BARCELONA.- La acumulación de noticias vinculadas a investigaciones judiciales con políticos implicados ha sacudido de forma traumática la política española
en las últimas semanas. Prácticamente en cada rincón de la geografía
española y en todos los grandes partidos se han conocidos casos de
corrupción que han propiciado la sensación de que el gran mal de la
política se ha generalizado entre quienes se encargan de gestionar los
asuntos públicos, se escribe hoy en 'La Vanguardia'.
Hasta tal punto es así, que el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se ha visto forzado a ordenar una doble
auditoría en las cuentas de su partido y lanzar el reto de conseguir un
gran pacto nacional de todas las fuerzas parlamentarias contra la
corrupción política.
Los golpes han sido tan duros y han
revestido tanto alcance que algunos días el manto de la sospecha se ha
extendido sobre toda la clase política. La reiteración de casos ha
llegado a provocar la sensación de que muchos cargos públicos de la
época del pelotazo inmobiliario, tanto en las administraciones públicas
como en los partidos, aprovecharon la bonanza económica para llenar-se
los bolsillos con la sensación de que nadie se daría cuenta del dinero
distraído en su provecho personal. Como si la corrupción
hubiese campado a sus anchas durante más de un decenio y ahora, gracias
a las investigaciones policiales, aflorase la fructífera cosecha de la
putrefacción sembrada durante aquellos años.
El último índice de
percepción de la corrupción realizado por la organización Transparencia
Internacional en 2012 sitúa a España en el número 30 del mundo (al líder
del ranking se le supone el país menos corrupto del planeta), detrás de
países como Botsuana, Qatar o Bahamas. El primero que se realizó, en
2002, colocaba a España en el puesto número 20, lo que indica que ha
retrocedido 10 puestos en los últimos diez años.
A raíz de esta
tormenta política que está haciendo vibrar los cimientos de la
democracia española, La Vanguardia ha querido explicar cómo se
manifiesta en los principales países el fenómeno de la corrupción
política y cómo las diferentes sociedades expresan su reproche. La
visión de cada país obedece a muchos factores, como su tradición
democrática o su religión mayoritaria, pero también al momento político
que están viviendo.
Alemania: Entre el rigor y la apariencia
En Occidente la corrupción se divide en dos culturas. Una es la del
descaro católico-latino-meridional. Otra es la
germano-anglo-sajona-protestante, rigurosa en lo anecdótico y nebulosa
en lo esencial-estructural. En febrero el presidente alemán dimitió por
un nimio asunto de favores. Un año antes el ministro de Defensa hizo lo
mismo por plagiar su tesis doctoral. Ni siquiera eran delitos. Esa
imagen de rigor es muy aparente porque los asuntos más graves
(privatizaciones, sector farmacéutico, seguros, energía) son mucho más
opacos y frecuentemente legales. Ocurre lo mismo con la evasión fiscal.
Se persigue a conciencia la pequeña, mientras el gran fraude, estimado
en 150.000 millones anuales (16% de la recaudación), es muy difícil de
atajar y campa a sus anchas, señalan profesionales del sector.
Las
grandes empresas y consorcios, con gran dominio de la política y de los
medios, pueden financiar a los partidos sin límites. Todos los partidos
alemanes, excepto el marginalizado Partido de la Izquierda, son
financiados por grandes empresas. La participación sindical en consejos
de supervisión supone también financiación de los sindicatos por las
empresas.
Por ley, los partidos deben presentar un informe anual
de sus cuentas y patrimonio, las donaciones por encima de los 50.000
euros deben publicarse en el Bundestag y no se permiten donaciones
anónimas de más de 500 euros ni de empresas públicas. En la práctica su
financiación deja, desde hace décadas, un rastro de escándalos que
salpicaron a los principales partidos con todo tipo de gobiernos.
Alemania
no ha firmado la convención de la ONU contra la corrupción. Y el
Deutsche Bank, ha sido juzgado por estafa en Estados Unidos e Italia,
pero no en Alemania.
Francia: Presidentes salpicados por las irregularidades
No sucede cada día que un jefe de Estado sea condenado por la
justicia por un asunto de corrupción. Pero este ha sido el caso de
Jacques Chirac, el primer presidente de la V República -rara distinción-
en ser condenado por la justicia. El 15 de diciembre del 2011, el
Tribunal Correccional de París declaró a Chirac culpable de los delitos
de malversación de fondos públicos, abuso de confianza y prevaricación
en el caso de los llamados empleos ficticios de la alcaldía de París -un
medio indirecto de financiación irregular del partido gaullista de la
época, el RPR-, y sentenciado a dos años de cárcel con suspensión
condicional de la pena. La condena llegó muy tarde -los hechos se
remontaban a los años ochenta, pero mientras estuvo en el Elíseo Chirac
no pudo ser juzgado- y la opinión pública francesa, que en aquel momento
observaba con cariño y benevolencia al ex presidente, estaba inclinada a
perdonar.
La ley de Financiación de los Partidos Políticos
-aprobada en 1988 y reformada y endurecida en 1990, 1993, 1995 y 2003-
estableció fuertes ayudas públicas, que pueden representar hasta el 60%
de los ingresos de un partido, y limitó los gastos electorales y las
donaciones privadas. Y teóricamente tendría que haber acabado con las
antiguas prácticas y abusos. Pero una cosa es la teoría y otra la
realidad.
Que es así lo demuestra el hecho de que la Comisión
Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política haya rechazado
recientemente las cifras presentadas por Nicolas Sarkozy sobre la
campaña de las presidenciales del 2007 y que la justicia francesa esté
investigando la posible entrega de dinero en negro de parte de la
multimillonaria propietaria de L'Oréal, Liliane Bettencourt.
Italia: Nueva ley, pudor electoral y regiones bajo sospecha
La corrupción política en Italia es tan grave y endémica que el
Gobierno técnico de Mario Monti fijó como prioridad endurecer la
legislación para combatirla. A pesar de que en el último Parlamento
había un centenar de diputados con causas judiciales pendientes, se
aprobó por amplia mayoría, en octubre pasado, una nueva ley
anticorrupción. En ella se clarifican los delitos y se establecen -en
muchos casos- penas más duras. En parte Italia se ha limitado a aplicar
de manera más rigurosa los acuerdos internacionales suscritos sobre la
materia, como la convención de la ONU de Mérida o la convención penal de
Estrasburgo. Para ciertas modalidades de corrupción, la pena de cárcel
puede llegar a los 8 años, y para el abuso de oficio, hasta los cuatro
años. Se establece como delito específico el "tráfico de influencias
ilícitas", con penas de hasta tres años de cárcel. La nueva legislación
tuvo algunas críticas, sobre todo por no redefinir el delito de
falsificación contable, que prácticamente fue despenalizado cuando
gobernaba Silvio Berlusconi. Con todo, existe una mayor sensibilidad e
incluso el partido de il Cavaliere, en su afán por presentar candidatos
"limpios", ha excluido por primera vez de las listas electorales para
los comicios del 24-25 de febrero a algunos políticos, ahora en el
Parlamento, que están siendo investigados por corrupción y por vínculo
mafioso. Monti, en su programa electoral, anuncia su intención de
reformar el título V de la Constitución italiana, sobre las competencias
de los diversos entes territoriales, para -entre otras razones-
contener la corrupción de las administraciones regionales, protagonistas
de recientes escándalos de gran envergadura en Lombardía y Lacio. Monti
no oculta un objetivo recentralizador para controlar el gasto público y
"no caer en el particularismo y en el folklore".
Japón: El difícil equilibrio entre ley, honor y fidelidad al clan
Transparency International, una oenegé que combate la corrupción
desde hace más de una década, sitúa a Japón en el puesto 17 de su lista
de 174 países. Es el tercer asiático menos corrupto, por detrás de
Singapur y Hong Kong.
Esta clasificación sobre la percepción de
la corrupción indica que en Japón hay poca corrupción. En el ámbito
político existe, desde 1995, una ley de financiación a los partidos que
limita las donaciones empresariales y privadas y obliga a éstas últimas a
hacerse públicas a partir de 150.000 yenes anuales (1.260 euros). Los
políticos las acatan y su sentido de la responsabilidad les lleva a
dimitir si creen incumplidas sus promesas.
Este pundonor llega al
extremo del suicidio. Ese fue el caso del ministro de Agricultura en el
año 2007, Toshikatsu Matsuoka, que se quitó la vida horas antes de
afrontar una sesión parlamentaria sobre la ocultación de donaciones
económicas.
El problema al que se enfrentan las nuevas
generaciones de políticos japoneses es como erradicar el poder del que
gozan los altos funcionarios y romper la tupida red de relaciones de
veterano políticos, funcionarios y empresarios que se remonta en
ocasiones a décadas. Unos vínculos que tienen que ver con la fidelidad
al clan y el clientelismo.
En este juego de influencias, los más
poderosos y susceptibles de recibir sobornos son los funcionarios, dada
la volatilidad de los políticos. Son los que practican el amakudari
(paracaídas), la obtención de un puesto confortable en el sector
privado. Es la salida que buscan los burócratas cuando ya no pueden
escalar más en la administración pública. Una meta que sólo logran tras
haber forjado unos buenos nexos con una compañía y que acostumbran a
pasar por facilitar favores en la adjudicación de concursos públicos.
Reino Unido: Aumenta la tolerancia, disminuyen las dimisiones
Reino Unido no se salva tampoco de la lacra de la corrupción política
y podría decirse que se encuentra a mitad de camino entre el laissez
faire mediterráneo y la pureza escandinava. El anterior gobierno
laborista, moldeado a imagen y semejanza de Tony Blair, fue
especialmente propenso a las corruptelas, como suele ocurrir en
administraciones que permanecen largo tiempo en el poder y se creen
indestructibles. El escándalo más sonado estuvo relacionado con la
financiación de las campañas, diseñándose la original fórmula de vender
títulos nobiliarios a cambio de contribuciones a las arcas del partido.
Lo que no hay, al menos a escala significativa, son pagos de comisiones
en operaciones urbanísticas, y la connivencia entre políticos, banqueros
y constructores habitual en países donde la economía se ha apoyado de
una manera desproporcionada en el ladrillo. Lo que sí existe es la
tendencia a aprovechar cualquier resquicio legal para enriquecerse, ya
sea con originales fórmulas para evadir impuestos o maximizando los
beneficios del cargo. Diputados en la Cámara de los Comunes de todos los
partidos han interpretado a su conveniencia durante años las normas
para el cobro de gastos parlamentarios, pasando como tales los
televisores, las lavadoras y hasta en algunos casos la comida del perro,
o reclamando dinero por alquileres inexistentes. La tolerancia hacia la
corrupción va en aumento y comportamientos poco éticos que hace dos
décadas acababan con la dimisión fulminante de un ministro son ahora
pasados por alto. Peter Mandelson, una de las figuras de la era Blair,
fue cesado dos veces, primero por recibir de dinero del partido para
comprar una casa, y la segunda por favores a unos millonarios hindúes.
Sucesores suyos han cometido pecados más graves sin ser castigados. La
piel se ha vuelto mucho más dura.
Estados Unidos: "Dicen que la luz del sol es el mejor desinfectante"
Si los hombres fueran ángeles no sería necesario ningún gobierno. Si
los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles
externos ni internos sobre los gobiernos". El padre fundador James
Madison ya lo explicó en el artículo 51 de los Papeles Federalistas,
publicado en 1788. El artículo defiende el sistema de contrapoderes -los
checks and balances- como escudo ante los excesos del poder. Contra la
corrupción, separación de poderes.
El principio sigue vigente.
Cuando el presidente traspasa las normas éticas y legales, el Congreso,
la prensa o el poder judicial le paran los pies. Y no son sólo las leyes
anticorrupción las que lo garantizan. "La mejor ley es la opinión
pública", explica el politólogo Michael Genovese, coeditor del volumen
Corruption and American Politics. Un problema en EE.UU., señala
Genovese, son las prácticas que en otras sociedades se considerarían
corruptas y aquí son legales. Por ejemplo, los donativos ilimitados a
campañas políticas.
El magnate de Las Vegas Sheldon Adelson
financió con decenas de millones de dólares la campaña para derrotar al
presidente Barack Obama en las presidenciales del pasado noviembre. Y no
escondió que lo hacía por interés: investigado por las autoridades,
Adelson declaró al diario Politico que la reelección de Obama provocaría
el "vilipendio de las personas que están contra él". Otro ejemplo: los
donantes a campañas que son nombrados embajadores.
La ventaja de
que estas prácticas sean legales es que es más fácil conocer quién da
qué, a quién, y a cambio de qué. "Dicen que la luz del sol -escribió una
vez el juez del Tribunal Supremo Louis Brandeis (1856- 1941)- es el
mejor de los desinfectantes".
Unión Europea: Prohibido, expresamente, aceptar regalos y sobornos
La Comisión Europea tuvo recientemente la ocasión de demostrar que ha
aprendido la lección de los riesgos de tomarse a la ligera las
acusaciones de descontrol, favoritismo y fraude. En 1999, el ejecutivo
de Jacques Santer acabó dimitiendo en bloque a raíz de la difusión de un
demoledor informe sobre la falta de sentido de responsabilidad en la
institución. Su actual presidente, José Manuel Durão Barroso, tomó buena
nota del caso y, cuando el año pasado el comisario John Dalli fue
salpicado por un escándalo de tráfico de influencias, prefirió cortar
por lo sano: la dimisión (forzosa) de Dalli fue fulminante. Ahora está a
la espera de juicio. El código de conducta de las instituciones
europeas es categórico a la hora de prohibir a los funcionarios aceptar
regalos sin permiso o tener intereses en cualquier negocio relacionado
con la UE: cualquier actividad externa debe consultarse. Los escándalos
de corrupción a nivel de funcionarios han sido escasos pero a veces esta
lacra se presenta bajo formas más sutiles. Las puertas giratorias entre
el sector público y el privado son más difíciles de controlar. Y aunque
las normas se aplican también a los comisarios, cuando abandonan sus
funciones muchos se colocan sin problemas en empresas con actividades no
tan alejadas de sus antiguas responsabilidades. El Parlamento Europeo
es tristemente famoso por las tretas de algunos diputados para abusar en
el cobro de dietas, gastos de viaje y contrataciones. Las normas se
reformaron recientemente y en algunos casos se ha puesto coto a este
tipo de conductas. Más difícil de controlar es la aceptación de sobornos
de los lobbies a cambio de enmiendas a la legislación europea. Un
diario británico tendió una trampa a varios diputados hace un par de
años. Cayeron tres (y fueron expulsados y juzgados). Sólo entonces se
enmendó el código de conducta para prohibir expresamente la aceptación
de sobornos y regalos de más de 150 euros.
