedio que aceptarlas, porque en las suyas han olvidado algunas cosas derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Pero ojalá lleguemos a más acuerdos", ha añadido.

   Por su parte, la diputada de CiU Lourdes Ciurò cree que ésta es "una buena oportunidad" para abordar el problema "de manera consensuada", y ha asegurado que ve al PP con "ganas de poder admitir enmiendas de otros grupos", oportunidad que los nacionalistas catalanes tratarán de aprovechar. "Estamos ante un nuevo escenario, y tenemos que actuar con paciencia para encontrar las mejores soluciones", ha añadido.

   También Pedro Azpiazu, del PNV, ha aplaudido la opción de fundir los textos pero ha señalado que donde de verdad estriba el problema es en "si el PP estará de acuerdo en abrir un debate lo suficientemente razonable como para llegar a acuerdos". "Éste es un tema muy politizado y donde la sensibilidad está a flor de piel, y lo que hay que hacer es dar una respuesta razonable cuanto antes pero sin prisas que nos impidan un debate sosegado y donde los grupos podamos llegar a un acuerdo", ha apostillado.

   Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha hecho hincapié en que en cualquier caso se debatirá sobre la propuesta de dación en pago que incluye la ILP se presente un único texto o dos, y ha insistido en que su grupo "no permitirá que el PP vuelva a cerrar en falso el problema" de los desahucios. "La movilización social ha venido para quedarse y, con la actividad parlamentaria, obligará a que más pronto que tarde se adopten medidas que de verdad sean una solución", ha añadido el catalán.

   También el BNG y Amaiur reclaman esa dación en pago retroactiva. Sus portavoces en la Ponencia, Olaia Fernández Davila y Rafael Larreina respectivamente, han defendido que incluir ese aspecto en la futura ley es fundamental como señal de respeto a la participación democrática, y han resaltado la necesidad de tratar otros asuntos como los intereses abusivos o las cláusulas suelo.

   Por contra, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha subrayado que la dación en pago es sólo una de las fórmulas posibles para garantizar una segunda oportunidad a los deudores, pero que lo importante en cualquier caso es "que nadie se quede toda la vida con una deuda impagable". Por ello, ha instado a todas las formaciones a aprovechar esta "gran oportunidad" de solucionar este aspecto.

   También Lourdes Ciurò ha subrayado este aspecto, reclamando de nuevo que se "vele por que las personas puedan permanecer en sus viviendas con mecanismos de segunda oportunidad que hagan que perder la casa no sea la única opción".

 "Necesitamos, si no un texto, un compromiso de que abordaremos el sobreendeudamiento de las familias", ha dicho.

   Martínez Pujalte ha recogido el guante y ha señalado que, aunque en las enmiendas 'populares' "ya hay un cierto reconocimiento" a medidas de segunda oportunidad, se está estudiando "seguir avanzando en ese marco con un proyecto de ley" propio y diferente de éste. 

Además, ha indicado que las medidas que se aprueben finalmente incluirán algún tipo de previsión para que se apliquen también a las hipotecas en vigor aunque no ha hecho referencia a la solución que se dará a las personas ya desahuciadas con deudas pendientes, más allá de que puedan acogerse al Fondo Social de Vivienda si cumplen los requisitos.

   No obstante, tanto Pujalte como Alfonso Alonso han rechazado la dación en pago generalizada porque no solucionan el problema de quedarse sin techo y porque podría dañar a quienes sí pagan sus créditos. Por eso, ya avanzan que el PP sólo aceptará una dación en pago "en ámbitos determinados".

Cuando Feijóo se fotografió con el 'narco' Dorado no estaba en el PP

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha subrayado este martes que su partido mantiene la "confianza" en el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que en los años 90, cuando se fotografió con el narcotraficante Marcial Dorado, el mandatario gallego no tenía "un cargo muy alto" en la administración regional y ni siquiera militaba en el PP. 

   Así se ha pronunciado Alonso en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces al ser preguntado sobre la polémica generada tras publicarse las imágenes de Feijóo compartiendo travesía con Dorado.

   Para el dirigente 'popular', resulta "un tanto insólito" que ahora se pidan cuentas a Feijóo por algo que ocurrió hace 19 años. "Es una acusación profundamente extemporánea", ha comentado.

   Alonso se ha afanado en defender al también presidente del PP gallego, al que ha mostrado la "solidaridad, apoyo, cercanía" del todo el Grupo Popular por el "injustificado ataque" del que, según ha dicho, está siendo objeto.

   Para el dirigente 'popular', Feijóo ya "ha aclarado todas las circunstancias" relativas a un asunto que, a su juicio, "se sale de madre". 

"Creo que no hay mucho más, que no tiene más recorrido y que Feijóo ha reaccionado muy bien y se ha explicado perfectamente", ha enfatizado.

   En opinión, es "muy complicado" achacar a alguien supuestos "errores políticos" cometidos cuando ni siquiera había entrado en el mundo de la política. Ha sido en este punto en el que ha asegurado que "no parece" que Feijóo tuviera un "cargo muy alto en la administración gallega ni que estuviera en el PP" cuando se tomaron las citadas fotografías.

   También se le ha preguntado sobre las manifestaciones del líder del PSdG, Pachi Vázquez, quien ha insinuado que es el propio PP el que está detrás de la publicación de las polémicas fotos. Desde su punto de vista, quienes "atacan" al presidente gallego son los que utilizan este asunto para "verter insinuaciones que son  inaceptables" e "injustificables".

   Y, en este sentido, ha rehusado ahondar en si este episodio puede lastrar las posibilidades de Feijóo de suceder a Mariano Rajoy al frente del partido. "Llevamos un año de Gobierno y ahora mismo no estamos pensando en ese tipo de cosas", ha respondido, remarcando que ahora es momento de cada uno cumpla con la responsabilidad que se le ha encomendado, Feijóo en Galicia, y Rajoy al frente del Gobierno central.

   En cualquier caso, ha querido dejar claro que se no se ha producido "ninguna pérdida ni disminución de la confianza" que el partido tiene en el presidente gallego, al que ha definido como un "líder político intachable y eficaz" que goza en su comunidad de una mayoría que, además, logró en circunstancias "difíciles".

   Por último, Alonso ha tenido que hacer frente a la pregunta de si él "iba de paseo con narcotraficantes hace 19 años". Ha contestado que no se acuerda "muy bien" de lo que hacía exactamente en esas fechas, pero sí de que "cobraba muy poco" porque era una época "de mucho paro y precariedad" para la gente joven que salía de las facultades, una situación que, según ha dicho, le hace sentirse cerca de los jóvenes que ahora viven dificultades similares.

La jueza imputa por presunta falsedad documental al exjefe de gabinete de Blasco en Valencia

VALENCIA.- La magistrada del 'caso Cooperación', que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha acordado imputar al que fuera jefe de gabinete del exconsejero de Solidaridad, Rafael Blasco, y a una funcionaria destinada a ese departamento ya extinto de la Generalitat valenciana, por un presunto delito de falsedad documental en relación con dos expedientes de concesión de ayudas a ONG.

   Así consta en una providencia dictada por esta magistrada, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la extinta Consejería de Solidaridad, cuando estaba dirigida por el actual diputado del PP en las Cortes, Rafael Blasco, quien también está imputado en el caso.

   En concreto, en este escrito, la jueza cita a declarar, en calidad de imputados, tanto a Xavier Llopis, quien actualmente ocupa su plaza de funcionario en el Servicio de Publicaciones, dentro de la Consejería de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentación; como a Desamparados Isarría, funcionaria destinada actualmente al Servicio de Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos, en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

   Estas citaciones, previstas para el próximo 12 de abril, se producen después de solicitarlo la Fiscalía, y en relación con unos expedientes de la Fundación Cultura y de Estudios Sociales (Cyes) del año 2008, entidad que estaba presidida por otro de los imputados en el procedimiento, Marcial López, según han apuntado fuentes judiciales. Según consta en la providencia de la instructora, la declaración de Llopis será a las 9.00 horas y la de Desamparados Isarría, secretaria de Agustina Sanjuán, igualmente imputada en la causa.

   Xavier Llopis ocupó el cargo de director de gabinete de Rafael Blasco durante los años en los que se está investigando el presunto fraude en las subvenciones a ONGs. Asimismo, previamente, trabajó bajo las órdenes del actual diputado en otras consejerías.

   Llopis ya prestó declaración, pero en calidad de testigo, a finales de abril de 2012, cuando el caso se instruía en al juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia, mientras no figuraba como imputado ningún diputado autonómico.

   En esta segunda ocasión, Llopis tendrá que comparecer ante la jueza como imputado en relación con los expedientes de la Fundación Cyes, entidad a la que le fueron adjudicados un total de cinco proyectos que sumaban 2,2 millones de euros.

   Con esta cantidad de dinero, según denunció en su día el fiscal, la fundación se pudo haber comprado hasta cuatro inmuebles en Valencia, que se utilizaron como sede social. Sobre los mismos, el interventor del Estado indicó en su informe que existían "numerosas irregularidades" y defendía que la entidad no pudo financiar las facturas de los inmuebles que compró.

   Así, entendía que se adquirieron con fondos provenientes de las subvenciones públicas. Al respecto, Rafael Blasco siempre ha mantenido que el dinero otorgado a la fundación no se destinó a la compra de ningún inmueble, y que la misma había justificado mediante facturas el destino de la subvención.

   En la misma providencia, la magistrada acuerda la declaración como testigo de la sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, para el 11 de abril a las 13.00 horas, en relación con el proceso de elaboración del informe emitido por la institución sobre las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes por parte de la extinta Consejería y "en relación a determinadas reuniones previas mantenidas con el mismo, según se desprende de las declaraciones de determinados imputados". La instructora le requiere para que aporte la documentación de la que dispuso para realizar su informe.

   El informe, que se presentó en abril de 2011 en las Cortes sobre la revisión de dos expedientes de ayudas a la cooperación, afirmaba que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía rechazó "debidamente" justificantes aportados por la ONG Fundación Cyes en relación con la adquisición y arrendamiento de terrenos e inmuebles.

   Asimismo, determinaba que dado que en la documentación había quedado acreditada que ese departamento desestimó "adecuadamente" justificantes pagados con cargo a la cuenta corriente de la subvención y sustituidos por otros, esos expedientes "deberían complementarse" en relación con gastos por importe de 1.168.281 euros "para que consten acreditados los medios o formas de pago utilizados".

   Por otro lado, la magistrada también ha citado para ese mismo día 11, a las 11.00 horas, al empresario Augusto César Tauroni, expresidente de la Fundación Hemisferio, para resolver sobre su situación de prisión, según consta en otra providencia con fecha 28 de marzo, facilitada por el tribunal valenciano.

   El abogado de Tauroni presentó el 27 de marzo un escrito, con documentos y copias, en el que interesaba la libertad provisional para su cliente, quien se encuentra en la cárcel desde febrero de 2012, cuando se destapó el caso. La magistrada ha ordenado unir esta documentación a la causa y ha convocado una vista para el día 11 en la sala de audiencias del tribunal valenciano.

   No es la primera vez que el letrado solicita la libertad para su cliente, puesto que ya lo hizo en una vista que tuvo lugar en octubre de 2012. La magistrada denegó su solicitud y, de esta manera, compartió la opinión del fiscal, quien se opuso a la salida de prisión.

Imputan al expresidente regional Miguel Sanz y al alcalde de Pamplona por las dietas en la CAN

PAMPLONA.-  La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona ha acordado citar a declarar como imputados al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero del Gobierno de Navarra Álvaro Miranda, en el marco de su investigación por el cobro de dietas en Caja Navarra.

   En concreto, Miguel Sanz es citado a declarar el día 12 de abril, Enrique Maya el día 15 y Álvaro Miranda el día 16, todos ellos a las 10 horas.

   En una providencia que se ha conocido este martes, la juez solicita además al departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra que le remita "las autorizaciones que existan en relación al cobro de dietas por asistencia y desplazamiento, y condiciones en su caso para percibirlas, así como cualquier otra condición o presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro".

   Cabe recordar que la juez dictó recientemente un auto en el que rechazaba remitir a la Audiencia Nacional la investigación de las dietas de Caja Navarra y señalaba que el cobro de estas cantidades tenía "un sustento cuanto menos dudoso".

   La juez consideraba en aquel auto que "el pago y cobro" de estas cantidades no constituyen un presunto delito societario, "sino que podrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión cuya competencia se atribuye a este Juzgado".

El auto señalaba que "las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa".

Decano de notarios de Madrid: la dación es "una solución falsa" a los desahucios

MADRID.- El decano del Colegio Notarial de Madrid, José Manuel García Collantes, ha considerado este martes que la dación en pago que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha defendido a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados es "una solución falsa" al problema de los desahucios, y ha apostado por una renegociación de la deuda a través de la mediación.

   En la comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea de Madrid, preguntado por las soluciones que puede aportar el Colegio Notarial al problema de los desahucios, García ha explicado que la dación en pago es "una solución falsa", ya que con ella no se soluciona "nada" porque "se va a cortar el crédito completamente y en muchísimos casos, perjudica al propio deudor hipotecario".

   Frente a esta propuesta, el decano ha apostado por "una renegociación de la deuda hipotecaria", pero no entre el acreedor y el deudor, ya que el acreedor (el banco) estaría en una posición "de muchísimo más poder que el deudor".

   García ha explicado que es una medida que le gustaría que se integrara en la legislación española y que ya se lleva a cabo en Estados Unidos  a través "de un mediador neutral" de alguno de los centros de mediación que existen en el país.

Un extraficante gallego: “Los narcos quieren que gobierne el PP”

MADRID.- Un narcotraficante arrepentido, Manuel Fernández Padín -que declararó como testigo protegido en la operación Nécora contra el narcotráfico gallego- ha realizado unas explosivas declaraciones en la cadena SER, recogidas por elplural.com denunciando la “connivencia” entre política y narcotráfico en Galicia. Preguntado a raíz del escándalo de las comprometedoras fotos de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado y ya que el actual presidente gallego asegura que desconocía que su amigo se dedicara al narcotráfico, Fernández Padín ha advertido que “es totalmente imposible” que no lo supiera.

“En ese año ya se sabía perfectamente”
“Las fotos son de 1995, después del juicio de la Operación Nécora, en ese año ya se sabía perfectamente que los contrabandistas habían dado el paso al narcotráfico, toda la costa gallega sabía quién es quién. Todo el mundo en Galicia o en Pontevedra sabíamos a que se dedicaba cada quién porque al principio los que hacían dinero con el contrabando de tabaco se pasaron al hachís o a la cocaína mientras seguían compartiendo mesa y mantel con los políticos de la época”, ha advertido.

“Ya con AP plena connivencia entre autoridades y contrabando”
El narco arrepentido ha advertido de que esa “connivencia” entre política y contrabando no se basa es “deducciones” sino que está confirmada “desde hace mucho tiempo por declaraciones que han hecho los mismos contrabandistas”. “Ya con Alianza Popular había una plena connivencia entre autoridades y contrabando (…) en época de Fraga se mezclaban contrabando y AP y PP, eso es de toda la vida…”, ha insistido. Y en la misma línea, ha advertido: “Dirán que acredite que los narcos han financiado al PP, Oubiña ya dijo que si tirara de la manta se sabrían muchas cosas respecto a la financiación del PP”.

“Colocación y promoción de alcaldes del PP continuamente”
Cuestionado por la credibilidad de ese narcotraficante condenado, Fernández Padín ha lamentado que “la palabra de Oubiña debería valer más de lo que vale” ya que solo se le cree para algunas cosas y que con su historial “¿cómo no va a saber?”. “Los narcotraficantes quieren que gobierne el PP, cada uno que saque las conclusiones que quiera”, ha apuntado.

“Esto no es nuevo”
En cuanto a las fotos de Feijóo, Fernández Padín ha subrayado que “esto no es nuevo, es una de tantas” y se ha preguntado que cómo Feijóo iba a estar en una lancha “con alguien que no sabes quién es”. “Si tuviera diez añitos… ¡que tengan un poco de vergüenza!”, ha insistido el testigo, quien ha concluido pidiendo a las “autoridades” que se acuerden de él para que lo protejan ante los riesgos que corre.

Los indignados llaman a llevar el dinero a la banca ética tras el rescate a Chipre

MADRID.- Los indignados no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante la situación que se vive en Chipre y que ha resucitado el temor a un corralito. Por ello, a través del movimiento ‘Re-mueve tu dinero’, han llamado a los ciudadanos “a un mes de transferencia de depósitos bancarios” en el que se cancelen cuentas y se abran nuevos depósitos en la banca ética y cooperativa.
“Se trata de una propuesta que está hoy de extrema actualidad, ante los hechos acaecidos en Chipre que han demostrado hasta qué punto la Unión Europea es capaz de imponer medidas que perjudiquen los depósitos bancarios de una parte de la población”. De esta forma, el Movimiento Yo No Pago, la Plataforma ¡En Pie! – Asedia el Congreso 25A o la Cooperativa Integral Catalana y la Aragonesa proponen a los ciudadanos una ofensiva contra los bancos tradicionales y a favor de la banca ética.
Y es que, “debemos pasar a la acción”. 

“Es a través de nuestra acción colectiva que podemos promover la reactivación del tipo de economía que es deseable para el Bien Común y para la mayoría de la población”, aseguran estos grupos de indignados que quieren que desde hoy y hasta el 30 de abril, todo el que lo desee acuda a su sucursal y cancele sus cuentas y fondos de pensión o inversión y traslade su dinero a entidades éticas.
“Dejaremos de financiar la economía de casino (basada en la especulación) y contribuiremos a financiar proyectos cooperativos, proyectos de la economía real que cubran necesidades reales de las personas”, aseguran en un comunicado en su web remuevetudinero.net.
Una iniciativa que sigue los pasos de campañas como ‘Move your money’ y que se basa en “ReMover dinero y conciencias” y tratar de “marcar un punto de inflexión y ser el inicio de para ir generando nuevas acciones coordinadas en el futuro”.
Incluso, señalan a quién transferir tus depósitos: Fiare, Coop57, Som Energia, Oikocredit y CASX. Todos, cooperativas de créditos o proyectos de banca ética.
“Ahora más que nunca tenemos la oportunidad de replantearnos donde ponemos nuestro dinero, si en la banca capitalista que con sus prácticas especulativas y sus políticas abusivas ha hundido la economía de millones de personas o bien en otro tipo de banca, una banca ética y cooperativa que apuesta por la economía productiva, por la economía social y de las personas”, remarcan.