lunes, 26 de noviembre de 2012

Neoliberalismo (I): rasgos generales de la globalización

“Globalización” consiste en que el conjunto de mercaderes de las grandes urbes internacionalistas, decide gobernar el mundo entero como si de una enorme empresa se tratase. Las exigencias de esta mega-empresa global son acabar con todo tipo de fronteras (frenando a las personas, pero si dejando la libre circulación de mercancías y capitales), restricciones, particularidades territoriales, culturas tradicionales, soberanías nacionales o recursos productivos. Como una secta, la globalización extirpa al individuo de su marco habitual, plantándolo de sopetón en una nueva sociedad gris, homogénea pero con desigualdad de oportunidades y mentalmente uniforme, y encargándose de lavarle el cerebro para que jamás vuelva la cabeza hacia atrás: sólo puede aceptar la esclavitud quien no conoce otra cosa.

La globalización pide que los aparatos estatales sean organismos cada vez más débiles, corruptos, dependientes, decadentes y endeudados, que los Estados carezcan de un carácter autosuficiente, soberano y nacional, y que se vean subordinados a organismos mundialistas (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, Naciones Unidas, Unión Europea, diversos bancos, logias de todo tipo, think-tanks, etc.) para que no defiendan sus propios intereses, integrándose sin rechistar en las directrices cuasi-dictatoriales de los mercachifles de Wall Street, la City y Frankfurt.
La globalización exige también una libre circulación de productos, empresas, mano de obra, materias primas, información e ideas. Cuando estos recursos se hallan en manos de un Estado hermético y éste no quiere regalarlos, ni siquiera bajo soborno, a las megaempresas transnacionales, la maquinaria mundialista le hace la guerra a ese Estado, hasta que logra “liberalizar” sus recursos y ponerlos en circulación por la red global en lugar de permitir que los beneficios vayan a mejorar las condiciones de vida del pueblo de turno. En la práctica, “los mercados” cogen al país de turno, lo lo violan, lo saquean y venden sus recursos al gran capitalista de turno.



¿Por qué hay tropas españolas estacionadas en Afganistán y Líbano y no en el Sahara Occidental? ¿Por qué traemos manzanas de Chile o naranjas de Argelia, gastando una millonada en queroseno y petróleo (y liquidando todo nuestro propio sector primario), cuando podríamos cultivarlas en el patio de la casa del vecino? ¿Por qué aceptamos el usar a niños esclavos para producir cosas que podemos producir localmente? ¿Por qué tenemos una dependencia total y absoluta del petróleo ajeno en lugar de producir nuestra propia energía? ¿Por qué están nuestras empresas buscando en el extranjero mano de obra más barata, dejándonos a nosotros en el paro y fomentando la neoesclavitud? ¿Por qué se están llenando nuestras ciudades de negocios basados en las mafias y con privilegios que no puede ni soñar el ciudadano de a pie? ¿Por qué se permite la entrada masiva de multinacionales y grandes empresas que se cargan sistemáticamente a las otrora dignas PYMEs y autónomos de barrio (cada día desaparecen una media de 268), creadores del 80% del empleo en España? Y finalmente, ¿por qué se hemos aceptado que se estén destruyendo los derechos laborales que nuestros antepasados sólo conquistaron tras décadas de duras luchas obreras?
La globalización es la respuesta a todas estas preguntas. El neoliberalismo es el vehículo actual para ello y su vertiente extrema (deriva que trata de imponerse desde los órganos mundialistas), el anarcocapitalismo, el fin a conseguir.
Los procesos mundialistas siempre han venido de la mano de corporaciones multinacionales, poderosas entidades apátridas que flotan en el éter abstracto de “los mercados” como una nube que se encuentra por encima del bien y del mal, y que ―a pesar de provocar guerras, crisis y cosas peores― no están sujetas a ley alguna, no responden ante nadie, mandan callar a los presidentes, manipulan a los pueblos, poseen mejor información que los servicios de Inteligencia y no le deben lealtad a ningún gobierno, antes bien, son los gobiernos los que (en las economías neoliberales capitalistas) trabajan para ellas.
La deslocalización empresarial es uno de los efectos directos de la globalización. En la práctica, se reduce a “evasión de capital y medios de producción a países con mano de obra barata y sumisa”.
Y es que “globalizar” implica liberalizar el mundo empresarial, permitiendo cualquier cosa con tal de obtener productos baratos que se produzcan y consuman a cada vez mayor velocidad. El efecto de esta política neoliberal ha sido que miles de empresas sin escrúpulos han abandonado sus lugares de origen en Occidente para instalarse en países orientales (China, India, Indonesia, Malasia, Bangladesh, etc.) donde la mano de obra es muchísimo más abundante, barata y sumisa que en el Primer Mundo.
El actual sistema busca instintivamente un filón a explotar, y cuando el filón se acaba o “pasa de moda”, se dirige al siguiente como un ermitaño. Durante mucho tiempo, Occidente fue el filón a explotar. Ahora la consigna es mano de obra oprimible y empresas totalmente libres de cualquier regulación estatal: el nuevo filón es Asia Oriental. De ese modo, el capitalismo salvaje, despojado de ataduras, es el responsable directo del ascenso de los regímenes explotadores y fundamentados en la neoesclavitud. Si en vez de una enorme economía global competitiva existiesen infinidad de economías independientes, proteccionistas, “de circuito cerrado” y cooperativas, jamás podría darse esta situación.


En España, para esconder las cifras de paro provocadas por las deslocalizaciones empresariales y el desmantelamiento de nuestra potencia agrícola e industrial, el Gobierno (presionado siempre por “los mercados”) ha subvencionado el turismo masivo, la hostelería, la burbuja inmobiliaria e incluso la burbuja estudiantil. Con ello, el partido de turno ha logrado meter bajo las designaciones “obrero de la construcción” y “estudiante” a un montón de personas que no tenían perspectivas reales de trabajo, por la ausencia de una economía verdaderamente productiva. Era obvio que este panorama no podía prolongarse indefinidamente, pero eso poco importa en un sistema donde los gobernantes sólo piensan en términos de cuatro años como mucho.

http://www.asociaciondry.org/?p=2612

El propio don Juan Carlos autorizó la visita de Urdangarín al monarca

MADRID.- La visita que el yerno del rey Iñaki Urdangarin hizo este domingo a Don Juan Carlos en el hospital donde se recupera de la operación de cadera se produjo a iniciativa de su esposa, la infanta Cristina, quien el sábado comunicó a su padre que era su intención acudir al centro sanitario junto a su marido.

Así lo han indicado hoy fuentes de la Casa del Rey, según las cuales la infanta habló el sábado con el monarca y le anunció que deseaba hacerle una visita junto a su esposo, a lo que Don Juan Carlos no puso inconveniente.

La presencia de Urdangarin en el hospital ha despertado gran expectación habida cuenta de que desde diciembre del año pasado está apartado de la agenda oficial de la Familia Real.

Su aparición se produce además en la misma semana en la que se ha conocido que el fiscal pide una fianza de 8,2 millones de euros para él y para su exsocio Diego Torres en el llamado caso Noos.

Las fuentes han explicado que el hecho de que Urdangarin haya acompañado este domingo a su esposa al centro sanitario no comporta cambio alguno en el estatus del esposo de la infanta Cristina, que desde hace un año no participa en actos oficiales.

La convalecencia del rey ha reunido en el hospital a la Familia Real casi al completo, ya que han ido a verle la reina, la infanta Elena, los Duques de Palma, acompañados de su hijo mayor, Juan Valentín, y los príncipes de Asturias con sus hijas, las infantas Leonor y Sofía.

¿Por qué Whatsapp no funciona en el epicentro de las manifestaciones?

 MADRID.- Ni llamadas, ni mensajes, ni tuitear, ni «wassappear». En las manifestaciones multitudinarias, de las que sobre todo Madrid ha sido protagonista en el último mes, la comunicación se ha tornado imposible en la era más digital. Es necesario alejarse del barrullo lo suficiente —a una distancia en la que ya apenas se distingan las consignas— como para que tu móvil, y en concreto tu conexión a internet, vuelva a la vida, se escribe en Abc

No faltan escépticos que elucubran sobre las posibles razones de ese «apagón tecnológico» pasajero. Y de hecho, la teoría más extendida es la de los inhibidores de frecuencia —también llamados perturbadores— empleados por la policía. Según algunos manifestantes, los antidisturbios podrían emplearlos para sabotear las comunicaciones entre los asistentes, precisamente porque gracias a plataformas como Whatsapp, Twitter o Facebook se puede movilizar a la gente de forma gratuita, masiva e instantánea. También porque permiten informar al minuto de lo que está sucediendo —cargas policiales, detenciones— con fotos y vídeos.
Pero al parecer, nada tiene que ver con los inhibidores de frecuencia. Según explican fuentes de Telefónica, el colapso de las redes de datos —3G— se debe al «exceso de demanda de ancho de banda en un espacio y momento concretos». Es similar a lo que ocurre en una carretera: los coches circulan con normalidad hasta que por esa carretera deciden circular muchos más vehículos. Entonces, se produce un atasco.
Es por eso que los usuarios piden a los vecinos más próximos a las manifestaciones que «abran» durante unas horas sus redes wifi al público para que las líneas móviles no se saturen.
Fuentes policiales sostienen esta misma tesis y niegan rotundamente que los inhibidores se empleen para cortar las comunicaciones durante las concentraciones. De hecho, tampoco los furgones policiales portan este dispositivo. «Es posible que en el recorrido de una manifestación haya inhibidores, porque los hay en diferentes lugares que, por seguridad, no se puede decir cuáles son». Los perturbadores se emplean para evitar ataques terroristas o espionaje, y se colocan en determinados edificios y vehículos oficiales donde existan estos riesgos. Así, es muy probable que en un lugar como el Congreso de los Diputados estén instalados y puedan afectar a las transmisiones, aunque en casos como éste el colapso se debe, fundamentalmente, a la multitud.

¿Qué es un inhibidor y cómo funciona?

Se trata de un dispositivo electrónico que impide u obstaculiza las transmisiones radioeléctricas en un determinado nivel de frecuencias mediante la emisión de una señal de mayor potencia que la del emisor que quiere transmitir. Es decir, que si tratas de enviar un mensaje, la potencia de tu señal será menor que la del inhibidor, por lo que quedará bloqueada y no llegará a tu receptor.
Aunque en ocasiones las teorías «conspiranoicas» nos puedan parecer excesivas, a veces están fundamentadas. La «gran manzana» de la comunicación ya ha creado una patente que permite deshabilitar algunas funciones de sus dispositivos en determinados lugares.
La compañía pretende que los aparatos entren en modo avión o hibernen para que no molesten en lugares como museos, cines, hospitales... La polémica ha llegado después de que Apple desvelase que esta herramienta podrá ser utilizada por el gobierno o por la policía para bloquear las funciones de grabación (imagen y sonido) de los dispositivos en algunos actos como manifestaciones o concentraciones. Lo que hasta ahora era un mito podría convertirse en realidad.

Eurocracia / Jesús Andrés

Si preguntáramos en la calle pocos podrían contestar qué asuntos se tratan en Bruselas, qué competencias asume el Parlamento europeo (formado por 751 diputados), o de qué herramientas disponemos para controlar a esa hidra de varias cabezas. Lo único que sabemos es que a 1.500 km de aquí un Parlamento, una Comisión y diversos organismos legislan en la más absoluta opacidad sobre asuntos que posteriormente acatamos sin saber cómo ni por qué. Una corte de ‘ilustres’ políticos, la mayoría de ellos sobrantes de la circulación nacional, que en 2012 nos costó la friolera de 147.000 millones de euros. 
  • La pertenencia a ciegas de ese selecto club sin reclamar a cambio el sometimiento de la clase política europea a unas reglas claras de juego ha permitido a nuestros eurorepresentantes nadar en la más absoluta impunidad.Sólo de vez en cuando conocemos casos de corrupción imposibles de ocultar, como el del ex comisario de sanidad, John Dalli, quien se vio obligado a dimitir el pasado mes de octubre tras ser vinculado a una trama de tráfico de influencias. Eso sí, no se irá con las manos vacías. Su mala praxis ha sido premiada con una pensión vitalicia de más de 2.000 euros al mes. Una muestra de lo que se cuece en Bruselas y que no podríamos entender sin conocer el informe Galvin, una auditoría interna que hizo temblar los cimientos de la UE en 2008 pero que muchos se han encargado de que pocos la conozcan.

    El documento, de 92 páginas, pretendió arrojar luz sobre la utilización que los 750 europarlamentarios (sin tener en cuenta al presidente de la cámara) hacían de los presupuestos para gastos. Según la laxa normativa europea, cada representante del Parlamento puede contratar a un asistente personal, nombrado a dedo y que hasta hace escasos años, incluso, podía ser miembro de la familia. Para ello cada europarlamentario dispone de un partida anual y exclusiva de 19.709€.

    Estalla el escándalo
    Los resultados de la auditoría fueron tan escandalosos, que sus señorías se vieron obligadas a declarar el informe Galvin alto secreto para salvaguardar “el buen nombre” de las instituciones europeas. Sin embargo, y gracias a la asociación inglesa contra el fraude Taxpayer’s Alliance, pudimos acceder al documento que revelaba hechos tales como pagos a asistentes no acreditados en el Parlamento, pagos a empresas de políticos, desvíos de dietas de viaje, desvíos de partidas para financiar a partidos políticos y conflictos de intereses entre muchas otras irregularidades.

    En total, el informe Galvin calcula que los eurodiputados podrían haber desviado por legislatura 117.000 euros en dietas, 489.000 euros en asistentes, 243.000 euros en gastos de oficina, 60.000 euros en viajes y 356.000 euros en gastos de pensión. Tras el estallido del escándalo en 2008, el Parlamento Europeo aparentó reforzar las medidas de control excluyendo del acceso a los cargos de asistente a los familiares de diputados. Algo lógico pero que, aún así, recibió el voto contrario de 202 europarlamentarios.

    Gastos de oficina
    A día de hoy Robert Galvin, autor del informe, asegura que siguen existiendo irregularidades en las instituciones europeas. Su último estudio ha detectado fraudes contables, pagos dobles y adjudicaciones de contratos que violan las políticas de concesión. 

domingo, 25 de noviembre de 2012

Inmigrantes y jóvenes impulsan el movimiento independentista catalán

BARCELONA.- La independencia de Cataluña puede parecer una romántica locura para los de fuera. La región española puede remontarse a la Edad Media para encontrar motivos históricos que justifiquen la separación de su territorio del resto de España.

No es tanto la identidad cultural la que ha dado una nueva vida al movimiento secesionista, como la frustración por los impuestos, el desempleo y la recesión.
Un número cada vez mayor de ardientes defensores de la independencia catalana ni siquiera tiene sus raíces en la región.
Son inmigrantes del resto de España que han abrazado el separatismo porque creen que Cataluña, históricamente una potencia económica, será más próspera por su cuenta.
Los economistas ponen en duda ese argumento. Sin embargo, cierto o equivocado, serán clave cuando los votantes elijan un nuevo gobierno en las elecciones del domingo que se han convertido en una consulta sobre un referéndum de independencia.
Se esperaba que CiU y otros tres partidos pro-independentistas de todo el espectro político obtuviesen una mayoría de dos tercios en el parlamento regional pero no ha sido así.
Esa mayoría no conseguida respaldaría el compromiso de Mas de convocar un referéndum de independencia que desafiará la Constitución española.
Con España inmersa en una recesión y un desempleo galopante del 25 por ciento, los catalanes están cada vez más descontentos con Madrid, que se niega a renegociar el actual sistema tributario.
Dicen que Cataluña sería capaz de invertir en creación de empleo los 16.000 millones de euros de sus ingresos fiscales que se queda el gobierno central cada año.
Entre los 7,5 millones de habitantes de Cataluña hay tres millones con raíces fuera de la región. Los sondeos muestran que cada vez más esos inmigrantes o hijos de inmigrantes apoyarían la creación de un Estado independiente.
Un sondeo del centro oficial de estadísticas catalán indicó este mes que el 80 por ciento de los adultos cuyos padres son catalanes apoyan la independencia. Y un 41 por ciento de los adultos con padres no-catalanes también quieren la independencia, frente al 25 por ciento de junio de 2011.
Esos conversos han ayudado a impulsar el apoyo general a la independencia por encima del 50 por ciento por primera vez.
En el pasado, los inmigrantes andaluces en los 'guetos' de habla castellana en las afueras de Barcelona sufrían la discriminación y se les llamaba despectivamente "charnegos", una especie de perro en catalán.
Pero sus hijos hablan catalán y añoran los años en los que la comunidad creaba trabajo para la gente de toda España.
Muchos catalanes reconocen que la independencia plena puede ser imposible de lograr, porque la región probablemente tendría que salir de la Unión Europea - arriesgándose a un desastre económico - y porque el resto de España va a dar la batalla por la unidad.
Sin embargo, los sondeos muestran que a una gran mayoría le gustaría tener el derecho de votar en un referéndum. Una marcha pro-independencia el 11 de septiembre de aproximadamente un millón de personas reflejó el crecimiento del movimiento.
El secesionismo es especialmente fuerte entre los jóvenes. Según la encuestadora Metroscopia, alrededor del 60 por ciento de los votantes entre 18 y 35 años apoyan la causa. El desempleo es más alto entre los jóvenes.
"El debate se ha alejado de ser meramente un debate sobre la independencia de Cataluña a un debate económico más amplio", dijo María José Hierro, experta en Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra.
Las encuestas muestran que el apoyo a la independencia cae cuando la gente piensa en la posibilidad de tener que abandonar la Unión Europea.
Y muchos catalanes, inmigrantes y nativos, están molestos ante la perspectiva de tener que elegir entre ser catalán o español, ya que se sienten ambos.

Afectados por las opciones preferentes presentarán una denuncia ante la Eurocámara

SANTIAGO.- El BNG recibe este lunes en el Parlamento Europeo a una delegación de representantes de las plataformas de afectados por las estafa de las preferentes, que acude a Bruselas para presentar una denuncia ante la Comisión de la Eurocámara.

   De ello ha informado el BNG en un comunicado, en el que ha detallado que esta visita esta auspiciada tras las solicitudes de los afectados realizadas en un encuentro mantenido el pasado 16 de noviembre con el portavoz parlamentario, Francisco Jorquera, el diputado Carlos Aymerich y la eurodiputada Ana Miranda.
   De este modo, los afectados podrán conocer de primera mano el proceso de presentación de la denuncia ante Bruselas y de familiarizarse con todo el recorrido que atravesará la denuncia que llegará desde la Comisión de Peticiones, hasta que los ciudadanos comparecen para explicar el caso ante los eurodiputados y el posterior dictamen por parte del Parlamento.
   En este sentido, el grupo estará formado por un total de 20 representantes de las plataformas de Lugo, Santiago, O Salnés, Baixo Miño, Ferrolterra, Moaña, Morrazo, Condado-Louriña-Paradanta, Redondela-Arcade, y organizaciones como Adicae-Vigo y Agaprofi A Coruña-
   Además, conforme ha avanzado el BNG acompañados por Ana Miranda, mantendrán reuniones con responsables de la Comisión Europa y de la Comisión de Peticiones.

Hasta 18.000 personas se manifiestan en Dublín contra los recortes

DUBLÍN.- Hasta 18.000 irlandeses salieron ayer sábado a las calles de Dublín, la capital, para protestar contra los recortes que el Gobierno del primer ministro, Enda Kenny, pretende introducir en los Presupuestos de 2013.

   La manifestación ha sido convocada por el Sindicato de la Administración de Dublín, si bien personas ajenas a este organismo también han secundado la marcha, según ha informado la cadena pública irlandesa RTé. La Policía irlandesa ha reducido la asistencia a 10.000 personas.
   Al término de la protesta, el presidente del Congreso de Sindicatos Irlandeses, Eugene McGlone, ha abogado por convocar una huelga general contra la política de austeridad del Gobierno y los recortes en el gasto público.
   Otros dirigentes sindicales, como Jack O'Connor, presidente del Sindicato de Servicios Técnicos e Industriales Profesionales, han hecho hincapié en que, para celebrar un paro general, hay que convencer a una ingente mayoría de los trabajadores que los objetivos que se persiguen con dicha protesta son creíbles y una mejor alternativa.
   No obstante, ha habido representantes sindicales que han expresado sus discrepancias sobre el llamamiento a una huelga general, lo que ha exacerbado las tensiones en el ya de por sí dividido sector sindical irlandés. Algunos manifestantes han interrumpido el discurso de McGlone.

Miles de manifestantes acampan en la plaza Tahrir de El Cairo para protestar contra Mursi

EL CAIRO.- Miles de activistas contrarios al presidente Mohamed Mursi han acampado hoy en la emblemática plaza Tahrir mientras se reproducen por séptimo día consecutivo los enfrentamientos entre manifestantes y Policía.

   "Hay unas 10.000 personas en Tahrir ahora mismo. Están coreando consignas contra los Hermanos Musulmanes y piden la revocación de la nueva declaración constitucional emitida por el presidente", ha afirmado un portavoz de los Revolucionarios Socialistas, Ahmed Nur, en declaraciones al diario estatal egipcio 'Al Ahram'.
   "Hay unas 30 tiendas en la plaza Tahrir, cinco más que ayer. Hay algunos enfrentamientos de poca importancia entre los manifestantes y otras personas, que creen afines a los Hermanos Musulmanes", ha añadido.
   Esta tarde los principales disturbios se han producido en torno a la plaza Simón Bolívar, cerca de la Embajada de Estados Unidos, según Nur, que ha destacado la respuesta popular al decreto de Mursi, por el que se blinda ante cualquier decisión judicial.
 
 Detenidos 267 manifestantes en los últimos disturbios
 
Un total de 267 personas han sido detenidas en El Cairo en los disturbios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes congregados para conmemorar el primer aniversario de los hechos de la calle Mohamed Mahmud, donde murieron 45 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad durante una protesta contra el Ejército.    Además de los detenidos, hay 164 policías heridos, según los datos del Ministerio del Interior, recogidos por el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.
   De ellos, 36 resultaron heridos durante los disturbios registrados durante la noche del sábado en la calle Qasr al Aini, donde hoy las fuerzas de seguridad han levantado un muro de hormigón para proteger las sedes del Gobierno, del Consejo de la Shura, la Cámara Alta del Parlamento egipcio; y de la Asamblea Popular, la Cámara Baja.
   La manifestación por el aniversario se ha visto alimentada por la promulgación del polémico decreto del pasado jueves por el que el presidente Mohamed Mursi se blinda a él y a la Asamblea Constituyente controlada por los islamistas ante cualquier posible decisión judicial.
   Precisamente este domingo un destacado miembro de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Abdel-Qoodous, ha manifestado su rechazo al decreto presidencial. Abdel-Qoodous, quien también preside la Comisión de Libertades del Sindicato de Periodistas, ha expresado su oposición a través de su cuenta en Twitter.
   "Lo lamento, señor presidente. A pesar de que pertenezco a los Hermanos soy un hijo de la revolución de la libertad y rechazo esta medida que le otorga poderes absolutos sin importar razones o el tiempo que vaya a ser operativa", ha indicado.

Una protesta de la oposición tailandesa se salda con 61 heridos y 137 detenidos

BANGKOK.- Los enfrentamientos en los que han degenerado una multitudinaria protesta celebrada la noche del sábado en Bangkok, la capital de Tailandia, contra el Gobierno se ha saldado con 61 heridos y 137 detenidos. Como consecuencia, el líder del principal partido opositor y convocante de dicha protesta, Boonlert Kaewprasit, ha dimitido por la violencia y la baja participación.

   La manifestación se había alargado durante algo más de ocho horas, en la que la que el número de policías, unos 20.000, superaban en número a los manifestantes, según los medios locales.
   La cifra de asistentes oscila de los 20.000, de acuerdo con la Policía, y los 50.000, según el partido opositor Pitak Siam. No obstante, ninguna de estas cifras consiguen rebasar la asistencia a la manifestación del pasado mes y que Boonlert se había fijado como objetivo y argumento principal que refrendara sus proclamas contra el Gobierno.
   En una comparecencia ante sus seguidores y los medios de comunicación bajo una intensa lluvia, el general Boonlert ha deplorado el elevado balance de heridos y detenidos, así como el seguimiento de la movilización.
   "El general Boonlert ya está muerto. He perdido ante el demonio", ha declarado el líder de Pitak Siam, que ha dicho que no volverá a encabezar a la formación opositora, según los medios locales.
   Boonlert ha achacado el fracaso de la movilización en parte a los esfuerzos de las autoridades tailandesas de impedir que muchos manifestantes lograran llegar a la plaza Real, el céntrico enclave donde el millón de opositores debían de clamar contra el Gobierno tailandés.
   En este sentido, Boonlert ha denunciado que partidarios del Pitak Siam procedentes de todo el país han sido bloqueados durante su viaje hacia Bangkok en las principales carreteras de acceso a la capital.
   Boonlert ha expresado su preocupación por el estado de muchos de los heridos, al saber que la Policía antidisturbios ha disparado bombas de gas lacrimógeno para amainar los altercados desatados durante la manifestación.
   El líder opositor ha decidido poner fin a la protesta debido al fuerte despliegue policial ordenado por el Gobierno de la primera ministra Yingluck Shinawatra, que avisó que esta movilización representaba un intento de derrocar al Ejecutivo tailandés.
   "Si la marcha continúa, hay un riesgo de que los manifestantes pierdan sus vidas", ha advertido Boonlert.
   Boonlert ha acusado a la Policía de disparar fuego real, alegando que algunos de los manifestantes han recogido balas de los lugares de la protesta.
   Un portavoz del Pitak Siam Vachara Riddhagni ha resaltado el carácter pacífico de la protesta y ha señalado al Gobierno tailandés como culpable de los altercados.
   Por su parte, el jefe de la Policía Nacional tailandesa, Adul Saengsingkaew, ha acusado a los manifestantes de comenzar los disturbios, justificando el uso de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
   Muchos de los asistentes, ha recriminado Adul, comenzaron a lanzar objetos contra los policías y ha tratar de derribar las vallas protectoras.
   En base a los datos de la Policía tailandesa, alrededor de 12.000 opositores lograron entrar pacíficamente a la céntrica plaza Real y unos 5.000 se han enfrentado a los agentes antidisturbios en las barricadas que delimitaban el paso de la marcha.
   El primero de los capítulos de violencia se ha registrado frente al puente Makawan Rangsan, ubicado cerca del Parlamento. En segundo lugar, las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos contra algunos manifestantes que intentaron atravesar una segunda barricada ubicada en la intersección de Miskawan, también incluida en las zonas restringidas por el Gobierno.
   Al margen del cierre de nueve calles del centro, una segunda orden ha restringido durante este sábado el tráfico de vehículos en otras tantas calles, mientras que una tercera prohíbe a la gente portar armas en la vía pública. Hasta 53 puestos de control se han establecido en la capital tailandesa.
   La primera ministra Yingluck invocó el pasado viernes la Ley de Seguridad Interna en tres distritos de Bangkok, una medida que otorga a las fuerzas de seguridad mayores poderes para bloquear parte de la ciudad, imponer el toque de queda o incluso prohibir las protestas.

Las comunidades de vecinos soportan impagos en España por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.
   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".
   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.
   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.
   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.
   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".
   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.
   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.
   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.
   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".
 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".
   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".
   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.
   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".
   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.
   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".
   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".
   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.
   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".
   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.
   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".
   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".
   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".
   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.
   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".
   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.
   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".
   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.
   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".
   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

El Gobierno español estudia que los chalecos de los policías lleven obligatoriamente número de identificación personal

MADRID.- El Gobierno español prepara cambios para que los chalecos de los policías lleven obligatoriamente el número de identificación personal, según explica en una respuesta parlamentaria a la pregunta del diputado de IU Gaspar LLamazares.

   En el texto, el PP señala que la Dirección General de la Policía ha incluido en los pliegos de Prescripciones Técnicas para la adquisición de chalecos antigolpes la obligatoriedad de incorporar el emblema y un espacio donde ubicar el número de identificación personal correspondiente.
   En un comunicado, IU recuerda que Llamazares dirigió al Ejecutivo a finales de septiembre una pregunta parlamentaria compuesta por una batería de cuestiones concretas a raíz de los incidentes ocurridos en la concentración del 25S en las inmediaciones del Congreso.
   "¿Por qué el Gobierno no ha hecho cumplir a los agentes policiales con su obligación de llevar su distintivo de identificación? ¿Considera el Gobierno que esta obligación es prescindible por razones de seguridad", preguntaba el diputado.
   La ley obliga ahora a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a llevar visible su número profesional, algo que "es sistemáticamente vulnerado con el respaldo de sus responsables políticos y policiales, como se ha comprobado en las sucesivas manifestaciones desarrolladas en los últimos meses", según IU.

Activistas se "amordazan" en Sol para denunciar la "represión" a los movimientos sociales

MADRID.- Decenas de activistas realizaron ayer sábado una 'performance', permaneciendo una hora "amordazados" y "maniatados" en la Puerta del Sol, para denunciar simbólicamente la "represión" que a su juicio están padeciendo los movimientos sociales.

   Con este acto la organización internacional Igualdad Animal ha querido hacer un llamamiento "sobre la actual situación de represión global hacia las libertades de expresión e información que padecen tanto la prensa como los movimientos sociales de todo el mundo".
   Según informa Igualdad Animal, la 'performance' tenía como objeto dar conocer también el 'Congreso Internacional Contra la Represión', que se celebrará en el Ateneo de Madrid los próximos días 6 y 7 de diciembre.
   Este congreso, según detallan, surge de la "urgente necesidad que tienen los colectivos afectados por la represión de compartir su experiencia y buscar vías de actuación ante ella". Por ello, constará con la participación de 22 ponentes de distintos países que analizarán durante dos días las amenazas que se ciernen a nivel internacional para el avance de los derechos civiles.
   Durante esas fechas, diversos ponentes especialistas en derechos humanos, defensa de los animales, libertad de prensa, feminismo, derechos laborales, el colectivo de Lesbianas, Gays y transexuales,  ecología, abogacía y fiscalía, sociología, y otros movimientos sociales disertarán sobre las cuestiones que les afectan.
   También participarán periodistas, abogados, jueces, fiscales, sociólogos, politólogos, filósofos y psicólogos de países como Austria, Estados Unidos, España, Inglaterra, Islandia, Noruega y Siria.
   Entre los ponentes estará el diputado nacional de IU Alberto Garzón, el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembros de Jueces para la Democracia, Santiago Vidal, y la fiscal y miembro de Unión Progresista de Fiscales, Inés Herrero, entre otros. También se espera la presencia aún por confirmar del periodista islandés y representante de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson.
   El Congreso Internacional Contra la Represión es una iniciativa promovida por Igualdad Animal, una organización internacional de defensa de los animales presente en España, Alemania, Inglaterra, Italia, India, México y Venezuela para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetar y ayudar a los animales.
   En el congreso colabora la campaña Unidos Contra La Represión del Movimiento de Derechos Animales (UnidosContraLaRepresion.org) y está patrocinado por la organización estadounidense Last Chance for Animals

Una decena de personas increpa a Rajoy al grito de 'sanidad pública' en su visita al Rey

MADRID.-   Una decena de personas ha increpado este domingo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al grito de 'sanidad pública' a su llegada al Hospital Quirón San José, en Madrid, donde ha acudido a visitar al Rey tras su operación de cadera a la que fue sometida el viernes.

   Estas personas han estado gritando 'sanidad pública' durante los minutos que ha durado las declaraciones de Rajoy ante los medios de comunicación que esperaban a las puertas y no han cejado hasta que el presidente se ha subido en el coche oficial.
   Precisamente esta semana, la Comunidad de Madrid afronta varias jornadas de huelgas, encierros y protestas en contra de las medidas que el Gobierno regional quiere poner en marcha a partir de 2013 y donde destaca la externalización de la gestión de varios centros.
  El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Rey "está bien" y se encuentra "muy animado".
 "El Rey me ha dicho que ha desayunado dos huevos fritos y eso es demostración inequívoca de que está bien", ha señalado.
   Rajoy ha llegado a las 13.30 horas al centro hospitalario y ha permanecido junto al monarca durante una hora en la que ha departido con don Juan Carlos "sobre medicina y la vida misma", pero no de política.
   "Hemos hablado de medicina y de la vida misma, pero sobre todo que se encuentra muy bien y que a partir de ahora va a empezar a caminar, a dar paseos e intentar recuperarse lo más rápidamente posible", ha señalado el líder 'popular'.
   Además, ha señalado que el Rey está "muy animado" tras la operación y que a partir de ahora "va a empezar a caminar y a dar paseos e intentar recuperarse lo más rápidamente posible".
   En esta misma línea, ha señalado que ha visto "muy bien" al monarca, quien se encontraba sentado a su llegada al hospital. "Lo he encontrado bien y animado y estamos todos muy contentos", ha explicado.

El imputado Urdangarin acude a visitar al Rey

MADRID.- La Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y el marido de esta última, Iñaki Urdangarin, han acudido hoy al Hospital Quirón San José de Madrid para visitar al Rey, tras la operación de cadera a la que fue sometido el pasado viernes por la noche.

   Además, el primogénito de Urdangarin, Juan Valentín, también ha acudido a esta visita. La Familia Real ha llegado 15.20 horas en un monovolumen que conducía el propio Urdangarin. A su llegada, la Reina ha saludado y las infantas han bajado sonrientes, y Urdangarin ha entrado en el centro detrás de ellas.  
    Urdangarin no participa en ninguna actividad oficial de la Familia Real debido a la investigación judicial y posterior imputación por sus actividades empresariales, hecho que provocó que la Casa del Rey afirmara que no suponía un "comportamiento ejemplar".
   Posteriormente también han acudido a la clínica los príncipes de Asturias junto a sus dos hijos, en un coche conducido por el príncipe Felipe.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Piden el fin de la monarquía en Jordania

AMMÁN.- Nuevas protestas contra el anunciado aumento del precio de los combustibles se repitieron en esta capital hoy, donde de nuevo se escucharon demandas del fin de la monarquía hachemita. Las manifestaciones se centraron en la Gran Mezquita, en el centro metropolitano, bajo la atenta mirada de fuertes contingentes policiales, mientras los protestantes demandaron reformas políticas y económicas.
El anuncio días atrás de la retirada a los subsidios de los combustibles detonó nuevas protestas populares, que se sumaron a las de semanas anteriores contra la celebración de elecciones adelantadas sobre la base de una ley electoral reformada.

"Este Gobierno tiene que irse" y "los que quieren aumentar los precios de los combustibles quieren ver el país arder", fueron las consignas más reiteradas.

Esta semana la policía antimotines evitó que una marcha de protesta se encaminara al Palacio Real y dispersó a los participantes con gases lacrimógenos.

Fuentes oficiales dijeron que dos altos cargos de la Policía murieron en sendos ataques de desconocidos armados.

Víctor Grifols, empresario de éxito internacional: España es "una máquina rota"


BARCELONA.- El presidente de Laboratorios Grifols dejó de lado lo políticamente correcto y pronunció un duro discurso en Barcelona que dejó atónito a más de uno. Arremetió contra las administraciones públicas, contra los sindicatos, contra el sistema autonómico y hasta contra la monarquía. Dijo que su empresa no invertirá más en España mientras “las cosas no cambien” y que en caso de abandonar Cataluña, la compañía nunca se iría a Madrid, “antes me voy a Gibraltar”, indicó.
 
Víctor Grifols advirtió anoche en una cena de gala de la Asociación Española de Analistas Financieros, que premió la trayectoria profesional del empresario catalán, que no se ve capaz de continuar invirtiendo en España y que la compañía se irá marchando a EEUU.


Si la empresa catalana prefiere invertir en EEUU en vez de en España, explicó, no es porque allí las condiciones laborales o salariales sean mejores, sino porque aquí no se garantiza "una cosa tan trivial como el agua", según sus declaraciones.


Víctor Grifols puso como ejemplo el caso de la planta de la compañía de Parets del Vallès, en Barcelona, que necesita millones de litros de agua diarios para funcionar, pero que ni eso tiene asegurado. Por ello, en presencia del conseller de Salud, Boi Ruiz, y de más de un centenar de analistas, insistió: "Grifols no invertirá aquí mientras no tenga agua".


Sobre la difícil situación que vive actualmente España, el empresario afirmó que el origen del problema no es sólo económico o financiero, sino que "se ha roto la máquina” de la democracia. "Tenemos un país", señaló, en el que "la monarquía empieza a patinar", los sindicatos "no saben qué hacen", las autonomías "son accesorios que encima molestan" y existe un Senado que "no se sabe para qué sirve". "Alguien tiene que cambiar algo en esa máquina que está rota" y en la que no se han realizado cambios en los últimos 35 años, remarcó.


Víctor Grifols además dejó claro que el hecho de que su compañía sea española la ha perjudicado. Si hubiésemos nacido en Alemania hoy seríamos más grandes que Pfizer", su principal competidor, indicó y además aseguró que en España "hay empresas buenísimas que nacen castradas" por las limitaciones del propio país.


Además, explicó que "no pueden depender" de un país en el que es el Gobierno el que fija el precio de los medicamentos "y encima no paga". "Vendemos fuera porque allí se cobra y aquí no", aseveró, tras recordar que esta situación no es de ahora, sino que se viene produciendo desde la década de 1980. Ese fue precisamente el motivo por el que la compañía se abrió en 1987 al exterior e internacionalizó su negocio. Hoy en día, el 92% de sus ventas provienen de fuera de España y el 80% de su actividad industrial está también en el extranjero.


Víctor Grifols animó a las empresas a salir al exterior, y negó taxativamente que España sea actualmente un país de emigrantes por el simple hecho de que muchos de sus profesionales hayan tenido que salir del país para desarrollar su trabajo. "Hoy se dice que la gente emigra. ¡Qué coño! Son expatriados, gente a la que se manda fuera y volverá más rica de lo que era", manifestó el empresario catalán, que añadió: "No mandamos muertos de hambre fuera", sino que "exportamos talento".


A pesar de que los analistas financieros otorgaron a Grifols la Insignia de Oro por su trayectoria profesional, el empresario dedicó también unas palabras de reproche a este colectivo, a quienes recriminó que lleven a cabo sus análisis y proyecciones sin consultar siquiera con la propia empresa. Por eso, les explicó: "Grifols va bien. La próxima vez que quieran analizarnos, llámennos".

Crítica marxista de la monarquía / Iñaki Gil de San Vicente *

1. PRESENTACIÓN
Las dificultades que ha tenido que superar la organización de este evento es una muestra más de la incompatibilidad entre democracia y monarquía. La organización de este evento ha sido obstaculizada sistemáticamente por los aparatos de Estado para impedir que se realizase el programa previsto. Gracias a su dedicación y a su voluntad podemos estar ahora aquí para, entre todas y todos, avanzar un poco más en la crítica radical del orden establecido, que es de lo que se trata.

El lema que nos convoca y nos unifica en nuestras reflexiones puestas a debate no es otro que el que surgió al instante en centenares de millones de seres humanos cuando vieron atónitos al rey español arremeter contra el presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. Aquél «¡¿Por qué no te callas y dejas hablar»?!, mitad mandato imperativo, mitad pregunta furiosa. Millones de personas, muchas de ellas «súbditos de Su Majestad» en el Estado español, quedaron boquiabiertas y sorprendidas por semejante retroceso a los peores tiempos del colonialismo ahora redivivo. Muy pocas, las reaccionarias y añorantes del derrotado imperio español, aplaudieron a rabiar.

El 11 de noviembre de 2007, el presidente de Venezuela, electo mediante un impoluto procedimiento democrático, estaba dirigiendo la palabra a otros presidentes, dignatarios y cancilleres latinoamericanos, y fue interrumpido bruscamente por un iracundo monarca español que le negó por unos segundos el ejercicio del elemental derecho a la libre expresión. Tamaño autoritarismo generó una fulminante reacción internacional de respuesta crítica, de denuncia por semejante arbitrariedad. Ahora, cinco años más tarde, nos encontramos aquí para debatir en esta Contra Cumbre diversos aspectos importantes que se derivan de aquella agresión verbal.

Fue precisamente en verano de 2007 cuando estalló oficialmente la crisis capitalista mundial. Desde entonces, estamos viviendo un áspero y creciente enfrentamiento social, se está agudizando la lucha de clases y la lucha de liberación de los pueblos oprimidos, pero también los ataques del capital contra la humanidad trabajadora se multiplican. El derecho a la libre palabra, a la libertad de expresión y de crítica, corre cada vez más peligro porque la verdad, que siempre es revolucionaria, está descubriendo las causas de las crisis, sus responsables, sus  beneficiarios, y a la vez sus consecuencias terribles, desastrosas, para las clases explotadas.

Siempre es peligroso decir la verdad, pero siempre es necesario decirla. La Contra Cumbre de 2012 tiene como objetivo decir la verdad sobre lo que significa la presente Cumbre Latinoamericana y, en concreto, en nuestro tema a debate, el de que no nos callarán, tenemos la voluntad y asumimos la necesidad, por tanto el deber ético, de decir la verdad sobre lo que se oculta debajo del comportamiento del rey de los españoles cuando intentó hacer callar al presidente  de Venezuela.

2. ACTUALIDAD DE LA CRÍTICA DEL MARX DE 1843
Todos sabemos que en una época tan temprana como 1843, Marx dedicó un capítulo entero en su Crítica de la filosofía del Estado de Hegel a «La Corona», en el que entre otras cosas sostuvo con su sincera radicalidad que: «El monarca es dentro del Estado el factor de la voluntad individual, de la autodeterminación infundada, del capricho». Capricho y monarquía: ¿nos sugieren algo estas palabras de 1843 en los momentos actuales, bajo una Constitución que en el título II, artículo 56, apartado 3, afirma que: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2»? Por mucho que luego la Constitución determine algunos controles de la monarquía, la realidad es que nos encontramos ante un poder monárquico absoluto si lo comparamos con el de otras monarquías de la Europa actual. Capricho e irresponsabilidad, capricho e inviolabilidad.

La directa referencia a la identidad entre capricho y monarquía no es casual en Marx. De hecho la desarrolla y profundiza poco después, en la carta a Ruge de mayo de 1843, escribe:
«La monarquía no tiene otro principio que el hombre deshumanizado y despreciable (…) Allí donde el principio monárquico se halla en mayoría, los hombres se encuentran en minoría; donde se halla por encima de toda duda, no hay hombres. ¿Por qué un hombre como el rey de Prusia -que no tiene por qué sentirse problemático- no va a seguir simplemente su capricho? ¿Y qué pasará si lo hace? ¿Planes contradictorios? Bueno, pues no se hace nada. ¿Impotencia de las diversas orientaciones? Así como así no hay otra realidad política. ¿El ridículo y los apuros? No hay más que un ridículo y un apuro: tener que descender del trono. Mientras el capricho se halle en su sitio, tendrá razón. Ya puede ser tan voluble, atolondrado, despreciable como se quiera; siempre bastará para gobernar a un pueblo que nunca ha conocido otra ley que el arbitrio de sus reyes. Esto no quiere decir que un sistema descabellado y el desprestigio dentro y fuera carezcan de consecuencias, no seré yo quien garantice el barco de los locos; pero lo que si aseguro es: el rey de Prusia será un hombre de su tiempo, hasta que el mundo al revés deje de ser el mundo real».

Es innegable la actualidad de estas palabras de Marx simplemente imaginando que en vez del rey de Prusia se habla del rey de España, y en vez de «impotencia de las diversas orientaciones» se habla de la impotente sumisión filomonárquica de los partidos políticos supuestamente progresistas y hasta de «izquierdas», o sea, de la denominada muy correctamente «oposición de Su Majestad», y del ideario monárquico de la burguesía española. Los «caprichos» del rey son mundialmente famosos, y uno de ellos fue el exabrupto autoritario y filofascista con el que pretendió hacer callar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en una reunión internacional en América Latina. Un presidente electo por mayoría probada en elecciones sin mancha alguna, electo democráticamente, y que pone su cargo a disposición del pueblo venezolano cada determinado tiempo, cosa que nunca ha hecho el rey de España, impuesto a perpetuidad. En este sentido, el exabrupto de Juan Carlos I contra Hugo Chávez era a la vez un ataque a la toda Venezuela, representada a sí misma en la persona de su presidente electo.

Ya que por capricho se entiende una acción o propósito vehemente, un antojo que se realiza sin razón aparente, de manera súbita, podría decirse que el fallido mandato autoritario del rey de España a Hugo Chávez no fue un capricho sino un acto decidido, meditado y pensado. Pero el problema es otro, es el de valorar realmente qué se entiende en la práctica política del rey lo que se define como «capricho». Dicho de otro modo, a un presidente de gobierno, o a un presidente de una república no se le permite ningún capricho porque está sujeto a la voluntad democrática expresada libremente en las elecciones, al menos así dice la propaganda burguesa. Incluso un pequeño tirano filofascista como Berlusconi, casi omnipotente, ha terminado dimitiendo y teniendo serios problemas con la justicia oficial, entre ellos algunos que pueden estar relacionados con supuestos «caprichos sexuales». Semejante comportamiento, sin embargo, era normal, cotidiano en las monarquías y poderes regios hasta no hace mucho, y todo indica que pueden seguir siéndolo pero bajo el silencio oficial.

Lo que debemos estudiar es la pervivencia política medieval y esclavista de la impunidad del rey, de su inviolabilidad e irresponsabilidad legal, aunque se nombren algunos tímidos controles. Impunidad unas veces disfrazada de capricho, otra de excentricidad, o de afición personal al deporte selecto, a la caza, al esquí, y hasta de «exceso de hombría».  Precisamente esta es la cuestión a debate, la que emergió abiertamente en la interrupción de la plática del presidente venezolano, Hugo Chávez, por el rey de España: ¿Qué mensaje primitivo, duro y cortante pervive incluso ahora en el abuso de poder del monarca español? ¿Qué continuidad de símbolos de poder arcaico se materializó en el gesto y en la voz monárquica española contra Venezuela? ¿Por qué aquella arbitrariedad real fue sentida como un insulto, un desprecio insoportable por millones de seres humanos, que no sólo por los y las venezolanas?

Entendemos mejor lo que estoy preguntamos si avanzamos un poco en el tiempo y analizamos el demoledor efecto desprestigitador que tuvo en la ya muy debilitada legitimidad de la monarquía española aquella terrible foto del rey matando elefantes, de cacería en África mientras la crisis empobrece hasta la miseria a millones de sus «súbditos», mientras la corrupción de miembros de la Familia Real amenaza con destapar un olla podrida. Millones de «súbditos» comprendieron al instante lo anacrónico e injusto de la monarquía, de cualquiera, lo insoportable ética y políticamente de una estructura oprobiosa, dilapidadora e inaccesible e indiferente a la razón crítica, democrática. 

3. POLÍTICA BURGUESA Y DERECHO AL TIRANICIDIO
Pues bien, en la historia de las ideas políticas, de la llamada filosofía política, o recientemente teoría política, el problema de la deslegitimación del rey por sus caprichosos abusos es uno de los más tratados; además, lo es en su extrema y decisiva profundidad, la de plantearse la cuestión del derecho a la resistencia a los abusos y caprichos del poder en general, y del monarca en nuestro caso, o de la oligarquía o tiranía establecida, u otra forma de gobierno como la democrática de la Grecia clásica ya en decadencia. No voy a extenderme en las reflexiones de Platón sobre el derecho a la resistencia a la tiranía, que siempre han de recordarse precisamente por venir de un reaccionario de tomo y lomo, padre espiritual de una fecunda estirpe reaccionaria que hoy campea a sus anchas incrustada en el imperialismo. Tampoco voy a hablar de la doctrina católica sobre la resistencia al poder injusto, ya sistematizada en el siglo IV-V por Isidoro de Sevilla, entre otros, y enriquecida por Tomás de Aquino en el XIII y en el XVI-XVII por el padre Juan de Mariana, por citar algunos exponentes.

Lo que recorre a esta doctrina es la supeditación del monarca a Dios, a la ley divina, que cuando es atacada manifiesta y reiteradamente por el monarca da a otros poderes inferiores, que apenas al pueblo explotado, el derecho a intervenir corrigiendo los abusos y caprichos, o en caso extremo a deponer al rey y a «hacer justicia». Pero no nos hagamos ilusiones demasiado pronto, exceptuando movimientos heréticos radicales, siempre perseguidos a  muerte por el poder civil y eclesiástico, que eran uno solo en la práctica, la «voluntad de Dios» prohibió bajo pena de excomunión que el pueblo explotado utilizase la mortífera, barata y democrática ballesta, porque con ella podía vencer a las acorazados caballeros feudales, expropiarles sus tierras -muchas de ellas de la Iglesia- y hacerlas comunes, colectivas, o repartirlas entre las familias más necesitadas. La ballesta era un arma democrática por excelencia, fácil de hacer y de usar, pero demasiado efectiva por su alto poder de perforación. La «voluntad de Dios» fue comunicada a las clases explotadas en el segundo Concilio de Letrán, en 1139: los explotadores podían seguir tranquilos con sus caprichos, entre ellos el de derecho de pernada, porque las clases explotadas tenían prohibido el derecho a usar ballestas, lo que les volvía inofensivas e inoperantes. ¿De qué sirve, en estas condiciones, el derecho a la resistencia al tirano si se te impone el desarme?

Pero las masas campesinas insurrectas, las naciones oprimidas como la checa y su movimiento husita, los albigenses y cátaros, los anabaptistas y munzerianos, y los príncipes y Estados protestantes, calvinistas y luteranos, estos y otros movimientos complejos y contradictorios entre sí, incluso enemigos a muerte por representar intereses opresores y oprimidos, no respetaron la versión católica de la «voluntad de Dios», sino que crearon sus propios derechos a la rebelión contra la monarquía tiránica y contra Roma, justificados por interpretaciones exclusivas y excluyentes del mismo dogma religioso. Maravillosa dialéctica esta que llegó a plasmarse en el radical «movimiento antiabsolutista» que afirmaba en los siglos XVI y XVII que el absolutismo negaba la libertad humana creada por Dios, por lo que éstos tenían el derecho a la resistencia al  monarca, movimiento que influyó en autores fundamentales como Althusius.

Deberemos esperar a que, coincidiendo en el tiempo pero no en la mentalidad ni en el objetivo social con el padre Mariana, irrumpiera la teoría de Maquiavelo explicando el derecho del pueblo a sublevarse contra el Príncipe cuando este incumpliese las leyes de respeto y buen gobierno. Maquiavelo era demasiado inteligente y crítico, demasiado peligroso para el poder, y fue apartado de la vida pública y torturado. Surgió entonces Bodin para matizar, recortar y acomodar en pleno siglo XVII el derecho de resistencia a los intereses de la monarquía, en un período sangriento al extremos por las guerras hugonotes en el reino de Francia, por ejemplo, sin hablar ya de las «civilizadas atrocidades» europeas en América y en África, Pero aún así Bodin no se atreve a negar el derecho a la rebelión, aunque intenta encorsetarlo y reducirlo a su mínima pero factible posibilidad.

Hemos hablado de Althusius, que murió a comienzos del siglo XVII, que militó políticamente en defensa de los derechos del pueblo calvinista a resistirse a las imposiciones católicas. Pero ni incluso Althusius da plena libertad al pueblo explotado para decidir él mismo cuando y cómo ha de resistirse sino que como todos los pensadores anteriores, intenta mediatizarlo con vericuetos legalistas puestos en manos poderes que deben decidir si se practica ese derecho o no, y cómo se ejerce, hasta qué punto de radicalidad. Naturalmente, las masas europeas explotadas, los pueblos aplastados por el naciente colonialismo europeo, tenían la descortesía de no prestar oídos a Althusius y demás intelectuales. Podríamos extendernos a otros autores como Pufendorf, también de esa época, que si bien admiten y argumentan el derecho a la resistencia al monarca, lo limitan de diversos modos; pero lo decisivo es que, como hemos dicho, las clases explotadas actuaban frecuentemente aplicando su visión empírica de la resistencia como necesidad. Tal fue el caso de la Guerra de los Ochenta Años, de 1568 a 1648, guerra de liberación nacional y de clase burguesa del pueblo holandés contra la ocupación imperial española que aplicaba métodos atroces y brutales. Pero al democracia holandesa, orgullo de la civilización del capital, también se asentó en la represión de sus movimientos radicales, marginándolos y reforzando el orden burgués.

Muy significativamente, fue esta guerra la que marcó el nacimiento del capitalismo, tema en el que ahora no podemos extendernos, cuando Hobbes (1588-1679) se convirtió en el defensor más acérrimo del poder absoluto del soberano, del Estado, negando abiertamente el derecho a la rebelión contra la injusticia y defendiendo la obligación del acatamiento de las leyes por injustas que fueran. Mientras que Hobbes exigía la obediencia ciega, en su Inglaterra la burguesía comenzaba otro largo proceso de revoluciones violentas al negarse a pagar impuestos en 1639 y 1640, degollando nobles y reyes, pero también a miles de católicos  irlandeses, llevando al poder al republicano Cromwell en 1649, que implantó un régimen democrático para la burguesía pero dictatorial para las fuerzas reaccionarias, régimen decisivo para asentar lo que luego sería el imperio británico. Pero ese régimen democrático burgués también y sobre todo fue represor y reaccionario, dictatorial, contra sus bases populares radicalizadas, contra los pequeños campesinos y artesanos libres, contra la empobrecida pequeña burguesía que querían repartir o colectivizar las tierras y los bienes de la nobleza vencida. Cromwell los aplastó, como poco antes lo había hecho la burguesía holandesa revolucionaria con los artesanos y campesino radicales. Las convulsiones sociales continuaron hasta que en 1688-1689, mediante la Gloriosa Revolución, se afianzó definitivamente el poder formado por la alianza entre la burguesía en ascenso y la fracción más lúcida de la nobleza terrateniente.

Durante estos años decisivos en los que nació la civilización del capital, ninguna fuerza progresista siguió los consejos de Hobbes, pero sí los argumentos diferentes de Spinoza (1631-1677) y Locke (1633-1704) sobre el derecho a la resistencia. Spinoza fue bastantes más progresista en el sentido histórico que Locke, y por eso fue expulsado de la cofradía judía al ser acusado de hereje, mientras que Locke teorizó el derecho de la burguesía a defender su propiedad privada contra los abusos y caprichos del monarca. El capitalismo de la época no se enfrentaba aún a una clase trabajadora fuerte y cohesionada, como empezaría a  ocurrir desde finales del siglo XVIII en Inglaterra y sobre todo desde 1830-1848 en el resto de Europa, por lo que todavía dominaba abrumadoramente el derecho burgués a la rebelión contra la monarquía absolutista y tardomedieval.

Pero el derecho burgués a la rebelión contra la tiranía se limitaba a la esfera política, y siempre a la política dominante. Las masas quedaban excluidas, pero a la vez quedaba excluida una parte elemental del derecho a la resistencia, me refiero al derecho a la resistencia intelectual, a la libertad de crítica intelectual. La Inquisición católica era el terrorismo institucionalizado, pero también eran terroristas las versiones luteranas y protestantes del cristianismo.  El caso de Meslier (1664-1729), o cura ateo, es paradigmático ya que no sólo revela cómo y en qué condiciones de clandestinidad debía ejercitarse el derecho a la rebelión intelectual, sino también muestra el colaboracionismo con el poder opresor de lo más florido de la casta intelectual, como el caso de Voltaire (1694-1778)  quién en 1762 laminó el ateísmo materialista de Meslier, amputando su esencia revolucionaria y convirtiéndolo en una simple opinión discordante y algo incómoda, pero nada más. Voltaire, tenido como el summun del librepensamiento, fue en realidad el escribano progre del absolutismo tardofeudal.

Meslier se atrevió a argumentar la irreprochable lógica atea tal como se entendía a Dios en aquel tiempo. Aunque hoy su ateísmo debe ser contextualizado y enriquecido, es innegable que tenía y sigue teniendo razón en el punto crítico que latía en el ateísmo de su época: si Dios no existe ¿de dónde viene la legitimidad del rey? Si Dios es una mentira de los ricos, de los poderosos para engañar a los explotados y exprimirles pacíficamente hasta la última gota de sudor y de aliento, ¿qué otra cosa es la monarquía sino un engaño para beneficiar a los poderosos e idiotizar a los explotados? La carga revolucionaria de este ateísmo es obvia. Hay que partir de aquí para comprender el debate que se mantuvo entre grupos ateos clandestinos y el poder intelectual: Voltaire dijo que «si Dios no existiera habría que inventarlo», a lo que los ateos clandestinos respondieron: «Si Dios existiera habría que ejecutarlo».

En realidad, este ateísmo argumentaba indirectamente la ejecución del monarca simbolizada en la ejecución de Dios. El derecho de rebelión intelectual como anuncio de la rebelión física.  Pero el problema era más profundo y, sobre todo, era directamente político. Fue Diderot (1713-1784) quien puso el dedo en la llaga al afirmar que «el hombre sólo será libre cuando el último rey sea ahorcado con las tripas del último sacerdote». Diderot sabía que la Iglesia era  un poder terrenal decisivo para la supervivencia de la monarquía, pero su crítica no llegaba a las profundidades de la alienación y de la deshumanización unidas a la propiedad burguesa, sino que se quedaba a media distancia, la de las conexiones entre la Iglesia y el rey, por un lado, y la libertad abstracta del ser humano por otro lado.

A pesar de esta limitación, era una denuncia radical en su época que, como hemos dicho, puso el dedo en la llaga: la libertad humana no podría conquistarse sin acabar con la monarquía y con la Iglesia. El derecho a la resistencia se transformaba con Diderot en necesidad de la resistencia, o más concretamente, necesidad del tiranicidio, de la ejecución del tirano en cualquiera de sus formas, fuera rey o sacerdote. Al dar el salto del derecho a la necesidad, Diderot abría la puerta para la posterior llegada del derecho socialista a la rebelión, es decir, de la necesidad de la revolución proletaria como materialización práctica de tal derecho, como luego veremos al estudiar a Engels.

Rousseau (1712-1778) fue el máximo exponente de los años de gloria del derecho burgués en su versión reformista, pero también anunciaba en sus ambigüedades y lagunas los límites sociales e históricos insalvables que contradecían ese derecho y lo enfrentaban cada vez más al auge de la clase obrera que practicaba su específico derecho a la rebelión, un derecho que llegaría a ser socialista. También laten en Rousseau las contradicciones crecientes entre el derecho burgués europeo, eurooccidental, y el derecho a la resistencia no escrito apenas, oral, pero masivo en su aplicación desesperada de los pueblos americanos, africanos y asiáticos. En Rousseau y en muchas de las utopías de la época el «buen salvaje» apenas cuadraba con la realidad de la explotación colonial, pero tampoco con la realidad de la explotación interna entre las naciones que ahora llamados «originarias», y menos con la inhumana práctica de la esclavitud.

4. EXPLENDOR DE LA REVOLUCIÓN BURGUESA ANTIMONÁRQUICA
El punto álgido, supremo, del derecho burgués a la rebelión se produjo en el último tercio del siglo XVIII, con las revoluciones norteamericana y francesa. En la primera, se reconoce explícitamente ese derecho recogido en la declaración de independencia estadounidense en 1776, «la ley natural le enseña a la gente que el pueblo está dotado por el creador de ciertos derechos inalienables y puede alterar o abolir un gobierno que destruya esos derechos». En la segunda, en la francesa, «el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión», en el artículo 2 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto de 1789, derecho vuelto a reafirmarse en 1793 con esta otra declaración: «Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes». Por falta de tiempo, no voy a citar a los ideólogos franceses y yanquis que alimentaron intelectualmente a ambas revoluciones burguesas.

Eran derechos burgueses que se negaron al pueblo trabajador, a las mujeres y a las naciones oprimidas esclavizadas o no, en cuanto empezaron a exigir con sus acciones su derecho a la justicia, a la libertad, a la no explotación. Tanto en Estados Unidos como en el Estado francés, la burguesía victoriosa no dudó en lanzar sus ejércitos para reprimir a quienes habían sido las verdaderas fuerzas revolucionarias que les habían aupado al poder con sus sacrificios y sus vidas. Del mismo modo, en Gran Bretaña de la misma época, la burguesía que había derrocado reyes y peleado a muerte con el feudalismo católico, no dudó en masacrar al movimiento obrero nacido de la primera industrialización, al que negó todo derecho a la resistencia, e impuso el deber supremo de la obediencia pasiva, del mismo modo en que Cromwell había reprimido al ala revolucionaria del ejército republicano, como hemos visto.

En cuanto la burguesía tomaba el poder político, material, comenzaba a girar a la derecha su poder intelectual, cultural. La revolución en Haití, feroz y larga, de 1791 a 1804, fue un hecho de transcendencia mundial porque además de ser esta isla la primera productora de azúcar también fue la primera revolución antiesclavista e internacionalista por esencia, sin cuya ayuda masiva en armas y dinero al ejército de Bolívar se hubiera retrasado mucho la independencia latinoamericana a la que todavía no le han perdonado su atrevimiento. Por ello los Estados se lanzaron con odio genocida contra esta heroica isla revolucionaria. La revolución haitiana, junto a la francesa, marcó el inicio del giro contrarrevolucionario del pensamiento burgués en todos los aspectos. No voy a extenderme en los ideólogos monárquicos franceses e ingleses de la época, ni tampoco en la segunda oleada de conservadurismo contrarrevolucionario, la que llega a su máxima expresión ideológica en la década de 1840-1850.

Para el tema que tratamos, el de la respuesta social a los abusos caprichosos de la monarquía irresponsable, nos interesa más dejar constancia del giro derechista de la filosofía política alemana en dos de sus grandes teóricos, Kant y Fichte, y de las dificultades de un Hegel que no podía resolver la contradicción que minaba su dialéctica idealista. Es importante detenernos rápidamente en la «escuela alemana» porque buena parte de los argumentos políticos posteriores anclan en sus ambivalencias y tesis. Por ejemplo, Kant (1724-1804) estaba muy cerca de las tesis de Hobbes, rechazando como este el derecho a la resistencia, pero matizando en una crítica suave a Hobbes que el deber de la obediencia al Príncipe no anula todos los derechos del pueblo, sino afirmando que debían existir cauces pacíficos de expresión del pueblo. Fichte (1762-1814) comenzó defendiendo el derecho a la rebelión pero impresionado por la violencia impactante de las revoluciones de finales del siglo XVIII, de las guerras napoleónicas y de otros conflictos, terminó derivando hacia un neoplatonismo que justificaba la necesidad del «gobierno de los mejores» sobre el pueblo llano, y absteniéndose él mismo, Fichte, de dar alternativas concretas al problema de la opresión.

Hegel (1770-1831) vivió y pensó siempre dentro de contradicciones: daba clases a cargo del Estado pero era vigilado por la policía secreta por sus ideas; pensaba la dialéctica como lucha de contrarios, pero la reducía a la lucha interna en la Idea Absoluta; era idealista pero con un poso de materialismo no reconocido; estudiaba el cambio permanente en el mundo entero, pero desde una visión de realización definitiva de la Idea en la cultura alemana, etc. Su visión de la violencia legítima contra la tiranía también es contradictoria porque todo su método dialéctico le lleva a afirmar la inevitabilidad del choque de contrarios, del salto cualitativo mediante la negación de la negación, es decir, mediante la ruptura revolucionaria, pero reduce esta dialéctica a su aspecto idealista, abstracto, formal. Las revoluciones estallan así en la Idea como efecto de las contradicciones del sistema político, pero no estallan en la realidad, o si lo pensó no lo escribió ¿por miedo?

Hegel no vivió la fase de súbita radicalización de las masas trabajadoras entre 1830 y 1848, por lo que no pudo disponer de las nuevas «expresiones del Espíritu» que tumbaron todas las certidumbres burguesas y forzaron a los ideólogos de esta clase a realizar la segunda oleada de filosofía política contrarrevolucionaria, a la que nos hemos referido arriba. Pero es sabido que el pensamiento y la inteligencia humana viven gracias a las contradicciones, alimentándose de ellas y dentro de ellas, de modo que fueron las limitaciones de Hegel, más otros conocimientos sociopolíticos, económicos, históricos, científicos, etc., lo que ayudaron a la aparición del marxismo y del derecho socialista a la rebelión, irreconciliable con el derecho burgués. Antes de que Marx escribiera el demoledor ataque a la monarquía, Buonarroti (1761-1837), Babeuf (1760-1797) y Blanqui (1805-1881), por citar unos pocos, ya practicaban en Europa el derecho a la resistencia desde perspectivas políticas situadas a la izquierda del socialismo utópico. Me limito al marco europeo porque sería alargar en exceso mi intervención si enumerase la impresionante lista de personas buenas, dignas y heroicas que en el mundo entero luchaban contra la injusticia en general y contra el colonialismo occidental en concreto.

5. ACTUALIDAD DE LA CRÍTICA DE ENGELS DE 1845 Y 1884
Tras este repaso sucinto de las reflexiones de la teoría política sobre cómo controlar, frenar o sencillamente enfrentarse a las arbitrariedades del rey, podemos volver al Marx de 1843 y a su devastadora crítica de cualquier monarquía, de la institución en cuanto tal, aunque él se volcase contra la prusiana. La crítica marxista va al corazón del problema, a su esencia que no es otra que la deshumanización inherente a todo régimen monárquico. Y después, sobre esta base, plantea reflexiones políticas. En 1845 Engels escribió su imprescindible investigación sobre La situación de la clase obrera en Inglaterra, obra en la que no critica en concreto a la monarquía británica pero en la que, por un lado, se afirma que en aquel entonces la lucha por la democracia significaba la lucha por el comunismo y, por otro lado,  está siempre presente el derecho de la clase trabajadora a la resistencia contra la burguesía monárquica. Tras una larga exposición de luchas y experiencias organizativas, afirma: «Estos hechos son prueba suficiente de que en Inglaterra, inclusive en períodos de negocios fluidos como a fines de 1843, la guerra social está declarada y se lleva a cabo abiertamente».

En una monarquía industrializada y con «controles democráticos y parlamentarios» burgueses, el derecho socialista a la resistencia se expresa mediante la «guerra social» declarada y abierta incluso en períodos de expansión económica. Que se trata de una «guerra social» vuelve a quedar patente cuando más adelante Engels analiza la «declaración bélica» de la burguesía contra el proletariado, consistente en el malthusianismo y en la nueva ley de pobres. Ahora existe la moda intelectual de hablar de la «biopolítica» y del «biopoder», pues bien toda la obra de Engels aquí citada es un impresionante compendio teórico de ambas cosas, pero escrito con mucha antelación. Del mismo modo, y para ir concluyendo este apartado, vamos a citar al tardío Engels también sobre el problema de las leyes monárquicas antisocialistas y la prohibición explícita del derecho a la resistencia, o lo que es lo mismo, del derecho a la revolución. Me refiero a la muy actual carta de Engels a Bebel del 18 de noviembre de 1884, en la que el viejo revolucionario rechaza sin contemplaciones la exigencia del Estado prusiano de que los socialistas, y sólo ellos, renuncien al derecho a la revolución, a la rebelión, para ser legalizados.

Así,  en 1843 Marx ataca a la monarquía por su inhumanidad; en 1845 Engels, estudiando la explotación humana en un Estado monárquico afirma que la democracia significa el comunismo y la práctica de la «guerra social», de la resistencia; y por último, en 1884, Engels se opone frontalmente a que se renuncie al derecho a la rebelión para que el partido socialista sea legalizado por un Estado monárquico. Sin mayores análisis ahora descubrimos una nítida línea roja que une 1843 y 1884 que se enfrenta en lo elemental a la crítica burguesa: el derecho socialista a deponer al rey, derecho que en determinado momento se transforma en necesidad por la dialéctica de la lucha de clases. Aquí está la esencia de la crítica marxista a toda monarquía: hay que acabar con ella para afirmar prácticamente la humanidad humana.

La diferencia cualitativa entre el derecho burgués a la resistencia al tirano, el que fuera, y el derecho socialista a la revolución radica en que el socialismo pone en el centro del problema la cuestión de la propiedad privada de las fuerzas productivas, siendo la tiranía, el rey, la opresión, la Iglesia, meros efectos de las contradicciones sociales desatadas por la propiedad burguesa. En 1843 Marx no había descubierto aún la teoría de la plusvalía, la ley del valor-trabajo, etcétera, y no había desarrollado la crítica del fetichismo de la mercancía, pero la insistencia en la deshumanización inherente a la monarquía y/o al Estado, que viene a ser lo mismo en ese contexto, se mantendrá como elementos constante en todo el marxismo.

La propiedad burguesa, en su desenvolvimiento social, impone la deshumanización, la alienación, la fetichización, la cosificación. Todas ellas, sin extendernos ahora en el tema, son características de la mentalidad monárquica dentro del capitalismo. Del mismo modo que el patriarcado precapitalista tuvo que transformarse en sistema patriarco-burgués para servir con eficacia al capital, como antes se había transformado para servir al feudalismo y al esclavismo y en parte al modo tributario, del mismo modo la monarquía fue transformada al sistema capitalista primero en la revolución holandesa y después en la revolución inglesa tras la muerte de Cromwell y sobre todo desde 1688-1689.

Aunque es innegable que la monarquía capitalista mantiene rituales, ceremonias y pompas idénticas en la parafernalia suntuosa y ostentosa a las que se realizaban en los imperios persa, chino, etc., con sus actos de sumisión y acatamiento al poder real, siendo esto así, sin embargo la monarquía capitalista se diferencia cualitativamente de todas las anteriores en que ahora la propiedad privada, la burguesa, está en sí, legalmente, fuera de la propiedad real, de la Casa Real, de modo que el rey, por muy poderoso que fuere, no puede apropiarse a su antojo, capricho y libre arbitrio o cumplimiento trámites muy simples, de las propiedades de otros burgueses. 

Una vez que se impone la propiedad burguesa, el problema del derecho a la rebelión contra la tinaría monárquica sufre un cambio cualitativo porque la monarquía pasa de ser el problema crucial a superar, como sucedía en el feudalismo, a ser una simple cuestión de eficacia gubernativa, es decir, de eficacia para la explotación asalariada. Si la forma-monarquía deja de ser efectiva para el capital, la burguesía impone la forma-república, y si, por lo que fuese, ésta se vuelve en un freno, la burguesía puede optar por cualquier forma de bonapartismo, militarismo, nazifascismo o incluso por volver a la forma-monarquía pero bajo nuevas exigencias. Si en el feudalismo la caída de la monarquía era el inicio de la caída del feudalismo, más o menos bruscamente, en el capitalismo la caída de un reyezuelo bribón y corrupto puede ser necesaria para recuperar la tasa de beneficio.

Bajo la dictadura del sistema salarial el derecho a la rebelión burguesa pierde toda su razón de ser, manteniéndose en todo caso ese derecho burgués como derecho a intervenir con la violencia más terrorista imaginable contra las clases y los pueblos que quieren acabar con el capitalismo, o que, sin quererlo conscientemente, frenan u obstaculizan de manera importante la expansión imperialista al negarse a claudicar a sus exigencias. Por esto es conveniente releer siempre la carta de Engels a Bebel del 18 de noviembre de 1884 ya que en ella, y a parte de otras consideraciones, se afirma el derecho/necesidad socialista a la revolución como derecho inalienable. Mientras que Diderot defendía la necesidad de ejecutar al monarca, Engels defiende la necesidad de la revolución socialista. Por tanto, acabar con la monarquía es un paso para acabar con la propiedad privada, para avanzar hacia la socialización de las fuerzas productivas como exigencia objetiva para la extinción histórica simultánea de las clases sociales, de la explotación asalariada, del patriarcado y de la opresión nacional. Obviamente, en este proceso los reyes y reinas habrán pasado al basurero de la historia y al museo de los horrores e ignominias.

6. EL REPUBLICANISMO DE LA CULTURA POPULAR VASCA
Hemos visto el antagonismo irreconciliable que existe entre democracia y monarquía en general, y lo hemos visto mediante un muy breve seguimiento de la historia de las luchas antimonárquicas burguesas y seguidamente de las luchas socialistas y comunistas. En realidad, la crítica a la monarquía que hago desde mi independentismo comunista vasco se mueve dentro de este parámetro, pero aplicado a mis condiciones de existencia. Por un lado, como ser humano libre, como parte del ser-humano-genérico, soy natural y socialmente antimonárquico, republicano, y por otra parte, en el mismo acto soy comunista vasco que lucho por la independencia socialista de Euskal Herria, y por tanto por una República Socialista Vasca. Consiguientemente mi crítica de toda monarquía, la que fuera, se materializa tanto en la crítica del Estado español como, positivamente, en la lucha por la República vasca. Seguiré este esquema en lo que resta de exposición.

Hay que empezar diciendo que la institución monárquica, cualquiera, nunca ha compaginado bien con las formas sociopolíticas vascas y con nuestra cultura popular. Sin extendernos ahora en una exposición de la historia política vasca, es un hecho que las instituciones de poder en Euskal Herria se han movido siempre en un complejo e inestable equilibrio entre una tendencia autoorganizativa local, y una tendencia centralizadora a escala media, lo cual no anula en modo alguno la existencia de la explotación de clases y patriarcal, la existencia de poderes opresores que no dudaban en reprimir a un pueblo explotado que tampoco se dejaba oprimir. Sin embargo, las tendencias a la excesiva centralización del poder en pocas manos y a su absolutización monárquica tradicional siempre chocaron en Euskal Herria con una resistencia tenaz por parte del pueblo trabajador y con resistencias más o menos duras, según los casos e intereses, por parte de las sucesivas clases dominantes autóctonas. Basta comparar la historia sociopolítica vasca con la de los Estados español y francés para confirmarlo.

El ejemplo de las denominadas guerras carlistas por la historiografía española es concluyente. Para las masas explotadas vascas, campesinas, artesanas, pescadoras, trabajadoras urbanas, para la empobrecida pequeña nobleza rural y la casta sacerdotal de base, para sectores amplios de la pequeña burguesía e incluso de la mediana burguesía, la defensa del carlismo era casi exclusivamente la defensa de los Fueros Vascos, símbolo y práctica de las leyes y usos propios del País, antes que la defensa de una parte de la monarquía de un Estado mayoritariamente visto como extranjero, la menos centralizadora y españolizadora. La larga y desesperada resistencia armada popular, su masividad, se explica por la defensa de unos Fueros que protegían mal que bien las decisivas propiedades comunales y otros usos y costumbres -hoy llamados «derechos sociales»-  que asumían como propios del país.

Insisto en que esta realidad no anulaba ni negaba la existencia cierta de la lucha de clases interna a Euskal Herria, que es una hecho incuestionable del que ya hay datos inequívocos desde el siglo XII, e incluso desde antes. Pero confirma que nuestra nación fue desde el siglo XVI, como mínimo, coincidiendo con el fortalecimiento de la burguesía comercial e industrial del hierro, un marco autónomo de lucha de clases, especificidad que se fue reforzando conforme el capitalismo avanzaba de su fase comercial y colonial a su fase imperialista, hasta llegar al presente, en donde es ya una realidad obvia. La lucha de clases vasca empezó a dar un salto cualitativo en lo que concierne al profundo rechazo popular a todo rey o reina,  conforme las monarquías absolutistas francesa y española intervenían con sus ejércitos en defensa del bloque de clases dominante autóctono desde el siglo XVI en adelante, con la invasión del Estado vasco de Nafarroa, en primer y decisivo lugar.

Desde entonces y de manera ascendente hasta finales del siglo XVIII, la monarquía iba siendo identificada por el pueblo vasco cada vez más como un enemigo invasor en vez que como un simple Señor que se había comprometido a acatar los Fueros, leyes y costumbres del país. Fue desde finales del siglo XIX en la parte de Euskal Herria bajo dominación española cuando la monarquía intervino de manera brutal y aplastante en apoyo de la burguesía industrial en ascenso, en contra del pueblo trabajador vasco. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX la sensación popular sobre el papel represor de la monarquía y del Estado liberal español, sobre el retroceso de las libertades y de los derechos sociales, culturales, lingüísticos, etc., en contraste con la tradición democrática del país era tan masiva que lo tuvieron que reconocer autores como Max Weber, además de un PSOE que no dudó en ensalzar las virtudes democráticas del himno vasco prohibido, el Gernikako Arbola, himno de 1853 que defendía los valores de los Fueros y la identidad nacional vasca y cuyo autor, Iparragirre, tuvo que exiliarse.

Una especie de «triple alianza» formada por la monarquía, el ejército y la burguesía vasca actuó al unísono para consolidar el Estado español y para aplastar los derechos nacionales vascos, defendidos desde entonces y cada vez más por las clases trabajadoras, muy especialmente desde la década de 1920-1930 en adelante. Es larga la lista de intervenciones sociopolíticas directas del ejército y de la monarquía en defensa de la burguesía industrial vasca para reprimir el ascenso de las luchas obreras y populares, el ascenso del nacionalismo y del independentismo, y sobre todo para abortar la fusión de la lucha independentista con la lucha socialista y comunista, que comenzó a insinuarse en la década de 1920, creció entre 1931 y 1937 y dio un salto cualitativo e irreversible entre 1959 y 1967. 

La monarquía reinstaurada por el dictador Franco y aceptada por el grueso de la «oposición de su Majestad», muy especialmente por el PCE y restantes «izquierdas» que aprobaron la Constitución de 1978, fue la legitimadora del terrorismo de Estado contra el pueblo vasco que el PSOE masificó desde su llegada al gobierno. La importancia de la monarquía para el bloque de clases dominante en el Estado español al poco de la muerte del dictador Franco fue creciendo en la medida en que necesitaban una nueva legitimidad. La industria político-mediática se lanzó a lavar la imagen del rey franquista, sobre todo después del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Posteriormente, la prensa se ha esforzado hasta lo indecible por acallar todos los rumores y comentarios sobre múltiples aspectos de la monarquía.

7. DERROTA ESTRATÉGICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA
En lo que concierne a Euskal Herria, hay que decir que esta institución fue decisiva en el intento de dar una cobertura «democrática» a la ofensiva general contra nuestros derechos nacionales. Ya desde el mismo «fracaso» del golpe de Estado de 1981, el rey fue la pieza clave para la imposición de la LOAPA, un duro y rápido programa de recentralización, parando en seco la tímida descentralización autonómica anterior. Con la llegada del PSOE al gobierno se redoblaron los esfuerzos por limpiar a la monarquía de toda duda y sospecha sobre sus implicaciones en el golpe de Estado, a la vez que se silenciaban sin pudor hasta la más mínima información que no favoreciera a la Casa Real. El gobierno del PSOE tenía en el rey la figura publicitaria por antonomasia para legitimar el terrorismo de Estado y la aplicación del Plan ZEN, así como la implacable estrategia de desindustrialización del tejido económico vasco que se ocultaba debajo de la «reconversión industrial». Además, estas y otras medidas se vieron reforzadas por la política de facilitar la rendición de un sector de ETA p-m y su integración en el sistema, debilitando transitoriamente a la izquierda abertzale.

La imagen pública y oficial del «rey demócrata», «chistoso y bonachón», «campechano», imagen mimada y cuidada segundo a segundo por la industria político-mediática, por los poderes del Estado y hasta por la Iglesia, nunca fue aceptaba en Euskal Herria, pese a los esfuerzos directos o indirectos del bloque constitucionalista, del bloque que aceptó la Constitución monárquica y la defendió como una única «garantía de las libertad». Al contrario, ya en 1981 los junteros de Herri Batasuna protestaron a voz en grito cantando el Eusko Gudariak Gara, himno al soldado vasco, delante del rey español en un acto en la Sala de Juntas de Gernika; desde entonces, una y otra vez, la izquierda abertzale ha mostrado su oposición frontal a la monarquía española con una coherencia admirable y sin parangón en las izquierdas del Estado español.

La izquierda abertzale ha hecho una verdadera pedagogía democrática y republicana que ha anulado cualquier intento de anclaje en el imaginario popular vasco del principio monárquico, actualizando en el capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI la larga tradición antimonárquica inserta en la cultura popular vasca. Además, el desprestigio de esta institución se acelera entre los pueblos y clases explotadas del Estado español no sólo por lo irracional que es en sí la monarquía, sino también por las corrupciones que le acompañan. De cualquier modo, el problema no está resuelto porque debemos ser conscientes del papel que la monarquía juega en estos momentos de crisis estructural del Estado español.

En efecto, en la vital carrera por la productividad del trabajo a escala mundial, el capitalismo español va perdiendo posición lenta pero irremisiblemente, va quedando rezagado, es superado por burguesías que sí cuidan las inversiones necesarias para aumentar su productividad. Como marxistas sabemos que, a la larga, la ley de la productividad del trabajo es la que rige el futuro de los Estados y de las naciones. Producir más y mejor con menos tiempo de trabajo es el secreto del beneficio burgués. Pero el bloque de clases dominante en el Estado español, excepto fracciones burguesas vascas y catalanas, apenas se ha preocupado por sistematizar políticas globales destinadas a aumentar la competitividad productiva. Se han volcado más en el látigo que en la zanahoria, más en la plusvalía absoluta impuesta por la represión que en la plusvalía relativa sostenida por el consenso alienador.

El desprecio de la cultura dominante española por la técnica y la ciencia, es muy antiguo, pero con el capitalismo llegó a su máxima expresión. En 1909 Unamuno, crítico mordaz, dijo aquello de: «¡Que inventen ellos!», refiriéndose a la dejadez e indiferencia española por el conocimiento. La intelectualidad española, que ya arrastraba el trauma de 1898, buscaba alternativas a la decadencia del Estado y fue Ortega y Gasset el que en 1914 expresó en una sola frase lo que sería luego el sueño incluso del franquismo desde la década de 1960 «¡España es el problema, Europa es la solución!». La caída de la monarquía y la instauración de la II República en 1931 no resolvieron el problema de fondo. Maeztu dijo en 1934: «Me duele España», mostrando cómo el bloque de clases dominante somatizaba el desastre en vez de buscar alternativas.

Desde la primera crisis seria de la dictadura autárquica franquista, al calor del turismo la burguesía optó definitivamente por el capital financiero-inmobiliario desligándose poco a poco del industrial; luego, también optó por el capital servicios que por el industrial, ya en retroceso. La «reconversión industrial» aceleró la financiarización económica y su progresiva e imparable dependencia del capitalismo exterior. La mal llamada «década milagrosa», de 1997 a 2007 fue un frenesí de egoísmo miope, de ceguera consumista, de desprecio por la inversión en I+D+i. Este supuesto «milagro» también se basó en la entrada de capitales extranjeros; en la entrada de dinero negro del narcocapitalismo y de mafias internacionales; en la corrupción administrativa, política y cultural inherente al clientelismo social español; en la economía sumergida y en el fraude fiscal masivo; en el «dinero de plástico», barato y fácil de pedir a la banca, interesadamente dadivosa; y en la pasividad del movimiento obrero desmoralizado y destrozado por el giro al reformismo descarado y corrupto de la «oposición de Su Majestad», una ex izquierda que alegremente había creado la nueva doctrina del «marxismo-ladrillismo».

La catástrofe de 2007 en adelante cogió desprevenida a la burguesía y a sus peones. Uno a uno fueron desplomándose con desconcertante rapidez todas las euforias superficiales y pueriles de hacía solamente unos pocos años. La crisis era y es incluso cualitativamente más grave que la de 1898, la de 1929-1936, la de 1959, la de 1975, etcétera. La crisis es tan grave que hasta el sector burgués que poco antes jugueteaba con la idea de cambiar la monarquía por una III República autoritaria, neoconservadora y españolizada a tope, ha dejado ese proyecto en el cajón, por ahora, y ha salido en defensa de una Casa Real agujereada en sus muros y podrida en sus raíces. Hay que hacer piña, mientras en Catalunya y en Euskal Herria, las ansias soberanistas e independentistas avanzan con respectivos proyectos republicanos. Hay que hacer piña, y la monarquía vuelve a aparecer como el centro salvador, por ahora. Pero ya no es el único, como en 1978, sino que ahora la gravedad de la crisis es tal, que el sector dominante en la gran burguesía española lo ha dicho abiertamente por boca del banquero Botín: «El euro y la integración de Europa no tienen vuelta atrás».

El rey, en este contexto, es y será la figura central que como el eje de la rueda, cohesione todos los radios, manteniendo la ficción de la «soberanía nacional española», que desapareció definitivamente en 2010-2011 con la aceptación incondicional de las exigencias de la Unión Europea y de Estados Unidos. Por eso, la monarquía será durante un tiempo el punto de bóveda en el que confluyan los diversos intereses fraccionales de la burguesía y simbolice el nacionalismo imperialista español, progresivamente enfurecido y fanatizado en contrapartida a la pérdida de soberanía efectiva. Pero esta función no anula el hecho de que la monarquía ha sufrido una derrota estratégica irrecuperable: además de la corrupción y del gasto injustificable que supone mantenerla, la monarquía es ya lógicamente insostenible para cualquiera que argumente con una racionalidad objetiva. Pero lo decisivo radica en que ha fracasado en la función política que se le asignó con respecto a Euskal Herria.

(*) Revolucionario e intelectual vasco

Publicado en Euskal Herria