Ruíz Gallardón declara al Congreso una cuenta en números rojos

MADRID.- Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia, ha registrado en el Congreso su declaración de bienes con motivo de su renuncia al escaño y ahora informa de que el saldo de su cuenta está en números rojos, con un saldo negativo de 1.258 euros, y de que Hacienda esta vez le ha devuelto 2.359,11 euros frente a los casi 35.000 que pagaba de IRPF cuando era alcalde de Madrid.

En la declaración de bienes que presentó al llegar al Congreso el 30 de noviembre de 2011, el entonces diputado del PP por Madrid declaró haber cobrado un sueldo neto como alcalde de 66.471,24 euros el año anterior y haber pagado al fisco, en la declaración de la renta del último ejercicio, un total de 34.727,35 euros.

Tres años después, en noviembre de 2014, el ya exministro ha presentado una declaración de bienes en la que asegura haber cobrado el último año un total de 68.981,88 euros netos como responsable de la cartera de Justicia. Además, indica que la última declaración de la renta le salió negativa, con lo que Hacienda le devolvió 2.359,11 euros.

Además, en 2011 aseguró que su cuenta corriente en el Banco Santander arrojaba un saldo positivo de 26.443,06 euros, y en cambio ahora hay números rojos, con un balance negativo de 1.258 euros. Y eso que al llegar al Congreso le daban unos intereses de 217,32 euros y en la última declaración ascendieron a 370,86 euros.

Sus inmuebles -un piso y dos plazas de garaje en Madrid y una vivienda unifamiliar en Nerja (Málaga)- y sus vehículos (dos coches y dos motos) no han variado en estos tres años.

Otro crédito

Lo que sí se ha modificado son las deudas con los bancos. Ruiz Gallardón declaró al llegar a la Cámara un crédito personal de 56.213,08 euros del que le faltaban por pagar 49.482,66 euros; tres años después, la deuda ha bajado a 30.474,79 euros, lo que supone que en estos tres años ha amortizado algo más de 19.000 euros.

Pero en esta nueva declaración de bienes se añade ahora un "préstamo personal liquidado en la oficina de la Consejería de Madrid", otorgado en febrero de 2013 por un importe de 110.000 euros del que le restan por abonar 70.000 euros, lo que implica que ya ha pagado 40.000 euros.

En califato de Andalucía / Joaquín Abad *

Lo de Andalucía ha sido muy fuerte. Si, y durante muchos años. Han sido 36 años, nueve legislaturas, que los socialistas han reinado en esa región compuesta de ocho provincias donde las numerosas ayudas europeas no han servido para disminuir el paro. Muy al contrario. Ahora sabemos que han ido a parar a bolsillos de políticos, sindicalistas y empresarios amigos del régimen. Gracias a Manuel Chaves, gracias a su discípulo Juan Antonio Griñán, gracias a Magdalena Alvarez, gracias a Gaspar Zarrías, esa región puede presumir de ostentar uno de los niveles más altos de parados. Más del 36 por ciento.

Pero todo, por fortuna, aunque muy tarde, llega. Chaves y Griñan se sentarán, con toda probabilidad, en el banquillo de los acusados por ser responsables del régimen corrupto de los famosos "eres" que casualmente descubrió la jueza Ayala en Sevilla. Y que ha servido para destapar toda una red de empresas que se quedaban con el dinero destinado a los parados y se lo repartían con políticos y sindicalistas. Y todo bajo el paraguas legislativo de la Junta de Andalucía, que había creado un sistema para que no pudiera controlarse el destino de esos fondos, de muchos, muchos millones de euros.

Desde hace 36 años se conocía que para hacer negocio en el califato andaluz había que pasar por caja. Todos los empresarios que han trabajado para la Junta han sido cómplices. Todos han aceptado pagar la comisión de turno. Porque se aseguraban la obra, la licencia, y la mordida la repercutían al cliente final. 

Conozco personalmente a algunos empresarios que cuando ganó el pesoe no paraban de buscar contactos para ofrecerse como donantes para lo que el partido necesitara. Y los empresarios no son de izquierdas ni de derechas, como los banqueros, como Botín, que lo mismo tenía hilo directo con Rodríguez Zapatero y luego con Mariano Rajoy. Sin complejos, claro. El dinero es el dinero. Y los políticos, como también don Mariano, no le hacen ascos a un banquero que puede condonarle la deuda a su partido... ¿O no? Y más cosas, que a lo mejor algún día de estos se descubre.

No se. Tengo mis dudas. No tengo claro que los jueces del Supremo, que son nombrados por los políticos con cuotas, tengan huevos para condenar a los padres de la patria. Como en su día no los tuvieron para sentar en el banquillo a Felipe González por el Gal, cuando estaba clarísimo.

En cualquier caso, la esperanza es lo último que se pierde, y a lo mejor también están asqueados del nivel de corrupción al que hemos llegado.

(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com 
 

El Tribunal Supremo abre causa contra Chaves y Griñán por los EREs de Andalucía

MADRID.- El Tribunal Supremo ha aceptado hacerse cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a cinco parlamentarios aforados, entre ellos los expresidentes de la Junta andaluza Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Tras la exposición razonada que envió al Supremo la jueza de Sevilla Mercedes Alaya, el fiscal pidió a este órgano que investigue a los aforados Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías en su calidad de diputados del Congreso, y a Mar Moreno y José Antonio Griñán en su calidad de senadores, a lo que accede el alto tribunal en un auto.

La resolución declara la competencia del Supremo para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de estos cinco aforados, al tiempo que designa instructor al magistrado José Alberto Barreiro, conforme el turno establecido.

Respecto a los hechos imputados a otras personas no aforadas, el Supremo dispone que el procedimiento debe continuar ante el órgano competente sin perjuicio de que se le remita todo aquello que tenga relación con los parlamentarios.

En el auto los magistrados hacen constar que en este momento procesal le corresponde exclusivamente a la Sala verificar si, en la exposición motivada que le ha sido enviada, se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos y si existen indicios consistentes o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas.

Añade que, según la exposición razonada de la juez, hay indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años.

Agrega que el sistema permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas.

El Supremo explica que, según la exposición razonada de la investigación, hay indicios de la participación en los hechos de los aforados, derivados de su posición de alta y especial responsabilidad política y su intervención en las decisiones de creación o mantenimiento del sistema, llegando en algún caso a ejecutar actuaciones concretas.

El alto tribunal estima que es posible investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las actuaciones que permitieron su mantenimiento en el tiempo.

El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al caso Malaya de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre 2000 y 2010, aunque el pasado 15 de julio la jueza acordó ampliarlo a las subvenciones de 2011 y de 2012.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán se van a personar "de inmediato para poder declarar" ante el Tribunal Supremo, después de que haya decidido abrir una causa por el caso de los ERE, han informado fuentes del PSOE, que han recalcado que en el auto del alto tribunal "no hay ninguna imputación".

Según han indicado estas fuentes, el PSOE cree que la decisión del Supremo es "un paso esencial para que se aclare este asunto" y, de hecho, está "convencido" de que la resolución de este caso está "más cerca".

Tanto Chaves como Griñán, han añadido las fuentes socialistas, llevaban tiempo reclamando declarar ante el Supremo y ahora "se personarán de inmediato" para poder hacerlo.

Pablo Iglesias, el político más mencionado en las redes sociales

MADRID.- El PP es el partido más nombrado en las redes sociales en los últimos dos meses, con 1.031.426 menciones, casi el doble que el PSOE, que obtiene 596.408, mientras que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, es el más mencionado y tiene más de 200.000 alusiones, seguido de Mariano Rajoy, con más de 162.000.

Estos datos se desprenden del primer barómetro político sobre opinión ciudadana en redes sociales, elaborado por la plataforma de análisis de redes sociales para el español Sensitis, en el que también se destaca que la corrupción es el tema más comentado en Twitter y Facebook, las redes analizadas.

En una mesa redonda en la que han participado representantes del PP, PSOE, IU, Podemos, UPyD y Ciudadanos, todos han coincidido en señalar que las redes sociales son una realidad que ha transformado la vida de los ciudadanos y de la clase política, y que constituyen una herramienta clave para poder verter y compartir opiniones.

Según el barómetro, del más de un millón de menciones obtenidas por el PP, 40.772 son positivas, 278.080 negativas y 712.574 neutras, mientras que de las cerca de 597.000 del PSOE, 25.214 son positivas, 119.880 negativas y 451.314 neutras.

Tras el PP y el PSOE, Podemos es el partido que logra mayor número de menciones, con 474.968, de las que -como en los casos anteriores- la mayor parte son neutras (306.010), 109.298 negativas y 59.660 positivas.

Con más de 100.000 menciones se sitúan UPyD (163.178), Ciudadanos (149.026) e IU (101.962).

En cuanto a los dirigentes más nombrados, tras Pablo Iglesias, con más de 200.000 alusiones, se sitúa Mariano Rajoy, con más de 162.000; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con más de 85.000, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con más de 78.000.

El estudio, que maneja más de cinco millones de menciones en los dos meses que ha analizado -septiembre y octubre-, refleja que además de Pablo Iglesias, otros dos líderes de Podemos, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, se encuentran en quinta y sexta posición en el ránking de políticos más nombrados.

Tras la corrupción, el tema más presente en las redes es el de la economía, seguido de las leyes, la política social y el empleo, en último lugar.

Respecto a la valoración demográfica de los partidos, se muestra una mayor actividad en redes en las autonomías de Madrid, Andalucía y Cataluña, y una menor en Cantabria, Navarra y La Rioja.

El PP es el partido más valorado por los ciudadanos de Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, y el peor en Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha; el PSOE obtiene sus mejores resultados en Extremadura, Navarra y Castilla y León, y los peores en Asturias, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Podemos logra su mejor nota en Murcia, Galicia y Madrid, y la peor en Asturias, Comunidad Valenciana y Canarias.

El representante del PP en la mesa redonda, David Erquido, ha destacado que las redes sociales son un canal más que complementa a los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita, de manera que obligan a los políticos a "modular" sus mensajes.

Desde Podemos, Eduardo Fernández ha reconocido que las redes sociales han sido la "clave del éxito" de su partido y el "vivero" en el que han nacido y crecido y en el que viven.

Para María González, del PSOE, las redes dan la oportunidad de la "escucha activa" y de respuesta a los ciudadanos desde los partidos, al tiempo que ha considerado que son un medio "en transición" y que espera que se conviertan en la "herramienta de control" por parte de la población.

Tania Sánchez, de IU, ha destacado que las redes sociales y la televisión se "retroalimentan" y han supuesto una verdadera revolución en la vida cotidiana y en la política, como "elemento imprescindible de diálogo y escucha".

Por su parte, Ramón Marcos (UPyD) también ha reconocido que sin las redes sociales no hubiera nacido su partido, ya que éstas son "básicas" para poder penetrar en la sociedad y llegar a un público amplio.

En la misma línea, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha dicho que las redes fueron claves para la creación del partido y su expansión, con un "coste cero".

El Tribunal Supremo rechaza la querella de UPyD contra Mas

MADRID.- El Tribunal Supremo ha desestimado por falta de competencia la querella planteada por UPyD contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y varios miembros de la Mesa del Parlament catalán por actuaciones relacionadas con la consulta soberanista del 9N.

En un auto el alto tribunal señala que las conductas objeto de la querella, que también se dirigía contra la presidenta del Parlament catalán, Nuria Gisbert, y posteriores ampliaciones se han desarrollado en el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña y que las repercusiones o trascendencia más allá de esa circunscripción no alteran esa realidad.

El Supremo recuerda que el Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente de la Generalitat y de los consejeros.

Añade que fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El Supremo insiste en que de forma indudable las conductas se han producido en el territorio de la comunidad autónoma catalana y precisa que un delito de desobediencia se ha de considerar cometido en el lugar donde se desenvuelve la actividad prohibida o impedida, en este caso la suspensión de la consulta acordada por el Tribunal Constitucional.

Ello "con independencia del lugar donde pudo ser emitida la orden o de la sede del órgano del que emane el mandato".

El auto indica que el hecho de que la actividad objeto de las querellas "pueda trascender a otros lugares no habilita para dar pábulo a voluntariosos esfuerzos que muten ese cristalino criterio legal competencial establecido a nivel de legislación orgánica, que conecta con el constitucional derecho al juez ordinario predeterminado por la ley".

Unas 26.500 familias españolas perdieron su casa entre enero y junio

MADRID.- Más de 26.500 familias españolas, en concreto 26.549, perdieron su casa en los seis primeros meses de 2014, un 24,4 % menos que un año antes, principalmente por decisión judicial pues hubo 17.472 desahucios, pero también tras llegar a un acuerdo con el banco para entregarla, lo que sucedió en 9.077 ocasiones.

Según los datos publicados hoy por el Banco de España, el 73,7 % de las 25.549 viviendas entregadas de enero a junio, exactamente 19.565 propiedades, eran el domicilio habitual, un 30,5 % menos que un año antes, mientras que las 6.984 restantes eran otro tipo, por ejemplo, segundas residencias.

A pesar de lo dramático de las cifras, si se tiene en cuenta el número total de viviendas en España con hipotecas, que ascienden a 6,55 millones, los 26.549 inmuebles entregados apenas representan un 0,41 % del total y el 0,33 % si era el domicilio habitual.
En el caso de primeras viviendas, la gran mayoría, unas 12.434, fue entregada al banco por decisión del juez, mientras que las familias perdieron 7.131 propiedades de forma voluntaria, en 5.761 ocasiones gracias a daciones en pago, aunque si se compara con el mismo periodo de 2013 han caído un 34,9 %.
En cuanto a las 6.984 viviendas entregadas que no eran domicilio habitual, 1.446 fueron daciones en pago y las 5.038 restantes cambiaron de mano por decisión judicial, aunque de ese número la inmensa mayoría, 4.709 propiedades, estaba vacía.
Lo mismo sucedió en las entregas judiciales de 11.216 primeras viviendas, lo que explica que las fuerzas del orden sólo hayan intervenido en total en 16 casos, frente a los 88 de un año antes.
El Banco de España dice que el 83,6 % de las hipotecas que dieron lugar a entregas de viviendas ocupadas se concedió antes de diciembre de 2007, es decir, previas al estallido de la burbuja inmobiliaria.
De forma general se puede considerar que cada vivienda entregada corresponde exactamente con una familia, aunque no debe obviarse que en algunos casos puntuales, que el Banco de España no detalla, una misma familia ha podido perder más de una vivienda.
El supervisor publicó por primera vez en mayo de 2013 datos relativos a procedimientos judiciales hipotecarios respecto a viviendas basándose en una encuesta a un conjunto representativo de entidades, si bien manifestó que iba a solicitar regularmente esta información a todas las entidades cada seis meses.
De este modo pasó a publicar los datos de todas las entidades procedentes de un requerimiento mediante circular, aunque hoy añade que desde entonces, sin embargo, se han producido avances notables en la disponibilidad de información pública sobre ejecuciones hipotecarias.
En especial, recuerda, el pasado 30 de junio de 2014 el INE publicó los primeros resultados de su nueva estadística sobre ejecuciones hipotecarias, una información que tendrá una frecuencia trimestral y más pormenorizada, pues por ejemplo ofrecerá datos desglosados por comunidades autónomas.
Teniendo en cuenta la publicación de esta nueva estadística de ejecuciones hipotecarias por parte del INE, el Banco de España reconoce que estudia la conveniencia de cesar en la elaboración de su propia estadística.
El presidente de la patronal bancaria (AEB), José María Roldán, destacó ayer que en España las entidades refinancian el 10 % de las hipotecas, "esto significa que hay un montón de familias a las que el banco les está permitiendo respirar y acometer el pago de la hipoteca".
Roldán recordó además que la banca puso a disposición de las familias miles de inmuebles a precios asequibles a través del fondo social de viviendas, que "probablemente se aumentará".

Los huevos de Cataluña / Joaquín Abad *

Para hacer una tortilla hay que romper huevos. Y nuestro presidente, Mariano Rajoy, no hace tortillas. No se molesta en romper huevos. En cambio, Artur Mas y sus compañeros separatistas, están rompiendo huevos un día sí y otro también. Ya dicen abiertamente que quieren separatismo, independencia... Lo de negociar no sirve de nada, porque siempre que los nacionalistas huelen debilidad del gobierno de Madrid, como gustan llamar al gobierno de España, se lanzan a la yugular aprovechando que la víctima apenas tiene voluntad de defenderse, de revolverse y atacar.

Artur Mas lleva mucho tiempo rompiendo huevos. Muchos huevos. Rompiendo huevos a los españoles que asisten "pasmaos" al espectáculo del norte. Porque el temor siempre fue a que los etarras llevaran al límite las reivindicaciones de separatismo vasco. Pero aquello parece que acabó con Ibarretxe y de donde menos se esperaba, de Cataluña, resulta que nos ha salido rana. 

Ante la última de los inquilinos del palacio de la Plaza de San Jaime, desobedeciendo al Tribunal Constitucional y desafiando abiertamente a las autoridades, con publicidad, nuestro presidente, Mariano Rajoy, optó, como él ha manifestado, con mesura, con mantequilla. Ya lo vemos, y lo seguiremos viendo. Seguirá encajando las patadas de Artur Mas rompiendo huevos en todas nuestras instituciones sin que salten chispas. Sin que se tomen las medidas correspondientes por irresponsable, por desobediencia, por desacato a los tribunales. 

A los mortales normales, a los que no somos separatistas catalanes, los tribunales nos condenan por desacato. Como a un servidor cuando ejerciendo como periodista, director de un diario de provincias, y le soltó una fresca al tribunal que pedía explicaciones por lo publicado. Pero ya sabemos. Hay ciudadanos de tercera, a los que se les condena sin contemplaciones. Hay ciudadanos de segunda, como La Pantoja, a la que retrasan a conveniencia su ingreso en la cárcel. Y hay ciudadanos de primera, como los políticos. Los jueces se lo piensan muy mucho cuando se topan con un sumario donde hay políticos implicados. Por eso se comprende que este país sea tan corrupto. Se lo permiten. Como se lo vienen permitiendo a los separatistas catalanes.

Como se lo seguirán permitiendo.  

(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com 

El Tribunal de Cuentas ve deficiencias en el control de gestión del Instituto 'Cervantes'

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización del Instituto Cervantes de 2012, aunque ha puesto de manifiesto incumplimientos en materia de personal y de contrataciones y deficiencias en sus sistemas de control de gestión.

En un comunicado hecho público, el Tribunal de Cuentas destaca un "importante número de deficiencias" de gestión detectadas en áreas como la cultural, la docente, la gestión de la tesorería por parte de los centros del Instituto Cervantes o los procedimientos para la autorización de los gastos de viaje. Por ello, sostiene el tribunal que el funcionamiento de los sistemas de control interno y de gestión del Instituto Cervantes no fueron suficientes en 2012 para cumplir con sus objetivos.

En materia de personal, señala que hubo incumplimientos que afectaban fundamentalmente a la plantilla de los centros y a las contrataciones de personal directivo, tanto en la sede como en los centros del Cervantes.

En concreto, según concluye el informe, el Instituto no había aprobado las cuantías efectivas para las retribuciones, fijas y variables, de aquellos puestos directivos de la sede que no estaban sujetos al convenio colectivo. Además, señala el tribunal, el Cervantes no cumplió determinados aspectos que recoge la normativa, como la inclusión en los pliegos de los criterios que habían de servir de base para las adjudicaciones.

En el contrato de arrendamiento de su sede en Atenas, dice, no constaba ni la autorización de la sede para la realización de las obras adicionales, ni la modificación presupuestaria necesaria para poder asumir el coste de las obras. Otra de las deficiencias detectadas por el tribunal es que la entidad no cumplió con la obligación de aprobar el inventario al cierre de cada ejercicio y remitirlo a la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Asimismo, añade el comunicado, el Instituto Cervantes no respetó la obligación de ingresar directamente en el Tesoro Público las cantidades devengadas que, de acuerdo con la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, no debían ser percibidas por algunos miembros de su Consejo de Administración.

Tampoco comunicó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la percepción de las dietas por asistencia a las reuniones de su Consejo de Administración, ni solicitó a ese departamento autorización de la cuantía de las dietas que abonó en 2012

El PSOE pide la dimisión de Monago por sus viajes y por su "cadena de mentiras"

MADRID/BRUSELAS.- El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente extremeño, el 'popular' José Antonio Monago, no sólo "por la utilización de recursos públicos" para sus viajes, sino "por la cadena de mentiras" con la que ha intentado justificarlos.

   "No sé si ha dicho una sola verdad, además de ponerse el casco de bombero. Primero que son privados y me los pago yo, luego que eran públicos y voy a devolver el dinero... ¿En qué quedamos? ", se ha preguntado en una entrevista en RNE.

   Lo único claro, ha resumido, es que Monago "tenía una amistad en Canarias e iba a verla cada dos por tres pasándole la cuenta al Senado".

 "Espero que sólo de los billetes", ha precisado.

   Luena ha tachado de "sinvergonzonada" el caso de Monago, porque cree que los viajes de los parlamentarios están controlados "por una máxima que es la más importante, que es la profesionalidad y la ética del 99,9% de los senadores y diputados", pero está a favor de que a partir de ahora sean más transparentes.

   Preguntado entonces si el control debe hacerlo la Cámara o debe corresponder a cada grupo, como dijo el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha propuesto que el mecanismo para ello lo discutan y acuerden los grupos parlamentarios.

   Luena está convencido de que lo que ha hecho Monago "es algo anómalo" pero le parece "perfecto" que sirva para decidir que debe haber más control o que los viajes deben ser más transparentes o estar "más acotados".

 

IU asegura que no puede hacer nada

 

  El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha vuelto a pedir este miércoles la dimisión del presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y ha asegurado que su formación no puede hacer nada, más allá de ejercer presión política, para forzar su salida del Ejecutivo autonómico por el caso de sus viajes a Canarias.    Durante una visita a la Eurocámara, Lara ha tachado de "inaudito" e "incomprensible" que todavía no haya presentado su dimisión y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le apoye públicamente.
   No obstante, ha dicho que ahora no es posible legalmente presentar una moción de censura y que su federación extremeña, que se abstuvo y permitió así la elección de Monago, no puede hacer más ahora para forzar su caída.
   "Nosotros tenemos la posición política de que le pedimos: márchese usted, dimita, disuelva el Gobierno y convoque elecciones. No tenemos más arma que el arma política para pedírselo", ha dicho el coordinador federal de IU, que ha recordado que la dirección federal siempre se opuso a que en Extremadura se dejara a Monago ser presidente.
   Además, ha censurado que, a su juicio, el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene una "voluntad decidida" de parar la corrupción ni de asumir las responsabilidades políticas. Y ha señalado de insuficientes las propuestas que Rajoy pretende llevar al debate del próximo 27 de noviembre, y ha defendido las alternativas que planeta su partido, como acabar con la prescripción de este tipo de delitos.

Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y BNG votan en contra del presupuesto del Rey, mientras CiU se abstiene

MADRID.- El Pleno del Congreso, con el apoyo de los diputados del PP y del PSOE, ha aprobado este miércoles el presupuesto de la Casa del Rey para 2015, una votación en la que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, el PNV, ERC, el BNG y otros partidos del Grupo Mixto se han pronunciado en contra, mientras que CiU ha optado por la abstención.

   Los dos grandes partidos han ido rechazando todas las enmiendas que planteaban rebajar los 7,78 millones de euros que los Presupuestos General de 2015 reservan a la Casa del Rey. En concreto, IU-ICV-CHA y BNG pedían reducir un 30% ese dinero en consonancia con la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores públicos, y UPyD demandaba un recorte del 21%, el mismo porcentaje que el de los ministerios.

   Por su parte, ERC pretendía un año más que la asignación que se destina toda la Casa del Rey se sustituyera por una retribución anual al jefe del Estado de la misma cuantía que el sueldo que percibe el presidente del Gobierno, esto es, un total de 78.185 euros.

   Una vez rechazadas estas enmiendas, se procedió a votar la Sección  Primera de los Presupuestos Generales, que es la correspondiente a la Casa del Rey. A favor votaron el PP, el PSOE, y los diputados de CC, Foro Asturias y UPN, mientras que los de CiU se decantaron por la abstención y votaron en contra los de Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC, BNG, Amaiur, Nueva Canarias, Compromís-Equo y Geroa Bai.

   Durante el debate que tuvo lugar este martes por la noche, el PP defendió el presupuestos del Rey Felipe VI argumentando que debería dar "vergüenza" la cuantía que se destina a Zarzuela en comparación con el que reciben otras casas reales europeas y proclamando que la "austeridad" de nuestros reyes es un motivo de "orgullo" para el país.

   Como ya hiciera durante el debate en comisión, el diputado del PP Juan Manuel Albendea volvió a recriminar a los partidos que pedían rebajas en la partida prevista para la Casa del Rey precisamente el año en el que ha abdicado Don Juan Carlos I tras un "brillante" reinado que merece, a su juicio, "una jubilación de oro".

Alfonso Guerra rechaza que los socialistas imputados deban dejar su escaño

MADRID.-   El expresidente del Gobierno Alfonso Guerra se ha mostrado este miércoles contrario al anuncio realizado por la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de que los socialistas imputados por el Tribunal Supremo (TS) tendrán que dejar sus escaños en las cámaras en las que estén.

   "Mi experiencia personal me hace pensar que la imputación de una persona no da derecho a eliminar su posición", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser,  para defender que, según el acuerdo del PSOE, se debe dejar el cargo cuando hay apertura de juicio oral.

   Así, Guerra ha recordado que "en la etapa de la transición" fue querellado "muchas veces", y que en todos esos casos se retiró la querella antes de llegar al proceso. "Si sólo con eso hubiera servido, hubiera dimitido cuarenta veces, todas injustamente", ha apuntado.

   Además, ha reconocido que "nunca" le pareció acertada la figura de la imputación, una formula "que se crea en la etapa socialista" y que "no es una acusación de nadie".

 "Se dice que es para su mejor defensa, para que pueda ir con un abogado. De ahí no se puede deducir una pena, y la condena de banquillo es una condena muy fuerte", ha remachado.

   Respecto al debate abierto sobre la necesidad de mejorar el control de los viajes que hacen los parlamentarios por el territorio español a cargo de las Cámaras, Guerra se ha mostrado partidario de regular esta cuestión, algo que ha asegurado que "es facilísimo".

 "Se debe. No sé por qué no se ha hecho", ha defendido.

   "El diputado tiene el pago del viaje de su ciudad de origen a Madrid. Es facilísimo, no hay ni que controlarlo. El problema está cuando hace 32 viajes a las Islas para ver a una persona. Menos mal que no se mudó a Colombia, la factura hubiera sido terrible", ha ironizado.

   Preguntado por otra parte sobre ascenso de Podemos y los motivos de la buena acogida que ha recibido la formación liderada por Pablo Iglesias en la sociedad, el diputado socialista ha reconocido que "es un fenómeno que ha conectado muy bien con las desesperanza de la gente", y que su surgimiento puede responder "en parte" a la incapacidad del resto de partidos de hacerlo.

   No obstante, ha advertido que Podemos también "está viviendo de una bula increíble, sobre todo en algunos medios de comunicación", porque "es la única fuerza a la que no se puede criticar".

 "En cuanto se hace la menor crítica se descalifica, lo que me parece algo espantoso, y las operaciones políticas hechas desde fuera de la política al final no funcionan bien", ha advertido.

   "Que haya un par de medios entregados a una formación política tendrá sus consecuencias", ha continuado, para avisar asimismo de que, aunque España es un país "un poco atrevido" que "siempre ha hecho cosas inesperadas" y en el que se "juega a la ruleta rusa con el voto con facilidad", a veces eso "tiene consecuencias complicadas y peligrosas".

   Preguntado por el hecho de que el líder del partido que pretende romper el bipartidismo y hacerle frente tanto al PP como al PSOE se llame igual que el fundador del PSOE, Guerra ha señalado que "no será causal".

 "El nombre histórico de Pablo Iglesias es un nombre lleno de honor, de gloria y de sacrificio. Usarlo como banderín y gratis es muy beneficioso", ha apostillado.

Carmen Lomana llama 'ladrona' a la Infanta Cristina

MADRID.- Carmen Lomana ha querido dejar claro cual es su posición en uno de los temas más más candentes de la actualidad, el de la imputación de la Infanta Cristina: "Otro agravio comparativo, el de la Infanta con la Pantoja, han hecho exactamente lo mismo", ha señalado en Barcelona.

"Isabel Pantoja tiene que pagar lo que ha hecho si los jueces lo han decidido. Ha habido una sentencia y el juez ha dicho que tiene que ser ejemplar, pero no tiene que ser ejemplar de nada por que sea cantante, como le pasó a la pobre Lola Flores. Pues no, mucho más ejemplarizante sería ver a la Infanta sentada en el banquillo por ladrona", ha indicado.

Además, Carmen Lomanaha mostrado su enfado e indignación con lo que está pasando con la Infanta: "Les estamos pagando los guardaespaldas en Suiza cuando se lo han llevado de los fondos públicos".

La Audiencia Nacional ratifica que el PP se lucró con Gürtel

MADRID.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la negativa del juez Pablo Ruz a que el PP se persone en el caso Gürtel como perjudicado, ya que considera que pudo beneficiarse de las comisiones que cobraron alcaldes miembros la trama y que "tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios".

En un auto rechazando el recurso del PP contra la negativa de Ruz, la sección cuarta afirma, como ya dijo el juez, que "existen indicios de que el Partido Popular se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio".

En concreto, el PP pudo beneficiarse de 236.864 euros procedente de comisiones de la trama Gürtel que cobraron los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, dinero que benefició al PP porque, según la sala, el partido dejó de abonarlo como gasto de las campañas electorales de esos municipios.

Respecto al papel del partido en la causa como "partícipe a título lucrativo" del artículo 122 del Código Penal que le imputa Ruz, la sección cuarta acoge las tesis del juez y explica que en el juicio se determinará "con exactitud los contornos de dicha supuesta responsabilidad civil y su exacta cuantía".

Ruz imputó al partido esta condición cuando abrió una pieza separada para facilitar el futuro enjuiciamiento de 45 imputados en esta causa, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, por hechos de la primera época de la red (1999-2005).

El PP recurrió esta decisión porque consideraba que no hay indicios para establecer "un nexo causal entre las actuaciones ilícitas presuntamente realizadas por los imputados y el supuesto beneficio ilícito del partido", lo cual rechaza ahora la sala.

El partido también alegó que todos sus gastos están contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, por lo que no es posible que hubiera recibido dinero de los alcaldes populares, un argumento que la sala también rechaza porque, según afirma, es "preferente e ilimitada" la jurisdicción penal para averiguar conductas delictivas y sus consecuencias civiles.

Contra la decisión de abrir pieza separada presentaron recurso el PP y doce imputados más, que ahora ha resuelto en un solo auto el tribunal, compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel.

Además del recurso del PP, el juez rechaza los interpuestos por Pablo Crespo (considerado número dos de la trama), Alfonso García-Pozuelo (expropietario de Constructora Hispánica), Antonio Martín, Alicia Mínguez, Antonio Villaverde, Javier Nombela, Pablo Ignacio Gallo-Alcántara, Inmaculada Mostaza, Carlos Ignacio Hernández, Luis de Miguel, Felisa Isabel Jordán y María del Mar Rodríguez Alonso.

La sala considera acertada la decisión de Ruz de abrir una pieza separada en la que se juzguen los hechos ocurridos en esos años, dentro de la que se podrían sentar en el banquillo 45 personas, de los cuales 21 están solo imputados en esta pieza.

Las otras 24 siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.

Los hechos investigados en esta pieza alcanzan los primeros seis años de la trama y a operaciones en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Estepona.

Según Ruz, existió toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas y pagos de comisiones y a proveedores a través de un sistema de facturación falsa.

El Senado español acuerda aumentar el control de los viajes

MADRID.- Todos los grupos parlamentarios del Senado han coincidido hoy en la necesidad de aumentar el control de los viajes de los senadores tras la polémica por los desplazamientos a Canarias del presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago.

La Junta de Portavoces ha tratado hoy el asunto a propuesta de José Manuel Barreiro, del PP, quien ha abogado por incrementar los mecanismos de control, mientras que María Chivite, del PSOE, ha propuesto que los senadores justifiquen los desplazamientos que realicen fuera de su circunscripción y que, sin en quince días no los acreditan, el coste se detraiga del sueldo.

El portavoz del PP ha insistido en la necesidad de que exista la mayor transparencia en los viajes de los parlamentarios y que para ello se establezcan las fórmulas de control oportunas que, en su opinión, deben ser estudiadas por la Mesa de la Cámara alta.

Ha precisado que los senadores deben tener capacidad para ejercer su tarea bien en su circunscripción o fuera de ella, porque son "senadores del reino de España" y, por tanto, pueden realizar su actividad en cualquier punto del territorio nacional.

Barreiro ha asegurado su plena confianza en el buen uso de los dineros públicos por parte de los senadores, porque, según ha dicho, saben que los fondos que pone el Senado a su disposición deben destinarse a su trabajo como parlamentarios y no para cuestiones privadas.

No obstante, ha señalado que no le parece mal que haya un mayor control con fórmulas que den más transparencia a la acción de los senadores, ya que el régimen económico de sus viajes lleva vigente desde que hay democracia, por lo que "a lo mejor, igual es bueno ver su adaptación a los momentos actuales".

La portavoz del PSOE ha aceptado el planteamiento del PP, pero ha recalcado que "lo que hay que justificar de verdad son los viajes de Monago" y ha calificado de "muy injusto" que de una "particularidad" se haga una "generalidad".

Chivite ha apostado por la transparencia de la vida pública y ha asegurado que los socialistas no tienen ningún problema en que se pidan las justificaciones que se consideren precisas y se establezcan controles.

En este ámbito ha enmarcado su propuesta de hoy en la Junta de Portavoces, que también ha remitido a la Mesa y que además plantea que tanto el control de los viajes como de las declaraciones de bienes de los senadores se estudie en la Comisión de Reglamento del Senado.

El portavoz de CiU, Josep Lluis Cleries, ha coincidido con Chivite en que la polémica en torno a los viajes del presidente extremeño no debe extenderse al conjunto de los senadores, porque "hay una gran mayoría de políticos que hacen las cosas como se deben hacer".

Ha abogado por un mayor control de los desplazamientos para los días que son un "poco raros", en los que la actividad no está marcada en el calendario del Senado y que los senadores aprovechan para asistir a actos fuera de la cámara relacionados con su condición parlamentaria.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha mostrado hoy la disposición de su grupo a estudiar medidas sobre los viajes de los parlamentarios para evitar abusos, pero ha expresado su confianza en la responsabilidad de los propios diputados: "Esto no es el colegio", ha dicho.

En rueda de prensa en el Congreso, Alonso ha respondido así a las preguntas sobre la necesidad de introducir mayores controles sobre los viajes que realizan los parlamentarios tras lo ocurrido con el presidente de Extremadura, José Antonio Monago.

Alonso ha defendido que los diputados y senadores viajen "con libertad" por el territorio nacional para poder ejercer su función y que cada parlamentario sea libre de elegir su lugar de residencia.

El portavoz popular ha apelado en todo momento a la libertad de acción política que deben tener los diputados, que no tendrían que verse sometidos a una fiscalización de su trabajo, y ha pedido que se mire este asunto con "perspectiva" y no poner bajo sospecha a todos los diputados y senadores porque sería "francamente injusto".

Ha recordado que desde 1977 los diputados y senadores, que ejercen su labor constitucional en todo el territorio, tienen esa posibilidad de viajar a cargo del Parlamento desde el lugar del que proceden y acudir a otros puntos cuando sea necesario en el ejercicio de su función.

"Lo lógico y normal es que esa posibilidad, que parece inherente a la función, se ejerza con responsabilidad", ha exclamado Alonso, quien también ha subrayado que hasta ahora no se había planteado de otra forma y han sido los casos de Monago y del diputado Carlos Muñoz los que han hecho saltar las alarmas.

Los viajes forman parte de un acuerdo suscrito por la Cámara con la agencia de viajes y la compañía aérea, que es desde donde se gestionan, aunque Alonso sí ha recordado que los grupos gestionan y pagan el kilometraje de sus diputados.

"Si la Cámara quiere alguna colaboración por parte de los grupos nosotros estamos abiertos", ha dicho Alonso sobre la posibilidad de que se estudien fórmulas para controlar los viajes de los parlamentarios, pero ha insistido en que esta iniciativa tiene que partir de la Mesa y no de los grupos como ha planteado el presidente del Congreso, Jesús Posada.

"Yo tengo que confiar en la responsabilidad de los diputados. Esto no es el colegio", ha afirmado el portavoz popular, quien también ha defendido que las cámaras sufraguen los viajes de partido de sus parlamentarios.

Al respecto, ha señalado que "es muy difícil desvincular a un diputado de su posición política o de su partido", y ha subrayado que desde el año 77 se ha tratado de "proteger" así la pluralidad política.

Ha hecho hincapié, en cualquier caso, en que los parlamentarios tienen que utilizar los medios que tienen a su disposición con responsabilidad y ha justificado que el Congreso pague también los viajes de los parlamentarios incluso fuera de periodo de sesiones si es que los traslados se realizan por motivos de trabajo.

Sobre la dimisión del diputado Carlos Muñoz después de que trascendiera que también realizó viajes a Canarias, como Monago, Alonso ha señalado que ni el grupo popular ni él le solicitaron abandonar el escaño, sino que ha sido una decisión "personal" porque no quería verse sometido a la presión mediática.

En cualquier caso, ha defendido su labor parlamentaria y ha insistido en que no le corresponde a él examinar dónde viven los diputados de su grupo ni si están obligados a residir en su circunscripción.

Ciutadans propone un acuerdo electoral con UPyD

BARCELONA.- El presidente de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha anunciado hoy que la ejecutiva de su partido ha acordado por unanimidad proponer definitivamente a UPyD ir juntos, en "una lista única", a las próximas elecciones municipales y autonómicas a nivel de toda España.

Albert Rivera ha asegurado que los dos partidos negocian ofrecer una sola lista electoral y un solo proyecto porque, tal y como ha dicho, "tienen más coincidencias que divergencias".

Según Rivera, la condición de Ciutadans para la consumación de un "acuerdo global" es que exista la "garantía" de que los candidatos se elijan mediante un proceso de primarias.

El líder de Ciutadans ha hecho estas declaraciones en la sede del partido, instantes después de presentar el documental cinematográfico sobre terrorismo '1980', de Iñaki Arteta, que retrata el año que hubo más víctimas mortales por terrorismo.

Detectan desvíos de fondos 'injustificados' para formación

MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha observado una "excesiva, y en ocasiones, injustificada subcontratación" de empresas para el desarrollo de formación subvencionada por parte de la patronal y los sindicatos.

Así lo asegura en su 'Informe de Fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo', en relación con el subsistema de formación profesional de oferta, con cargo al ejercicio presupuestario 2010.

El Tribunal señala que esta excesiva subcontratación hace que determinadas empresas "se hayan convertido 'de facto' en beneficiarias de significativas cuantías de la subvención concedida, en principio, por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las organizaciones empresariales y sindicales".

Concretamente, el informe apunta que se ha superado el porcentaje de subcontratación establecido en la Ley General de Subvenciones, fijado en un 50%. Hasta en 227 de los 300 convenios formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010, el 75,6%, superaba ese límite, mientras que en el 25,3% de los mismos (76 convenios) se llegó a subcontratar la totalidad de la subvención concedida.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas subraya la necesidad de estudiar la idoneidad de mantener la excepción a la Ley General de Subvenciones, que permite obviar el principio general de solicitud de ofertas a diferentes proveedores para proceder a la subcontratación de las actividades subvencionadas, "lo que en la práctica está ocasionando una adjudicación directa a favor de las empresas proveedoras de formación".

Así, la CEOE contrató de forma directa, al menos, 4,3 millones de euros sin solicitud previa de tres ofertas de proveedores, mientras que Cepyme lo hizo por importe de 6,1 millones de euros, a los que habría que añadir 1,6 millones de euros imputados a su plan de formación sin formalizar instrumento jurídico alguno entre esta entidad beneficiaria y las empresas subcontratadas.

Por su parte, UGT contrató, al menos, 1,1 millones de euros de forma directa, lo que, según el Tribunal, "vulnera los principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, mientras que la Fundación Laboral de la Construcción lo hizo por, al menos, un importe de 12,2 millones de euros.

Asimismo, el informe señala que la Federación Nacional de Clínicas Privadas subcontrató el 100% de su plan de formación con una empresa proveedora, lo que, a pesar de contar con la autorización previa de la Dirección General del SEPE, resulta para el tribunal "de difícil justificación, ya que convierte a dicha federación a un mero intermediario".

Tampoco hay evaluación

El informe del Tribunal de Cuentas observa además incumplimiento también a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación, obligatoria por ley, que se limitó sólo a medir mediante encuestas la satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores.

"La entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían de medios internos o sistemas de control horarios para determinar, de forma objetiva, el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de los planes de formación", añade.

La consecuencia de esta ausencia de controles es que no es posible verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación, así como de las acciones de apoyo y acompañamiento, fijado en 2010 en un total de 50,2 y 4,02 millones de euros, respectivamente.

El Tribunal de Cuentas entiende que los rendimientos financieros de los recursos públicos percibidos por las entidades beneficiarias para la ejecución de planes de formación y de las acciones de apoyo a la misma fueron "muy escasos", en concreto apenas 197.390 euros en relación a 412,3 millones de euros de fondos transferidos para los planes de formación en 2010 y 23.307 euros en relación a un total de 14,1 millones de euros de fondos para la segunda de estas partidas.

Y es que sólo el 44,6% de las entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación y el 30,4% de las que desarrollaron las acciones de apoyo declararon la obtención de dichos rendimientos financieros.

Además, finaliza el Tribunal de Cuentas, ni el SEPE ni la Fundación Tripartita han requerido a estas entidades beneficiarias los motivos de esta falta de obtención de rendimientos financieros, lo que ha generado un "menoscabo de caudales públicos".

Dos tercios de los catalanes decidieron no participar finalmente en el "simulacro de consulta" soberanista

MADRID.- El Gobierno español ha valorado positivamente que en el denominado proceso de participación ciudadana que el pasado domingo se celebró en Cataluña, una mayoría de catalanes, dos tercios, decidieran no participar en un "simulacro de consulta". Asimismo, avisa de que el Gobierno catalán no sacará ningún rendimiento político, por lo que el Ejecutivo central volverá a rechazar la petición anunciada por Artur Mas de celebrar un referéndum oficial.

   Por otra parte, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está a la espera de la decisión que adopte la Fiscalía General del Estado sobre las investigaciones que ha iniciado a raíz de que el Gobierno catalán decidiera llevar hasta el final el denominado proceso de participación ciudadana que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

   Según las fuentes gubernamentales, el Gobierno destaca que, pese a la campaña sistemática de "movilización y propaganda" realizada en los últimos meses por el Gobierno autonómico, una mayoría de catalanes decidió no participar, lo que es valorado positivamente por el Ejecutivo de Rajoy.

    En el denominado proceso de participación celebrado en Cataluña, podían votar aproximadamente 6.228.531 personas, de las cuáles acudieron a las urnas 2.305.290 personas, según los últimos datos divulgados por la Generalitat de Cataluña. De los que acudieron a votar, 1.861.753 votaron a favor de que Cataluña sea un Estado independiente.

   Las fuentes citadas advierten de que la convocatoria de este domingo "no cambia nada" y avisan de que "nadie va a sacar ningún rendimiento político del simulacro de consulta". Esta respuesta implica que el Gobierno rechazará la petición anunciada por Artur Mas de solicitar por carta la convocatoria de otro referéndum oficial sobre la independencia.

   En este asunto, el Ejecutivo reitera que la soberanía nacional es única e indivisible, como dice la Constitución, el Tribunal Constitucional y como ha manifestado el Congreso de los Diputados en diversas ocasiones. De manera que la única vía que tiene el Gobierno catalán es buscar apoyos para reformar la Constitución.

    Asimismo, el Gobierno está a la espera de las decisiones que pueda tomar la Fiscalía General del Estado tras las investigaciones abiertas por la misma después de que la Generalitat catalana decidiera incumplir el fallo del Tribunal Constitucional de suspender el denominado proceso participativo.

   Anoche, en un comunicado, la Fiscalía General aseguró que continuaba recabando datos para valorar las "responsabilidades penales" derivadas del proceso y para si se diera el caso "ejercer las oportunas acciones legales".

   En los días anteriores, la Fiscalía Superior de Cataluña pidió a la Consejería de Educación que le informara si la Generalitat había ordenado la puesta a disposición de centros educativos para la consulta y si había participado en el buzoneo de la propaganda.

Arranca la elección de la dirección de 'Podemos'

MADRID.- La Asamblea Ciudadana de Podemos inició hoy el proceso de votación para elegir a sus órganos de dirección, en la que Pablo Iglesias y su equipo parten como favoritos, tras la retirada del grupo del eurodiputado Pablo Echenique por su desacuerdo con el sistema de voto.

Previsiblemente Pablo Iglesias obtendrá una amplia mayoría como secretario general, frente a otros 71 candidatos, al igual que las listas promovidas por él bajo el nombre "Claro que Podemos" para el Consejo Ciudadano Estatal y el Comité de Garantías Democráticas, formados por 62 y diez integrantes respectivamente.

A pesar de que hay listas abiertas, es decir que los militantes pueden elegir entre los nombres de distintas candidaturas, existe también la opción de votar listas completas, lo que ha sido criticado por algunas minorías, porque va en detrimento de la "pluralidad".

El principal competidor de Iglesias, Pablo Echenique, retiró el pasado viernes su candidatura a miembro del Consejo Ciudadano, a la vista de la victoria aplastante que, a su juicio, propicia ese tipo de votación para la corriente mayoritaria.

También el Círculo de Enfermeras denunció el "servilismo" a Pablo Iglesias del equipo técnico que ha organizado la Asamblea y advirtió de que luchará por "cortar de raíz los primeros brotes de casta en el partido".

El equipo de Pablo Iglesias les replicó defendiendo la "coherencia" de la candidatura completa que presenta a la dirección del partido y recordando a quienes dicen que el método de votación les favorece que es un sistema de listas abiertas, en el que "se han dado todas las facilidades de voto".

El debate se produjo el pasado sábado en el espacio "Plaza Podemos", en el que los distintos candidatos explicaron sus propuestas.

En la lista de "Claro que Podemos" al Consejo Ciudadano figuran las personas más cercanas a Iglesias, fundadores como él de Podemos, como Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Luis Alegre, así como la eurodiputada Tania González, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el abogado catalán Jaume Asens.

Se trata de una lista paritaria -31 hombres y 31 mujeres-, que compite en un total de 693 candidatos.

En cuanto al Comité de Garantías Democráticas, órgano de control del secretario general y del Consejo Ciudadano, el equipo de Iglesias ha presentado diez nombres, a los que es posible también votar en bloque, entre ellos el de la abogada Gloria Elizo, responsable del equipo legal de Podemos, y el profesor de Derecho Penal Manuel Maroto.

En este caso son 268 candidaturas las que concurren a unas votaciones cuyo resultados se harán públicos el 15 de noviembre y con las que Podemos cerrará el proceso de construcción del partido en el que lleva meses trabajando, una Asamblea Ciudadana en la que a día de hoy hay más 220.000 personas inscritas.

Monago se fue del Senado para ir de crucero con su novia

MADRID.- La primera semana de julio de 2010 el entonces senador José Antonio Monago disfrutó de un crucero por las islas griegas en compañía de su novia, Olga Henao Cárdenas. Aunque lo habitual en las Cortes es que ya ese mes sea inhábil, varios senadores del PP -en la oposición durante el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)- forzaron alargar la actividad de la Cámara Alta ese segundo mes de verano. 

Monago fue uno de los más vehementes pero llegado el 4 de julio su ausencia era evidente. Hasta el día 11 no se le volvió a ver. La misteriosa desaparición causó un gran revuelo entre la prensa extremeña, extrañada de que su senador por designación de la Asamblea no asistiera a las sesiones plenarias. Entonces no se supo pero ahora se sabe que fue para irse de vacaiones con su novia canaria.

El misterio se convirtió en polémica cuando se descubrió que el popular se había saltado dos plenos para irse de viaje. El PP se vio obligado a hacer un comunicado excusando a su líder: "Habiendo informado a quién debía informar en su grupo en el Senado se ha tomado unos días de vacaciones en esta semana por la imposibilidad de poder descansar en las semanas siguientes, ya que durante julio y agosto su actividad política continuará".

"Como cualquier trabajador", seguía la nota, "Monago tiene derecho a vacaciones y los tiempos los tiene que marcar él junto con sus compañeros del Senado para poder establecer cuáles son los períodos de descanso de una manera coordinada".

A su regreso, como hizo el viernes en una multitudinaria rueda de prensa, el actual presidente de la Junta de Extremadura pidió disculpas. "Puede haber sido un error", dijo a su regreso. "Con humildad todo se aprende, y de esto también he aprendido; yo no voy a acusar a nadie, no voy a intentar justificar nada, esos han sido los hechos".

En julio de 2010 ya hacía más de un año que Monago y Olga Henao mantenían una relación sentimental. Ahora se sabe que utilizó los billetes de avión que las Cortes pone a disposición de los parlamentarios a fin de facilitar su labor para viajar a Tenerife, donde reside la mejicana. Lo hizo hasta en 32 ocasiones, lo que suma un coste cercano a los 10.000 euros.

El noviazgo estaba entonces consolidado y el crucero tenía lugar en el ecuador de una legislatura en la que el actual presidente extremeño estaba en la oposición y durante la que, según aseguró hace dos días, no hizo otra cosa que "trabajar y trabajar".

Esos años transcurrieron, aseguró, "siempre viajando, siempre trabajando", por lo que le sería "muy difícil" presentar "una justificación de cada movimiento" que hizo entre 2008 y 2011. "Ha habido viajes a Canarias, a Bruselas, a Cataluña, al País Vasco y a muchos otros lugares y he ido siempre a trabajar honestamente", subrayó.

A su regreso del crucero la excusa, ante quienes le pidieron explicaciones públicas, fue política, aseguró que había ido a las islas griegas para "meditar" sobre los comicios municipales y autonómicos de mayo 2011. Henao explicó que se trató de un regalo que ella hizo a su pareja.

Monago sostuvo que "necesitaba" irse unos días y despejarse para "pensar, reflexionar sobre la estrategia de las listas electorales, sobre proyectos de futuro".

"En ocasiones, día a día, con la intensidad del trabajo", dijo a la prensa "esa labor de reflexión" es complicada. Además explicó que el motivo de abrir ese "paréntesis" en julio era continuar trabajando durante todo el mes de agosto. E ironizó que le hubiera sido más rentable "estar 30 días de permiso en agosto que siete días en julio".

Entre los puntos del orden del día en el Senado para esa semana de vacaciones por el mar Egeo, según recuerda Público.es, estaba la aprobación del derecho a prestación para los autónomos que cesan en su actividad o el estudio de los dictámenes sobre el proyecto de ley para la cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas. Extremadura también iba a verse beneficiada.

Dimite el presidente de la Diputación de León

LEÓN.- El presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, encarcelado por supuesta corrupción en el marco de la operación Púnica, ha dimitido hoy de este cargo así como del de alcalde del municipio de Cuadros, pero mantiene sus actas de diputado y concejal.

La Diputación de León ha informado de que de que a las 10.00 horas ha entrado en el registro de la institución provincial un documento suscrito por Martínez Barazón en el que anuncia su dimisión y defiende su inocencia.

"Soy totalmente inocente de los cargos que se me imputan en el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de Madrid. Mi situación procesal es injusta y seguiré proclamando mi inocencia en todo momento, considerando que no se me puede achacar la realización de ninguna actividad ilícita penal", sostiene en su escrito el todavía presidente de la Diputación de León.

"Teniendo en cuenta mi injusta situación y para no perjudicar el normal desarrollo de las instituciones, por medio de la firma de este documento llevo a efecto la decisión de presentar mi dimisión y renuncia como presidente de la excelentísima Diputación de León, pero mantengo mi acta de diputado", añade.

El presidente del PP en León, Eduardo Fernández, ha anunciado esta mañana en declaraciones a los periodistas que Martínez Barazón también ha solicitado su baja en el partido, por lo que no será necesario seguir tramitando el expediente de expulsión que se le había abierto.

Fernández ha recalcado que la posición que defiende el PP es que "cuando alguien es elegido por una formación y se va debe devolver las actas".

No obstante, ha reconocido que renuncia de Martínez Barazón a sus cargos "supone un alivio en tiempo y en procedimientos porque se acortan los pasos que hay que dar para poder tener un nuevo presidente en la Diputación y reduce el periodo entre tres y cuatro semanas".

El PP, que ha designado candidato para presidir la Diputación a Emilio Orejas, había previsto presentar una moción de censura contra Martínez Barazón en el caso de que no dimitiera como presidente, pero para ello antes tenía que proceder a su expulsión del partido.

Respecto al municipio de Cuadros, del que Martínez Barazón es alcalde desde 1991, Fernández ha recordado que en la actualidad el PP no tiene concejales en ese Ayuntamiento ya que procedió a la expulsión de cinco de los seis ediles, que se negaron a seguir las directrices del partido y optaron por apoyar al alcalde.

Hubo una única concejala que manifestó su intención se acatar las órdenes del partido, pero que precisó que no se sentía capaz de afrontar los cambios previstos por su estado de salud y por lo tanto presentó su dimisión.

Esta concejala será suplida por la siguiente persona en la lista electoral, que, ha advertido Fernández, en el momento de tomar posesión tendrá que expresar si está dispuesta a seguir las directrices del PP y, en ese caso, sería la única represente del partido en el Ayuntamiento, ya que los cinco ediles expulsados se contabilizan en el grupo de los no adscritos.

Si forma parte del PP, entre esta persona y el candidato del PSOE, que cuenta con dos concejales, tendría que dirimirse quien se alza con la Alcaldía.

"Previsiblemente, la representante del PP sería alcaldesa, bien porque tiene la mayoría absoluta o porque corresponde a la lista que en su día tuvo más votos en las elecciones municipales", ha explicado Fernández, que ha recordado que la ley impide que quien tenga la consideración de no adscrito sea candidato a alcalde.

Según el auto de prisión, el presidente de la Diputación de León utilizó la trama de corrupción municipal y regional destapada en la Operación Púnica para perpetuarse en su cargo gracias a la red de influencias en el PP de Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas del entramado.

El juez de la Audiencia nacional Eloy Velasco añade en el auto que Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".

Martínez Barazón tomó posesión el pasado 30 de mayo como presidente de la Diputación en sustitución de Isabel Carrasco, asesinada el día 12 de ese mes.

Dimite el concejal que insultó a Pablo Iglesias en Facebook

PALENCIA.- El concejal del PP en el Ayuntamiento de Paredes de Nava, Jonathan Cabeza Infante, que insultó gravemente al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a través de su perfil de Facebook -deseando incluso que le dieran "un tiro en la nuca"- ha presentado hoy su dimisión.

Cabeza Infante, concejal de Cultura, Fiestas, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Paredes de Nava, ha presentado hoy lunes su dimisión, según ha confirmado la alcaldesa del municipio y diputada provincial, Montserrat Infante, que ha aceptado su renuncia al acta de concejal.

La renuncia se ha dado a conocer en un breve comunicado de prensa enviado a los medios.

Según ha explicado la alcaldesa, el edil ha tomado esta decisión sin necesidad de que se reuniera su grupo municipal como estaba previsto, ya que esta misma mañana, a primera hora, ha acudido a presentar su renuncia.

"Una decisión que respetamos", ha señalado Infante antes de recordar que el ya ex concejal "pidió disculpas públicamente el viernes y se mostró muy arrepentido de todo lo que había dicho".

A partir de ahora se continuará con el trámite administrativo para sustituir a Cabeza Infante, al que la alcaldesa ha agradecido "estos dos años de servicio y dedicación al pueblo de Paredes, por el que ha trabajado muy bien y con mucha ilusión, y sin asignación económica alguna".

Jonathan Cabeza, camionero de profesión, publicó en su muro de Facebook el pasado viernes graves insultos hacia el líder de Podemos e incluso manifestó su deseo de que le dieran "un tiro en la nuca".

Unos insultos por los que horas después mostró su arrepentimiento y, aunque consideró que habían sido "injustificable", aclaró que sus palabras se habían malinterpretado y que lo que quería era mostrar el "hartazgo" por todo lo que "predica Pablo Iglesias", según explicó.

Sin embargo, sus declaraciones provocaron la indignación de muchos grupos, que pidieron su dimisión, incluso desde el Partido Popular, que solicitó su renuncia al acta de concejal.

Jonathan Cabeza, que iba en la lista el PP aunque no está afiliado a este partido, sustituyó a una concejala de este partido que dimitió en el Ayuntamiento y quedó encargado del área de Cultura, Fiestas, Juventud y Deportes en un municipio de unos 2.000 habitantes.

Juez Castro: ´Tengo ganas de terminar este asunto´

PALMA DE MALLORCA.-  El juez del caso Nóos, José Castro, ha requerido este lunes a las acusaciones personadas en la causa para que presenten sus escritos de calificación en un plazo máximo de diez días hábiles.

Después de que el pasado viernes la Audiencia de Palma mantuviera la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales y volviera imputar a cuatro encausados a quienes Castro había exonerado previamente, el juez instructor ha dictado una providencia en la que señala el plazo de diez días a las acusaciones.

Si mantienen los criterios que han planteado hasta ahora, solo el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, pedirá que la hermana del Rey se siente en el banquillo de los acusados.

Una vez las acusaciones señalen para quiénes pedirán condenas, por qué delitos y qué penas pedirán, el juez redactará el auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso en caso de que incluya a la infanta.

En su escrito, Castro recuerda que "excepcionalmente" las partes personadas podrán "interesar la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación".

El plazo para la presentación de lo escritos de acusación acabará en la última semana de noviembre, y a partir de ahí el juez instructor podrá dictar cuando lo considere oportuno el auto de apertura de juicio oral.

Pese a no disponer de un plazo concreto, Castro ha asegurado hoy: "Indudablemente, tengo todas las ganas del mundo de terminar este asunto".

Tras el definitivo auto de apertura de juicio oral, se dará trámite a las defensas, un nuevo paso del procedimiento que podría alargarse.

Posteriormente, la Audiencia de Palma fijará la fecha para la celebración del juicio, una vista oral que dada la carga de trabajo de dicho organismo judicial no tendría lugar previsiblemente hasta finales de 2015 o principios de 2016.

El tribunal de la Audiencia que juzgará el caso será designado por turno de reparto. Existe un listado que incluye a los ocho magistrados titulares de la Audiencia de Palma (Francisca Ramis, Gema Robles, Eleonor Moyà, Juan Pedro Yllanes, de la sección primera, y Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna, Ana María Camesselle y Juan Jiménez de la segunda), y podría corresponderle ser ponente a cualquiera de ellos, que designaría a quienes le acompañan para formar la sala.

Ante el elevado número de encausados y su indiscutible interés mediático, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares deberá habilitar la infraestructura y medios oportunos para la celebración del juicio.

"Tengo ganas de terminar este asunto"

Castro ha destacado que la decisión de la Audiencia de Palma de mantener la imputación de la Infanta Cristina por dos delitos fiscales "pone fin a una controversia que llevaba durando demasiado tiempo" y permite "progresar en los trámites" de este proceso.

El juez ha resaltado que la resolución adoptada por la sección segunda de la Audiencia de Palma el pasado viernes, en respuesta a los catorce recursos contra el auto en el que finalizó la instrucción del caso Nóos, "viene precedida de un estudio muy minucioso y muy profundo de la causa".

"Creo que es una buena resolución que está muy bien argumentada", ha afirmado Castro a su entrada al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, donde ha explicado que el siguiente paso del proceso será la presentación de los escritos de acusación, antes de que él dicte auto de apertura de juicio oral.

"Hay dos valoraciones en las que debiéramos coincidir todos: la primera es que la resolución de la Audiencia viene precedida de un estudio muy minucioso y muy profundo de la causa, naturalmente a los efectos solo de los recursos que se han planteado, y es una resolución motivada y argumentada, con independencia de que se compartan o no se compartan esos criterios", ha afirmado el juez.

El magistrado ha destacado como segundo punto relevante de la decisión de la Audiencia que "por fin ya se pone fin a una controversia que llevaba durando demasiado tiempo".

"Nos permite progresar en los trámites", ha añadido el juez, que ha señalado que aún no ha completado la lectura del auto de la Audiencia: "Me faltan diez folios".

Sobre el hecho de que el auto mantenga su decisión de imputar dos delitos fiscales a la Infanta pero suprima la imputación por blanqueo y añada además cuatro imputados que él había dejado fuera de la causa y un delito más a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Ana María Tejeiro, Castro ha afirmado: "Hay partes en las que se me da la razón y partes en las que se me quita y hay que aceptarlo en su conjunto".

El magistrado no se ha pronunciado sobre si acordará en el auto de apertura de la juicio oral que la Infanta Cristina se siente en el banquillo: "No lo sé, primero tengo que recibir los escritos de acusación, ver quién acusa y valorar las acusaciones".

"Ahora mismo no lo puedo decir. Ha salido en algún medio, dándolo por seguro, pero yo no me he pronunciado sobre eso ni he insinuado nada al respecto", ha afirmado Castro.

Doctrina Botín

Tampoco ha querido adelantar si renunciará a acusar a la Infanta, al aplicar la llamada doctrina Botín fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007, según la cual en caso de delito fiscal no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo insten la Fiscalía o una acusación particular.

"No anticipemos trámites, ya llegará el momento de posicionarse sobre eso", ha pedido a los periodistas que le aguardaban a su llegada al juzgado.

El magistrado ha detallado que las acusaciones (Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, y la de la comunidad autónoma de Baleares en representación del Govern, así como el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia como acusaciones populares) tienen diez días hábiles para presentar sus escritos acusadores.

"Nos situaríamos ya muy próximos a fin de mes y luego, en función de lo que hayan planteado en los escritos de acusación, ya se verá lo que se hace", ha precisado Castro.

Ha indicado que existe la posibilidad de que alguna acusación pida que se practiquen nuevas pruebas. Esa opción puede darse ante el hecho de que la Audiencia de Palma ha añadido la imputación de un delito de blanqueo de capitales a Urdangarin, su exsocio y la mujer de éste, y alguna acusación podría solicitar que vuelvan a prestar declaración.

"Lo voy a reservar a las partes acusadoras, que tienen la posibilidad de pedir excepcionalmente diligencias complementarias para poder formular los escritos de acusación", ha dicho Castro, quien ha precisado que la Audiencia ya se pronunció al respecto en el auto del pasado viernes, donde "dijo o insinuó que no era imprescindible".

"No voy a anticipar cosas que todavía no he resuelto. Yo creo que los interesados tienen derecho a enterarse de las cosas por las resoluciones y no por los comentarios que yo haga ante ustedes", ha afirmado Castro.

Sobre si tiene ganas de actuar con rapidez y dictar el auto de apertura de juicio oral, Castro ha respondido: "Indudablemente, tengo todas las ganas del mundo de terminar este asunto".

China pide ayuda a Occidente contra la corrupción

PEKÍN.- Los encargados de la lucha contra la corrupción en China quieren ayuda extranjera para su "cacería" de funcionarios corruptos que han huido del país con sus ganancias mal habidas, pero las dudas sobre la justicia china podrían disuadir a Estados Unidos y otros países de sumarse a la persecución.

En la próxima cumbre Asia-Pacífico a realizarse el lunes y martes en Pekín, se prevé que los mandatarios darán su respaldo a una red para que los países miembros compartan información sobre casos de corrupción y ayuden a recuperar activos que han cruzado sus fronteras ilegalmente.
"Estamos creando lo que llamamos una red de anticorrupción y transparencia", dijo el director ejecutivo del secretariado de APEC, Alain Bollard. "Este grupo intentará reunir a las personas que intervienen en las operaciones para compartir información sobre casos particulares, compartir información sobre la manera de lograr condenas y procesos y, de ser necesario, recuperar activos".
Pekín formuló la propuesta, que recibió el apoyo de Washington. Este sábado, los ministros de exteriores de los 21 países miembros aprobaron un proyecto para remitirlo a la cumbre, dijo el canciller chino Wang Yi.
"La corrupción no sólo genera competencia desleal, no sólo distorsiona las relaciones económicas, sino que roba a los pueblos de todos los países la creencia de que el sistema puede funcionar para todos", dijo el secretario de Estado norteamericano John Kerry en una conferencia de prensa posterior.
La red significaría un gran avance en la campaña anticorrupción de China, que trata de impedir la fuga de sus funcionarios corruptos, pero la cooperación de los países occidentales —en particular Estados Unidos, Canadá y Australia— sería limitada debido al control del sistema judicial por el Partido Comunista chino, la aplicación de la pena de muerte en casos de corrupción y las dudas acerca de si los extraditados recibirían un juicio justo.
Los tres países —más acogedores que Europa para los emigrados chinos— no tienen tratados de extradición con Pekín.

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/noticias/finanzas/article3659977.html#storylink=cpy

El presidente de 'Freixenet' considera que la corrupción es un "mal asunto", aunque no destruye la 'Marca España'

MADRID.- El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha destacado que los numerosos casos de corrupción que se están destapando en España son "un mal asunto" para el país, aunque no piensa que pueda llegar a destruir la 'Marca España'.

   "Los temas de corrupción son malos asuntos, pero no destruyen nada de nada. Creo en la posición de las empresas en el mundo, más que nada. De todas formas, siempre hay que hacer autocrítica y los empresarios también", ha incidido.

   Sin embargo, Bonet ha salido en defensa del empresariado español. "Hay empresarios que juegan a la corrupción, pero no son la mayoría, porque la mayoría son gente honesta, que les cuesta. No hay derecho que se les ponga en duda, porque trabajan bien y tienen sentido de país. No hay que generalizar ni mucho menos", ha recalcado.

   Por otro lado, José Luis Bonet, tras el reciente ascenso de la formación política Podemos en intención de voto, según los datos avanzados por el CIS, ha afirmado que no contempla que el partido de Pablo Iglesias gane las elecciones.

 "No contemplo que ganen, pero los empresarios siempre se adaptan. No comparto el ideario de Podemos porque creo que al país no le conviene", ha recalcado.

   Sobre una posible coalición entre PSOE-PP de cara a las elecciones, Bonet ha recalcado que "todos los partidos deben de ir juntos por el interés común, ya que hay que tener un cierto consenso".

La patronal vasca llama a desterrar "corruptelas" y a "limpiar" la imagen de los políticos y empresarios

BILBAO.- El presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, ha llamado a "desterrar claramente todos los casos de corruptela que existen en este país, tratar de limpiar la imagen de los políticos y la de los empresarios" porque "el descrédito político, institucional y social acaba afectando a la economía". Además, cree que los planteamientos de Podemos son "irrealizables" y advierte de que, con  "una gobernanza inadecuada", no entrará capital extranjero.

   En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Lujua ha manifestado que, "evidentemente, si un país como el nuestro tiene un peligro de gobernanza importante, con un descrédito político, institucional y social, esto acaba afectando a la economía".

   "Todos conocemos ya el efecto Podemos que hace ocho meses no existía y que ahora es una alternativa política a este país dentro de un año. Y los casos de corrupción afectan al futuro del país y a la economía", ha manifestado.

   En este sentido, ha advertido de que, si un país tiene "una gobernanza inadecuada, los capitales extranjeros no entrarán, la economía no estará estabilizada y todo esto va favorecer un descrédito internacional importante". "Y esto no es bueno para la economía ni para empleo", ha añadido.

   Por ello, ha realizado un llamamiento a "desterrar claramente todos los casos de corruptela que hay en este país, tratar de limpiar la imagen política de los políticos, que la inmensa mayoría es una gente muy correcta; también la imagen de los empresarios, que la inmensa mayoría es gente muy correcta, pero también en el tejido empresarial ha habido casos de corruptela que hay que desechar".

   Asimismo, ha emplazado a los sindicatos a realizar "un cambio en sus planteamientos a futuro" para dar, entre todos, "credibilidad social a este país porque es bueno para la economía".

   En cuanto a los planteamientos de Podemos, cree "no son alcanzables ni posibles". 

"Prometer que no vamos a pagar deuda pública es una insensatez, prometer pensiones para todo el mundo no es factible y, desde luego, es un partido político que está lanzando mensajes a la sociedad, que la sociedad las escucha muy bien, pero que mucha gente sabe que son irrealizables", ha apuntado.

   Además, ha afirmado que "Podemos tiene su estrategia, hay que tener en cuenta cómo la está llevando a cabo, y lo que tienen que hacer los partidos políticos que tienen vocación de Gobierno y responsabilidad de Gobierno, es convencer a sus votantes de que este país puede salir adelante con políticas de crecimiento y de transparencia".

Zombílogos / Ramón Cotarelo *

Sí, es un neologismo. Podía llamarlos "Diálogos de ultratumba", pero sería más rebuscado. Zombílogos está bien; es breve, contundente y refleja la realidad: monólogos de zombis.

En este caso, dos; dos de las mujeres de que hablaba Palinuro, dándolas por políticamente difuntas, retornan al mundo de los vivos con argumentos y razones tan extravagantes que más parecen del de los muertos. Son los zombílogos de Aguirre y Cospedal, que luchan denodadamente por mantenerse a flote en esta riada devastadora de la corrupción.

El zombílogo de Aguirre toma la forma de un artículo en ABC, en el que afirma que no basta con pedir perdón. Muestra de nuevo la Dama de Honor del Imperio Británico su temple thatcherista enfrentándose directamente a su jefe de filas quien, unos días atrás, hizo en el Senado una de esas comparecencias tan suyas sin preguntas, sin debates, protocolarias como los misterios medievales. Para ¿qué? Para pedir perdón. Justamente lo que, según Aguirre, no basta. ¡Dioses del Olimpo, cómo están las cosas en el PP! Quiere ser candidata a la alcaldía de Madrid y empieza pisando un callo al esquinado Rajoy, el hombre de las venganzas en diferido.

El aguijón de Aguirre primero se lo había clavado ella misma y por eso es zombi, al salir hace unos días pidiendo perdón por haber confiado en el infausto Granados. Y eso que presume de ser cazatalentos. Ahí mismo se dio cuenta de que no basta con pedir perdón y decidió participarselo solidariamente a su presidente, más que nada por hacerle un favor y señalarle de nuevo la puerta de salida. 

Si no basta con pedir perdón, ¿qué más deberá hacer? ¿Dimitir de presidenta del PP de Madrid? Eso ni se menciona, al menos mientras su rival no dimita a su vez. Lo que debe hacerse es presentar un catálogo de propuestas concretas para acabar con la corrupción que, desgraciadamente, se da. Un programa anticorrupción, vamos, avalado por la garantía moral de Aguirre, presidenta del gobierno autonómico más corrupto de España.  

La justificación que encuentra para su pretensión es un razonamiento que solo puede proceder del otro mundo, en donde habita ya: no es que ella sea la responsable y beneficiaria directa (si no de un modo, de otro) de la corrupción, sino que ha sido su testigo privilegiado; no la emperatriz del Madrid escandaloso, sino el Gayo Suetonio que lo cuenta; no el santuario de la corrupción, sino su némesis, pues todavía sostiene que fue ella quien destapó la Gürtel.

El zombílogo de Cospedal ha sido, como siempre, leal a ese jefe que la utiliza como escudo en el partido, al igual que hace con Santamaría en el gobierno. El caso es no dar la cara. Ya la da por él la otra muerta viviente con un discurso tan atorrante que, a fuerza de marear la perdiz, acaba con el infortunado animal, o así informó el Gran Wyoming en su noticiario El intermedio, el único veraz a juicio de Palinuro.

Ese discurso se resume en una afirmación huera, con ecos sepulcrales: el PP ha hecho cuanto tenía que hacer en contra de la corrupción. La mujer reproduce fielmente el proceder de su jefe, ese gran zombi que habita solitario el mausoleo de La Moncloa, cuando declara que sobre la corrupción ya ha dicho todo cuanto tenía que decir, siendo así que no ha comenzado a hablar. De igual modo, el PP ha hecho cuanto tenía que hacer contra la corrupción, cuando no se ha iniciado, sino que sigue. Se excusa Cospedal en que el PP no puede meter a la gente en la cárcel; por fortuna, dicho sea de paso, pero oculta que, en cambio, sí la saca; a la suya, claro, a Matas, a Fabra, a los delincuentes indultados. Y eso es corrupción. Corrupción en diferido.

Cospedal es además una zombi doble. Comparte destino con los otros zombis del PP, quienes parecen haber cobrado sobresueldos en B, Rajoy o Santamaría, cosa a la que se niegan a dar la importancia y el valor negativo que tiene. Y también lo hace con una turbamulta de alcaldes, consejeros, diputados, militantes del PP de su comunidad con los que comparte una gestión de tres años repleta de peripecias entre chuscas y siniestras, varias de las cuales van camino de los tribunales. El asunto de la mordida de los 200.000 euros, hoy bajo investigación judicial, es suficiente para devolverla al reino de las tinieblas y el silencio. 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED