Aumenta un 1.780% el gasto de material antidisturbios en España

La letra pequeña de los Presupuestos de 2013

• Más inversión en antidisturbios y equipamientos de protección
• El gasto pasará de 173.670 euros en 2012 a 3,26 millones en 2013
• El presupuesto a cinco años se dispara de 759.330 euros a 10 millones
• Habrá recortes en Seguridad Ciudadana, armamento y plantilla
• Los artificios lacrimógenos puede valer 28 euros; los escudos, 140

MADRID.- El gasto en material antidisturbios y equipamiento de protección de la Policía Nacional española se multiplicará 18,8 veces en 2013, un 1.780% más, según recoge el Proyecto Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

A pesar de los recortes en el ministerio del Interior, cuyo presupuesto se reducirá un 6,3% y que afectarán a partidas como Seguridad Ciudadana, el gasto en nuevas inversiones y renovación de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa” se elevará desde los 173.670 euros de este año a 3,26 millones en 2013.

En concreto, el gasto se disparará en la reposición de este material. Si en los presupuestos de 2012 se contemplaba un gasto total de 759.330 euros durante cinco años, entre 2011 y 2015, el Ejecutivo prevé ahora una inversión de 10,02 millones de euros entre 2012 y 2016.

Los anteriores presupuestos contemplaban un gasto de entre 148.260 y 157.330 euros anuales entre 2012 y 2015 en la reposición de esta partida. Ahora, el Gobierno prevé gastar 148.260 euros este año y multiplicar la partida a 3,24 millones en 2013 y 3,19 millones en 2014 y 2015.

Sólo se contempla volver a niveles de gasto parecidos a los de este año en 2016, cuando ya habría acabado la presente legislatura. Sus 248.260 euros evitan además que el total para estos cinco años sea aún superior.

Respecto a la inversión en nuevo material, este concepto apenas repunta de 25.900 a 27.410 euros anuales.

En el caso de la Guardia Civil, la inversión en reposición de “Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa” se reducirá de los 250.000 euros previstos en los anteriores presupuestos a 150.000 euros en los nuevos.

¿Cuánto cuesta un escudo?

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 no desglosa en más profundidad el destino de cada una de las partidas.

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se recogen algunos contratos firmados con proveedores de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como el millón y medio invertido en artificios fumígenos y lacrimógenos de Falken a finales de 2011 o 147.441 euros en chalecos de Fedur para las Unidades de Prevención y Reacción del Cuerpo Nacional de Policía.

Hace tres años, en 2009, la Policía compró 232 escudos antibala para las Unidades de Intervención Policial (UIP) por 103.414 euros, a 517 euros la unidad; 500 chalecos antibala a 389 euros cada uno; 714 escudos antidisturbios transparentes a 140 euros; y 250 chalecos antigolpes a 300 euros.

Las máscaras de protección respiratoria adaptables a los cascos de los antidisturbios valen 296 euros la unidad, según un procedimiento abierto por la Dirección General de la Policía en marzo de este año.

Los artificios lacrimógenos valen 27,9 euros, IVA incluido. El ministerio del Interior encargó 2.000 unidades por un importe máximo de 55.800 euros en febrero de 2011.

Las pelotas de goma, utilizadas por las Fuerzas de Seguridad de España y Portugal, valen 90 céntimos de euro.

Recortes en la Policía

El gasto en reponer la totalidad del material policial pasará de 1,6 millones de euros anuales previstos en los anteriores presupuestos a 4,4 millones en los nuevos, mientras que la inversión en nuevo material se mantendrá en 130.000 euros anuales.

El incremento en el gasto en material antidisturbios contrasta con los recortes en otras partidas de la Policía Nacional, como armamento y plantilla; la congelación en la inversión en Policía Científica y la inversión en renovar los equipos especiales.

La inversión de 865.010 euros en armamento prevista para 2012 (15.010 euros en nuevo material y 850.000 euros en reposición) se reduce a 116.000 euros para 2013 (15.000 euros en nuevo armamento y 101.000 euros en reposición).

La plantilla de la Policía Nacional se reducirá de 91.585 a 90.187 efectivos. Aunque repunta en casi todos sus grupos, el recorte se produce en el principal bloque de efectivos: “Subgrupo C1 y Titulados de Bachiller”, que pasa de 72.679 a 71.110 empleados.

Sin embargo, el gasto en reposición y nuevo equipamiento de la Policía Científica se mantiene ‘congelado’ en los 428.900 euros previstos para 2012.

Por su parte, el gasto en la renovación de equipos especiales pasará de 29.000 euros en 2012 a 429.000 euros el próximo año, manteniéndose en 20.410 euros la inversión nueva en esta partida.

http://proyectgoliath.wordpress.com/2012/11/05/atencion-aumenta-un-1-780-el-gasto-en-material-antidisturbios-y-proteccion-en-espana/

El rey de Marruecos mantiene el control pese a las reformas

RABAT.- A diferencia de otros dirigentes árabes que fueron retados en las calles por su población a principios del año pasado, el rey Mohamed VI reformó rápidamente la Constitución de Marruecos, celebró elecciones y permitió que un partido islamista dirigiera el Gobierno.

Su respuesta sofocó el fermento de ira popular, fue alabada en Occidente y pareció colocar a Marruecos en una vía más democrática, pero 20 meses después no está claro cuánto poder ha cambiado de manos en realidad.

Le Matin, un diario en francés partidario del sistema, sigue dedicando su primera docena de páginas a las actividades del monarca y sus asesores antes si quiera de hacer mención del gobierno electo.

El primer ministro islamista, Abdelilá Benkirane, sigue teniendo su despacho en el enorme recinto del palacio real de Rabat.

Por ahora, su Partido para la Justicia y el Desarrollo (PJD), cuyo éxito en los comicios de octubre de 2011 lo llevó al poder por primera vez, insiste en que la cohabitación funciona.

"Marruecos es una excepción en la región", dijo el ministro de Communication, Mustafa el Jalfi. "Hemos conseguido desarrollar una tercera vía entre la revolución y el viejo sistema de gobierno: reformar dentro de la estabilidad y la unidad".

De acuerdo con la nueva Constitución, Mohamed VI - que basa gran parte de su legitimidad en el título histórico de "comendador de los creyentes" como descendiente del profeta Mohama - mantiene el control del Ejército, la seguridad y las cuestiones religiosas, mientras que el Parlamento legisla y el Gobierno dirige el país.

"Instituciones clave consagradas en la Constitución están tomando vida", dijo un diplomático occidental sobre las reformas. "El margen del debate está cambiando. La gente ve parte del proceso".

Sin embargo, después de dos décadas de reformas que comenzaron al final del reinado del fallecido Hassan II, padre de Mohamed, no todos los marroquíes están convencidos de que el Palacio haya aflojado tanto su control.

"La monarquía tiene un instinto de supervivencia muy fuerte", dijo el historiador marroquí Maati Monjib. "La táctica oficial es divide y vencerás, y ha sido sistemática durante unos 400 años".

Tras la inestabilidad de los levantamientos de la Primavera Árabe el año pasado, el Gobierno del PJD que llegó al poder en enero obtuvo cierta influencia real, afirmó. Pero para agosto, el rey y sus asesores se sintieron lo suficientemente fuertes como para recuperar algunos de sus "poderes tradicionales, no constitucionales".

El PJD se arriesga a perder credibilidad con sus seguidores islamistas al llegar al gobierno y comprobar que la verdadera autoridad está en otro lugar, como le ocurrió a un partido socialista en la oposición en los años 90.

"Aún no llevan un año en el poder, pero lo que han anunciado no es alentador", dijo el economista Najib Akesbi. "Se han pegado al régimen. La historia se repite".

Jalfi, que también es portavoz del Gobierno, contestó que es normal que los partidos que llegan al poder pierdan cierta popularidad, y que su partido apoyó la monarquía incluso cuando estaba en la oposición.

"Creemos en el papel histórico crucial de la monarquía de defender la unidad y la estabilidad y encabezar las reformas necesarias".

Puede que la posibilidad de que haya levantamientos populares a corto plazo haya perdido fuerza, pero las tensiones sociales y económicas permanecen en un país con grandes disparidades de ingresos y lo que Jhalfi califica de décadas de corrupción.

Otros problemas son el paro, la pobreza, la sanidad y el analfabetismo, afirmó, que requieren de inversiones y una buena gobernanza.

Dependiente de las importaciones de combustible y de cereales, la economía ha padecido por la recesión en Europa, que ha reducido el turismo y las transferencias de los marroquíes que viven en el exterior, muchos de ellos en España.

Marruecos está en el puesto 130 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU y el 56 por ciento de su población adulta - de un total de 32 millones de habitantes - es analfabeta. Las ayudas para comprar alimentos y combustibles absorben anualmente 54.000 millones de dirham (unos 4.600 millones de euros), lo que supone el seis por ciento del Producto Interior Bruto.

Pocos discuten que los subsidios son un despilfarro que beneficia más a los que menos lo necesitan, pero quitarlos es una patata caliente y podría ser muy impopular - entre los pobres escépticos con las compensaciones económicas prometidas, entre la clase media porque tendría que pagar más y entre los empresarios porque se han aprovechado del azúcar, la harina y la energía muy baratas.

Marina Ottoway, del centro de estudios Carnegie Endowment for International Peace sugiere que Palacio podría permitir al Gobierno intentar una eliminación gradual de los subsidios.

"Si hubiera problemas con el cambio, la ira de los ciudadanos y la culpas se echarían al Gobierno, mientras que Palacio se libraría de un viejo problema sin tomar riesgos", escribió.

Disturbios ocasionales, la mayoría por reivindicaciones económicas, siguen estallando en el país. Incluso los jueces, no conocidos por su activismo, llevaron a cabo una sentada el mes pasado fuera del Tribunal Supremo, donde unos 1.000 demandaron mayor independencia para el sistema judicial.

El laico Movimiento 20 de Febrero, que impulsó las protestas de 2011, sigue existiendo pero las autoridades son menos tolerantes con las protestas desde el referéndum que aprobó las reformas constitucionales. Muchos jóvenes activistas se han refugiado en Internet.

Además hay dos tendencias islamistas significativas fuera de la política permitida. Los salafistas ultraortodoxos, un grupo minoritario con un atractivo creciente en las barriadas más pobres de las grandes ciudades, están debatiendo si dejan su rechazo ideológico a la política y siguen a sus homólogos egipcios, que formaron un partido político tras la caída de Mubarak que tuvo un buen resultado electoral.

Además, Al Adl wal Ihsan (Justicicia y Caridad) tiene un formidable movimiento de base que primero apoyó las protestas de la juventud el año pasado pero luego se retiró por las reticencias con sus aliados laicos.

El rey viajó por los países del golfo Pérsico el mes pasado para conseguir ayuda e inversiones de los monarcas tan preocupados por las revueltas del año pasado que invitaron al lejano Marruecos y a Jordania a unirse a su club regional, el Consejo para la Cooperación del Golfo.

Mohamed VI, el mayor accionista en una economía de 95.000 millones de dólares, está implicado en muchos sectores, desde las telecomunicaciones a minería de metales preciosos, banca y cementeras.

Esta combinación de poder político e intereses económicos compromete el objetivo declarado de crear un ambiente económico competitivo y transparente, sostiene Akesbi.

"Esta monarquía, que gobierna, también hace negocios, lo que hace que cualquier resultado sea posible - conflictos de intereses, abusos de poder, nepotismo. Y eso es lo que vemos todos los días".

Miles de nacionalistas rusos se manifiestan contra Putin

MOSCÚ.- Miles de nacionalistas rusos vestidos de negro se manifestaron el domingo por el centro de Moscú conmemorando el "día de la Unidad Nacional" instaurado por Vladimir Putin, pidieron el fin de su mandato y mostraron su hostilidad hacia las minorías.

Putin instituyó el festivo en 2005 para reemplazar la celebración anual de la revolución bolchevique de la época soviética. Pero activistas por los derechos civiles afirman que su propio coqueteo con el nacionalismo ha favorecido un aumento en la violencia de la ultraderecha, y que es parcialmente responsable de que los nacionalistas radicales se hayan apropiado de la fiesta.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes con el pelo muy corto que llevaban chaquetas negras de cuero, gritaron "Rusia sin Putin" y lemas antiinmigrantes, llevaban iconos ortodoxos y ondeaban banderas imperiales, cantando "Rusia para los rusos".

La policía dijo que unas 6.000 personas acudieron a la marcha en una mañana gris, tras recibir permiso por primera vez para recorrer el corazón de la capital rusa.

Muchos expresaron su hostilidad hacia los inmigrantes de las regiones de mayoría musulmana del sur de Rusia y de otras antiguas repúblicas soviéticas, pidiendo que se endurezcan los requisitos para obtener visados y las restricciones para las migraciones internas.

"Todos los trabajos van para los recién llegados, por eso creo que el objetivo de esta manifestación es que los trabajos rusos sean para los rusos", dijo un participante en la misma, Igor, que no quiso dar su apellido y que llevaba el rostro parcialmente tapado por una mascarilla médica.

El nuevo festivo conmemora un levantamiento en Moscú contra la ocupación polaco-lituana hace 400 años. Putin lo celebró en un acto junto con los líderes de la Iglesia ortodoxa y de otras tres religiones que el Kremlin considera tradicionales en Rusia: islam, budismo y judaísmo.

"El pueblo unió sus fuerzas en el nombre de Rusia, en el nombre de la Madre Patria, alzándose sobre las diferencias de clase, nacionalidad, religión y de otro tipo", declaró el presidente tras depositar una corona de flores en un monumento en la plaza Roja. "El pueblo liberó Moscú y el país de los ocupantes y de aquellos que vendieron y traicionaron a Rusia".

Putin comenzó este año un nuevo mandato de seis años después de multitudinarias manifestaciones contra él por parte de liberales en la mayor muestra de descontento desde que llegó al poder la primera vez al principio del milenio.

La manifestación del domingo transcurrió en calma, aunque algunos asistentes hicieron saludos al estilo nazi y activaron algunas bombas de humo. La policía informó de la detención de 25 personas por llevar brazaletes con la esvástica y gabardinas largas.

Otros llevaban la bandera prerevolucionaria con los colores rojo, negro y amarillo, mientras algunos iban detrás de grandes iconos, poniendo de manifiesto el papel de la Iglesia como señal de unidad nacional. Muchos ser arriesgaban a ser multados por la nueva ley que prohíbe ocultarse la cara.

La legislación rusa restringe el derecho de los habitantes de provincias a vivir y trabajar en Moscú, pero el paro lleva a muchos de ellos a buscar empleo en la capital, muchos de ellos miembros de las minorías de las regiones más pobres y de mayoría musulmana en el Cáucaso norte.

Según Lev Gudkov, director de la encuestadora independiente Levada Center, casi la mitad de los moscovitas se oponen a la inmigración.

"Nos escuchan solo cuando haya muchos de nosotros, cuando salgamos a las calles", dijo Vladimir Tor, uno de los organizadores de la marcha y antiguo dirigente de un grupo prohibido de derechas, el Movimiento contra los Inmigrantes Ilegales.

"Nuestro sistema democrático está arruinado", dijo. "El pueblo ruso necesita unirse y crear su propia sociedad civil".

La Oposición bareiní reta prohibiciones de la monarquía

MANAMA.- Manifestantes antimonárquicos bareinies anunciaron este fín de semana que continuarán sus protestas hasta que sus demandas de mayor democracia sean cumplidas por las autoridades durante una semana de disturbios en esta capital y otras ciudades. El choque entre la familia reinante y los opositores anuncia mayores tensiones para la semana próxima, cuando los tribunales anuncien su fallo en el juicio contra tres acusados de insultar al rey Hamad bin Issa al Khalifa durante las recientes protestas públicas.

El jueves pasado un acusado por el mismo delito fue sentenciado a seis meses de prisión, en la secuencia de arrestos de miembros de la comunidad musulmana chiíta, entre ellos varios médicos acusados de asistir a manifestantes heridos en choques con la policía a pesar de una prohibición expresa al respecto de las autoridades.

Esta semana el Ministerio del Interior bareiní prohibió por ley las protestas, pero los opositores salieron a la calle en por lo menos tres ocasiones.

Los choques entre policías y opositores reeditan los disturbios del año pasado que pusieron en jaque al Gobierno y fueron controlados con la ayuda de tropas despachadas por el vecino reino de Arabia Saudita.

Las fricciones entre la monarquía y sectores de la población comenzaron a principios de 2011, como parte de las rebeliones contra regímenes de fuerza en Túnez y Egipto, cuyos gobiernos cayeron.

Esos movimientos fueron utilizados para encubrir la agresión militar de la OTAN contra Libia, cuyo líder, Muamar el Gadafi, fue capturado y asesinado en octubre de 2011, y en Siria, donde grupos armados desde el exterior apoyados por milicianos extranjeros tratan de derrocar al gobierno del presidente Bachar al Assad.

El andaluz Griñán apuesta por dotar de mayores instrumentos a los jueces ante el problema de los desahucios

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha apostado por introducir los cambios normativos necesarios para que la dación en pago de la vivienda baste para saldar la deuda hipotecaria y para que los jueces tengan mayores instrumentos a la hora de impedir que las familias afectadas por los desahucios se queden en la calle.

   En un vídeo publicado este sábado en su blog personal en una entrada titulada 'No podemos callar ante el drama de los desahucios', Griñán ha considerado que los desahucios son una problemática que "hay que resolver de forma urgente". En España, según ha explicado el presidente de la Junta, cada día pierden su vivienda más de 500 familias, "que han padecido los peores efectos de la crisis y sobre las que no podemos decir que han vivido por encima de sus posibilidades, sino que la banca dio créditos por encima de las suyas".
   "Estamos hablando de dramas familiares y de situaciones muy dolorosas y si está en nuestras manos cambiarlo, hagámoslo", ha recalcado el también presidente del PSOE, que ha recordado que el Grupo Socialista presentó en abril de 2011 una propuesta para que el Gobierno de España modificara la legislación, "de tal manera que la dación en pago fuera suficiente para saldar la deuda hipotecaria" y que además se pudiera "moderar" la situación de las familias afectadas.
   Asimismo, Griñán ha recordado que en el parque de viviendas público de la Junta de Andalucía se han paralizado todos los lanzamientos de desahucio en los casos de sobreendeudamiento de las familias y en aquellos supuestos en los que existan personas dependientes dentro de la unidad familiar.
   En este sentido, el presidente andaluz se ha mostrado partidario de que los jueces "puedan tener en sus manos también paliar las consecuencias más negativas" de las ejecuciones hipotecarias y ha subrayado la importancia de que "la banca llegue a acuerdos con la Junta o con las administraciones en general para que en casos excepcionales se pueda prorrogar o se pueda incluso reconvertir una hipoteca de propiedad en un alquiler modesto".
   Y es que, para el secretario general de los socialistas andaluces, "la situación no admite demora" porque hay personas que "no pueden pagar sus deudas, que no pueden pagar la hipoteca, el banco les obliga a dejar la vivienda y en algunos casos incluso tienen que seguir pagando". José Antonio Griñán ha criticado que haya familias que "tienen que pagar por una vivienda de la que ya no disponen y que ya han entregado al banco y ven al mismo tiempo que a ese banco que ejecuta la hipoteca, cuando tiene problemas, el Estado le socorre".
   "No puede ser que el dinero público vaya a socorrer a los bancos y que no se encargue de estos dramas", ha dicho Griñán, quien ha insistido en que el déficit público no puede ser el único objetivo económico sino que hay que promover además la creación de riqueza y, mientras continúa la crisis, "es obligación de todos los poderes públicos socorrer y atender a las personas que más sufren".

El Ministerio de Justicia ahorrará 1.052 millones con un recorte de coches oficiales de magistrados

MADRID.- El Ministerio de Justicia ahorrará un total de 1.052 millones de euros en 2013 con el recorte a la mitad del número de coches oficiales en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía General, según informaron fuentes del citado Ministerio.

   Esto se traducirá en que sólo dispondrán de vehículo oficial el presidente del Tribunal Supremo, los de las cinco salas con que cuenta este órgano judicial, el presidente de la Audiencia Nacional y el Fiscal General. El resto de vehículos serán los llamados 'coches de incidencias', que se utilizan para trasladar personal o documentación de una sede judicial a otra o para las tareas adscritas a estos órganos judiciales.

   De esta forma el número de coches oficiales de estos dos tribunales pasa de los 100 que había a un total de 45, con lo que la minoración prevista en el Presupuesto del Ministerio de Justicia de los gastos de transporte para el próximo ejercicio será de un 43,28 por ciento en lo que respecta a estos órganos judiciales.

   Los vehículos de incidencias serán poco más de 20 en el caso del Supremo, mientras que en la Audiencia Nacional ascenderán a 17. Sin embargo, en esta última sede, este número será transitorio, ya que ahora son necesarios más vehículos debido a la dispersión de las sedes mientras se desarrollan las obras de la Audiencia Nacional, que se ha vaciado para dar paso a la remodelación prevista, que durará hasta 2014.

   En concreto, habrá 23 coches oficiales al servicio del Tribunal Supremo, de los cuales cinco serán de representación y otros 18 de incidencias. La Audiencia Nacional dispondrá de 17 vehículos, todos ellos para incidencias.

   Por su parte, la Fiscalía General del Estado contará con cinco coches oficiales, dos de ellos de representación y tres de incidencias. El Ministerio del Interior se encarga del transporte de los cargos que han mantenido su escolta, como es el caso del presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.

   Este es el reflejo en las cuentas del Miniterio de Justicia de 2013 de los cambios que ya comenzaron a hacerse efectivos durante este año. La reducción de los coches oficiales se inició en junio en la Audiencia Nacional coincidiendo con la retirada de los escoltas a la práctica totalidad de miembros de la Sala de lo Penal, a los jueces instructores y a los integrantes de la Fiscalía.

   En la actualidad, según fuentes del tribunal, únicamente disponen de coche con escolta el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro; el fiscal-jefe, Javier Zaragoza; el fiscal-jefe Anticorrupción, Antonio Salinas; y el fiscal-jefe Antidroga, José Ramón Noreña. Y el coste de estos depende del Ministerio del Interior.

   El presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, renunció a este servicio en solidaridad con sus compañeros a los que se les retiró la protección y el coche oficial.

  El resto de vehículos son coches de incidencia sin escolta y con conductores del parque móvil ministerial que utilizan los magistrados de la Sala de lo Penal y la representación del Ministerio Público en la Audiencia Nacional para realizar traslados entre los distintos edificios del tribunal y la sede para macrojuicios situada en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

Los empresarios españoles están "totalmente decepcionados" con Rajoy

MADRID.- La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, asegura que los empresarios están "totalmente decepcionados" con lo hecho en estos meses por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque entienden que se ha quedado "a medio camino" de lo que debería hacerse en España para salir de la crisis.

   En una entrevista con la revista Capital, la presidenta del Círculo sostiene que el Gobierno socialista fue la "inacción absoluta" y que los empresarios, con la llegada de Rajoy a la Presidencia del Gobierno, esperaban que se "cogiera el toro por los cuernos".

   "Pero no ha sido así. Cierto que ha hecho un par de reformas muy importantes, como la educación y el mercado laboral, pero se ha quedado a medio camino. Va en la buena dirección, pero sin la intensidad que debiera. Y la pregunta que no se hace es a qué velocidad tenemos que ir para evitar el desastre total", dice.

   De Oriol subraya que no se puede estar diariamente culpando de la situación económica a otros países, a los especuladores, a las ventas a corto y a todo tipo de cosas. "Si tienes un problema, ponle nombre y luego acción. Pero estamos escasísimos de acción", denuncia.

   La presidenta del Círculo de Empresarios cree que España no está recibiendo la medicina adecuada para solucionar sus problemas, especialmente el más gordo, el estrangulamiento financiero, que está ahogando sobre todo al sector privado.

   De Oriol se queja en esta entrevista de que los empresarios no están siendo escuchados por el Gobierno del PP. "Hemos escrito a Presidencia, a Vicepresidencia y a todos los ministros económicos y sólo nos ha recibido el ministro de Economía (Luis de Guindos) y el de Educación (José Ignacio Wert). Los demás, o no han contestado o nos han dicho que su agenda está muy ocupada (...) Ni nos escuchan ni nos hacen el suficiente caso", denuncia.

   La presidenta del Círculo prevé que se siga destruyendo empleo y, cuando éste empiece a crearse, augura que habrá "muchísima" movilidad laboral. "El mito de un trabajo para toda la vida es malo, va en contra de la productividad. Y aunque fuera bueno, ya no es posible", añade.

   De Oriol pone en valor la figura del empresario y lamenta que en los periódicos sólo aparezcan los empresarios que han robado o explotado a sus trabajadores y no aquellos que lo están haciendo bien. Una diferencia que separa a los políticos de los empresarios, agrega, es que los primeros ni van a la cárcel ni pagan multas cuando estafan y roban, mientras que los segundos sí lo hacen.

   "Todavía no sabemos de ningún político que haya devuelto el dinero que se ha llevado. Sin embargo, hemos visto a muchísimos empresarios que han tenido que cerrar su empresa o pedir avales para pagar las multas", explica.

   Sobre los planes independentistas del presidente de la Generalitat, Artur Mas, De Oriol sostiene que los catalanes "están mejor en España, y España con los catalanes, que de la otra manera".

   "Si se quedaran fuera, los empresarios catalanes perderían mercado y tamaño (...) Por eso veo muy difícil que el mundo empresarial catalán, que se define por ser emprendedor, trabajador y cosmopolita, apoye realmente la independencia", argumenta.

   Preguntada por el 'silecio' de los empresarios catalanes sobre este tema, la presidenta del Círculo cree que se debe a que el Gobierno catalán es "un gran cliente".

 "Nadie habla mal de quien te da de comer", subraya.

Un "elevado porcentaje" de ancianos frágiles españoles presenta malnutrición

  Un "elevado porcentaje" de ancianos frágiles españoles presenta además malnutrición, según revela el estudio 'Evolución de la valoración nutricional del anciano frágil en Atención Primaria', que apunta igualmente al hecho de que su intervención individual tampoco hace que se mejore su estado nutricional.

   Este trabajo se ha presentado recientemente en Sevilla en el marco del 20º Congreso de la SAMFyC y utilizó una cohorte poblacional de 120 ancianos frágiles con riesgo nutricional captados en un centro de salud.

   Sus autores, médicos de familia de centros de salud de Baleares y Málaga, así como del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital Civil de Málaga, realizaron evaluaciones nutricionales cada seis meses entre 2003 y 2011.

   En concreto, se midieron índices antropométricos tales como el índice de masa corporal, el perímetro braquial, el perímetro de pantorrilla, el pliegue tricipital y la circunferencia muscular del brazo; así como el estado funcional (Índice de Barthel).

   Además, los autores consideraron desnutrición cuando dos o más medidas antropométricas estaban por debajo del percentil 50, según la referencia de la población anciana española. También se diferención entre desnutrición proteica, calórica o mixta, y si era leve, moderada o severa. Completó este análisis la intervención individual en ancianos malnutridos, comparando las siete primeras evaluaciones.

   Entre los principales resultados de esta población, de una edad media de 82,9 años y en un 70 por ciento mujeres, destacan el hecho de que el 76,7 por ciento de esta población diana presentaba malnutrición. De este porcentaje, un 35,1 por ciento era malnutrición proteica, un 25,5 por ciento calórica y un 39,4 por ciento mixta.

   En su forma leve lo presentan un 52,2 por ciento de ancianos, un 40,2 por ciento en su forma moderada y un 7,6 por ciento en su forma severa. Tras siete evaluaciones nutricionales (y un tiempo de seguimiento 40,5 meses), los autores no encontraron diferencias significativas para los parámetros antropométricos.

   Así, y tras analizar todas estas variables, estos investigadores concluyen que existe un "elevado porcentaje de ancianos frágiles con malnutrición" y que la intervención individual "no mejora el estado nutricional".

Los problemas cardiorrespiratorios, amenaza para los 'sin techo'

Los problemas cardiorrespiratorios representan una amenaza mayor que las congelaciones para los 'sin techo', según ha asegurado el secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), el doctor Salvador Tranche.

   Así lo ha asegurado este experto con motivo de la ola de frío prevista para este fin de semana en la mayor parte de la geografía nacional. Según su criterio, este tipo de afecciones "pueden hacer que la persona tenga problemas de conciencia" y, por tanto, "una falta de reacción para cobijarse".

   En este sentido, explica que esta situación se puede agravar hasta "sufrir alucinaciones, flacidez, fatiga y acabar en coma". Por ello, sostiene que "es más grave" el cuadro neurológico y cardiaco que, además, "acarrea más riesgo vital" para la persona.

   Otras consecuencias que pueden provocar los problemas cardiorespiratorios son "el descenso de la frecuencia cardiaca y el de la presión arterial, la rigidez muscular o las alteraciones de lenguaje", afirma Tranche. En concreto, si el descenso de la temperatura corporal llega hasta por debajo de los 35 grados centígrados, la situación "se hace muy grave".

   Por otra parte, el experto, que lamenta que "todos los años mueren mendigos", advierte que las lesiones derivadas del frío no acaban ahí, ya que existen otras de tipo respiratorio infeccioso, como "la bronquitis o la neumonía". Además, pueden padecer "hipotermia y congelaciones en miembros", indica.

   Esto es debido a diversos factores, entre los que el secretario general de Semfyc destaca el hecho de que "tienen el sistema inmune deprimido". Esto es debido, en su opinión, a que están "desnutridos y mal vestidos", por lo que, cuando bajan las temperaturas, por sus características, "son un colectivo de muchísimo riesgo".

   Esta coyuntura les provoca que sus mecanismos de compensación ante el frío sean "mucho peores" que los del resto de la población, manifiesta. Entre ellos, enumera al escalofrío, a la producción propia de calor o a la vasoconstricción de los capilares de la piel.

   Tranche recuerda que muchas personas 'sin techo' son ancianos, los cuales ya tienen mecanismos de defensa "más limitados". Añadido a ello, señala que no llevan suficiente ropa y que "tienen mucha superficie de piel al aire", lo que es un problema en relación con el viento y la sensación térmica que, si es muy fuerte, hace que el organismo pierda calor "mucho más rápidamente".

   Ante ello, apuesta por "protegerse con varias capas y taparse la cabeza con gorros". Además, considera que lo ideal sería consumir una comida "decente" al día y dormir "en un local o un sitio de interior", por lo que demanda "sensibilidad" y no expulsar a estas personas de las estancias de los cajeros automáticos.

   Lo que sí destierra con ímpetu el galeno es el consumo del alcohol, debido a que "puede dar una sensación engañosa de calor al ser calorías huecas, la temperatura es irreal". Además, advierte de que, si se consume en grandes cantidades, la persona deja de tener conciencia para buscar medidas contra el frío, como "huir del viento o hallar un lugar más cobijado o con techo".

   Por último, y en un ejercicio hipotético, Tranche se aventura a asegurar que las personas que están obligadas a ejercer la mendicidad tienen más riesgo vital del que tendría una persona con hogar si tuviera que pasar una noche a la intemperie. Sin embargo, concluye afirmando que, "probablemente", ésta última toleraría peor esa primera experiencia en la calle, ya que las personas 'sin techo' "son supervivientes".

El Partido Comunista chino formaliza la expulsión de sus filas de Bo Xilai

PEKÍN.- El Partido Comunista de China ha hecho oficial y definitiva la explusión de sus filas del político Bo Xilai, acusado de corrupción y encubrimiento del asesinato perpetrado por su esposa, Gu Kailai, del empresario británico, Neil Heywood.

   "La Séptima Sesión Plenaria del 17º Comité Central del Partido Comunista ha ratificado la decisión adoptada por el Politburó del Comité Central del Partido para expulsar a Bo Xilai de sus filas", informó la agencia oficial de noticias china, Xinhua, en un breve comunicado.

   La decisión de expulsar a Bo fue tomada inicialmente el pasado 26 de de septiembre, bajo la acusación de romper la disciplina de la formación política. El partido, además, ordenó su puesta a disposición judicial para determinar su implicación en la muerte de Heywood.

   Entonces, el PCCh acusó a Bo de "abusar de sus poderes" en el marco de la investigación judicial. "Sus actos han tenido graves repercusiones y han dañado extraordinariamente la reputación del partido y del Estado", dijo en un comunicado.

   Ambas decisiones allanaron el camino para que el Ministerio Fiscal presentara, ese mismo día, una acusación formal contra el veterano político por su implicación en la muerte del empresario británico, por la que podría ser condenado a una pena de prisión.

El Gobierno español quiere que los partidos tengan responsabilidad penal

MADRID.- El Gobierno español quitará a los partidos políticos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal y está dispuesto a abrir la puerta a sacar de las listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral. 

   Así lo ha adelantado en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal.

   El anuncio se ha formalizado como respuesta a la interpelación planteada por la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se ha mostrado satisfecha con los cambios prometidos. "Me ha alegrado la tarde", ha reconocido.  

   La líder de la formación magenta ha recordado que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el ránking mundial de la corrupción y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.

   En concreto, ha lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen, pues considera que, "aunque la inmensa mayoría de los políticos son personas altruistas y generosas", lo cierto es que actualmente se calcula que hay más de un centenar de imputados ocupando cargos públicos y "los partidos no toman las medidas necesarias para separar el trigo de la paja y para apartar las manzanas podridas".

   La segunda propuesta de UPyD es "derogar" los privilegios de los partidos políticos y, en concreto, sacarles de la lista de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.

   "Es un privilegio injustificado que no contribuye a combatir la corrupción --ha asegurado--. Carece de justificación que los partidos y los sindicatos estén exentos de responsabilidad penal porque son asociaciones privadas, deberían estar en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas".

   Gallardón recogió el guante de ambas propuestas. A su juicio, sólo el Estado, las instituciones de carácter público, pueden tener ese "privilegio" de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".

   "Sí, tiene toda la razón --ha replicado a Rosa Díez--. No es de recibo que los partidos políticos y los sindicatos estén exceptuados de responsabilidad penal. Eso será modificado por el Gobierno y los partidos y sindicatos serán tratados exactamente igual que el resto de personas jurídicas".

   En cuanto a la exclusión de los imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena", en lo que se conoce como "la pena del Telediario".

   "Da igual cómo acabe el proceso, al imputado ya se le ve como un condenado y eso no es lo que quiso la Constitución --ha añadido--. No debemos aceptar la terminología popular que identifica imputado con culpable, es mejor apreciar un indicio racional de criminalidad".

   A su juicio, "no puede ser" que el reconocimiento de unas garantías procesales se convierta en una condena previa hasta el punto de que una persona imputada, sin que medie condena alguna, pueda ser privada del derecho a ser elegido. "No podemos aceptar que un imputado sea privado de derechos", ha insistido.

   Es más, Gallardón ha recordado que, en el actual procedimiento abreviado, la mera interposición de una querella ya conduce a citar como imputado al denunciado, y ha remarcado que pudiera darse el caso de que alguien, "de forma torticera", interpusiese una querella en vísperas del plazo de presentación de listas para dejar fuera de la carrera electoral a una persona, lo que implicaría dejar la confección de las listas en manos de particulares.

   Por ello, el Gobierno prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de criminalidad".

   Rosa Díez ha aceptado las contraofertas del ministro y las plasmará en la moción que UPyD someta a votación en la próxima sesión plenaria ordinaria. "Es un gran avance --ha reconocido--. Me ha alegrado usted la tarde".

El Príncipe don Felipe ve "inaceptables" los niveles de paro en España

MADRID.- El Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, ha asegurado que la creación de empleo es "especialmente urgente y vital" para una sociedad que "acusa niveles de paro inaceptables, particularmente entre los más jóvenes que ven a menudo frustradas sus expectativas de futuro".

   El Príncipe ha hecho estas declaraciones en el marco de la III edición de los Premios de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (Seres) a la Innovación y el Compromiso Social.

   "Uno de esos valores, uno de esos impactos positivos fundamentales --en referencia a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)-- es la creación de empleo, una necesidad que, en la crisis actual, es especialmente urgente y vital para una sociedad como la nuestra que acusa niveles de paro y desempleo inaceptables, particularmente entre los más jóvenes que ven a menudo frustradas sus expectativas de futuro", ha señalado.

   En esta línea, el Príncipe ha agradecido que las iniciativas premiadas en esta edición estén enfocadas a "la meta que más se ansía conseguir: la de lograr trabajo para el mayor número posible de personas, de ciudadanos".

   Asimismo, ha explicado que la RSE es importante en la actualidad porque "la empresa es parte de la sociedad porque de ella surge, de ella se nutre y a ella se debe".

 "Por eso, una RSE bien entendida no solo debe tener un impacto social positivo real y apreciable, sino que debe también estar incorporada a las estrategias de las compañías, generando valor para todos, ciudadanos y empresas", ha proseguido.

   En este contexto, el Príncipe ha pedido que los galardonados sirvan de "muestra y ejemplo" para otras empresas, tanto grandes como PYMES. De hecho, ha afirmado que, si "numerosas" compañías españolas han logrado conquistar "posiciones de liderazgo en algunos de los sectores más punteros y tecnológicos gracias, entre otras razones, a su inversión decidida en innovación", España debe aspirar también a convertirse en "un referente en acción social en todo el mundo".

 "Esta es también una magnífica manera de hacer Marca España", ha aseverado.

Aminetu Haidar denuncia agresiones de la Policía marroquí en una protesta saharaui

EL AAIÚN.- La presidenta del Colectivo de los Defensores Saharauis de Derechos Humanos (CODESA), Aminetu Haidar, ha denunciado que policías al servicio del Gobierno marroquí han reprimido con dureza las manifestaciones convocadas en El Aaiún (Sáhara Occidental) para reivindicar la autodeterminación de la excolonia española y ha declarado que ella misma ha sido agredida por los agentes.

   Cientos de personas han salido a las calles de El Aaiún coincidiendo con la visita a la zona del enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, con quien la propia Haidar y otros activistas se han reunido este jueves por la mañana durante dos horas.

   Durante las marchas, en las que se ha defendido el derecho de los saharauis a decidir su futuro, las fuerzas de seguridad marroquíes han agredido a varios de los asistentes, incluido un anciano, ha explicado la presidenta de CODESA.

   La activista, según su propio relato, se ha acercado a dialogar con los agentes para advertirles de que "no tienen derecho" a reprimir a quienes se concentran "de forma pacífica". Varios policías comenzaron entonces a perseguirla y agredirla, ha recordado Haidar.

   "No hay ningún ciudadano marroquí, los que me han atacado son policías", ha explicado, al denunciar una violencia en la que ha recibido golpes en distintas partes de su cuerpo y en la que incluso llegó a ser amenazada con un cuchillo por uno de los agentes que proclamó: "Vamos a matar a la traidora".

 "Otros activistas me han protegido", ha indicado.

   Según Haidar, su coche también ha quedado destruido y su casa se encontraba este jueves por la tarde bajo "estado de sitio", rodeada por policías que le impedían, tanto a ella como a unas 40 personas más, abandonar la vivienda.

   Ross mantiene durante estos días reuniones con autoridades marroquíes y representantes saharauis en el marco de una visita que le llevará el sábado a Tifariti, enclave situado dentro de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que controla el Frente Polisario.

   El enviado de la ONU se ha reunido con Haidar y otros activistas en El Aaiún con intención de "buscar ideas" para las negociaciones, según la presidenta de CODESA. Durante el encuentro, Ross escuchó las tradicionales consignas de los colectivos saharauis que abogan por "respetar el derecho a la autodeterminación" de la antigua colonia, perseguir las "violaciones de Derechos Humanos" y promover la liberación de los presos políticos encarcelados en cárceles marroquíes, entre otros planteamientos.

   El portavoz del Gobierno marroquí, Mustapha el Jalfi, ha aprovechado la visita de Ross a la zona para reiterar el compromiso de Rabat con el "plan de autonomía" ya planteado, bajo el cual el Sáhara Occidental ganaría autonomía pero seguiría controlado por Marruecos.

   El Jalfi ha defendido en rueda de prensa "el carácter serio y creíble" de la propuesta de Rabat, según declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias MAP. En este sentido, ha subrayado que Marruecos sigue comprometido con el "diálogo" para "encontrar una solución al conflicto".

Dos policías franceses podrían ser juzgados por la muerte de dos adolescentes en unos disturbios

PARÍS.- El Tribunal de Casación, el más alto órgano judicial para apelaciones en Francia, ha anulado este miércoles la decisión de un tribunal de no juzgar a los agentes de Policía que persiguieron a los adolescentes Zyed Benna y Bouna Traoré, que murieron electrocutados en 2005 en extrañas circunstancias. 

   La muerte de Benna, de 17 años, y de Traoré, de 15 años, provocó protestas durante tres semanas en los barrios de la periferia parisina, conocidos como 'banlieue', en los que 300 edificios ardieron, 10.000 coches quedaron calcinados y 130 policías resultaron heridos por las quejas de la población de sentirse discriminados respecto a otras zonas.

   Esta decisión abre la vía a que se inicie un nuevo proceso contra los dos agentes que persiguieron a Benna y Traoré, que fueron exculpados por un tribunal de París hace un año por "falta de pruebas", según han informado medios locales.

   El Tribunal de Casación ha indicado que el organismo de la capital que se encargó del caso no certificó si los agentes conocían que los dos jóvenes habían entrado en una planta de la eléctrica EDF. Uno de los policías señaló por radio que "si ellos entran en EDF, no doy nada por ellos".

   La Fiscalía de París ha criticado la decisión debido a que los agentes no sabían que había un "peligro inminente" y , por tanto, no deberían enfrentarse a un nuevo juicio por "suposiciones vagas e hipótesis".

   El abogado de las familias de los fallecidos, Patrice Spinosi, ha indicado que "las fuerzas de seguridad no intentaron buscar a los niños en ningún momento para advertirle de que estaban en riesgo".

   Mohamed Mechmache, del colectivo Aclefeu, que se creó en el barrio a raíz de las protestas, ha señalado que la decisión "da esperanzas a las familias tras siete años".

 "Esta decisión va a dar a los jóvenes de los barrios un poco de esperanza en la justicia", ha asegurado.

Rusia aprueba la nueva ley que amplía el delito de alta traición

MOSCÚ.- La Cámara Alta del Parlamento ruso ha aprobado una reforma del código penal para, según los opositores, encausar por alta traición a cualquier ciudadano ruso que tenga contactos con extranjeros que pretendan socavar el Estado ruso.

   La nueva ley, que ya fue aprobada la semana pasada por la Duma y ahora debe ser ratificada por el presidente Vladimir Putin, incluye en el delito de alta traición el "garantizar apoyo financiero técnico o de cualquier otro tipo" a las personas que intenten dañar la seguridad de Rusia, así como "su sistema constitucional, soberanía, territorios e integridad del Estado".

   La norma amplía el alcance de los artículos relativos a traición para cubrir a organizaciones internacionales que, el subdirector del FSB, Yury Gorbunov, cree que son usadas como tapadera para actividades de espionaje debido al vacío legal existente hasta ahora.

   A partir de ahora se penará la obtención de secretos de estado mediante soborno, engaño, chantaje o amenazas de violencia física con multas de entre 200.000 y 500.000 rublos (entre 5.000 y 12.300 euros) o una pena de cárcel de hasta cuatro años.

   Los grupos declarados culpables de este delito se enfrentarán a entre tres y ocho años de prisión, si sus actividades implican el uso de la fuerza o tecnología especial, o si estas actividades tienen consecuencias particularmente graves, informa RIA Novosti.

   El partido opositor Rusia Justa ha señalado que el nuevo delito de alta traición supone que "casi cualquier ruso con contacto con extranjeros" podrá ser acusado. Activistas de Derechos Humanos aseguran que cualquier persona podría ser acusada si denuncia las políticas del Gobierno.

   Alexander Cherkasov, activista del grupo Memorial, aseguró la semana pasada que "la norma está diseñada para ser interpretada de forma arbitraria". "Imagina que comienzan a tomárselo en serio y aplican la ley a cualquier persona. Esto significa acabar con toda la vida social y política, así como con las relaciones a nivel internacional", denunció.

   El defensor de los Derechos Humanos en Rusia, Vladimir Lukin, nombrado por Putin, se ha puesto del lado de los críticos y ha asegurado que la nueva ley contradice el Derecho Internacional y la propia Constitución rusa al definir un delito de forma demasiado amplia para poder condenar a cualquier persona.

Ruiz-Gallardón dice que la Audiencia Nacional "no va a desaparecer"

MADRID.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado este martes que la Audiencia Nacional  "no va a desaparecer", aunque tendrá que adaptarse a la "nueva realidad", tras la entrega a la Sala de lo Penal y a la Fiscalía de este órgano del Premio Puñetas de Plata que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur).

   Ruiz-Gallardón calificó de "absolutamente merecido" un premio concedido a los jueces, fiscales y funcionarios de la Audiencia Nacional, de quienes alabó su "encomiable labor". Añadió que este trabajo se seguirá realizando porque el Estado de Derecho "sigue exigiendo responsabilidades" en clara alusión a la finalización del terrorismo de ETA.

   En este sentido, ha indicado que la Audiencia Nacional "no va a desaparecer" aunque habrá que adaptar sus funciones "a la nueva realidad", y que ello conllevará una "apuesta ambiciosa por el futuro".

   Con ello respaldaba lo dicho momentos antes por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia, Fernando Grande-Marlaska, quien señaló que plantear la desaparición de este órgano "supondría echar por tierra una gran labor de años para constituir el único tribunal europeo que maneja todas las coordenadas en materia de cooperación jurídica internacional".

   "Sin perjuicio de la profesionalidad y capacidad del conjunto de órganos judiciales españoles", ha continuado Grande-Markaska, "la desaparición de la Audiencia Nacional supondría también un balón de oxígeno para los grandes delincuentes que actúan en nuestro país".

La Unión Europea constata niveles "altos" de corrupción en Kosovo

BRUSELAS.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA) ha constatado niveles "altos" de corrupción en Kosovo y ha indicado, en un informe, que las ayudas de la UE y los Estados miembros para consolidar el Estado de Derecho en este territorio han tenido un impacto "limitado" y no han sido "eficaces".

   El órgano que fiscaliza el presupuesto de la UE recuerda en su informe sobre la eficacia de las ayudas a Kosovo en el ámbito del Estado de Derecho que el territorio balcánico ha recibido 3.500 millones de euros de donantes, de ellos dos tercios procedentes de la Comisión Europea y de los Estados miembros entre 1999 y 2007, y recibió otros 1.200 millones de la UE entre 2007 y 2011 en fondos de preadhesión y a través de la misión de la UE en Kosovo (EULEX).

   El tribunal denuncia en su informe que los niveles de delincuencia organizada y de corrupción "se mantienen altos" en Kosovo, mientras que el poder judicial del país "sigue adoleciendo de injerencia política, ineficiencia y falta de transparencia y de cumplimiento de sus resoluciones". Asimismo, lamenta que "apenas se ha avanzado en la instauración del Estado de Derecho en el norte de Kosovo", de mayoría serbia.

   Además, insiste en que las ayudas en el ámbito aduanero, la asistencia a la policía y al poder judicial han tenido "un éxito moderado".

   El órgano fiscalizador cree que las intervenciones de la UE en Kosovo han tenido "resultados limitados" para resolver el problema de la corrupción, que sigue "prevaleciendo en muchos ámbitos", y lamenta que los órganos de control establecidos tienen capacidades "limitadas" y "competencias solapadas".

   Asimismo, ve problemas en el control de la contratación pública porque están implicados directamente "órganos centrales" y consider que el hecho de que existan más de 150 entidades adjudicadoras "incrementa el riesgo de corrupción".

 "La UE no ha abordado este problema ni en su asistencia ni en el ámbito político", lamenta el tribunal en su informe.

   También lamenta "la limitada capacidad de protección de los testigos clave en casos destacados" de crímenes de guerra por parte de Prístina y su dificultad para trasladarles al extranjero, que constituyen "un grave problema".

   El autor del informe, Gijs de Vries, ha lamentado que las autoridades de Kosovo conceden en su opinión una prioridad "insuficiente" al Estado de Derecho e insiste en que el apoyo de la UE en este ámbito "debería ser más eficaz".

   El Tribunal de Cuentas, que atribuye "la eficacia limitada de la asistencia de la UE" entre otros a "las circunstancias específicas de Kosovo tales como el bajo nivel del que partía la independencia para construir un Estado de Derecho" a pesar de la contribución de la UE al desarrollo de sus capacidades, admite que el incentivo de la potencial adhesión de Kosovo a la UE "está amenaza por la ausencia de una posición común de la UE sobre su independencia", no reconocida por cinco Estados miembros, incluida España, algo que no ocurre en el resto de los Balcanes occidentales.

   Además, el tribunal considera que si el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea y la Comisión Europea hubieran garantizado "una mejor gestión" por su parte se "podría haber logrado una mayor eficiencia de la asistencia de la UE".

   El órgano fiscalizador también lamenta que los Estados miembros no hayan enviado "suficiente personal" para la misión policial y judicial de la UE en Kosovo y hayan enviado personal durante "períodos demasiado cortos y sin conocimientos suficientes" y recuerda que la cooperación entre la Oficina de Policía Europea y EULEX está sujeta a "restricciones legales".

   El Tribunal pide entre otros "mejorar los mecanismos de coordinación de la UE, incluso con la comunidad internacional" para mejorar la eficacia de las ayudas y también que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea mejoren el diálogo y las condiciones políticas de las ayudas en el futuro al considerar que el apoyo de la UE a Kosovo debe estar "ligado a criterios de referencia concretos" y tener en cuenta "los objetivos de seguridad interior de la UE".

   Por ejemplo, el órgano fiscalizador recomienda utilizar la perspectivas de negociar un acuerdo para eximir de visados a los kosovares que viajen a la Unión como un "incentivo" para fortalecer el Estado de Derecho en Kosovo y pide concentrarse en las condiciones prioritarias al considerar que los 95 criterios fijados por Bruselas para cerrarlo puede reducir dicho incentivo.

Prohiben en Bahrein protestas contra la monarquía

MANAMA.- La monarquía de Bahrein prohibió hoy todas las manifestaciones públicas en su contra mediante un comunicado del Ministerio del Interior, que se abstiene de precisar cuáles serán las penalidades para quienes violen la disposición. El propósito de la restricción es proteger la unidad nacional y estará vigente hasta tanto se recupere la seguridad, dice el texto en alusión a las protestas públicas iniciadas el año pasado contra la casa reinante.

A ésta los manifestantes acusan de gobernar el país en beneficio propio y de tener sumida a la ciudadanía en la pobreza, en especial a los miembros de la mayoritaria comunidad chiíta.

Varios médicos de esa secta musulmana fueron arrestados y condenados a largas penas de prisión por atender en hospitales públicos a los manifestantes heridos por la policía durante los disturbios.

Las autoridades prohibieron desde febrero de 2011 que los heridos y contusos por la represión policial fueran admitidos en los centros médicos.

La semana pasada la policía se lanzó contra concentraciones y marchas populares en esta capital y otras localidades, convocadas para pedir la excarcelación de los galenos y de los arrestados por asistir a las protestas, algunos de los cuales murieron mientras se encontraban en prisión.

Según el presidente del CGPJ, movilizaciones y huelgas "no son la vía para conseguir cosas"

MADRID.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha realizado este martes una valoración negativa del acuerdo alcanzado por las asociaciones de jueces y fiscales para llevar a cabo diversas medidas de protesta como cortar automáticamente las vistas cuando sean las 14.00 horas, en protesta por la "inasumible" carga de trabajo que soportan los juzgados españoles.

   A juicio de Moliner, "ir por movilizaciones y por huelgas no es la vía para conseguir cosas", si bien reconoce que "los jueces son los jueces son personas humanas que tienen derecho a proponer lo que quieran".

   Las cuatro asociaciones de jueces y las tres organizaciones de fiscales han mostrado este martes su sintonía para denunciar la situación "permanente de crisis" que sufre la Administración de Justicia desde inicios de la democracia, a la que se ha acompañado un aumento del 50 por ciento de la litigiosidad en plena crisis económica.

   Este aumento de la litigiosidad se refleja en asuntos como el de los desahucios promovidos por las entidades financieras. Según Moliner, en alusión al informe de siete jueces que criticaba el actual sistema de desahucios y que no ha sido asumido por el órgano de gobierno de los jueces , el asunto es "muy grave", pero "es un tema de legislación en el que el Consejo no puede entrar en valoraciones legislativas".

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.

   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.

   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".

   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.

   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.

   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  

   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.

   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.

   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.

   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.

   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.

   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.

   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).