Un sondeo revela falta de líderes hispanos en EE.UU

WASHINGTON. - La comunidad latina en Estados Unidos adolece de un enorme déficit de líderes nacionales, de acuerdo con una nueva encuesta dada a conocer hoy por el centro hispano Pew. Aunque la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Sonia Sotomayor, emergió como la figura pública más reconocida entre la comunidad hispana, el vacío de lideres es evidente y revelador, según el sondeo publicado por 'El Diario'.

Sotomayor, la primera hispana en llegar al máximo tribunal judicial, fue ubicada por apenas 7% de los hispanos como la más importante líder que existe en el país.

Otro 5% ubicó en segundo lugar al congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, cuya notoriedad ha derivado en gran medida de su trabajo a favor de la reforma migratoria.

La ubicación de Gutiérrez en está posición resultó notable porque contrasta con la atención nacional que en fechas recientes han generado otros políticos hispanos electos a cargos de elección popular, de acuerdo con el centro Pew.

Además, destacan los casos del senador republicano por Florida, Marco Rubio, y los gobernadores republicanos Brian Sandoval, de Nevada, y Susana Martínez, de Nuevo México.

En tercer lugar fue ubicado el alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, con apenas 3% y en cuarto lugar el periodista mexicano de la cadena Univisión, Jorge Ramos.

Sin embargo, un 64% dijo desconocer quién es el más importante, mientras que para 10% no existe nadie que puede ser considerado como tal.

Estos hallazgos fueron resultado de la encuesta conducida por el centro hispano Pew entre 1,375 hispanos seleccionados al azar con un margen de error de 3.3%.

El volumen en España de créditos impagados aumentó un 2% en el tercer trimestre

MADRID.- El volumen de créditos impagados en el tercer trimestre de 2012 aumentó un 2% con respecto al trimestre anterior, situándose en niveles de 2010 y 2011, según el barómetro trimestral sobre comportamiento de pago y recuperación de impagos de Intrum Justitia.

   En concreto, estos datos indican que los niveles del primer trimestre de 2012, que sufrieron un incremento del 8,5% con respecto al trimestre precedente, corresponden a un repunte de nuevas carteras fallidas para gestión.

   Si se compara con años anteriores, el volumen de créditos impagados del tercer trimestre se incrementó un 16% con respecto al mismo periodo de 2011 y un 6% con respecto al mismo periodo de 2010.

   En lo que respecta al importe total de los casos en recuperación del tercer trimestre de 2012, tras el repunte del primer trimestre del año pasado, se mantuvo en nivel con el trimestre anterior.

   Respecto a la variación en comportamiento de pago, en términos generales el comportamiento de pago de los casos en recuperación durante los 90 días presentó una ligera mejora con respecto al trimestre anterior (8%) y un 27% respecto al mismo trimestre de 2011.

   En los casos de los consumidores, la recuperación en los 90 días de gestión aumentó un 25% con respecto a la recuperación del trimestre anterior y disminuyó un 33% comparado con el mismo trimestre de 2011.

   Por parte de las empresas, la recuperación durante los 90 días de gestión del tercer trimestre se mantuvo en el mismo nivel que el trimestre anterior y disminuyó un 36% con respecto a la recuperación del mismo trimestre de 2011.

   En lo referente a los créditos vencidos del tercer trimestre de 2012, se registró una recuperación de los impagos de consumidores con respecto al trimestre anterior, aunque sigue sin alcanzar niveles de otros terceros trimestres del año. Respecto al trimestre anterior, la recuperación en los primeros 30 días de gestión aumentó un 23%, en el segundo mes un 14% y un 40% en el tercer mes de gestión.

El apoyo a los políticos españoles cae a nuevos mínimos

MADRID.- El apoyo a los líderes políticos españoles ha caído a nuevos mínimos, según un sondeo publicado el domingo por el diario El País, en medio de una profunda recesión económica y un desempleo que alcanza cifras récord.

En un sondeo de Metroscopia realizado entre el 9 y el 10 de octubre, sólo el 29,8 por ciento de los encuestados dijeron que votarían por el gobernante Partido Popular, el nivel de apoyo más bajo desde las elecciones de noviembre de 2011, cuando ganó con mayoría absoluta.

La encuesta mostró una creciente desilusión con los líderes políticos. El 84 por ciento afirmó que tenía poca o ninguna confianza en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras que un 91 por ciento opinó lo mismo sobre el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Sólo el 23,3 por ciento dijo que votarían al PSOE, un resultado que baja desde el 28,7 por ciento obtenido en las elecciones de 2011.

Mientras tanto, creció el apoyo a Izquierda Unida hasta el 15,6% desde el 7,7 por ciento de hace un año, y a UPyD, que obtuvo un 10,2 por ciento desde el 4,6 por ciento de enero de 2012.

La encuesta también mostró que el 74 por ciento de los entrevistados no creía que el Gobierno supiera cómo resolver la crisis económica, mientras un 96 por ciento dijo que pensaba que existía corrupción en la vida política española.

Se espera que la economía española continúe contrayéndose en 2013 mientras aumentan las protestas contra las medidas de austeridad en un país donde una de cada cuatro personas está desempleada.

La economía se ha hundido durante tres de los últimos cuatro años después del estallido de la burbuja inmobiliaria que ha destrozado el consumo y el sentimiento empresarial, mientras el Gobierno aplica recortes presupuestarios para controlar uno de los déficits públicos más altos de la zona euro.

La supervisión de los reguladores falló en la crisis por la "excesiva" confianza en la autorregulación españoles

MADRID.- El resorte de la supervisión y control de los organismos reguladores durante la crisis ha fallado por la "excesiva" confianza en la autorregulación, según el catedrático emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla y vicepresidente de Cuatrecasas, Gonçalvez-Pereira, Manuel Olivencia. 

"No es culpa del sistema de 'corporate governance', sino de los encargados de vigilar su correcto funcionamiento. Los responsables son quienes no ejercieron correctamente las competencias que en el sistema de mercado les estaban encomendadas", explica en un artículo para la publicación de la UNACC 'El sistema financiero y el gobierno corporativo'.

En este sentido, culpa a los miembros de los órganos de vigilancia y supervisión, los auditores encargados de verificar y censurar las cuentas sociales, las agencias de rating a las que compete la calificación de valores y emisores.

A renglón seguido advierte que las funciones de estos agentes están regidas "por normas imperativas, existentes y en vigor" pero que han sido ignoradas o "abiertamente" se han incumplido, infringido o defraudado.

Por ello, concluye que "ni los códigos de buen gobierno son culpables de la crisis, ni ésta determina una crisis de los códigos de buen gobierno, a los que corresponde un importante papel en la salida de la crisis: el de acentuar los valores éticos del gobierno societario con mayor transparencia y más responsabilidad de sus administradores".

Olivencia recuerda que en España, los códigos de buen gobierno, desde el de 1998 al actual código unificado (2006), "no han supuesto 'desregulación' alguna que afecte al sistema de normas imperativas". "Al contrario, no pocas de sus recomendaciones han inspirado la promulgación de nuevas normas que han convertido lo voluntario en obligatorio", afirma.

Así, insiste en que no se puede establecer ninguna relación entre los códigos de buen gobierno y las causas de la crisis económica en España y pone de ejemplo EE.UU., donde "las ilícitas conductas de los responsables no solo no respetaron las normas de buen gobierno, sino que infringieron abiertamente normas imperativas, como las penales, y las que regían las compañías y su contabilidad".

El socialista Rubalcaba pide a los partidos españoles "poner punto final" a la corrupción política

MADRID.-  El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que su formación planteará al resto de partidos un "compromiso para abandonar el 'y tú más' y "poner el punto final" a la corrupción política en España.

   En un 'post' en su muro de Facebook, Rubalcaba ha alertado de que los últimos casos de corrupción política han creado "una grave herida en la democracia" española que merece "una reflexión profunda" por parte de los partidos "que estén dispuesto a ello".

   Entre las propuestas que contempla el político socialista ha citado el refuerzo del control sobre las finanzas públicas o la mejora de los mecanismos de investigación y castigo de estos delitos. "En suma. control, persecución y transparencia, mucha transparencia", ha señalado.

   Además, ha recordado que en su intervención de ayer en el comité federal del PSOE ya alertó de este problema y "muchos compañeros expresaron esa misma preocupación con interesantes aportaciones para afrontarlo".

Avisan de que las Diputaciones españolas son "refugios" para los aparatos de los partidos y nadie sabe cómo se eligen

TOLEDO.- El alcalde de Toledo y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que, "en muchos casos", las diputaciones provinciales españolas resultan ser "refugios de los aparatos de los partidos políticos" y, debido a que no se conforman mediante el voto directo de los ciudadanos, "casi nadie sabe cómo se elige" a sus representantes.

   García-Page ha mencionado el caso de la Diputación de Orense, ahora de actualidad tras la imputación de José Luis Baltar por un delito de prevaricación continuada, ya que se le acusa de colocar a 104 personas en la Diputación sin seguir ninguno de los procedimientos legales.

   "En muchos casos, las diputaciones, no digo el de Orense que es el caso más evidente, son refugios de los aparatos de los partidos políticos", ha señalado el regidor.

   Aunque ha dicho no ser "un fanático de las diputaciones, ni a favor ni en contra", García-Page sí se ha preguntado si "no sería más razonable", en caso de que se tuvieran que suprimir administraciones, "empezar por aquellas que no tienen el voto directo de los ciudadanos".

   "Casi nadie sabe cómo se elige un presidente de diputación. Nadie les vota, nadie les exige cuentas. A mí me parece que si tenemos que depositar competencias y cada día más presupuesto público en unos señores que casi nadie sabe cómo se les elige, digo yo que estamos invirtiendo los términos... No es lo mejor en términos democráticos", ha explicado.

   Así se ha manifestado el líder de los socialistas castellano-manchegos a raíz de la propuesta del Gobierno para reformar la administración local, según la cual se refuerzan el papel y las competencias de las diputaciones en detrimento de los municipios.

   En su opinión, aquellos políticos que quieran ser presidentes de diputación deberían "presentarse a las elecciones como un alcalde" y que "si se está haciendo un planteamiento de recorte administrativo, habrá que empezar, si somos lógicos, por aquellas instituciones que son más opacas desde el punto de vista democrático" porque empezar por los ayuntamientos le parece "una irrealidad, un absurdo".

   Además, se ha preguntado "con qué dinero van a asumir" la prestación de servicios de algunos municipios "si las diputaciones ya  tienen como cometido desde su nacimiento la función de cooperar y asesorar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes".

   "Ahora, lo que están haciendo las diputaciones es, las que tenían un hospital, quitárselo de encima, las que tenían un psiquiátrico, quitárselo de encima. Al final, se quedan para asesorar al alcalde. Pero, para ser sinceros, ¿de verdad alguien piensa que las diputaciones son la solución a la crisis económica de este país? Si alguien está apostando por las diputaciones es porque detrás tiene un interés estrictamente interno de partido y electoral", ha apuntado.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de que los sueldos de los alcaldes sean fijados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, García-Page ha afirmado que no le gustaría que "parezca que la culpa de la crisis la tienen los alcaldes".

   A su juicio, "lo razonable" sería que el Ejecutivo acordara este tipo de cosas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en lugar de que sean "imposiciones". 

"Nadie se pregunta por el sueldo del seleccionador de fútbol, pero todo el mundo se pregunta sobre el sueldo de los alcaldes", ha añadido.

   Por todas estas razones, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha acusado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de "ningunear" a los ayuntamientos porque "los está recluyendo a un esquema de negociados de cuarta".

   "Yo no he visto nunca un desprecio tan tremendo a una autonomía municipal. Es verdaderamente increíble. Lo que no termino de entender bajo ningún concepto es que los alcaldes del PP no le digan al Gobierno de España que ya está bien de ninguneo", ha subrayado.

   En su opinión, "tendría que ser obligatorio que uno para llegar a ser ministro haya sido concejal como mínimo", ya que considera que Montoro "no tiene ni idea de lo que es un ayuntamiento, ni de lo que es una ciudad, ni de lo que le importa a la gente en la calle".

Multitudinaria 'marea blanca' por la sanidad pública madrileña

MADRID.- La segunda de profesionales sanitarios, según los convocantes, se han manifestado este mediodía en el centro de Madrid en defensa de la sanidad pública y en contra de las reformas promovidas por el Gobierno regional, que culminaron con la Ley de Medidas Fiscales que permiten ampliar la externalización de la gestión sanitaria.

   La marcha, convocada por los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (AMYTS, SATSE, CSIT-UP, UGT, CC.OO. y CSIF), se ha iniciado a las 12 horas desde la Plaza de Colón y ha terminado frente al Ministerio de Sanidad, con una cabecera conformada por una amplia pancarta con el lema 'La sanidad no se vende, se defiende'.

   La de este domingo ha sido la segunda 'Marea Blanca' del año, después de que los profesionales sanitarios se manifestaran el pasado lunes desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol convocados por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem) y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (PATU-Salud) bajo el lema 'La lucha sigue. ¡Sí se puede!'.

   Minutos después de iniciarse la marcha, el vicesecretario general de AMYTS, Gabriel del Pozo, ha señalado que se trata de "una más de las múltiples manifestaciones y reclamaciones que han venido haciendo a la administración pidiendo la retirada del plan de privatización".

   Respecto a las declaraciones anteriores del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en las que culpaba a la nueva huelga sanitaria de una "pura pelea" entre sindicatos, Del Pozo ha explicado que en la marcha "están todos los sindicatos de mesa y todos los componentes de las plataformas".

   "No sé si es que el consejero vive en un palacio de cristal donde no le llegan las noticias o lo que intenta es intoxicar y poner la atención en un punto distinto en vez de resolver el problema de la sanidad madrileña", ha sentenciado.

   Por su parte, el miembro de SATSE Madrid Juan Carlos Mejías ha señalado que se manifiestan "a favor de la sanidad pública, universal y gratuita, y en contra de cualquier modelo de privatización del Sistema Nacional de Salud, porque esto ya no se circunscribe a la Comunidad de Madrid".

   Así, ha detallado que le iban a pedir a la ministra de Sanidad, Ana Mato la "intermediación a nivel nacional para que no se lleven a acabo ningún modelo de privatización de sanidad".

 "Todas las comunidades autónomas y toda la sanidad de España está en peligro", ha concluido.

   Al igual que en el resto de manifestaciones sanitarias, la cabecera de la marcha la ha conformado una pancarta con la consigna 'La Sanidad no se vende, se defiende', pero también se han podido observar otras como 'Por la salud', 'Pacientes sí, clientes no', 'La sanidad no es del PP, es de los madrileños' o ' Islandia, campeones'.

   Por su parte, a lo largo del recorrido hasta llegar al Ministerio de Sanidad se han diferenciado distintos cánticos, como 'Sí se puede', 'Sanidad pública', 'Menos asesores y más trabajadores' o 'Luego diréis que somos cinco o seis', entre otros.

   Asimismo, y como sucediese en la 'marea blanca' del pasado lunes, una orquesta ha tocado instantes después del inicio de la marcha canciones en contra de los 'recortes' y especialmente contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

   Los cánticos han ido cobrando más fuerza según la 'marea blanca' se aproximaba al Ministerio de Sanidad, donde los consignas de 'Sanidad pública' se sentían a su paso a lo largo del Paseo del Prado, cortado desde Cibeles en dirección a Atocha.

   En esta ocasión, como la manifestación ha pasado por la Plaza de Neptuno, y en previsión de que no se produjese ningún disturbio por su cercanía con el Congreso de los Diputados, la Carrera de San Jerónimo se encontraba parcialmente vallada y contaba con la presencia de varios furgones policiales.

   La cabecera de la manifestación ha llegado al destino fijado, el Ministerio de Sanidad, en torno a las 13.10 horas, y se ha situado de espaldas al mismo y frente a todos los profesionales sanitarios que han salido en esta ocasión a la calle.

   Allí, han predominado las consignas de 'Sí se puede', 'Ladrones' y 'Sanidad pública', siempre acompañadas con silbatos, algún altavoz y repetidas en múltiples ocasiones.

   Ante la sede ministerial, la responsable de Sanidad de UGT Madrid, Carmen Medranda, ha mostrado su alegría por el "respaldo de la gente" y espera que el consejero vea que "toda la ciudadanía está en contra de la reforma que él quiere aplicar".

 "Desgraciadamente lo que hacen en Madrid se exporta a otras comunidades autónomas", ha añadido.

   Finalmente, sobre las 13.30 horas se ha puesto fin a la segunda manifestación de 'batas blancas' de 2013, y un miembro de la cabecera ha señalado que "todos están unidos" y que si la Consejería de Sanidad no rectifica, continuarán las manifestaciones por una sanidad pública.

Millones de personas subsisten en Rumanía con salarios ínfimos

BUCAREST.- Rumanía cuenta con los salarios más bajos de toda la Unión Europea (UE), lo que beneficia a las empresas por el bajo coste de la mano de obra, pero complica la vida de millones de ciudadanos que subsisten con unos pocos cientos de euros al mes.

De acuerdo a las estadísticas de la Unión Europea (UE), un 22,2 % de la población rumana se encuentra bajo el umbral de la pobreza, mientras que 3 de los 18,5 millones de rumanos cuentan con una renta mensual inferior a los 400 lei, ni siquiera 100 euros.

Rumanía, país miembro de la Unión Europea (UE) desde 2007, se encuentra bajo una economía de libre mercado feroz que ha provocado la nostalgia de muchos de la época comunista.

"En el comunismo uno se permitía disfrutar de unas vacaciones en las playas del Mar Negro, ahora ni tan siquiera podemos ahorrar, sino más bien seguir aceptando los paquetes de comida que nos envían nuestros padres", asegura la joven.

Un 60 % de la población rumana asegura que se vivía mejor bajo el comunismo desde el punto de vista económico, según se desprende de un sondeo del Instituto de Investigación de los Crímenes del Comunismo (IICCMER), realizado en mayo de 2011.

Se trata de una nostalgia por un pasado en el que todos eran pobres aunque el Estado proveía al menos servicios básicos.

Rumanía cuenta hoy con el salario mínimo más bajo de la UE, con apenas 700 lei (158 euros), empatado sólo con su vecino Bulgaria.

"Se paga tan poco porque la mayoría de los trabajos no requieren calificación alguna y presentan una actividad que genera poca productividad", explica el analista Cristian Orgonas.

El experto precisa que la clase de trabajo depende del empresario y no del asalariado: "Las multinacionales transfieren a Rumanía una actividad de trabajo intensivo, pocas veces se puede ver una línea de producción automatizada".

Según un estudio publicado por la oficina de Estadística de la UE (Eurostat) en 2011, dos tercios de la población rumana se dedican a trabajos que carecen de una calificación específica.

Los trabajadores calificados rondan el 23,1 % en el país balcánico cuando la media europea está en el 39,1 %, con Alemania y Francia a la cabeza con 44 % y 43 %, respectivamente.

La economía sumergida está muy extendida en el país balcánico y podría equivaler a la mitad del Producto Interior Bruto (PIB), estiman expertos locales.

Ante la presión de ser el país con los salarios más bajos de la UE, el flamante primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, ha dicho que propondrá aumentar el salario mínimo a 800 lei (181 euros) al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un equipo de expertos del FMI se encuentra de visita en Bucarest hasta el 15 de enero para analizar las condiciones de otro préstamo preventivo que evite un colapso de la finanzas públicas del país.

Rumanía selló en 2009 un acuerdo para una ayuda de 20.000 millones de euros, lo que obligó al Ejecutivo a reducir los salarios en el sector público un 25 % y aumentar el IVA del 19 al 24 %.

La PAH prevé presentar en el Congreso un millón de firmas por la dación en pago

BARCELONA.-   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha anunciado este sábado que prevé presentar en el Congreso un millón de firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la dación en pago.

   La entidad doblaría así las 500.000 firmas necesarias, según ha explicado en una rueda de prensa tras reunirse en Barcelona las cincuenta asociaciones de afectados que están activas de todo el Estado.

   La plataforma, que lleva cuatro años de acciones para cambiar la legislación hipotecaria, ha paralizado 400 desahucios desde que comenzó su actividad.

Primer año de Gobierno de Rajoy en España: Más de 36.000 manifestaciones y concentraciones

MADRID.- El primer año de Gobierno de Mariano Rajoy se saldó con más de 36.000 manifestaciones y concentraciones en toda España, sin contar las celebradas en el País Vasco, lo que supone una media diaria de casi 120 protestas.

   Según los datos que ha recopilado el Ejecutivo hasta el 26 de octubre, en respuesta al portavoz de Interior de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Ricardo Sixto, la comunidad autónoma con más manifestaciones o concentraciones organizadas, fuera o no comunicadas oficialmente, fue Andalucía, con 7.141 movilizaciones registradas.

   En esa clasificación autonómica, en segundo lugar figura Castilla y León (4.435), seguida de la Comunidad Valenciana (3.147), Cataluña (3.116), Islas Baleares (3.112), Navarra (2.842), Madrid (2.846) y Galicia (2.213).

   Según el texto, a la cola se encuentran, debido a su reducida población, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que han contabilizado 26 y 45 protestas, respectivamente. Le siguen las uniprovinciales La Rioja (270), Asturias (335), Murcia (460) y Cantabria (717).  

   Ahora bien, al analizar los datos por provincias destaca el caso de Madrid, donde está asentada la capital, que encabeza la tabla con 2.846 protestas, casi diez cada día. Y eso que los datos sólo abarcan hasta el 26 de octubre del pasado año, por lo que no se han contabilizado, por ejemplo, las movilizaciones protagonizadas por los sanitarios madrileños contra la voluntad del Ejecutivo regional de privatizar la gestión de este servicio público.

   Otras provincias con altos índices de protestas callejeras han sido Sevilla, con 2.842 manifestaciones o concentraciones, seguida de  Cádiz, con 1.543, Valencia, con 1.485, y Valladolid, con 1.338.

   No obstante, en este listado no se ha contado el número de movilizaciones que tuvieron lugar en el mismo periodo de tiempo en el País Vasco, comunidad que ha declinado facilitar esos datos alegando que esa competencia está transferida, conforme al artículo 27 del Estatuto vasco. Y Cataluña, que también cuenta con esa competencia, sólo ha ofrecido datos de la comnunidad, no provinciales, y por los Mossos d'Esquadra hasta el 29 de noviembre.

   El responsable de que se hayan conocido estos datos, el diputado de IU por Valencia, Ricardo Sixto, subraya que, con estas cifras en la mano, queda acreditado "el malestar social" ante la "terrible" crisis que padece el país y que, a su juicio, no parece tener visos de solución.

   Y es que, según ha apuntado, el hecho de que en 2012 casi se haya duplicado el número de manifestaciones respecto del año inmediatamente anterior se debe a que los ciudadanos, incluidos votantes del PP "decepcionados", han querido salir a la calle a protestar contra la política económica aplicada durante este primer año de gobierno de Rajoy y contra el incumplimiento del programa con el que concurrió a las elecciones.

   Dicho esto, Sixto ha informado de que IU está estudiando trasladar a otras circunscripciones la querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por imponer de manera "injustificada" multas a algunos participantes de las manifestaciones celebradas en la capital.

   Sanciones, ha puntualizado, que no sólo en Madrid sino en otras comunidades se han puesto "por el simple hecho" de que una convocatoria de manifestación no se ha comunicado previamente a las autoridades, no porque los participantes hayan causado daño alguno al mobiliario urbano o a terceras personas.

   "Si bien la ley obliga a que se haga esa comunicación previa, lo que hay tener en cuenta es que es que manifestarse es un derecho constitucional, y si se hace sin producir perjuicio alguno, no tiene ningún sentido que las delegaciones de Gobierno se dediquen a imponer multas", ha resumido.

Han vuelto a pasar 40 años / Cristina Fallaras

Si en España dices 40, son años. Si dices 40 años, son Franquismo. Miedo, ignorancia, obediencia y superstición. O sea, dictadura y catolicismo. 40 años de miedo y obediencia crean una tara de generaciones. Varias generaciones. O sea, yo, que cumplo este año 45, seguramente tarada.

Lo primero que quisimos después de tanta podredumbre –40 años, insisto— fue divertirnos, claro. Hubo que sacar una teta, meterse una chuta y mear en la calle. Había prisa por ser otros. Un bar es un buen lugar para echarse a vivir. Los chicos necesitan expandir su creatividad. Dejemos que florezca la extravagancia. La responsabilidad es un término a borrar del diccionario.

Allá detrás, algunos hombres listos empezaron a construir sobre lo que nunca se destruyó, borraron con goma de verde billete las manchas negras de los ribazos, la sangre seca, y silenciaron a escarnios y con la nariz tapada a aquel pequeño núcleo que quiso abrir la boca. Hoy ya casi todos han muerto, otros están lejos o pasan por locos. Enamorados de la moda juvenil. Ningún chaval sabrá de Agustín García Calvo, nadie les contará que fue Paco Porrúa quien nos trajo Rayuela y Cien años de soledad, Ballard y Bradbury. En las tribunas de los medios “progresistas” sentaron a un par de disidentes de la conciencia para ponerse boina. Ellos también murieron casi todos, y se olvidarán. Recupéreme un fruto sustancial de la Movida, si es tan amable. Sitúelo en mitad de este desierto.

Luego, cuando quisimos darnos cuenta, ya nos habían hecho ricos. Cocaína, brother, cocaína y gastronomía de campanillas para los teóricos del género. Eliminemos la palabra izquierda. Me han dicho que hay un pueblo donde quedan dos pobres, podemos ir de viaje. Eliminemos la palabra libertario. Compra una casa, el teléfono móvil va en el sueldo. Eliminemos la pana. ¿Ves como tenían razón los de la Transición? Ya somos europeos, ricos, conectados y cultos. Eliminemos la palabra asociación. Cada palabra que eliminas mata una idea, y con ella su posibilidad. Si pagas suficientemente a los de la cultura, te ofrecen un retrato satisfactorio de nosotros mismos, algo que no moleste, viva el pop. ¿Quién tiene las pelotas de echar la vista atrás delante de una preciosísima esferificación de humo? Plop. ¿Quién es el cenizo que pretende amargarnos nuestro enésimo museo-escultura, la rutilante pista de aterrizaje? La policía es buena, y nacional, la represión no existe, lo que hay es mucho fanático de las teorías conspirativas que dice que El País ya no es El País ni mi casa es ya mi casa, viejos locos.

Pedir explicaciones no es responsabilidad nuestra. Observar a nuestros representantes no es responsabilidad nuestra. Enterrar nuestros muertos no es responsabilidad nuestra. Denunciar los atropellos de los bancos no es responsabilidad nuestra. Pedir la retirada de los franquistas de los órganos de poder no es responsabilidad nuestra. Exigir cárcel para los políticos corruptos no es responsabilidad nuestra. Mirar dentro de los centros donde se pudren los inmigrantes no es responsabilidad nuestra. Pensar que llegará el día en el que ya no recibamos fondos de Europa no es responsabilidad nuestra. ¿No tenemos políticos? ¿No les votamos cada cuatro años? Pues que trabajen. A mí me gusta el gintónic de Ten, un gintónic bien hecho sí que es una responsabilidad, y lo demás, tonterías.

Luego llegó un señor y dijo “Yo soy de derechas, que es lo único serio”. Dijo eso y ya no tenía nada enfrente, y en medio de esa nada, la palabra “miembra”.

Si en España dices 40, son años. Si dices 40 años, son Franquismo. Y nos parece una barbaridad de tiempo, porque es una barbaridad de tiempo. Pues bien, han vuelto a pasar otros 40 años, y ¿qué hemos construido además de maneras eficaces de sacudirnos la responsabilidad de encima? Ahora, alguien creerá que inventa los ateneos populares. Y puede que sea verdad, porque ¿quién recuerda todo aquello? No nosotros, desde luego, que cedimos la memoria con la misma soltura tarada en tecnicolor con la que cedimos el poder.

Carromero sale de la cárcel en España tras obtener el régimen de semilibertad

MADRID.- El joven político español Angel Carromero, que cumple en España la condena a cuatro años de prisión dictada en Cuba por la muerte accidental de disidente Oswaldo Payá, obtuvo el régimen de semilibertad y salió este viernes de la cárcel, informó una portavoz de las prisiones españolas.

"Salió esta tarde", declaró la portavoz de Instituciones Penitenciarias confirmando que este organismo concedió a Carromero el "tercer grado" o régimen penitenciario abierto.

Alcira expropiará casas a los bancos para alquilarlas por 50 € a familias desahuciadas

ALCIRA.- El Ayuntamiento de Alcira expropiará viviendas a los bancos para ponerlas a disposición de familias desahuciadas por un alquiler simbólico después del oportuno proceso de rehabilitación, que también servirá para dar trabajo a personas necesitadas. El proyecto que presentó la alcaldesa, Elena Bastidas, comenzará con 48 casas del barrio de l'Alquerieta que los técnicos consideran inhabitables o en ruina y arrancará precisamente con los 400.000 euros de recargo cobrados a la filial inmobiliaria de Bankia por la demora en pagar las cuotas de Vilella.

 Estas primeras viviendas tendrán como beneficiarios a menores de 35 años "y con arraigo" en la ciudad, ya que se pretende aprovechar esta iniciativa para revitalizar esta barriada en la que se han tapiado decenas de casas para evitar ocupaciones ilegales.
La presentación del proyecto "Alzira Social" fue toda una declaración de guerra a las entidades financieras por parte de Bastidas, que pretende pagar con la misma moneda a aquellos que han actuado "sin piedad, dejando sin casa a muchas familias que temporalmente no podían hacer frente a sus pagos", por lo que defendió que no sería justo "que se tengan la más mínima consideración" con los bancos cuando incumplen sus obligaciones de conservar en las debidas condiciones los inmuebles de su propiedad.
El proyecto se cimenta en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, una herramienta prevista en la ley para garantizar el cumplimiento del deber de edificación y conservación que tiene el propietario de un inmueble, que el ayuntamiento activó el año pasado y en el que en noviembre ya incluyó una primera vivienda en ruinas.
La inscripción de una vivienda en este registro priva al propietario del derecho a intervenir sobre ella y abre la puerta a que cualquier interesado presente un Programa de Actuación Asilada (PAA) con un proyecto y una oferta económica para adquirir el inmueble. 

Si no se produce ninguna oferta en dos años el ayuntamiento tiene la obligación de expropiar aunque, en este caso, será la propia Administración la que presente sin agotar el plazo la propuesta para asumir la rehabilitación de los inmuebles a través de un plan de empleo para ofrecerlos en alquiler a familias desahuciadas o que tengan problemas para acceder a una vivienda por un alquiler medio de 50 euros.

Las administraciones públicas españolas abusan de las prórrogas de contratos

MADRID.-   Las administraciones públicas españolas abusan del uso de prórrogas en la ejecución de los contratos de obras, lo que provoca incrementos en los costes y en los plazos, sin justificar debidamente que estos aplazamientos se deban a causas imprevistas.

   Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización de los contratos de las entidades estatales, que acaba de ser remitido a las Cortes. En su documento, el organismo señala que las prórrogas previstas en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares "exceden en algunos casos del plazo legalmente permitido" además de producirse con "excesiva frecuencia".

   "En muchas ocasiones, (las incidencias que motivan las prórrogas) pudieron y debieron haberse previsto al redactar los correspondientes proyectos iniciales y en la planificación de las propias obras. Especialmente, son de destacar las modificaciones contractuales que se realizan sin justificar debidamente que obedecen a causas imprevistas", añade el Tribunal de Cuentas en el informe correspondiente a 2009.

   Por eso, recomienda a las administraciones públicas "incrementar la planificación y análisis en las fases preparatorias de los contratos, el estudio de las necesidades y su objeto, aportando una mayor precisión, especialmente en la elaboración del proyecto en los contratos de obras, con la finalidad de evitar las modificaciones, ampliaciones de plazo, retrasos y obras complementarias que frecuentemente no están justificadas".

    Con respecto a la fase de análisis de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas para adjudicar los diferentes contratos públicos, el Tribunal de Cuentas comienza por criticar las omisiones de información que se detectan en muchos casos, sobre todo en relación con los importes máximos de los gastos de publicidad permitidos, el plazo de garantía, las cláusulas sociales que dan preferencia en la adjudicación (contratos a discapacitados, medidas en favor de la igualdad, etc.) o los métodos de supervisión de la ejecución.

   Además, detecta "numerosas deficiencias" en la concreción de los criterios objetivos que se incluyen en los pliegos de condiciones, lo que en ocasiones provoca que criterios técnicos se tengan en cuenta en la segunda fase de los concursos en lugar de en un primer término, cuando se decide qué ofertas cumplen los requisitos y cuáles no.

   En este sentido, el Tribunal asegura que en muchas ocasiones no se llega siquiera a constituir el comité de expertos previsto para la valoración de los criterios de adjudicación cualitativos, y que las fórmulas de ponderación conjunta de los criterios no son homologables.

   "Se aprecia frecuentemente la vulneración del carácter secreto de las proposiciones como consecuencia de la apertura previa, por la Mesa de Contratación, de la documentación técnica en los expedientes adjudicados por procedimiento abierto", continúa el informe, que también en este caso reprocha el uso indebido del procedimiento de urgencia en casos no justificados ni excepcionales.

   Además, subraya que "la justificación del trámite de urgencia no se motiva suficientemente o bien responde a causas que podrían haberse evitado de haber empleado una mayor diligencia o deriva realmente de la inactividad de la propia Administración, y no de circunstancias imprevisibles o sobrevenidas".

   Por último, el Tribunal de Cuentas hace referencia a los requisitos de documentación en la formalización de los contratos y a su remisión al propio organismo fiscalizador de la información sobre contratación en el sector público.

   Sobre el primer asunto, señala que las entidades aportan en algunos casos documentos que no cumplen los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (por ejemplo, documentos contables de retención de crédito en lugar de certificados de existencia de crédito) y que en ocasiones no se llega a acreditar la publicación de las licitaciones en el Perfil del Contratante de las diferentes entidades ni las adjudicaciones en los boletines oficiales correspondientes.

   Con respecto a los datos que llegan al Tribunal de Cuentas, se asegura que presentan "habitualmente significativas omisiones" y "numerosas deficiencias en su contenido", además de ser "significativos los incumplimientos y demoras respecto al envío de las comunicaciones sobre las incidencias en la ejecución y finalización" de los contratos. De esta manera, es habitual que el número de expedientes de contratación sea inferior a los contratos recogidos en las relaciones generales.

Rehn: suprimir la deducción por vivienda reducirá el sobreendeudamiento en España

BRUSELAS.- El vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha descartado proponer una norma común en la UE para frenar los desahucios alegando las diferentes situaciones en los Estados miembros. En el caso de España, Rehn cree que la supresión de la deducción por vivienda, exigida por Bruselas, contribuirá a reducir el sobreendeudamiento hipotecario.

   "El problema de los desahucios ha sido merecedor de especial atención en España y ha dado lugar a la adopción de nueva legislación que impone una moratoria de dos años para los desahucios en el caso de los grupos especialmente vulnerables", ha destacado Rehn en respuesta a una interpelación de la eurodiputada socialista Maria Badia.

   "Habida cuenta de las grandes diferencias entre Estados miembros en lo que respecta tanto a la severidad de la situación como a las estructuras institucionales y jurídicas, no se considera recomendable ni posible imponer un enfoque armonizado para esta cuestión", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

   La Comisión, prosigue Rehn, ha estudiado el problema del endeudamiento hipotecario de las familias y sus implicaciones macroeconómicas como parte del nuevo procedimiento para prevenir los desequilibrios excesivos a escala de la UE.

   A raíz de este análisis, ha explicado el responsable económico, "se formularon recomendaciones específicas a una serie de países, incluida España, que pueden contribuir a prevenir el sobreendeudamiento hipotecario, como, por ejemplo, la eliminación de los incentivos fiscales que favorecen el acceso a la vivienda en propiedad, que fueron un importante factor para la acumulación de esa deuda antes de la crisis".

   En su interpelación, Badia alertaba del "alarmante crecimiento de los desahucios en España" y preguntaba a la Comisión si pensaba armonizar las normas de la UE para frenarlos, tal y como ha sugerido el Fondo Monetario Internacional, y si planteará propuestas para instar a los Estados a ayudar a los ciudadanos afectados.

AMAyT, la nueva asociación contra la corrupción en Almería, trasladará los primeros casos a Fiscalía en breve

ALMERÍA.- Carolina Gutiérrez y Eva Liria, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la nueva asociación que se ha constituido en Almería contra la corrupción, AMAyT (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia), han anunciado que en breve presentarán varias denuncias a la Fiscalía para que investigue los casos de corrupción de los que han tenido conocimiento en los últimos meses.

 Porque, según dijeron, aunque la asociación se presenta ahora en sociedad, lleva ya tiempo trabajando. Asimismo, han anunciado que acaban de solicitar un primer encuentro con el fiscal jefe para darle a conocer este proyecto y así como las primeras denuncias.

Según explicó Gutiérrez en 'Amayt trabajamos de forma desinteresada bajo una serie de premisas y objetivos muy concretos'. Así, señaló, 'hemos comprobado que la sociedad civil ha reaccionado contundentemente ante la situación de corrupción generalizada a todos los niveles institucionales en la que nos encontramos y esa reacción ciudadana ha provocado una acción, que ha sido la formalización de esta asociación' que aspira a ser 'correa de transmisión de lo que está demandando la sociedad civil'. 

A juicio de la presidenta de AMAyT, la sociedad demanda 'que se haga justicia ante la impunidad de los múltiples casos de corrupción que se están dando' y que no cuentan con una respuesta ágil y eficaz además de que, entiende, jueces y fiscales 'no son dotados de los medios adecuados por los gobiernos de turno'. 

En este sentido, recordó el informe del Fiscal Jefe del TSJA con motivo de la inauguración del año judicial en el que manifestaba que la corrupción 'está institucionalizada en las más altas esferas de la administración'.

AMAyT se plantea como principal objetivo trasladar a Fiscalía todos los casos de corrupción de los que tenga conocimiento que le transmitan los ciudadanos, sean víctimas o no, y 'de los que no se atrevan o no puedan denunciar por miedo a represalias'.

Carolina Gutiérrez indicó que entre quienes les han facilitado casos de corrupción se encuentran profesionales del derecho, arquitectos, ingenieros, periodistas y funcionarios de distintas administraciones, según la crónica de 'Teleprensa'.

Carromero podría dormir en su casa el fin de semana

MADRID.- La Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia ha acordado tras su reunión de este jueves elevar su propuesta de concesión del tercer grado penitenciario para el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, al reunir "todos los requisitos legales para ello", han informado hoy fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

   Estas mismas fuentes han precisado que el expediente de la Junta llegará este mismo jueves a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que previsiblemente dará su visto bueno mañana viernes previa comunicación a la Fiscalía por lo que a lo largo del fin de semana Carromero podría dormir en su domicilio. El Ministerio Público ya ha anunciado que no se opondrá.

   El tercer grado penitenciario --conocido coloquialmente en el argot carcelario como 'régimen cenicienta'-- permite salir a diario de la cárcel con la obligación de volver por la noche para dormir, excepto los fines de semana.

    No obstante, una vez concedido el régimen de semilibertad, Carromero podría aceptar llevar un control telemático con que el que sustituiría el requisito de acudir las noches a prisión. Otras fuentes cosultadas han indicado que no es habitual que la Junta proponga un tercer grado y la Secretaría General lo apruebe en el mismo día, pero admiten que ha habido casos en los que sí se ha hecho por lo que legalmente es posible. Asimismo, estas mismas fuentes recuerdan que la instalación del sistema de control telemático también suele durar varios días.

   Así, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, no tendría que volver a la cárcel de Segovia hasta el lunes por la noche en caso de que finalmente Instituciones Penitenciarias le concediese el tercer grado propuesto por el centro segoviano, han informado fuentes penitenciarias.

   Estas fuentes han explicado que esta es la duración de los permisos de fin de semana de los que disfrutan los presos sujetos al tercer grado penitenciario que comienzan el viernes y finalizan el lunes por la noche.

   El tercer grado penitenciario --conocido coloquialmente en el argot carcelario como 'régimen cenicienta'-- permite salir a diario de la cárcel con la obligación de volver por la noche para dormir, excepto los fines de semana.

   Carromero no tendría que volver a dormir más en la cárcel de Segovia en caso de que acepte someterse a un control telemático y que este sistema ya estuviese listo el lunes. Las fuentes consultadas explican que la instalación de estos servicios puede durar varios días.

   En caso de que Carromero acepte someterse a este sistema, tendría la obligación de pernoctar siempre en su domicilio o al menos pasar allí unas horas todos los días, según han informado fuentes penitenciarias consultadas. Consiste en una pulsera con apariencia de reloj que se puede poner en la muñeca o en el tobillo, opción ésta más recurrente al pasar más desapercibida ya que no se la puede retirar en ningún momento. Para el funcionamiento de este sistema de control es imprescindible además la instalación de un sistema adicional --parecido a un módem-- en el domicilio del preso.

   Generalmente se sitúa en el teléfono fijo y es la empresa de origen israelí Elmo-Tech la encargada de prestar este tipo de servicios telemáticos en España.

   Desde la institución penitenciaria se fija para el preso un plazo de tiempo equivalente al que pasaría en prisión en caso de que tuviese que acudir a pernoctar. Las fuentes consultadas indican que este plazo de tiempo es de ocho horas aproximadamente y que lo más habitual es aplicarlo de noche.

   El módem instalado en el domicilio es el encargado de detectar, a través de las señales que transmite la pulsera, que el preso cumple con ese tiempo de control estipulado. En caso de que Carromero dejase de cumplir este plazo por una cuestión no justificada, podría incurrir en un incumplimiento de su régimen de tercer grado. Esta situación se mantiene hasta que se cumplen las 2/3 partes de la condena y se accede a la libertad condicional, en la que ya no es necesario ningún control telemático.

   La concesión de este tercer grado para Ángel Carromero está amparada por Ley, concretamente por el artículo 36 del Código Penal, según el cual al haber sido condenado a menos de cinco años, podía recibir el tercer grado de clasificación directamente. El joven dirigente 'popular' fue condenado a cuatro años de cárcel por las autoridades cubanas por un delito de homicidio imprudente.

   Carromero se encuentra en la cárcel de Segovia desde el pasado 29 de diciembre. La Junta de Tratamiento de este centro Penitenciaria ha podido adoptar esta decisión una vez que el pasado día 3 la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció la liquidación de la condena y determinó que, teniendo en cuenta los 159 días que permaneció preso en la isla, finalizará su condena el el 21 de julio de 2016.

La OIT rechaza el contrato para jóvenes que propone la patronal española

MADRID.- El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, ha rechazado el contrato para jóvenes referenciado al salario mínimo, propuesto por el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, y ha apostado en su lugar por fomentar el "trabajo decente".

   En declaraciones a TVE, Nieto ha indicado que se trata de establecer empleos sin ningún tipo de "discriminación" y con condiciones mínimas de "salud y seguridad", algo que, ha dicho, sólo se puede lograr "con diálogo social". 

"Es una premisa básica, diálogo, diálogo y más diálogo", ha añadido.

   Por otra parte, ha indicado que habría que confluir a nivel europeo en un mismo salario mínimo, así como en otros aspectos en materia laboral. "Es una cuestión que se está discutiendo desde hace tiempo y todo lo que sea avanzar será en esa dirección será positivo para Europa y para los trabajadores", ha añadido.

   Por otro lado, Nieto ha puesto de manifiesto que es preciso "repensar" las políticas de austeridad "extrema" que se han impuesto en la UE, ya que están desembocando más desempleo, cuando reducirlo debería ser el principal objetivo de las actuales políticas económicas.

   Según ha dicho, en el mundo hay más de 70 millones de jóvenes que no encuentran trabajo, a lo que ha añadido que, "si las economías no generan hasta 500 millones de euros en diez años, nos podremos encontrar con una generación perdida, lo que tendría resultados nefastos".

El precio mundial de los alimentos cae un 7% en 2012

ROMA.- Los precios de los alimentos registraron en el conjunto de 2012 un descenso del 7% respecto al año anterior, según el Índice de Precios de los Alimentos elaborado desde 1990 por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en los 212 puntos.

   En términos intermensuales, el índice de la FAO para los precios de los alimentos cayó por tercer mes consecutivo en diciembre de 2012, con una bajada del 1,1% hasta situarse en los 209 puntos, su nivel más bajo desde los 200 puntos de junio. Este descenso estuvo motivado por las caídas en los precios internacionales de los principales cereales y aceites y grasas.

   El subdirector General de la FAO a cargo del Departamento de Desarrollo Económico y Social, Jomo Sundaram, destacó que los datos de diciembre marcan una "inversión" respecto a la situación en julio pasado, "cuando las fuertes alzas de los precios provocaron temores de una nueva crisis alimentaria".

   "Pero la coordinación internacional, en particular a través del Sistema de Información sobre Mercados Agrícolas (AMIS por sus siglas en inglés), así como la caída de la demanda en una economía internacional estancada, ayudaron a que la subida de precios fuese de corta duración y se calmaran los mercados, de manera que los precios terminaron 2012 por debajo de los niveles del año anterior", añadió.

   Entre los diferentes productos, las mayores caídas interanuales se registraron en el azúcar (17,1%), los productos lácteos (14,5%) y los aceites (10,7%). Por el contrario, los descensos fueron mucho más modestos en los cereales (2,4%) y la carne (1,1%).

   En comparación con el mes anterior, el índice para los precios de los cereales registró una media de 250 puntos en diciembre, un 2,3% menos respecto a noviembre por una menor demanda de grano para piensos y usos industriales, mientras que los precios de la carne alcanzaron los 176 puntos en diciembre, una ligera bajada frente al dato de noviembre.

   Por su parte, el indicador de los precios de aceites y grasas se situó en 197 puntos en diciembre, un 1,9% menos que el mes anterior y el nivel más bajo desde septiembre de 2010, principalmente por la continua acumulación de grandes existencias de aceite de palma a nivel mundial.

   En el caso de los productos lácteos, el índice se situó en los 197 puntos en diciembre, un 0,9% más que en noviembre, mientras que los precios del azúcar registraron una media de 274 puntos en diciembre, ligeramente menor respecto a noviembre y su valor más bajo desde agosto de 2010.

Torres implica a la noble Corinna en las actividades del Instituto Nóos

PALMA DE MALLORCA.- Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha entregado al juez instructor del caso Nóos varios correos electrónicos en los que figura el nombre de la noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein, amiga a su vez del Rey don Juan Carlos, y en los que la entidad agradece su participación en la primera edición del Valencia Summit, evento investigado por un supuesto desvío de fondos públicos.

   Los correos han sido recientemente aportados por la defensa de Torres al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, y en uno de ellos Francisco Larrey, quien fuese empleado de Nóos, ironiza, dirigiéndose al presunto testaferro de Urdangarin, Mario Sorribas: "Mario, ¿crees que me podré casar con la señorita Corinna?".

   En otro email, Sorribas agradece a Larrey la participación de Corinna con un "¡ahí has 'estao' torero Francisco! Yo creo que éste es el camino para llegar a cualquier parte del mundo". Por su parte, la propia noble también da las gracias a Larrey en otro email, afirmando en inglés, haberle alegrado el día ("it may my day!!!") tras su irónico comentario.

   En respuesta del 2 de noviembre de 2004, el propio empleado de Nóos le espeta a Corinna "you are a lovely woman" ("eres una mujer maravillosa"), agradeciéndole su presencia en el Valencia Summit de 2004 y confiando en contar con ella en la edición de 2005 y comentándole, todo en inglés, que si necesita cualquier cosa en Barcelona o Valencia le pida ayuda. Despidiéndose, tras ello, con un "much love" ("mucho amor").

   Según los documentos aportados por Torres, ese mismo día Corinna vuelve a escribirle para dedicarle "unas pocas líneas" con las que agradecerle la "fantástica organización en Valencia" y "toda vuestra asistencia con nuestros viajes, etc. Hemos pasado un tiempo maravilloso. Con los mejores recuerdos, Corinna".

   La entrega de los correos ante el Juzgado coincide con la presentación, por parte del abogado de Torres, de un escrito en el que hace referencia a la petición de archivo formulada por el supuesto hombre de paja de Urdangarin, calificando no obstante de "intolerables, amén de poco afortunadas", las reflexiones vertidas por Sorribas en su solicitud.

   La defensa de Sorribas afirmó en su escrito que su patrocinado, quien ejerció como apoderado en la inmobiliaria que el marido de la Infanta Cristina comparte al 50 por ciento con su mujer, era un "currante" considerado por los demás como "muy trabajador y servicial", pero sin ninguna capacidad de decisión ni mando.

   De hecho, en esta misma línea el abogado incidía en que "absolutamente todos cuantos han declarado en la condición que fuera han indicado de manera taxativa y sin dudar quiénes eran los dueños del Instituto Nóos" -en alusión a Urdangarin y a Torres-, "quiénes se ganaban la vida con la ganancia empresarial de sus actividades y quiénes eran los que mandaban y tomaban todas las decisiones".

Carromero deberá dormir en su casa si se le aplica un control telemático

MADRID.- El dirigente de Nuevas Generaciones del PP, Ángel Carromero, tendría la obligación de pernoctar siempre en su domicilio o al menos pasar allí unas horas todos los días en caso de que se aplicase un control telemático, según han informado fuentes penitenciarias. Para ello es preciso que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias apruebe antes la concesión del tercer grado.

   Estas mismas fuentes han precisado que el sistema de control telemático consiste en una pulsera con apariencia de reloj que se puede poner en la muñeca o en el tobillo, opción ésta más recurrente al pasar más desapercibida ya que no se la puede retirar en ningún momento. Para el funcionamiento de este sistema de control es imprescindible además la instalación de un sistema adicional --parecido a un módem-- en el domicilio del preso.

   Generalmente se sitúa en el teléfono fijo y es la empresa de origen israelí Elmo-Tech la encargada de prestar este tipo de servicios telemáticos, añaden las fuentes consultadas.

   Desde la institución penitenciaria se fija para el preso un plazo de tiempo equivalente al que pasaría en prisión en caso de que tuviese que acudir a pernoctar, requisito obligatorio para los casos de tercer grado sin control telemático. Las fuentes consultadas indican que este plazo de tiempo es de ocho horas aproximadamente y que lo más habitual es aplicarlo de noche.

   El módem instalado en el domicilio es el encargado de detectar a través de las señales que transmite la pulsera que el preso cumple con ese tiempo de control estipulado. En caso de que Carromero dejase de cumplir este plazo por una cuestión no justificada, podría incurrir en un incumplimiento de su régimen de tercer grado.

   Esta situación se mantiene hasta que se cumplen las 2/3 partes de la condena y se accede a la libertad condicional, en la que ya no es necesario ningún control telemático.

   Para acceder a la pulsera es necesario que el preso acepte llevarla y que Prisiones le conceda el tercer grado. El primer paso de este proceso podría darse este jueves en la reunión prevista de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia en la que se encuentra interno Carromero desde el pasado 29 de diciembre. En caso de que la Junta lo considere pertinente, elevaría su propuesta a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que tendría la última palabra.

   Las fuentes consultadas aseguran que a juzgar por los precedentes de otros presos, no es habitual que la Junta proponga y la Secretaria General apruebe un tercer grado en el mismo día, pero admiten que legalmente es posible. En cualquier caso recuerdan que la instalación del sistema de control telemático también suele durar varios días. En ese sentido indican que en caso de que se le aprobase el tercer grado mañana o el viernes, Carromero podría disfrutar de un permiso de fin de semana sin necesidad de control y sin la exigencias de pernoctar en prisión.

   El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este miércoles que, en opinión de la Fiscalía, el delito cometido por el dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero "está incurso en la figura del tercer grado" dentro de la estructura del Código Penal.

   Según el artículo 36 del Código Penal, al haber sido condenado a menos de cinco años, podría recibir el tercer grado clasificación directamente y sustituir la obligación de pernoctar en la cárcel a cambio de someterse a un control telemático.

   Así se ha referido el abogado de Ángel Carromero, José Maria Viñals, confía en que su cliente no tenga ni siquiera que dormir en prisión si se le concede el tercer grado porque estaría controlado por una pulsera telemática.

   "Se le pone un dispositivo telemático, un brazalete, y, por lo tanto, puede dormir en su domicilio", ha concretado Viñals en una entrevista de Antena 3, cuando le han preguntado en qué condiciones estaría el vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP de Madrid con el tercer grado.

Expertos proponen impedir ejercer la acción popular a partidos, sindicatos y asociaciones

La nueva regulación de la acción popular podría excluir su ejercicio para partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, exceptuando a los colectivos de víctimas en casos de terrorismo, y además estaría limitada a una lista de delitos relacionada con la Administración Pública, la discriminación o el terrorismo.

   Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Ministerio de Justicia ha recibido por parte de la comisión de expertos que designó el pasado marzo para la redacción de la nueva norma que debe regular el proceso penal.

   Precisamente, muchos de los asuntos que ahora mismo están investigando los tribunales se iniciaron gracias a la acción popular ejercida por partidos políticos, sindicatos o asociaciones. Así ha ocurrido en los casos de Bankia o Novacaixagalicia que investiga la Audiencia Nacional o el 'caso de los trajes' contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

   El informe sobre la futura ley, denominada 'Código Procesal Penal' en sustitución de su actual denominación --Ley de Enjuiciamiento Criminal--, establece una serie de requisitos para ejercer la acción penal cuando el interesado no sea perjudicado por el delito.

   Así, se introduce la novedad de que no puedan ejercer la acusación popular los fiscales, los jueces ni los magistrados y que tampoco puedan hacerlo aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la Administración de Justicia, como son falsas denuncias, falso testimonio o encubrimiento, entre otros.

   Las personas que no estén obligadas a declarar como testigos contra el encausado por un vínculo familiar o análogo --como son cónyuges o algunos familiares-- también quedarán privadas para ejercer la acusación popular, al igual que ocurre con partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, como son asociaciones, fundaciones o corporaciones.

   La prohibición prevista para las personas jurídicas no será aplicable para aquellas constituidas para la defensa de las víctimas del terrorismo en los procesos iniciados por delitos de esta naturaleza. De esta forma, sólo podrían ejercer la acción popular los españoles a título individual.

   La actual legislación sólo establece alguna limitación para el ejercicio de la acción penal --no específicamente la popular-- a jueces o magistrados, personas que no gocen de todos sus derechos civiles o quienes hayan sido condenados dos veces por un delito de denuncia o querella calumniosa.

   Además, el borrador contempla otra limitación relativa a los delitos perseguibles mediante esta acusación. Hasta ahora, se puede interponer en cualquier delito de naturaleza pública, lo cual incluye también a los delitos económicos que, según el informe, quedarían excluidos.

   De salir adelante la propuesta, que no es vinculante, la norma establecería restricciones que afectarían a los sujetos y a los delitos sobre los que giraría la acusación popular.

   Así, sólo podría interponerse en la persecución de delitos de prevaricación judicial, cohecho, tráfico de influencias o aquellos que hayan sido cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por particulares partícipes en los mismos.

   La acción popular también se podrá ejercer ante delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, el medio ambiente, delitos electorales, terrorismo o provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra asociaciones o la difusión de información injuriosa sobre estos grupos, según el texto.

   Entre los nuevos requisitos, se introduce la previsión de que la acción popular sólo pueda ser admitida si presenta su querella "con anterioridad a la formulación del escrito de acusación por el Ministerio Fiscal".

   La nueva figura del tribunal de garantías, a instancias del Ministerio Fiscal o del resto de partes, fijará la caución que habrá de prestar el actor popular para responder de las costas que le puedan ser impuestas en sentencia y que podrá prestar de cualquiera de las formas previstas por la Ley de Enjuciamiento Civil.

   El ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha apostado por incrementar el protagonismo de los representantes del Ministerio Público en la investigación en el proceso penal, pero también por incorporar la figura de un juez de garantías que tutele los derechos de los ciudadanos y al que se puedan recurrir las decisiones del fiscal.

La patronal española propone un nuevo contrato para jóvenes con el salario mínimo como referencia

MADRID.- El presidente de la patronal española de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), Jesús Terciado, ha dicho que conjuntamente con CEOE se ha propuesto a los sindicatos la creación de un nuevo contrato para jóvenes que tendrá como "referencia" el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente fijado en 645,30 euros mensuales.

    Terciado ha añadido que con este punto de partida "las condiciones irían mejorando" a medida que el trabajador se fuera formando, "siempre buscando que acabe teniendo las condiciones plenas del resto de los trabajadores".

   Según ha asegurado, esta propuesta responde a que "hay que hacer algo" antes unas cifras de paro juvenil que superan el 50%. Dicho esto, ha defendido el diálogo con los sindicatos y ha asegurado que, aunque el acuerdo parece en muchas ocasiones "materialmente imposible", es preciso intentarlo.

   "Tenemos contacto con los sindicatos, no hemos dejado de tenerlo, creo que el diálogo social debemos fomentarlo y cultivarlo", ha sentenciado el presidente de Cepyme.

   Por otro lado, Terciado ha defendido la actuación del Gobierno, pero ha puesto de manifiesto que el "impresionante" recorte de las inversiones "no puede durar" y que tras "la urgencia que ha llevado a tomar estas decisiones" es preciso "que se restablezca cuanto antes la inversión pública", así como la liquidez para el sector privado. "El empleo no tiene futuro si no hay inversión", ha añadido.